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Política

La Justicia prorrogó secreto de sumario en la causa por coimas en Discapacidad

La decisión de la Justicia se tomó en el marco de una investigación que sacude al Gobierno y, según los audios filtrados, implica a Karina Milei.

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El juez federal Sebastián Casanello redobló la apuesta en la investigación por presunto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A pedido del fiscal Franco Picardi, el magistrado prorrogó por diez días el secreto de sumario, una medida que mantiene a los imputados a oscuras y sin acceso a la causa.

La decisión se tomó en el marco de una investigación que sacude los cimientos del Gobierno y que, según audios filtrados, salpicaría directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La causa se inició tras la difusión de una serie de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS. En las grabaciones, Spagnuolo hace referencia a supuestos “retornos” o coimas exigidas por laboratorios a la secretaria presidencial, Karina Milei, a través de la droguería Suizo Argentina. Esta revelación encendió todas las alarmas en el ámbito judicial y político.

En los últimos días, la investigación de Picardi avanzó a paso firme con una serie de allanamientos en las oficinas de la ANDIS y en los domicilios de los principales acusados. Entre ellos se encuentran los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería, Spagnuolo y Daniel Garbellini, ex funcionario del organismo, a quien Spagnuolo menciona en los audios como el encargado de “manejar la caja”. Casanello, además, ordenó el secuestro de los celulares de los investigados y les prohibió la salida del país.

Obstaculización de la Justicia y un nuevo querellante

En una arista sorprendente del caso, Casanello también procesó a Ariel De Vincentis, el jefe de Seguridad del exclusivo barrio privado Nordelta, por presunta obstrucción de la Justicia. Se lo acusa de haber demorado el ingreso de la Policía al complejo para dar tiempo a los hermanos Kovalivker a escapar durante los allanamientos.

Mientras la investigación avanza bajo un estricto hermetismo, Casanello aceptó a la ONG Poder Ciudadano como querellante en la causa. La organización, que lleva tres décadas de lucha contra la corrupción, argumentó que los hechos investigados «resultan comprensivos de los intereses colectivos» que representan. Con este paso, Poder Ciudadano tendrá acceso al expediente y podrá impulsar su propia acusación, sumándose a la del fiscal Picardi.

A pesar de los avances, la causa sigue bajo secreto y, según fuentes judiciales, aún no hay imputaciones formales. Por ahora, la investigación se centra en el análisis de los teléfonos incautados, la documentación secuestrada y la verificación de las compras que el Estado le hizo a la droguería investigada.

Política

Avanza un proyecto que modificaría la “Demanda de alimentos”

La Comisión de Familia analizó junto a la Corte Suprema modificaciones al Código Procesal de Familia; la reunión se realizó en la sede del máximo tribunal provincial, donde se abordó un proyecto impulsado por la legisladora Patricia Lizárraga que propone cambios en materia de alimentos, notificaciones y determinación de las obligaciones alimentarias .

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La Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad de la Legislatura de Tucumán se reunió esta mañana con integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia para analizar el proyecto de ley que propone modificar tres artículos de la Ley Nº 9581, correspondiente al Código Procesal de Familia.

El encuentro tuvo lugar en la sede del máximo tribunal, ubicada en pasaje Vélez Sarsfield al 400, y tuvo por eje la iniciativa presentada por la legisladora Patricia Lizárraga, con la firma de los legisladores Alejandro Figueroa, Sara Assan y Paula Galván.

La propuesta contempla modificaciones en los Arts. 266, 267 y 279 del Código Procesal de Familia. Entre los puntos centrales, plantea cambios en el régimen de alimentos, la incorporación de aplicaciones y plataformas de mensajería instantánea como medios de notificación al demandado y precisiones sobre la sentencia que determina el monto total de la obligación alimentaria.

Al finalizar la reunión, la presidenta de la comisión, Patricia Lizárraga, agradeció a los integrantes de la Corte por recibir a los legisladores y participar del análisis de la iniciativa.

“Quedamos en que analizarán nuestra propuesta y sugerirán correcciones que estudiaremos e incorporaremos al texto”, expresó.
Por parte de la Legislatura participaron también los legisladores Silvia Elías de Pérez, Maia Martínez, Sara Lazarte, Roque Argañaraz y Carlos Gómez.

En representación del Poder Judicial estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva; los vocales Claudia Sbdar, Eleonora Rodríguez Campos y Daniel Posse; el vocal decano Antonio Estofán y Edmundo Jesús Jiménez, Ministro Público Fiscal. Asimismo, asistieron jueces del fuero de Familia.

También formó parte del encuentro el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Federico Masso, en representación del Poder Ejecutivo.

La reunión permitió intercambiar perspectivas sobre los cambios propuestos y avanzar en el análisis de una iniciativa vinculada al funcionamiento de los procesos judiciales en materia de familia.

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Política

Jaldo pidió dejar de lado las diferencias para definir una fórmula nacional del justicialismo

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a las elecciones nacionales previstas para el próximo año y planteó la necesidad de que el Movimiento Justicialista deje de lado las diferencias personales y políticas

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El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a las elecciones nacionales previstas para el próximo año y planteó la necesidad de que el Movimiento Justicialista deje de lado las diferencias personales y políticas para definir una fórmula que le permita competir a nivel federal.

