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La Justicia auditará los celulares de la pareja detenida con 120 kilos de marihuana

Avanza la investigación para determinar nexos con empleados y funcionarios provinciales.

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La justicia Federal ordenó auditar los teléfonos celulares de la pareja de tucumanos detenidos en la provincia de Santiago del Estero con 120 kilos de marihuana, según confirmaron fuentes judiciales. Uno de los detenidos Jesús Busto, se desempeñaba como empleado del sistema de salud de la provincia por lo que con la medida buscan determinar contactos y comunicación relacionada con la causa.

El caso ocurrido el 26 de octubre en Santiago del Estero, cuando Busto y Mabel Costilla estaban a punto de cruzar a Tucumán con 120 kilos de marihuana,  profundizó la investigación sobre sus posibles nexos con personal del Sistema Provincial de Salud  (Siprosa) como parte de una red de narcotráfico. Además, se pidió informes a la Provincia para constatar la autenticidad de los certificados de libre circulación del Comité Operativo de Emergencia (COE) con que contaba la pareja a la hora de ser detenida. Buscarían también determinar los nombres y la responsabilidad de las autoridades que firmaron en caso de no resultar apócrifas.

Una primera investigación de la Justicia Federal determinó que Busto trabajaba en el programa «Tucumán te cuida» en Las Cejas, lugar de paso para todos los que transitan por la ruta 34, y por donde iba a pasar la mercancía. Además existen demasiados indicios que la pareja formaba parte de una banda que comercializaba la droga. Ahora queda determinar quién o quiénes son los dueños de la mercancía.

Auditorias

El pasado viernes trascendió que hubo traslados y desplazamientos de más de una quincena de empleados de la sección Automotores en la que se despliega otra línea investigativa.  Desde hace años, la División de Drogas de la Policía Federal con asiento en Tucumán investiga a una banda que integrarían personal del Siprosa. La investigación apuntaba a que éstas operaban con «mulas» o «postas» en diferentes lugares de la ruta para ingresar desde Salta marihuana y cocaína. Tenían que esconder los paquetes y habría usando éstas instalaciones del Departamento Operativo, ubicada en la zona del barrio Juan XXIII.

Pese a permanecer dormida, se espera que la causa vuelva a reactivarse tras la detención de Busto. Paralelamente el Siprosa inició en esta repartición una auditoria y se especula con apercibimientos para aquellos agentes que aún no han actualizado su certificados de antecedentes que emite la Policía de Tucumán.

Los coletazos de la causa

En el largo expediente iniciado durante 2016, aparece un nombre que ya fue mencionado en la causa que lleva adelante la fiscal Ileana Garzón contra el ahora ex empleado del Siprosa: el concejal capitalino José Luis Coronel. El edil llegó al cargo como aliado político del secretario general de Atsa, el legislador Renée Ramírez. Coronel entonces se desempeñaba como titular Departamento de Operativos Móviles del Siprosa, que es el sitio apuntado en la pesquisa de aquellos años como el centro de operaciones de una banda narco que traía droga de Corrientes. Algunas fuentes indicaron que pese a ocupar una banca en el cuerpo deliberativo, el edil continuaría utilizando estas oficinas.

La pesquisa iniciada por la División Antidrogas de la Policía Federal anotó tres nombres: Miguel Ángel “Liro” Andrade, Walter Darío “Hombre Lobo” Cardozo y Rubén “Leke” Suárez, todos ellos empleados destinados a esa repartición con sede en Italia y Thames, una de las entradas a «La Bombilla». Aunque en los expedientes laborales de todos ellos aparecen certificados de buena conducta, lo cierto es que los prontuarios de dos de ellos son bastante extensos, acumulando numerosas causas de delitos contra la propiedad en las que aparecen mencionados.

En una de esas causas aparece el concejal Coronel, de quien los investigadores sospechan  ya que habría participado en varios viajes de pesca a Corrientes y también porque los tres sujetos investigados apoyaron abiertamente su campaña. Sospechan que Coronel habría apadrinado a los sospechados para que ingresaran al Siprosa. Sin embargo, esto fue negado por el edil. También se apuntó al legislador Ramírez, puesto que hay fotos de los tres apoyando su candidatura a legislador.

En mayo de 2019, el fiscal federal Carlos Brito solicitó medidas de allanamientos que incluían los galpones del Departamento de Operativos Móviles del Siprosa. El juez Bejas no autorizó los procedimientos porque a su criterio, no se habían presentado pruebas suficientes, pero solicitó que se siga adelante con la investigación.

