Mientras las universidades van al paro, la estrategia judicial de Milei para no cumplir con la ley que ordena mejorar los salarios docentes y el pago de las becas universitarias parece naufragar.

En tan solo una carilla, Cormick dejó en claro que entendía que el Gobierno le había mentido cuando pidió que levantara la medida cautelar que él mismo había dictado en diciembre pasado a pedido de las universidades.

“Verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”, escribió Cormick.

La medida cautelar que otorgó Cormick a fin del año pasado está firme. La decisión fue inicialmente confirmada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y el 25 de junio pasado ratificada por la Corte Suprema.

“Es una excelente noticia. Algo que habíamos solicitado desde el CIN en el marco de la causa ante el incumplimiento de la cautelar que está firme, y estábamos esperando resolución”, le dijo Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a Página/12.

“Esperamos que el Gobierno Nacional haga lo que debe hacer y cumpla con lo dispuesto por el juez en los plazos estipulados. Vamos a seguir con mucha responsabilidad, como hasta ahora, y con mucha firmeza, hasta que la ley se cumpla integralmente, como corresponde”, añadió el politólogo.

Hace tiempo que la Casa Rosada viene intentando distintas maniobras para hacer que la medida cautelar se cayera. El 10 de junio pasado, el Ministerio de Capital Humano, que maneja Sandra Pettovello, le informó a Cormick que se había llegado a un acuerdo entre el CIN, la Subsecretaría de Políticas Universitarias y los gremios. En las actas, se afirmaba que el Gobierno iba a transferir 24,33 por ciento a las universidades para el pago de salarios –21 por ciento en junio y un tres por ciento adicional en octubre–, iba a actualizar en un 20 por ciento los gastos de funcionamiento y que iba a incrementar la partida para los hospitales universitarios.

Después de que el Gobierno presentara el acta como para desinflar el reclamo ante los tribunales, el CIN contestó que la suscripción de ese documento no implicaba renunciar a la posición que mantenía y dijo que era una “gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo”.

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El 21 de agosto pasado, hubo una audiencia en la que el Poder Ejecutivo volvió a pedir que Cormick levantara la cautelar. El argumento que invocaba el Gobierno era que, como había hecho transferencias parciales en favor de las universidades, había desaparecido el requisito del peligro en la demora.

La posición del Gobierno no convenció al juez, que rechazó la pretensión de la administración libertaria a principios de septiembre. En ese momento, Cormick le recordó al Ministerio de Capital Humano que ya había establecido que la cautelar iba a regir hasta tanto dictara una sentencia definitiva. Lo que piden las universidades es que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 del Gobierno de Milei, a través del cual suspendió materialmente el cumplimiento de la LFEU.

“Atendiendo al escenario descripto por los accionantes y la persistencia de la problemática, mal puede considerarse superado el peligro en la demora, por lo que corresponde desestimar lo peticionado atento no existir razones que avalen –en este estado de situación– el levantamiento de la medida otorgada”, había añadido el juez.

Este martes, ante un pedido de las universidades para que se ejecute la medida cautelar, Cormick decidió avanzar.

Desde Cancillería manifestaron que esta nota «de protesta» expresa el «enérgico rechazo» del Gobierno argentino ante el reciente anuncio formulado por las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas respecto a la «pretendida extensión» de licencias de producción de hidrocarburos «offshore», así como de la «pretendida aprobación» para la adquisición de participaciones por parte de la empresa Navitas Petroleum Atlantic Limited en la licencia PL001.

«La República Argentina reafirma categóricamente que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la Plataforma Continental Argentina resulta abiertamente contraria al derecho internacional y violatoria de la soberanía nacional argentina», indicaron a través de un comunicado.