En una maniobra de urgencia para intentar contener el vacío de poder, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró este sábado que Delcy Rodríguez debe asumir la presidencia de la República en condición de encargada. El fallo surge horas después de que el gobierno de los Estados Unidos confirmara la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar de gran escala.

El TSJ apeló a los preceptos constitucionales que establecen que, ante una «falta absoluta» del presidente —y habiendo transcurrido menos de cuatro años de su mandato actual—, es el vicepresidente ejecutivo quien debe tomar las riendas de la nación.

La orden judicial busca, en teoría, garantizar la «continuidad administrativa» y la defensa integral del país. Sin embargo, la medida abre un interrogante legal y político de máxima tensión: la Constitución venezolana impone que, ante una falta absoluta, se debe convocar a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos. Pese a esto, el tribunal evitó calificar de forma definitiva si la ausencia de Maduro es «temporal o absoluta», dejando el proceso en un limbo institucional.

A pesar del fallo judicial, la realidad política dentro de los pasillos del poder en Caracas parece ser otra. En un mensaje televisado poco después de conocerse la sentencia, Delcy Rodríguez evitó proclamarse presidenta interina. De hecho, los rótulos oficiales de la transmisión continuaron identificándola exclusivamente como vicepresidenta ejecutiva.

• Desconocimiento de la transición: Aseguró que el «único presidente» sigue siendo Nicolás Maduro.
• Denuncia internacional: Calificó el operativo estadounidense como una «agresión armada» y advirtió que los responsables «pagarán ante la historia».
• Silencio sobre el TSJ: No dio señales de estar dispuesta a coordinar una transición con las fuerzas internacionales ni mencionó la hoja de ruta electoral que sugiere el fallo del Supremo.

El factor Trump: «¿Quién gobierna Venezuela?»

Mientras la justicia venezolana intenta establecer una línea sucesoria interna, desde Washington el mensaje es radicalmente distinto. El presidente Donald Trump fue tajante al afirmar que Estados Unidos asumirá un rol activo en la administración del territorio.

«Vamos a gobernar ese país hasta que podamos tener una transición segura, apropiada y legal», sentenció el mandatario estadounidense ante la prensa. Esta declaración choca frontalmente con la designación de Rodríguez y sugiere que, para la Casa Blanca, el gobierno interino que plantea el TSJ carece de legitimidad operativa en el nuevo escenario de ocupación.

Antecedentes y sospechas de negociación

La figura de Delcy Rodríguez ha estado bajo la lupa internacional en los últimos meses. En octubre pasado, una investigación del Miami Herald sugirió que tanto ella como su hermano, Jorge Rodríguez, habrían mantenido canales de comunicación secretos con la administración Trump para pactar una salida de Maduro a cambio de garantías políticas para su sector.

En aquel momento, la funcionaria calificó la información como una «guerra psicológica» y ratificó su unidad con el «alto mando político militar». Sin embargo, su actual designación por parte de un Tribunal Supremo históricamente alineado con el oficialismo —pero que ahora parece buscar una salida institucional ante la presión externa— reaviva las dudas sobre la cohesión real del chavismo tras la caída de su líder.