Cabe señalar que tras esta decisión del magistrado y al tomar relevancia la detención del ex empleado del Siprosa con el abultado cargamento de cannabis, la oposición encabezada por la senadora Silvia Elías de Pérez, pidió al Consejo de la Magistratura auditar el comportamiento del recientemente integrante del Juzgado Electoral Federal.,

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Absolvieron a Virginia Mercado: la Justicia consideró que no encubrió al asesino de Paulina Lebbos

La fiscala Marta Jerez retiró la acusación al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener el delito. El juez Eduardo Romero Lascano dictó la absolución.

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Virginia Mercado, la mejor amiga de Paulina Lebbos y la última persona que la vio con vida, fue absuelta este lunes en la causa en la que estaba acusada de encubrimiento. La Justicia concluyó que no existían pruebas suficientes para demostrar que hubiera colaborado con los responsables del crimen ocurrido en febrero de 2006.

La decisión se conoció luego de que la fiscala Marta Jerez retirara la acusación al considerar que los nueve puntos sobre los que se había basado la imputación no alcanzaban para sostener un delito de esa gravedad. La postura fue acompañada por la defensa de Mercado, que también solicitó el sobreseimiento.

El juez Eduardo Romero Lascano coincidió con ese criterio y sostuvo que la investigación no logró reunir la certeza necesaria para una condena, principalmente por las contradicciones sobre lo ocurrido la madrugada del 26 de febrero de 2006, cuando desapareció Paulina.

Un juicio marcado por la polémica

La absolución llega después de un proceso que atravesó múltiples controversias. A comienzos de este año, Mercado estuvo cerca de cerrar la causa mediante un juicio abreviado, pero el acuerdo fue rechazado por el juez Patricio Agustín Prado al considerar incompatible la admisión del delito con la falta de memoria que la imputada seguía manifestando.

El debate también estuvo atravesado por fuertes tensiones. En una de las audiencias, Romero Lascano suspendió abruptamente la sesión tras un cruce con la defensa por el desarrollo del juicio sin la presencia física de Mercado, quien reside en Salta y atraviesa un tratamiento por un cáncer avanzado.

La acusación no pudo sostenerse

Durante el proceso, la Fiscalía había sostenido que Mercado integró un supuesto «pacto de silencio» para desviar la investigación sobre la salida del boliche Gitana y el recorrido posterior de Paulina Lebbos.

Sin embargo, el paso del tiempo, las irregularidades detectadas en la investigación inicial y la falta de pruebas que demostraran una conducta dolosa terminaron debilitando esa hipótesis, lo que llevó a la Fiscalía a desistir de la acusación.

«Siempre dije la verdad»

Antes de conocerse la sentencia, Mercado volvió a defender su actuación. «Quiero que todos sepan que siempre dije la verdad. Nunca me negué a declarar. Paulina no era solo mi compañera, era mi amiga. Yo no soy culpable de nada», afirmó.

Con la absolución, quedó cerrada la vía penal contra la última persona del entorno de Paulina Lebbos que la vio con vida, en una de las causas judiciales más emblemáticas de Tucumán.

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Picadas clandestinas: secuestraron 24 vehículos y multaron a más de 20 motociclistas en Famaillá

Este fin de semana se desarrolló un amplio operativo contra las picadas ilegales en Famaillá.

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En el marco de un fuerte plan de seguridad preventiva orientada a erradicar las carreras clandestinas de motocicletas, la Policía de Tucumán desplegó un masivo procedimiento en la ciudad de Famaillá que culminó con el secuestro de decenas de vehículos y múltiples personas sancionadas.

El despliegue estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Regional Oeste, en un trabajo conjunto que integró a personal de la Infantería Oeste, la Patrulla Motorizada y la Comisaría de Famaillá.

Durante los controles, las fuerzas de seguridad lograron interceptar e identificar a los participantes de estas maniobras peligrosas, por lo cual se retuvieron preventivamente 22 motocicletas y 2 automóviles por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito y 22 personas fueron identificadas e infraccionadas bajo las disposiciones del Código Procesal Penal de Tucumán.

«Este tipo de acciones buscan reafirmar el compromiso de la fuerza con la prevención, el orden público y la seguridad vial de todos los tucumanos», destacaron desde la cúpula policial.

