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Política

La provincia acelera la revisión de planes Potenciar Trabajo

El Gobierno de Tucumán avanza con la investigación por la posible existencia de empleados públicos que en paralelo hayan percibido el beneficio.

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El Gobierno de Tucumán acelera la revisión de beneficiarios del plan Potencial Trabajo, por disposición del gobernador, Osvaldo Jaldo, a raíz de las investigaciones que se llevan adelante en la Justicia Federal en torno a irregularidades vinculadas a la cuestión que motivó una investigación interna por parte de la de la Secretaría de Niñez y Familia en el Ministerio de Capital Humano de la Nación.

El fiscal federal, Guillermo Marijuan, quien investiga las irregularidades de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, el programa más importante del ex Ministerio de Desarrollo Social y actualmente bajo la supervisión de la Secretaría de Niñez y Familia en el Ministerio de Capital Humano, se encuentra llevando adelante la investigación interna.

En los últimos días se conoció que la Fiscalía Federal N°2, a cargo del fiscal Agustín Chit, requirió a la Provincia los legajos de 1.135 agentes públicos que estarían bajo sospecha por la posible existencia de empleados públicos que cobraban el programa Potenciar Trabajo

La gestión de Osvaldo Jaldo viene advirtiendo que los casos finalmente serían menos, tras la depuración interna de los datos oficiales. Las autoridades explicaron que de la nómina original, se encontraron activos alrededor de 700 personas. La Provincia llega a este número porque sostiene que de los 1.135 sólo 956 empleados corresponden a la Provincia, es decir 179 menos que el listado consignado en el oficio de la Fiscalía. A su vez, añaden que de ese universo, 230 fueron dados de baja cuando se eliminó la polémica Unrel (Unidad de Reconversión Laboral).

“La primera tarea consistió en notificar a los empleados a través de sus respectivas reparticiones responsables, para realizar un descargo de su situación, y a partir de allí, se ordenó a cada organismo llevar adelante el proceso sumarial. Esta tarea ya ha sido realizada, y en este momento se han notificado Capítulos de Cargo con las imputaciones respectivas para cada uno de los agentes involucrados”, consignó en un escrito el secretario de Gestión Pública y Planeamiento, Julio Saguir. Bajo su órbita se encuentra la Dirección de Recursos Humanos, una de las áreas que está trabajando en el asunto. La otra es la Fiscalía de Estado, que encabeza Gilda Pedicone de Valls.

Saguir precisó que actualmente se está trabajando en dos ámbitos: “los sumarios administrativos muy avanzados y proveyendo al fiscal Chit los legajos y boletas de sueldo de cada uno de las agentes incluidos en la nómina, información provista por la administración centralizada, los órganos desconcentrados y entes autárquicos de la Administración Pública Provincial”.

De acuerdo con la documentación oficial, los trabajadores que habrían caído en la incompatibilidad (el programa estaba destinado a desocupados y precarizados) y cuyo proceso está avanzado integran las siguientes áreas: Administración Centralizada (56 agentes); Siprosa (62); Instituto Provincial de la Vivienda (4); Ente Autárquico Tucumán Turismo (4); Ente de Infraestructura Comunitaria (1).

“Los sumarios, con aconsejamiento de bajas, están prontos a concluir y simultáneamente se está informando al Fiscal todo lo solicitado para contribuir al esclarecimiento de las irregularidades”, añadió Saguir.

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Política

Jaldo sostuvo que acatará el fallo de la Corte sobre su reelección

El gobernador afirmó que esperará el pronunciamiento que tome la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por sectores de la oposición contra el artículo 90 de la Constitución provincial. “Este gobernador no está aferrado a ningún sillón”, aseguró.

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El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al avance del tratamiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la presentación judicial que cuestiona su candidatura. Según consta en el sistema del Poder Judicial de la Nación, la Secretaría de Juicios Originarios del máximo tribunal solicitó este martes a la Procuración que se expida sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por sectores de la oposición.

El planteo apunta contra el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, que habilita la continuidad correlativa en los dos cargos de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo provincial.

Consultado sobre el avance de la causa, Jaldo ratificó que aguardará la resolución de la Justicia nacional y aseguró que cumplirá lo que determine el máximo tribunal.

“Una vez que eso ya está en la Corte nacional, lo único que hacemos es esperar, con los tiempos que se tome la Corte y, fundamentalmente, el procurador en primera instancia. No hay duda de que los fallos o dictámenes que de allí se emanen nosotros los vamos a cumplir a rajatabla”, expresó.

En ese sentido, el mandatario descartó que su posición esté condicionada por la continuidad en el cargo y ratificó su disposición a respetar la decisión judicial.

“Este gobernador no está aferrado a ningún sillón y está muy preparado para gobernar cuatro años en la provincia de Tucumán. Me voy a allanar al fallo que salga de la Corte de la Nación”, concluyó.

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Política

Las comunas abren sus puertas para que 100.000 familias tucumanas accedan al subsidio de la luz

El Gobierno de Tucumán sale a buscar, casa por casa, a las familias que todavía no se inscribieron en el subsidio nacional a la energía eléctrica. Las comunas del interior serán la puerta de entrada: allí los vecinos recibirán asesoramiento y acompañamiento para completar el trámite sin trasladarse a la Capital.

