El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a las elecciones nacionales previstas para el próximo año y planteó la necesidad de que el Movimiento Justicialista deje de lado las diferencias personales y políticas para definir una fórmula que le permita competir a nivel federal.

“Falta un año para las elecciones nacionales. En política algunos dicen que es mucho, otros dicen que es poco, pero hay que tomarse el tiempo, y fundamentalmente al margen del tiempo, hay que tomar muy buenas decisiones”, expresó Jaldo al analizar los plazos electorales y la necesidad de alcanzar consensos dentro del espacio político.

En ese sentido, afirmó que el movimiento debe trabajar para construir una propuesta nacional: “mi espacio, el movimiento nacional, tiene que tratar, en algún punto, de dejar las diferencias personales y políticas, y buscar, de alguna manera, una fórmula que sea una alternativa válida para poder competir en las mejores condiciones posibles el año que viene a nivel nacional”.

Jaldo también señaló que Tucumán continuará con su aporte al espacio y sostuvo que los referentes nacionales deberán alcanzar los acuerdos necesarios para definir la representación electoral.

“Nosotros colaboramos desde Tucumán cuidando y aportando desde nuestra provincia, y quienes tienen que ponerse de acuerdo y dejar de lado todas esas peleas que no nos llevan a ningún lado, son ellos –dijo en relación a los referentes nacionales- los que se tienen que ponerse de acuerdo y tienen que definir una fórmula, con hombres o mujeres, que nos representen de manera competitiva, no solo para ganar, sino para gobernar bien”, comentó.

Por último, el mandatario hizo hincapié en la importancia de la gestión de gobierno como parte de los objetivos del espacio político. “Porque muchas veces ganaron, pero nos faltó lo principal, gobernar bien a nivel nacional”.

Día de la Lealtad: una convocatoria que fortaleció al peronismo tucumano

Al evaluar el acto por el Día de la Lealtad Peronista, desarrollado el domingo en el Hipódromo de Tucumán, Jaldo destacó la participación de más de 50 mil personas y consideró que el encuentro permitió recuperar un espacio de unidad y renovar el compromiso político del justicialismo.

“El Partido Justicialista estaba necesitando un encuentro de esas características. Lo demuestra la cantidad de compañeros, compañeras y vecinos que nos acompañaron, muchos de ellos sin estar afiliados a nuestro partido, pero coincidiendo con el Gobierno provincial y nuestras políticas”, afirmó.

El gobernador valoró la participación de distintos sectores de la sociedad tucumana y destacó la importancia de reunir a la militancia y a quienes acompañan la gestión provincial.

“Ha sido muy positivo e importante que nos podamos reencontrar y, sobre todo, reasumir el compromiso”, señaló.

Jaldo también remarcó que el peronismo tucumano tiene una doble responsabilidad: sostener su actividad político-electoral y garantizar el funcionamiento institucional de la provincia.

“Hoy el Partido Justicialista no solo tiene la misión, la tarea y la responsabilidad de llevar adelante las cuestiones políticas y electorales. También tenemos que llevar adelante el Gobierno de la provincia y su institucionalidad, a la que le estamos dando prioridad”, manifestó.

Finalmente, el mandatario sostuvo que la administración provincial mantendrá sus esfuerzos para dar respuestas a las familias tucumanas, sin descuidar la organización política de cara a los próximos comicios.

“La prioridad es seguir gobernando Tucumán, seguir solucionando problemas y esforzarnos por resolver aquellos que todavía no hemos podido solucionar en diferentes lugares de la provincia y con diferentes familias. Tenemos dos tareas: la política electoral y la institucional. La institucional es prioridad para nosotros, pero la política electoral bajo ningún punto de vista la vamos a descuidar”, concluyó.

La jueza federal Loretta Preska puso punto final a su intervención en el juicio por la estatización de YPF, con una resolución que deja sin efecto su propia sentencia de 2023 a favor de los demandantes y cierra formalmente el expediente en primera instancia en Nueva York. Ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos deberá definir si toma el caso tras el recurso presentado por Burford Capital para que se revise el fallo.

La magistrada acató el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que en marzo pasado revocó la condena contra Argentina por más de USD 16.000 millones.

La orden de Preska incorporó al expediente las consecuencias del fallo favorable al Estado argentino, dictado por los jueces Denny Chin y Beth Robinson —con la disidencia de José Cabranes— el 27 de marzo. Los magistrados de segunda instancia entendieron que la jueza de Prezka había interpretado de manera errónea el derecho argentino al dictar su sentencia original.

Según explicaron fuentes de la Procuración del Tesoro, se trata de un plazo procesal que el Gobierno esperaba. “Sería la finalización de la instancia, algo meramente procesal, porque el fallo ya se revirtió en la Cámara de Apelaciones. Había cierta demora en la llegada de este documento”, dijeron y aclararon que, de igual forma, esto no finaliza la causa judicial, puesto que la Corte Suprema de Estados Unidos deberá analizar si hace lugar al pedido de Burford Capital, presentado a principios de octubre, de revisar el fallo.

