Policiales
Las imágenes que unen Rosario con Tucumán
La historia de fotografías que se tomaron luego de dos crímenes.
Son dos imágenes crudas de una realidad que espanta. Una foto se tomó en febrero de 2018 en Rosario; la otra, ayer al mediodía en Arcadia. En ambas se ve a dos jóvenes llorando a sus parejas minutos después de haber sido asesinados a balazos. Ambas víctimas, según las investigaciones, fallecieron por una disputa territorial entre dos organizaciones que estarían dedicadas al narcomenudeo. Publicar estas fotografías no es sensacionalismo, es una prueba irrefutable de lo que está pasando en las calles.
El 5 de febrero de 2018, Jonathan “Bam Bam” Funes y su pareja Brisa Amaral (19 años) regresaban a Rosario después de haber visitado en el penal de Piñeiro a Alan y a Lautaro Funes, líderes del clan Funes-Úngaro, acusados de dirigir la red de narcomenudeo en el barrio La Tablada de esa ciudad. Fueron interceptados por una camioneta en la que se movilizaban al menos tres hombres. Primero le dispararon al motor del lujoso vehículo para que se detuviera. El joven de 28 años, intentó escapar, pero los sicarios lo alcanzaron y lo mataron. Antes de irse, los asesinos se aproximaron a la chica y le dijeron: “te dejamos viva para que cuentes lo que pasó”. El clan Caminos, socio de Los Monos, había dado otro golpe en su batalla por el dominio territorial.
A 19 meses de ese hecho y a unos 900 kilómetros de distancia, una imagen similar tomada por un vecino, conmocionó Arcadia. Claudia Urueña abrazaba el cuerpo de Matías Dip (25) minutos después de haber sido asesinado de un disparo en la nuca en un enfrentamiento registrado en el barrio San Roque de esa localidad del sur de la provincia.
Según las primeras investigaciones, la víctima, que estaba siendo investigado por comercialización de drogas en el barrio Primero de Mayo de Concepción, se presentó en ese lugar para increpar a Carlos “Tractor Amarillo” por razones que no están claras, pero que podría estar vinculada al dominio territorial por la comercialización de drogas y de las motopartes conseguidas por el robo de motos. El fallecido, según los vecinos, realizó disparos para amenazar a su rival, pero cuando se dio vuelta, recibió un disparo en la nuca que le arrebató la vida.
Dip no se presentó solo en el barrio San Roque. Lo hizo acompañado por otro joven y su pareja, que quedó detenida luego de que los policías le secuestraron un arma. Los investigadores sospechan que la joven estuvo en el lugar para brindar apoyo a su pareja.
Tucumán no es Rosario y tampoco lo será. Nuestra provincia no tiene puerto y tiene menor densidad poblacional. Sí se puede parecer porque los tucumanos desde hace años, como ocurrió en gran parte del país, imitaron el modelo del narcomenudeo a través de los clanes.
Santa Fe no se adhirió la provincialización de la lucha contra el microtráfico, pero la Nación le dio todas las herramientas para que luchara con el flagelo: no sólo potencializó a la Justicia Federal, sino que además envió a las fuerzas federales (Gendarmería Nacional y Prefectura Naval) para vigilar sus calles y bajar los índices de homicidios, objetivo que no se pudo cumplir. En estas tierras se acaba de aprobar la Ley de Narcomenudeo y, con más dudas que certezas, comenzará a regir el 1 de enero. Los tucumanos esperan desde hace años que se designe a un tercer fiscal federal para incrementar la lucha contra los señores de la muerte.
Violencia sin fin: Arcadia, paralizada por un homicidio
Hay una sola cosa que une a ambas provincias. Según las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, ambas lideran el ranking de tasa de homicidios. En otras palabras, son los distritos más violentos del país.
Fuente : LG
Policiales
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Un incendio iniciado en el tercer piso de una torre de ocho plantas en San José al 1100 obligó a la autoevacuación de los vecinos y motivó el traslado por parte del SAME de dos personas afectadas por inhalación de humo
Policiales
Escandalosa causa contra expolicía por millonarias estafas a feriantes
La Justicia resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Daniel Edgardo Chavarría, un exsargento primero de la Policía de Tucumán.
Policiales
Imputaron a cuatro policías por detener y esposar a una niña de 13 años que filmaba un desalojo
La menor, esposada por la espalda, fue trasladada y paseada por el Hospital Avellaneda sin que se le permitiera a su madre llegar a ella. Estaba transmitiendo un operativo en su barrio en vivo por redes sociales
Cuatro policías quedaron imputados por haber detenido, esposado y privado de la libertad durante seis horas a una niña de 13 años que filmaba un desalojo en el barrio Juan XXIII, conocido como La Bombilla.
El hecho ocurrió el 22 de febrero de este año. El operativo que desarrollaba la Policía no era ordenado por un juez, por lo que los uniformados decidieron impedir que la pequeña continuara transmitiendo en vivo lo que ocurría. Optaron por reducirla y llevarla contra un patrullero. Allí, según se puede ver en un video que tomó el suceso, un uniformado la toca en sus partes íntimas en busca del teléfono, para quitárselo.
La pequeña fue subida a un patrullero sin avisarle a su familia y trasladada esposada por la espalda. La madre, al enterarse, alcanzó en moto al patrullero y exigió que le permitan acompañar a su hija, pero los policías le quitaron el teléfono con el que filmó la situación. Finalmente, la niña fue trasladada al hospital Padilla y paseada por las áreas comunes esposada por la espalda.
Seis meses después, los policías inervinientes fueron acusados por la Fiscalía. Este miércoles, quedaron imputados por los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica (no asentaron la aprehensión) y privación ilegítima de la libertad. Los acusados son el cabo primero Ernesto Flores, el sargento Ricardo Gómez y Marcia Acevedo y Beatriz Sequeira, ambas personal transitorio policial.
La fiscalía a cargo de la causa es la de Delitos Complejos y fue representada por Federico Lizárraga. Ante la jueza Elizabeth Raddi no formuló cargos contra ninguno de los policías por el delito de abuso sexual y tampoco pidió prisión preventiva para los acusados. «A la magistrada le parecieron muy pocas las medidas de coerción que pidió el Ministerio Público Fiscal, porque tomaron medidas de menor intensidad. Sólo pidieron que los imputados no se acerquen a la niña a 300 metros y que fijen domicilio», explicó la abogada de la familia de la menor, Mariana Santillán.
«La madre de la niña me dijo que siente temor, ahora que los policías quedaron imputados, de que su hija sea perturbada por esta causa. Esto se agrava porque todavía no se realizó la Cámara Gesell para que declare la menor», completó. «Yo hubiera solicitado prisión preventiva, porque el conjunto de estos delitos no son excarcelables y la víctima debe estar tranquila hasta poder contar lo ocurrido», finalizó.
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