El actual secretario General de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA), Juan Correa, fue denunciado por supuesta falsedad ideológica de instrumentos públicos para poder acceder al cargo que ostenta, habría falsificado documentación referida a su condición de empleado del ingenio Marapa, cuando no lo era.
La denuncia, patrocinada por el abogado Carlos Ortega, con mucha expectativa aguarda el reincio de la actividad en los Tribunales Federales para empezar a resolver la suerte del actual secretario de la FEIA, ya que fue denunciado por el secretario General del sindicato del ingenio Aguilares, Rodolfo Reinoso, quien pidió que se investigue a Correa por haber «mentido que era empleado del ingenio Marapa para postularse para el máximo cargo dirigencial», el que ocupa desde el año 2015.
En la presentación, Reinoso también hizo responsable de la comisión del delito a los funcionarios del Ministerio de Producción y Trabajo, Lucas Fernández Aparicio (director de Trabajo) y a Manuel Troncoso (director de Asociaciones Sindicales), por haber otorgado la certificación de autoridades tanto a Correo como a otros dirigentes, a pesar de las denuncias formuladas en tiempo y forma ante el organismo nacional.
El dirigente del ingenio Aguilares con el patrocinio del abogado Ortega expuso a la Fiscalía Federal que Correa junto a un grupo de personas aseguraron representar o actuar en nombre de los trabajadores del ingenio Marapa, cuando su sindicato estaba acéfalo, pero lo más grave aún resulta que la firma comercial Azutra SA. (administradora del Marapa), ante una consulta mediante carta documento, respondió por la misma vía que tanto Correa como «ninguno de los empleados que detalla en la misiva que contestamos, es o ha sido empleado nuestro, no teniendo ningún tipo de información al respecto».
Esto quiere decir que Correa como el resto de los dirigentes «nunca podrían haberse postulado como representante de los trabajadores del ingenio Marapa y por ende, ocupar cargos directivos en la FEIA». Incluso, en la demanda se deja constancia de que el sindicato del Marapa se encontraba acéfalo desde año 2001 y que por lo tanto, había perdido su condición como entidad ante la FEIA.
Para Ortega está claro que no se cumplió con la ley 23551 de Asociaciones Sindicales que exige en los artículos 17 y 18 las condiciones mínimas de antigüedad de afiliación y de trabajador en actividad (dos años).
A pesar de que las autoridades de Trabajo de la Nación estaban en conocimiento de esta situación, le expidieron la certificación de autoridad, razón por la cual la Justicia Federal debería resolver la situación de Fernández Aparicio (exdelegado de UPCN) y de Manuel Troncoso, por los supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Qué dice la demanda presentada
Con la «complicidad» de los funcionarios nacionales, Correa se mantiene al frente de la FEIA desde el año 2015. Desde entonces, sorteó una intervención del entonces Ministerio de Trabajo, cuando estaba a cargo de Jorge Triaca, en enero de 2017, por entender que hubo irregularidades en el proceso electoral de la institución.
En aquel momento, Triaca desconocía la legitimidad de Correa al advertir que el gremio azucarero atravesaba una suerte de acefalía desde junio de 2015.
Pero esto duró muy poco. El 28 de enero del mismo año, la Cámara de Apelaciones del Trabajo suspendió la intervención de la FEIA. En la ocasión, Correa agradeció profundamente «a los compañeros de la CTA Autónoma por su acompañamiento en esta lucha». /Primera Fuente/
Confirmaron que el niño de 12 años accidentado en Horco Mollo tiene muerte encefálica
La médica y jefa de terapia, Silvia Olivera, acompañada por la directora del centro de salud, Inés Gramajo, explicó que el paciente había ingresado con un traumatismo encéfalo craneano (TEC) severo, derivado desde el CAPS Carrillo
El cuadro de Benjamín Olariaga, el niño de 12 años que había sufrido un grave accidente mientras recorría en bicicleta las sendas de Horco Molle, tuvo el peor desenlace clínico posible. Este jueves, profesionales del Hospital de Niños confirmaron el diagnóstico de muerte encefálica tras varios días de internación en estado crítico.
La médica y jefa de terapia, Silvia Olivera, acompañada por la directora del centro de salud, Inés Gramajo, explicó que el paciente había ingresado con un traumatismo encéfalo craneano (TEC) severo, derivado desde el CAPS Carrillo. «Fue recibido en la unidad de cuidados críticos, evaluado por neurocirugía e ingresado de urgencia a quirófano», detalló.
Durante la intervención, los especialistas realizaron las maniobras necesarias para intentar estabilizarlo en un contexto extremadamente complejo. «Hubo un sangrado masivo y pérdida de masa encefálica», precisó Olivera. A pesar de la gravedad, el niño logró salir del quirófano y fue trasladado nuevamente a terapia intensiva, donde permaneció con asistencia respiratoria y bajo monitoreo constante.
Según informaron, se le colocó un catéter para medir la presión intracraneana, que desde el inicio presentó valores muy elevados. «A pesar de la medicación, esos valores se volvieron refractarios, es decir, no respondían a ningún tratamiento», declaró la profesional.