“Falta un año para las elecciones nacionales. En política algunos dicen que es mucho, otros dicen que es poco, pero hay que tomarse el tiempo, y fundamentalmente al margen del tiempo, hay que tomar muy buenas decisiones”, expresó Jaldo al analizar los plazos electorales y la necesidad de alcanzar consensos dentro del espacio político.

En ese sentido, afirmó que el movimiento debe trabajar para construir una propuesta nacional: “mi espacio, el movimiento nacional, tiene que tratar, en algún punto, de dejar las diferencias personales y políticas, y buscar, de alguna manera, una fórmula que sea una alternativa válida para poder competir en las mejores condiciones posibles el año que viene a nivel nacional”.

Jaldo también señaló que Tucumán continuará con su aporte al espacio y sostuvo que los referentes nacionales deberán alcanzar los acuerdos necesarios para definir la representación electoral.

“Nosotros colaboramos desde Tucumán cuidando y aportando desde nuestra provincia, y quienes tienen que ponerse de acuerdo y dejar de lado todas esas peleas que no nos llevan a ningún lado, son ellos –dijo en relación a los referentes nacionales- los que se tienen que ponerse de acuerdo y tienen que definir una fórmula, con hombres o mujeres, que nos representen de manera competitiva, no solo para ganar, sino para gobernar bien”, comentó.

Por último, el mandatario hizo hincapié en la importancia de la gestión de gobierno como parte de los objetivos del espacio político. “Porque muchas veces ganaron, pero nos faltó lo principal, gobernar bien a nivel nacional”.

Día de la Lealtad: una convocatoria que fortaleció al peronismo tucumano

Al evaluar el acto por el Día de la Lealtad Peronista, desarrollado el domingo en el Hipódromo de Tucumán, Jaldo destacó la participación de más de 50 mil personas y consideró que el encuentro permitió recuperar un espacio de unidad y renovar el compromiso político del justicialismo.

“El Partido Justicialista estaba necesitando un encuentro de esas características. Lo demuestra la cantidad de compañeros, compañeras y vecinos que nos acompañaron, muchos de ellos sin estar afiliados a nuestro partido, pero coincidiendo con el Gobierno provincial y nuestras políticas”, afirmó.

El gobernador valoró la participación de distintos sectores de la sociedad tucumana y destacó la importancia de reunir a la militancia y a quienes acompañan la gestión provincial.

“Ha sido muy positivo e importante que nos podamos reencontrar y, sobre todo, reasumir el compromiso”, señaló.

Jaldo también remarcó que el peronismo tucumano tiene una doble responsabilidad: sostener su actividad político-electoral y garantizar el funcionamiento institucional de la provincia.

“Hoy el Partido Justicialista no solo tiene la misión, la tarea y la responsabilidad de llevar adelante las cuestiones políticas y electorales. También tenemos que llevar adelante el Gobierno de la provincia y su institucionalidad, a la que le estamos dando prioridad”, manifestó.

Finalmente, el mandatario sostuvo que la administración provincial mantendrá sus esfuerzos para dar respuestas a las familias tucumanas, sin descuidar la organización política de cara a los próximos comicios.

“La prioridad es seguir gobernando Tucumán, seguir solucionando problemas y esforzarnos por resolver aquellos que todavía no hemos podido solucionar en diferentes lugares de la provincia y con diferentes familias. Tenemos dos tareas: la política electoral y la institucional. La institucional es prioridad para nosotros, pero la política electoral bajo ningún punto de vista la vamos a descuidar”, concluyó.

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Política

Paso clave para cerrar el juicio por YPF y anular el reclamo de US$16.000 millones

La jueza federal Loretta Preska acató el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que en marzo pasado revocó la condena contra Argentina por más de USD 16.000 millones.

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La jueza federal Loretta Preska puso punto final a su intervención en el juicio por la estatización de YPF, con una resolución que deja sin efecto su propia sentencia de 2023 a favor de los demandantes y cierra formalmente el expediente en primera instancia en Nueva York. Ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos deberá definir si toma el caso tras el recurso presentado por Burford Capital para que se revise el fallo.

La magistrada acató el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que en marzo pasado revocó la condena contra Argentina por más de USD 16.000 millones.

La orden de Preska incorporó al expediente las consecuencias del fallo favorable al Estado argentino, dictado por los jueces Denny Chin y Beth Robinson —con la disidencia de José Cabranes— el 27 de marzo. Los magistrados de segunda instancia entendieron que la jueza de Prezka había interpretado de manera errónea el derecho argentino al dictar su sentencia original.

Según explicaron fuentes de la Procuración del Tesoro, se trata de un plazo procesal que el Gobierno esperaba. “Sería la finalización de la instancia, algo meramente procesal, porque el fallo ya se revirtió en la Cámara de Apelaciones. Había cierta demora en la llegada de este documento”, dijeron y aclararon que, de igual forma, esto no finaliza la causa judicial, puesto que la Corte Suprema de Estados Unidos deberá analizar si hace lugar al pedido de Burford Capital, presentado a principios de octubre, de revisar el fallo.

 

 

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