Tucumán avanzó en la implementación del nuevo régimen penal juvenil, luego de que el Poder Ejecutivo provincial promulgara la Ley N.º 10011, que fue publicada oficialmente este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial N.º 31305. La normativa, sancionada por la Legislatura el pasado 30 de septiembre, establece un marco provincial para la ejecución y supervisión de las medidas y penas aplicadas a adolescentes en conflicto con la ley penal, en consonancia con la reforma aprobada este año por el Congreso de la Nación.

La decisión se produjo después de la sanción de la Ley Nacional N.º 27801, aprobada definitivamente por el Senado el 27 de febrero y promulgada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 138/2026. Tendencia de Noticias tuvo acceso al texto de promulgación de la normativa, que introduce importantes modificaciones en el sistema de justicia juvenil argentino. Entre los principales cambios, se destaca la reducción de 16 a 14 años de la edad mínima de imputabilidad penal, una de las reformas más significativas en esta materia durante las últimas décadas.

Con la promulgación de la nueva ley provincial por parte del gobernador Osvaldo Jaldo, Tucumán formalizó su adecuación institucional a ese esquema nacional, que contempla la responsabilidad penal de adolescentes de entre 14 y 17 años y establece procedimientos, garantías y mecanismos especializados para el tratamiento de los delitos cometidos por personas menores de edad.

La legislación nacional reemplazó el régimen establecido por la Ley 22278, vigente desde 1980, y dispuso que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adecuaran sus normas procesales y administrativas a los nuevos principios y garantías.

En ese contexto, la sanción de la Ley 10011 representa un paso para organizar la aplicación del régimen en la Justicia provincial, particularmente en lo referido al cumplimiento de las decisiones judiciales, la supervisión de las medidas impuestas y el acompañamiento de los adolescentes alcanzados por el sistema penal.

Un cuerpo de supervisores y un instituto especializado

Uno de los aspectos centrales de la nueva legislación tucumana es la creación de un Cuerpo de Supervisores, bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, destinado a intervenir en el seguimiento y control de las medidas judiciales dispuestas en el marco del régimen penal juvenil.

La incorporación de esta estructura apunta a fortalecer el control de las disposiciones judiciales y el acompañamiento de los adolescentes, mediante mecanismos de supervisión especializados.

La norma también contempla el Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil “Cura Brochero”, como parte de la organización provincial destinada al abordaje de adolescentes sometidos a medidas y penas previstas en la legislación.

El nuevo esquema incorpora criterios de intervención interdisciplinaria, con especial atención a la educación, la salud, la contención y los procesos de reinserción social.

De esta manera, la reforma no se limita a establecer mecanismos para el cumplimiento de sanciones, sino que también contempla herramientas orientadas a reducir la reincidencia y favorecer la integración social de los adolescentes.

La aplicación efectiva de estas disposiciones requerirá la organización de los equipos especializados, la adecuación de las instituciones involucradas y la articulación entre el Poder Judicial y los organismos provinciales competentes.

La reforma nacional que bajó la edad de imputabilidad

El nuevo régimen provincial se inscribe en una reforma de alcance nacional impulsada por el Gobierno de Javier Milei y aprobada por el Congreso después de un intenso debate político y jurídico.

La Ley 27801, publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 9 de marzo de 2026, estableció que los adolescentes podrán ser sometidos al régimen de responsabilidad penal a partir de los 14 años, siempre que se les atribuya la comisión de un hecho tipificado como delito.

Hasta la modificación legislativa, la edad mínima de punibilidad se encontraba fijada en los 16 años, conforme al régimen anterior.

Además de modificar ese límite, la normativa nacional incorporó principios específicos para el juzgamiento de adolescentes, con garantías procesales, intervención de operadores especializados, medidas alternativas y disposiciones orientadas a la educación, la responsabilización y la reinserción social.

La reforma también contempló mecanismos de asistencia a las víctimas y estableció criterios diferenciados respecto del sistema penal aplicable a las personas adultas.

El Gobierno nacional reglamentó posteriormente la ley mediante el Decreto 875/2026, del 4 de septiembre, que designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal y creó mecanismos de coordinación con las jurisdicciones provinciales.

Entre ellos se encuentra la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, concebida como un espacio de articulación para avanzar en la implementación de la nueva legislación.

Con la promulgación y publicación de la Ley 10011, Tucumán incorporó una regulación específica para organizar la ejecución de medidas y penas juveniles, en un contexto de transformación del sistema penal adolescente a escala nacional.

La nueva normativa provincial deberá articularse con las competencias de la Corte Suprema de Justicia, los órganos judiciales especializados y las dependencias estatales responsables de la atención de adolescentes en conflicto con la ley penal.

Su implementación también planteará desafíos relacionados con la disponibilidad de recursos humanos especializados, la infraestructura institucional y la coordinación de políticas de educación, salud y acompañamiento social.

/Tendencia de Noticias