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Política

La Legislatura tratará este jueves la intervención al municipio de Alberdi

El vicegobernador Miguel Acevedo convocó a sesión extraordinaria desde las 9:30 para tratar el decreto que interviene el municipio del sur tucumano..

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Este jueves, desde las 9:30 hs, la Legislatura de Tucumán, presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, sesionará para tratar la ratificación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que dispuso la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi. La medida fue firmada por el gobernador Osvaldo Jaldo y cuenta con el respaldo de todos los ministros del Poder Ejecutivo. El decreto establece la intervención tanto del Departamento Ejecutivo como del Concejo Deliberante de esa ciudad del sur tucumano.

Un solo tema en agenda

Acevedo confirmó que el decreto ingresó el lunes a la Cámara y que ya dio instrucciones para convocar a una sesión extraordinaria. «No habrá labor parlamentaria, se tratará un único tema», explicó. Además, adelantó que mantendrá una reunión con legisladores de distintos bloques y aseguró que no habrá inconvenientes para aprobar la iniciativa. «Mientras tanto, el DNU está vigente y cuando sea ratificado se transformará en ley», añadió el vicegobernador.

Motivos de la intervención

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió nuevamente a la intervención este miércoles, indicando que la medida responde a presuntas vinculaciones de funcionarios municipales con delitos relacionados al narcotráfico. “Hemos formado un equipo de trabajo para atender las funciones esenciales del municipio: limpieza, servicios y cuidado de la ciudad”, expresó. También anunció la gestión de recursos para mejorar la infraestructura local, incluyendo la red cloacal y la apertura del acceso principal a Alberdi, que llevaba años clausurado.

Jaldo justificó la decisión como una acción necesaria para resguardar a los ciudadanos ante el colapso institucional del municipio. “Nosotros queremos lo mejor para la gente de Alberdi. A veces hay que tomar medidas extremas cuando las instituciones locales están desbordadas. El Gobierno de la Provincia está a disposición para normalizar la situación”, concluyó el mandatario.

Según establece la Ley 5529, las elecciones municipales deberán convocarse dentro de los 180 días posteriores a la intervención.

Política

Nueva controversia por el destino de fondos millonarios de YMAD en la UNT

La distribución de utilidades de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio genera debate en torno al cumplimiento de la Ley 14.771 y el destino histórico de los fondos para la Universidad Nacional de Tucumán.

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El directorio de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) aprobó la distribución de 22 millones de dólares en utilidades correspondientes al ejercicio 2025, de los cuales la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) percibirá aproximadamente 8,8 millones de dólares, lo que equivale al 40 por ciento del total. El resto de los recursos, un 60 por ciento equivalente a 13,2 millones de dólares, será destinado a la provincia de Catamarca. La decisión se concretó en una reunión de directorio donde participaron el presidente de la firma, Fernando Jalil, los directores por Catamarca Marcelo Murúa y Marcos Denett, y los representantes de la UNT Domingo Marchese y José Roberto Toledo. Estos fondos provienen de la explotación subterránea en el yacimiento Farallón Negro, ubicado en el departamento Belén.

Cuestionamientos sobre el cumplimiento legal y la Ley 14.771

Desde el ámbito de opinión de El Tucumano, se cuestiona que la UNT continúe sin cumplir con el mandato explícito de la Ley 14.771, sancionada en 1958 por el Congreso de la Nación. Según este medio, el inciso b del artículo 18 de dicha norma establece que el 40 por ciento de las utilidades líquidas debe destinarse de forma exclusiva a la terminación de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier, conforme a los planos y proyectos originales iniciados bajo la gestión del rector Horacio Descole. Asimismo, se critica que las autoridades universitarias convaliden un tope de 135.000 metros cuadrados de construcción dispersa en lugar de la obra fundacional completa.

Reconfiguración societaria y nuevos acuerdos

Este giro monetario representa la primera distribución bajo la reconfiguración societaria concretada el 15 de diciembre de 2025, fecha en la que el Estado nacional se retiró de la conducción de la empresa y se derogó el Acta de Farallón Negro de 1958, de acuerdo con los datos publicados. Mediante aquel pacto, la universidad había desistido de reclamos judiciales entablados en 2017 a cambio de mantener de forma provisoria la percepción del 40 por ciento de las utilidades. Sin embargo, el nuevo esquema establece que ese porcentaje se liquidará únicamente hasta que la UNT complete la edificación equivalente a 135.000 metros cuadrados de infraestructura en los lugares que determine el Consejo Superior. Una vez alcanzado ese límite, la participación de la universidad se reducirá al 20 por ciento, mientras que el porcentaje restante se redistribuirá entre las demás universidades nacionales.