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Por instrucción del gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro del Interior, Darío Monteros, y el secretario de Energía, Martín Viola, acordaron con los comisionados comunales convertir cada comuna en un centro de inscripción. El objetivo: que ningún tucumano que tenga derecho al beneficio se quede afuera. En esta primera reunión participaron todos los comisionados de la zona Oeste de la provincia.

El Gobierno de Tucumán sale a buscar, casa por casa, a las familias que todavía no se inscribieron en el subsidio nacional a la energía eléctrica. Las comunas del interior serán la puerta de entrada: allí los vecinos recibirán asesoramiento y acompañamiento para completar el trámite sin trasladarse a la Capital.

El beneficio es resultado directo de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo. Junto a los gobernadores del Norte Grande, Tucumán logró que la Nación reconociera el impacto del calor extremo en las boletas de luz. Gracias a esa negociación, el consumo subsidiado en la provincia pasa de 150 a 300 kilovatios hora mensuales, y el beneficio alcanza a 366.000 hogares tucumanos.

 

Sin embargo, cerca de 100.000 hogares que podrían recibirlo todavía no completaron la inscripción. Para llegar a cada uno de ellos, el Ministerio del Interior reunió ayer a los intendentes del interior y hoy a los comisionados comunales. Mañana, viernes, los equipos municipales y comunales serán capacitados por el Ersept y la Secretaría de Energía para salir de inmediato al territorio.

“El gobernador Osvaldo Jaldo nos dio una instrucción clara: que el Estado vaya a buscar a cada vecino y que nadie se quede sin un beneficio que le corresponde. Este subsidio no cayó del cielo. Es fruto de la negociación que hizo el gobernador en el Congreso de la Nación, defendiendo a Tucumán y al Norte Grande. Ahora nos toca a nosotros, junto a intendentes y comisionados, llevarlo a cada casa. Son cerca de 100.000 familias, y vamos a ir a buscarlas una por una”, afirmó el ministro Darío Monteros.

 

“Muchos vecinos no tienen conectividad, no se animan a hacer el trámite en el celular o directamente no saben que les corresponde. Por eso es tan importante que la comuna, que es la puerta más cercana que tiene la gente, sea el lugar donde lo resuelvan”, agregó Monteros.

Por su parte, el secretario de Energía, Martín Viola, destacó el alcance del beneficio: “Son cerca de 100.000 usuarios que todavía no están inscriptos y que pueden gozar de este derecho. El beneficio llega a siete de cada diez de la provincia. Y cada peso que una familia ahorra en su boleta se queda en el pueblo: se vuelca en el almacén, en el comercio del barrio, en la economía de cada comuna. Por eso esta tarea es clave para el interior”.

¿Ya tengo el subsidio?

En la parte superior derecha de la factura de luz figura la identificación del subsidio nacional. Quienes ya lo tienen lo siguen recibiendo automáticamente y no necesitan hacer ningún trámite.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Los hogares cuyos ingresos no superen las tres canastas básicas totales, unos $4,9 millones mensuales.

¿Dónde y cómo?

  • En la comuna o municipio de residencia, con asistencia del personal capacitado
  • En argentina.gob.ar, sección Solicitar subsidios de luz y gas.
  • En el Ersept, Córdoba 560, San Miguel de Tucumán, de lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 14 a 17.
  • Hay que tener a mano el DNI (con número de trámite) y una factura de luz, donde figura el número de usuario.

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Política

Disolución de obra social de las fuerzas armadas dejará unos 40 despidos y un tendal de afiliados

A partir del 30 de noviembre, cerca de 40 empleados quedarían sin trabajo en la provincia y más de 500.000 afiliados perderían su cobertura médica.

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El Gobierno de Javier Milei oficializó la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) mediante el Decreto 1286/2026, publicado en el Boletín Oficial. El proceso quedó a cargo de un administrador designado por el Ministerio de Defensa, mientras que las funciones y la reestructuración operativa pasarían a la órbita de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

 

La medida incluye el cierre de delegaciones, farmacias, centros de auditoría y centros médicos en distintas provincias. Entre las sedes alcanzadas se mencionan el centro médico y las oficinas de Tucumán. El cese de actividades tendría como fecha límite el 30 de noviembre de 2026.

El plan también contempla despidos y la no renovación de contratos de más de mil trabajadores en todo el país, incluidos empleados con décadas de antigüedad. Frente a esa situación, representantes de ATE, trabajadores y afiliados realizan asambleas, sentadas y movilizaciones para rechazar los cierres y reclamar la reincorporación del personal.

Las protestas también expresan preocupación por la continuidad de las prestaciones médicas y la entrega de medicamentos. De acuerdo con los datos difundidos, el cambio alcanzaría a más de 500.000 afiliados en todo el país. Los reclamos apuntan a obtener garantías sobre la atención durante el proceso de liquidación y la reorganización de los servicios. /Los Primeros/

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