Política
La Justicia le prohibió a Manuel Adorni salir del país sin autorización previa
A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez Ariel Lijo ordenó que el exjefe de Gabinete informe cada vez que pretenda cruzar las fronteras, para que en Tribunales evalúen “la pertinencia y razonabilidad”. Descartaron detenerlo, como habían pedido dos denunciantes
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni no puede irse del país sin pasar antes por la Justicia. Así lo dispuso en las últimas horas el juez federal Ariel Lijo, quien tiene a cargo el expediente por enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario libertario. Además, en los tribunales federales de Comodoro Py echaron por tierra otro intento de los denunciantes para avanzar con su detención.
Tras su renuncia a la coordinación del Gabinete de ministros del presidente Javier Milei, surgieron versiones periodísticas de que Adorni había deslizado a su entorno intenciones de irse a vivir a Uruguay.
El abogado Gregorio Dalbón y la diputada nacional Marcela Pagano, ambos denunciantes del exvocero presidencial, habían pedido en los últimos días la detención de Manuel Adorni, o en subsidio, la prohibición de salida del país y la retención de su pasaporte. El fiscal y el juez descartaron ambos planteos.
En particular, el representante del Ministerio Público opinó que ni siquiera las conversaciones que el exjefe de Gabinete mantuvo con el contratista Matías Tabar antes de su declaración como testigo fueron un entorpecimiento.
Tabar es el contratista que remodeló la casa del exfuncionario en el country Indio Cuá, propiedad en la que Manuel Adorni gastó al menos 245.000 dólares para modernizarla y equiparla.
Para desestimar la detención del exvocero, el fiscal también tuvo en cuenta que este no tiene antecedentes penales, que posee bienes en el país y un lugar de residencia habitual donde está su núcleo familiar, lo que disipa el peligro de fuga alegado por los denunciantes.
La causa
En las próximas semanas, el exjefe de ministros deberá dar sus primeras explicaciones formales en Comodoro Py.
El fiscal Gerardo Pollicita prepara un requerimiento de justificación patrimonial que estará basado en un informe de la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que revelará, precisamente, si el patrimonio de Adorni tiene inconsistencias, y de qué magnitud.
Las voces más optimistas en tribunales apuntan a que ese estudio contable estaría listo antes de la feria judicial de invierno, que comienza en menos de tres semanas.
Ese requerimiento de justificación funcionará como una primera oportunidad que tendrá el investigado para explicar que su fortuna tiene un origen legal. Públicamente, Adorni contó que tenía en negro 500.000 dólares que alguna vez fueron criptomonedas. Su versión aún no fue comprobada en la Justicia.
Esta semana declararon los últimos testigos antes de que la causa avance a esta próxima etapa. Gisela Kocsis, Luis Enrique Alujú y Laura Daniela Schiuma son tres empleados y funcionarios de la Vocería Presidencial que reconocieron en sede judicial haberle prestado su nombre o sus tarjetas de crédito a Adorni para que haga compras millonarias sin dejar rastros.