Posición de las autoridades universitarias

Por otro lado, el medio señala que las autoridades universitarias, encabezadas por la vicerrectora subrogante Cristina Grunauer de Falú, ponderaron la retención del 40 por ciento como un objetivo alcanzado para revertir pérdidas patrimoniales, en el marco de la reforma estatutaria ratificada en julio por el Consejo Superior que otorgó a Catamarca el control político de la minera con tres representantes frente a dos de la institución educativa. Mientras la burocracia universitaria celebra la llegada de los fondos como un logro de gestión, sectores críticos sostienen que la medida perpetúa un despojo sistemático y se aparta del espíritu de la legislación nacional que exigía la construcción de un campus integral.

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Política

Belgrano Cargas y zona cálida, dos frentes que tensionan el vínculo de Nación con los gobernadores norteños

Las provincias presionan por inversiones en los ramales C-14 y C-15 del ferrocarril que el Gobierno busca privatizar. A la par, se dilata la implementación del esquema de tarifa eléctrica diferencial. Preocupación por la salida de un funcionario clave.

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Los gobernadores norteños negocian con Nación por la privatización del Belgrano Cargas, mientras esperan la puesta en marcha de zona cálida, el régimen de tarifa eléctrica diferencial que acordaron con la Casa Rosada a cambio de respaldar en el Congreso el recorte a zona fría, un decreto que, por el momento, se hace desear.

El oficialismo logró encadenar algunas victorias legislativas clave, incluyendo la falta de quórum para discutir el DNU 70/23 en la Cámara de Diputados, un disparo que pasó cerca del corazón libertario y que fue abortado con apoyo de los mandatarios dialoguistas, quienes jugaron al fleje hasta última hora.

La pulseada por el Belgrano Cargas

En ese marco, los gobernadores del Norte Grande tienen juego propio. Durante las últimas semanas, distintos caciques de la región presionaron al Gobierno para tomar parte en la privatización del Belgrano Cargas, un proyecto clave para el transporte y el comercio en el NOA. Puntualmente, pidieron que la licitación contemple inversiones y mantenimiento en los ramales C-14 y C-15.

El trámite incluyó una reunión en la Casa Rosada de Diego Santilli con el salteño Gustavo Sáenz y una comitiva de sectores productivos. Del encuentro participaron el jefe de Gabinete de la Provincia, Sergio Camacho; el presidente de Belgrano Cargas, Alejandro Núñez; Enrique Juan Eiras, asesor de Transporte y Leandro Ostuni, director Jurídico de Belgrano Cargas y Logística.

Estuvieron, también, representantes de cámaras productivas, de turismo e industriales, entre otros sectores. Santilli explicó que el C-14 se abordará, en el marco de la licitación, con una adenda «a posteriori» para poder avanzar en la inversión con la industria minera. El C-15, en cambio, será desarrollado con financiamiento internacional, a través del Ministerio de Economía.

La faena dejó conforme a la crew de Salta, aunque hubo mesura, ya que recién es el puntapié inicial de un proceso más extenso. En el medio, una noticia sacudió el avispero: el Grupo México, uno de los conglomerados de transporte más grandes de ese país, anunció su retiro de la pulseada para adquirir el ferrocarril, con críticas a la modalidad Open Access impulsada por el Gobierno.

«Ese modelo, desde nuestra perspectiva, resulta ineficiente, resta competitividad al sistema en su conjunto, incrementa los costos y precios a los clientes y requiere de subsidios públicos para mantenerse», señalaron. El holding había prometido inversiones por u$s3.000 millones en caso de adquirir el servicio.

Más allá del golpe, no es el fin del asunto. Todavía hay ocho empresas pujando por los pliegos. La apertura de las ofertas será el 11 de noviembre.

Los ramales C-14 y C-15 son estratégicos porque conectan zonas productivas del NOA con las redes ferroviarias internacionales de Chile y Bolivia, respectivamente, y permiten transportar mercancías hacia otros puntos del país y del exterior.