El deterioro neurológico fue progresivo. «Estos niveles altos de presión intracraneana lo llevaron a un estado de descerebración y, posteriormente, a la muerte encefálica», comentó Olivera, quien aclaró el alcance del diagnóstico: «Significa que el cerebro del niño ha dejado de funcionar».
Desde el hospital informaron que el paciente continúa con asistencia respiratoria, ya que en estos casos no se procede a la desconexión inmediata. «Se mantiene el soporte hasta que el corazón deje de latir», indicaron.
Las autoridades del centro de salud remarcaron el acompañamiento a la familia en este momento crítico. «»Hablamos con el padre para autorizar la difusión de la información y, por supuesto, todo el equipo de salud está a disposición, entendiendo el profundo dolor que atraviesan»», concluyeron.
El hecho reaviva la atención sobre la seguridad en las sendas y la importancia de medidas de prevención para evitar siniestros viales y accidentes recreativos en menores
El secretario general de UTA Tucumán, César González, confirmó que los trabajadores del transporte público percibirán los salarios correspondientes a abril en dos partes, en medio de un escenario económico que calificó como “muy complejo” para el sector.
En declaraciones a la prensa, el dirigente sostuvo que la problemática local refleja la crisis que atraviesa el transporte en todo el país y advirtió que muchas empresas continúan operando gracias a la asistencia estatal.
“No estamos ajenos en la provincia de lo que está pasando en el país. El transporte está en una situación muy compleja. Si hoy no se han caído empresas, obedece a las compensaciones tarifarias que les da el Gobierno de la Provincia, sino el transporte no estaría funcionando”, afirmó.
Asimismo, explicó que el acuerdo alcanzado establece que el 50% de los salarios será depositado a partir de mañana, mientras que el monto restante se abonará el próximo 20 de mayo.
González detalló además que el salario acordado en paritarias alcanza los $2.345.000 para trabajadores con 15 años de antigüedad, cifra a la que se suman diferencias salariales de enero y febrero, además de montos no remunerativos.
“Estamos hablando de que un trabajador hoy tiene que percibir un sueldo de $2.750.000”, remarcó.
Por último, el titular de UTA aseguró que existe comprensión por parte de los choferes frente a la situación financiera que atraviesan las empresas de transporte.
“Hay conformidad porque los trabajadores conocen la realidad de las empresas. Es la única manera posible y queremos evitar que compañeros queden en la calle”, concluyó.
La legisladora provincial Carolina Vargas Aignasse, junto a Agustín Barrera Palou, impulsan un proyecto de ley que busca proteger a los glaciares del Aconquija.
«Cuando se habla de Tucumán y glaciares, parece que son dos términos que nada tienen que ver porque no estamos familiarizados por nuestra condición geográfica y sobre todo por las temperaturas. Pero con esta cuestión que ha sucedido en la Nación de que las provincias reasuman la competencia en cuanto a la protección de los glaciares, estudiamos el tema y encontramos que en el Instituto Nacional tenía protegidos 122 cuerpos glaciares que hay en Tucumán en el Aconquija», explicó Vargas Aignasse.
En este sentido, detalló que «no son glaciares turísticos ni tienen la morfología de la Patagonia. Son glaciares rocosos, y grandes reservorios de agua en altas cumbres cubiertos con roca, pero que tienen alto impacto en cuanto a la regulación y el equilibrio del agua dulce de los ecosistemas».
«Estamos ante una situación mundial de cambio climático y está previsto el gran desequilibrio en las cuencas de agua que es lo que produce el cambio. Si bien la sequía y las inundaciones también lo producen, nosotros tenemos la obligación de proteger estos reservorios de agua dulce para ahora y para el futuro«, resaltó.
Los principales puntos de la iniciativa son los siguientes:
Todos los glaciares identificados en el inventario científico nacional quedan automáticamente protegidos.
Establecemos un piso de protección que no puede retroceder.
Prohibimos cualquier actividad que los dañe o ponga en riesgo.
«Lo que yo propongo en este proyecto de ley es que Tucumán vuelva a proteger los 122 glaciares que tenemos con las mismas medidas de protección, haciendo uso de lo que establece la ley nacional vigente«, expresó la parlamentaria.
En cuanto a presupuestos, dijo que «son mínimos» y «en caso de que exista alguna actividad de explotación, que por el momento en Tucumán no está permitida, es importante que tengamos una ley clara para saber cuál es la regulación sobre los mismos».
Antes de concluir, remarcó que «este proyecto es coincidente con la posición que ha tomado Tucumán al respecto, porque nuestros diputados han votado favorablemente esta ley nacional, pero entendiendo que la misma lo único que hizo es dejar que las provincia lo decidan, entonces al momento de regularlo es necesario que exista un instrumento legal. Vamos ver cuál es la opinión mayoritaria al respecto cuando lo discutamos con el Poder Ejecutivo y la Comisión de Ambiente de la Legislatura». /LV12/