La reforma del Código de Planeamiento Urbano de San Miguel de Tucumán incorporó propuestas para ordenar la expansión de la ciudad, reducir las desigualdades territoriales, atender el déficit habitacional y adaptar la infraestructura al riesgo de inundaciones. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT, el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano y la Secretaría municipal de Obras Públicas expusieron sus diagnósticos durante las audiencias públicas desarrolladas en el Concejo Deliberante.
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán encabezó el séptimo encuentro participativo, realizado el 30 de julio y organizado por la comisión ad hoc de Arquitectura. La presentación fue conducida por Natalia Czytajlo, secretaria de Investigación y Posgrado de la unidad académica.
Czytajlo sostuvo que la actualización de la normativa ofrece al municipio la posibilidad de definir previamente el modelo urbano que pretende alcanzar. Según explicó, el nuevo código debería delimitar áreas urbanizables, sectores destinados al desarrollo y espacios que requieran preservación, en articulación con herramientas de gestión capaces de distribuir las cargas y los beneficios generados por el crecimiento de la ciudad.
Los profesionales de la FAU-UNT se alternaron durante la exposición para desarrollar una mirada apoyada en cuatro dimensiones: urbana, interseccional, ambiental y jurídico-normativa. El diagnóstico remarcó la necesidad de recuperar una perspectiva metropolitana y aprovechar el valor estratégico de las conexiones este-oeste y norte-sur.
Entre las áreas con posibilidades de expansión, los especialistas identificaron sectores del noroeste de la capital cercanos al río Salí. También plantearon que el crecimiento periférico debe estar acompañado por conexiones directas, infraestructura y servicios que eviten profundizar las brechas existentes.
“La matriz de desigualdad atraviesa a nuestra ciudad”, advirtió Czytajlo al reclamar que esa problemática mantenga un lugar central en el debate. La especialista agregó que la planificación no puede limitarse a separar zonas residenciales, laborales y recreativas, sino que debe incorporar las necesidades cotidianas de cuidado y abastecimiento.
La propuesta académica organizó el modelo de ciudad deseada en cinco líneas de acción: mejorar la habitabilidad y la calidad de vida; proteger la identidad, la cultura y el patrimonio; delimitar áreas de preservación, protección y desarrollo estratégico; promover la combinación de usos en zonas y corredores, y favorecer la consolidación y revitalización urbana.
El Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano intervino en la octava audiencia. Su titular, Hugo Cabral, concentró la exposición en el déficit habitacional y en la urgencia de atender tanto las demandas históricas como las nuevas necesidades de las familias.
Cabral señaló que existen grupos familiares inscriptos desde hace más de una década a la espera de una vivienda. Frente a esa situación, consideró necesario acordar cómo crecerá el municipio y de qué manera responderá a una demanda ciudadana que continúa acumulándose.
El funcionario destacó la incidencia de la vivienda social en la conformación de San Miguel de Tucumán: de los 323 barrios registrados en la capital, 120 fueron construidos mediante programas estatales. Esto representa el 37,15% del total y, según afirmó, demuestra la magnitud y la urgencia de una problemática que requiere un abordaje complejo.
El Ipvdu pidió que la reforma sea enriquecida mediante una perspectiva interdisciplinaria y que las decisiones urbanísticas prioricen el interés colectivo sobre los beneficios particulares. Sus aportes fueron organizados en cuatro ejes.
En materia de zonificación, el organismo propuso confeccionar un mapa de barrios y asentamientos residenciales con carencias de servicios y equipamiento. Esa herramienta debería permitir actualizaciones periódicas y el seguimiento de las mejoras realizadas en cada sector.
Respecto del uso del suelo, planteó que los terrenos baldíos puedan ser cedidos temporalmente para actividades públicas a cambio de incentivos para sus propietarios. Esos espacios podrían utilizarse como pequeñas plazas, áreas recreativas o puntos culturales, siempre que las intervenciones no requieran construcciones permanentes que luego no puedan recuperarse.
El Instituto también sugirió aplicar recargos a los propietarios de baldíos o viviendas abandonadas que no cumplan con tareas de mantenimiento y cuidado. La intención es desalentar la presencia de inmuebles ociosos y deteriorados dentro de la trama urbana.
Para la edificación pública, el Ipvdu propuso determinar en cada distrito o barrio una superficie mínima de suelo vacante destinada a espacios de uso comunitario. También recomendó reutilizar terrenos disponibles para construir viviendas de densidad media e implementar programas que permitan concluir unidades habitacionales inconclusas.
El cuarto eje reclama priorizar obras de integración sociourbana, con ampliación de redes, cobertura de infraestructura y distribución igualitaria del equipamiento urbano.
El secretario de Obras Públicas municipal, Claudio Bravo, completó el abordaje con una presentación del Plan Director de Desagües Pluviales, actualmente en ejecución. El funcionario explicó que la gestión encabezada por la intendenta Rossana Chahla recibió un sistema principal de drenaje con más de 65 años, capacidad insuficiente y sin una planificación actualizada.
El relevamiento detectó insuficiencia hidráulica generalizada en los desagües internos, puntos críticos con inundaciones recurrentes, infraestructura deteriorada u obsoleta y deficiencias de mantenimiento. También identificó conexiones no controladas de efluentes cloacales e industriales, ocupación de vías naturales de escurrimiento y zonas de amortiguación, además de un diseño urbano históricamente desvinculado de la hidrología.
A esas dificultades se suma la incidencia del canal Sur sobre los desagües internos y el aporte de cuencas externas. Bravo informó además que el nivel de base del río Salí descendió al menos tres metros, una modificación que también debe ser considerada al planificar la infraestructura de drenaje.
En abril del año pasado, Chahla conformó una comisión de emergencias hídricas para revisar la magnitud de los caudales y el comportamiento de los canales en distintos sectores. Ese estudio determinó que el 47% del agua superficial de la capital desemboca en el canal Sur, el 40% en el río Salí y el 13% restante en el arroyo El Manantial.
A partir de esos datos, el municipio fijó como objetivo urgente derivar hacia el río Salí parte de los caudales procedentes del norte para aliviar el canal Sur y reducir el riesgo de colapso.
El diagnóstico dio origen a un plan de contingencia ante inundaciones que contempla nuevos desagües. Entre las intervenciones mencionadas se encuentran la obra en ejecución en el barrio 360 Viviendas y el proyecto previsto para el sector Margarita-Panamá.
La planificación incluye además el colector Norte-Panamá, una infraestructura de 9,2 kilómetros que se extendería desde Campo Norte hasta su descarga en el río Salí. El municipio busca financiamiento para concretarla.
Según Bravo, el colector permitiría interceptar los grandes escurrimientos del norte antes de que lleguen a las zonas bajas y provoquen su saturación. El funcionario consideró que estas intervenciones podrían aportar una solución estructural a uno de los principales problemas de la capital tucumana.