Casi en paralelo a la disputa, EEUU aprobó una propuesta de Salta por casi u$s1,4 millones para el desarrollo de Inteligencia Artificial en los servicios del Estado, una iniciativa enmarcada en el Corredor Andes – Atlántico promulgado por las administración de Javier Milei y Donald Trump y una suerte de contrapeso a la Ruta de la Seda que promueve China.

A los reclamos ferroviarios se sumaron el misionero Hugo Passalacqua, en un gesto de solidaridad con sus pares del otro extremo norteño. Passalacqua también aprovechó para colar penurias propias. «Desde Misiones también seguimos reclamando por la recuperación de nuestro ramal ferroviario», dijo en las redes sociales.

El tucumano Osvaldo Jaldo, por su parte, afirmó que «no hay duda de que en esa licitación y en ese pliego tienen que incorporar, no de manera voluntaria, sino como una condición obligatoria, mejorar, refaccionar, arreglar y poner en condiciones esos ramales”.

“No es lo mismo un tren que no puede andar a más de 30 kilómetros por hora porque las vías no se lo permiten, que uno que pueda circular a mayor velocidad y llegar en menos tiempo a los puertos por donde salen nuestras economías regionales”, sumó. Jaldo mantuvo en los últimos días una sigilosa agenda en Buenos Aires que lo mantuvo alejado de distrito que comanda.

Como contó Ámbito, el municipio de Tafí Viejo, en Tucumán, acudió a la Justicia la pelea por los talleres ferroviarios, una subtrama de la privatización del Belgrano Cargas. La acción llegó dos días después de que el Concejo Deliberante autorizara por unanimidad a la jefa comunal a judicializar la resolución que asignó parte del predio para su concesión a privados por 50 años.

Este viernes, el Parlamento del Norte Grande sesionó en Corrientes y habló de la “profunda preocupación ante la licitación», calificando de inadmisible que las inversiones en ramales clave como el C14 y el C15 sean optativas para la concesionaria privada.

«Exigimos al Gobierno nacional revisar los pliegos e incluir compromisos de inversión obligatorios y concretos que garanticen la modernización e integración logística regional, advirtiendo que limitar las obras a los corredores más rentables profundizaría las brechas territoriales y la falta de competitividad de las provincias norteñas”, sostuvo el plenario de los vicegobernadores que comanda el santiagueño Carlos Silva Neder.

El Parlamento del Norte Grande sesionó en Corrientes y pidió por el Belgrano Cargas.

El Parlamento del Norte Grande sesionó en Corrientes y pidió por el Belgrano Cargas.

A la espera de zona cálida

Otro frente abierto de los norteños con el Gobierno es el de zona cálida. El oficialismo había acordado con los caciques del Norte Grande la implementación de un sistema alivio en las boletas para zonas cálidas y muy cálidas. Los legisladores de la región apoyaron el recorte a zona fría en el Congreso, que fue promulgado a mediados de este mes.

Sin embargo, la moneda de cambio todavía no llegó. A la desconfianza se sumó también la salida intempestiva del secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González, quien había participado de las negociaciones. En los distritos creen que eso podría postergar las definiciones.

El entendimiento estipula que el bloque subsidiado para las zonas muy cálidas se eleve de 300 a 550 kWh, mientras que para las zonas cálidas aumentará de 150 a 300 kWh, durante el período comprendido entre noviembre y abril. Su instrumentalización se realizaría a través de una resolución que, por el momento, no aparece. El correntino Juan Pablo Valdés había afirmado a fines de septiembre que la medida estaba pronta a salirm pero los tiempos se dilataron.

El acuerdo por zona cálida fue rubricado por los gobernadores norteños con Diego Santilli y Luis Caputo en el Ministerio de Economía.

El acuerdo por zona cálida fue rubricado por los gobernadores norteños con Diego Santilli y Luis Caputo en el Ministerio de Economía.

Distintas fuentes consultadas por este medio dieron cuenta de que no hay novedades al respecto en las provincias. «Estamos con esa preocupación. Debió haber salido hace dos semanas para que se empiece a implementar desde noviembre, y claramente eso no pasó», se quejó una espada legislativa, quien confirmó: «No tenemos ninguna novedad».

