El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó este lunes una denuncia penal contra productores, importadores y comerciantes de insumos médicos por aumentos de precios “desmedidos e injustificados” en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 9 mencionó un informe de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA) y de la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (CEDIM) según el cual estos insumos tuvieron un aumento promedio del 83% y que en el caso de los barbijos el alza de precios alcanzó un 255%.

Una situación similar se dio con medicamentos como la hidroxicloroquina –principio activo antimalárico o antipalúdico que está siendo utilizado para la atención de pacientes con coronavirus– o el salbutamol –usado para el alivio del broncoespasmo en padecimientos pulmonares–, que mostraron incrementos excesivos del 76,64% y el 163,22%, respectivamente.

Marijuan presentó una denuncia ante el juez federal de turno para que se investigue el aumento desmedido de precios en varios rubros. “Fue una clara manipulación por parte de los responsables de la cadena de producción y comercialización de los insumos (fabricantes, comerciantes, etc.), quienes, contrariando los alcances de las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo, aumentaron los valores sin ningún tipo de justificación”, asegura en la denuncia, y destaca disposiciones recientes de la Secretaría de Comercio Interior que ordenaron el congelamiento de los precios.

En el escrito detalló una serie de insumos sanitarios básicos como termómetros, barbijos, camisolines, guantes de látex, antiparras protectoras, alcohol en gel, hisopos, detergente desinfectante y limpiador, ventiladores, entre otros, para ser controlados.

Sobre los medicamentos, cita como fuente a la Federación de Obras Social del Personal de Dirección (FAOSDIR), que habló de una suba promedio del 17% durante marzo, aunque también menciona artículos periodísticos donde se habla de variaciones superiores al 300% en los precios de elementos necesarios para el cuidado del personal médico, de enfermería, administrativos y encargados de la limpieza.

La denuncia puntualiza el aumento del barbijo de alta eficiencia, denominado N95. “Entre enero y febrero de este año pasó de $118,15 a $343, es de $1,45 en marzo del año pasado a $7,19 en un año, registrando un incremento del 395% interanual, aunque el mayor salto (310%) ocurrió desde diciembre hasta ahora”, destaca la denuncia.

Aunque no menciona el caso, por la compra de 1.600 barbijos de la marca 3M a $3.000, un valor que supera ampliamente los valores de mercado pese a la crisis sanitaria, el Gobierno de la Ciudad decidió apartar a un funcionario del Ministerio de Salud. Esa compra ya se está investigando en el marco de la Justicia porteña.

La denuncia también menciona el aumento de los barbijos de uso corriente tanto en comercios como en plataformas online.

Por último, la presentación que hizo el fiscal de turno cita un artículo publicado en Infobae el 4 de marzo pasado sobre los aumentos de barbijos y del alcohol en gel.

Para Marijuan, los aumentos de estos insumos básicos podrían encuadrarse en los artículos 205, 239 y 300 inciso 1a del Código Penal.

El artículo 205, que estaba mencionado en el decreto que dispuso el aislamiento obligatorio, reprime con pena de seis meses a dos años a quien “…violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

En tanto, el artículo 239 del Código Penal establece que: “Será reprimido con prisión de quince (15) días a un (1) año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal”.

En la denuncia, Marijuan solicita una serie de medidas de prueba, como pedirle a la Secretaría de Comercio Interior que acompañe el listado de productores, distribuidores y comercializadores que compongan la cadena formadora de precios de aquellos productos identificados como “insumos críticos sanitarios” necesarios para mitigar la propagación del COVID-19 y para su tratamiento terapéutico y curativo.

También sugiere que el juez le solicite al Ministerio de Salud de la Nación un detalle pormenorizado de las adquisiciones de “insumos críticos sanitarios” que fueran obtenidos con anterioridad a la pandemia y aquellos adquiridos con posterioridad, para evaluar todos los precios.

FUENTE: Infobae