«No tenemos nada, no nos adelantaron ni una línea y nos preocupa», añadieron desde una banca en el Senado. Algunas voces temen que la Casa Rosada dilate la cuestión adrede para incidir en futuras votaciones en el Congreso. Saben, además, que los libertarios tienen especial interés en la reforma electoral y el Presupuesto 2027.

Por el momento, en todo el arco político coinciden en que todavía no están los votos para suspender las PASO, tal vez el frente parlamentario más tormentoso en el horizonte inmediato. La versión sobre una convocatoria a sesiones extraordinarias emerge cada vez con más fuerza y tendría a ese proyecto y al Presupuesto como sus grandes estrellas. En el medio, el 2027 empieza a meter la cola y el clima eleccionario gana volumen. /Ámbito/

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Política

“¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras?”

Milei sostuvo que quedó al descubierto una “tremenda operación política y mediática” que, según su interpretación, buscaba perjudicar la investidura presidencial con fines políticos.

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El presidente Javier Milei reaccionó con dureza al sobreseimiento dictado en la causa Libra y planteó quién responderá por el daño que, según afirmó, le provocaron las denuncias y las publicaciones sobre el caso durante un año, ocho meses y nueve días.

“¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?”, escribió el mandatario en su último posteo, en el que celebró la resolución judicial y cuestionó a quienes difundieron información sobre la investigación.

Milei sostuvo que quedó al descubierto una “tremenda operación política y mediática” que, según su interpretación, buscaba perjudicar la investidura presidencial con fines políticos. También destacó el funcionamiento de las instituciones republicanas y de la Justicia.

Fuertes críticas a periodistas y medios

En su publicación, el Presidente apuntó contra el Grupo La Nación y acusó a sectores de la oposición de utilizar la causa para intentar debilitar a su Gobierno. Además, vinculó la cobertura periodística con supuestas presiones relacionadas con cuestiones impositivas.

Milei también mencionó directamente a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín y Luis Novaresio, a quienes calificó de “mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones”.

“¿Quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron?”, cuestionó, al reclamar responsabilidades por las informaciones y denuncias relacionadas con el caso.

El mandatario cerró el mensaje con una defensa de su postura: “La verdad siempre termina imponiéndose”, antes de concluir con su habitual consigna: “¡Viva la libertad, carajo!”.

Qué resolvió la Justicia

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8, dictó el sobreseimiento de Milei y de su hermana, Karina Milei, en la causa que investigaba presuntas irregularidades vinculadas con la criptomoneda $LIBRA.

La investigación se había iniciado tras la publicación que el Presidente realizó en sus redes sociales el 14 de febrero de 2025, cuando difundió información sobre el activo digital. Después de una fuerte suba inicial, la criptomoneda perdió gran parte de su valor y numerosos compradores denunciaron pérdidas.

La resolución se produjo luego de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara el sobreseimiento de los investigados. Según la información publicada sobre el fallo, el magistrado consideró que los hechos analizados no encuadraban en las figuras penales examinadas.

La decisión también benefició a otros involucrados en el expediente, entre ellos el empresario estadounidense Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

https://x.com/JMilei/status/2113754784243052838?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2113754784243052838%7Ctwgr%5Ea723964d5b2947516ca20870328758fa1016228c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.contextotucuman.com%2Fnota%2F426405%2Fmilei-tras-su-sobreseimiento-en-la-causa-libra-y-ahora-quien-me-compensa-por-un-ano-ocho-meses-y-nueve-dias-de-mentiras.html

La pregunta de Milei sobre una eventual compensación

Tras conocerse el fallo, el Presidente puso el foco en las consecuencias políticas y personales de la investigación y reclamó que quienes difundieron acusaciones contra él asuman responsabilidades.

Sin embargo, en su publicación no identificó a una persona o institución concreta a la que le reclame una compensación económica ni anunció una demanda para obtenerla. Su planteo fue formulado como una pregunta dirigida a periodistas, medios y sectores políticos a los que responsabiliza por el daño que considera haber sufrido.

El sobreseimiento representa un resultado judicial favorable para Milei y su hermana en esta causa, mientras el mandatario convirtió la resolución en un nuevo cuestionamiento público a la cobertura periodística y a sus adversarios políticos.

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