Las autoridades anticiparon que este tipo de controles sorpresivos se mantendrán de forma periódica en distintos puntos estratégicos de la zona oeste para combatir el peligro que representan las picadas ilegales para la comunidad.

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«Mi hermana está enterrada en algún lugar del Colegio San Francisco»

La fuerte revelación de Liliana Argañaraz a 20 años del crimen de Bety.

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A casi 20 años del asesinato de la docente Ángela Beatriz «Betty» Argañaraz, una de las causas criminales más conmocionantes de la historia de Tucumán volvió a cobrar impulso tras una impactante revelación de su hermana, Liliana Argañaraz, quien aseguró haber recibido información sobre el posible lugar donde estarían los restos de la maestra, desaparecida desde el 31 de julio de 2006.

Aunque en 2009 la Justicia condenó a Susana Acosta y Nélida Fernández a 20 años de prisión por el homicidio de Betty Argañaraz, el cuerpo de la docente nunca fue encontrado. Esa ausencia convirtió al expediente en uno de los primeros casos de la provincia con condena firme por homicidio sin la aparición del cadáver, pero para la familia la búsqueda nunca terminó.

En una extensa entrevista, Liliana Argañaraz sostuvo que durante estos años logró acceder a una información que considera de enorme importancia para esclarecer definitivamente el caso. Según relató, una persona le aseguró conocer dónde se encuentran los restos de su hermana, aunque el miedo le impide declarar formalmente ante la Justicia.

«Mi hermana está en algún lugar dentro del Colegio San Francisco«, afirmó Liliana, al revelar que esa versión le fue transmitida por un testigo que teme por su vida y que, por esa razón, se niega a brindar una declaración judicial.

La hermana de Betty explicó que incluso llegó a reunirse personalmente con esa persona para escuchar su relato. Describió ese encuentro como uno de los momentos de mayor tensión que vivió desde el crimen de la docente y aseguró que comprendió el temor del informante al percibir el nivel de miedo con el que hablaba del caso.

Pese a considerar que se trata de una pista concreta, lamentó que no haya encontrado respuestas por parte de las autoridades judiciales para profundizar esa línea de investigación. Según afirmó, durante los últimos años intentó comunicarse con integrantes del Ministerio Público Fiscal para transmitir la información y solicitar que se designara una fiscalía que continuara la búsqueda de los restos, pero aseguró que sus pedidos nunca prosperaron.

Liliana expresó que la familia siente que, una vez obtenidas las condenas en 2009, la investigación quedó prácticamente paralizada.

«Para la Justicia este caso sentó jurisprudencia porque hubo condena sin cuerpo, pero para nosotros Betty sigue desaparecida. Nosotros todavía no pudimos recuperarla», manifestó al explicar que el principal objetivo de la familia continúa siendo encontrar los restos para darle una sepultura.

La mujer también cuestionó el funcionamiento del sistema judicial y sostuvo que actualmente no existe una investigación activa destinada exclusivamente a localizar el cuerpo de la docente. En ese sentido, dijo sentir miedo e impotencia al no tener un ámbito institucional donde aportar nuevos datos.

Además, volvió a insistir con una hipótesis que mantiene desde hace años: que Susana Acosta y Nélida Fernández no actuaron solas.

A criterio de Liliana, resulta imposible que dos personas hayan logrado ocultar durante dos décadas el cuerpo de Betty sin recibir ayuda de terceros. Por ello, reiteró su convencimiento de que existieron cómplices que colaboraron en el encubrimiento del crimen y que todavía permanecen en silencio.

También expresó sus sospechas sobre la existencia de personas con influencia dentro de ámbitos institucionales y eclesiásticos que, según considera, nunca aportaron toda la información que conocían sobre lo ocurrido.

Para la familia, la falta de hallazgo de los restos representa la herida más profunda que dejó el crimen. Liliana afirmó que no busca revancha ni nuevas condenas, sino únicamente conocer toda la verdad y recuperar el cuerpo de su hermana para poder cerrar un duelo que lleva abierto dos décadas.

«Lo único que necesitamos como familia es recuperar sus restos, darle una cristiana sepultura y terminar con esta herida que sigue abierta desde hace 20 años», sostuvo.

Finalmente, renovó el pedido a la comunidad tucumana para que cualquier persona que posea información se anime a romper el silencio. Aseguró que todavía hay personas que conocen lo ocurrido y que el temor o los pactos de silencio han impedido avanzar en el esclarecimiento total del caso.

Al cumplirse dos décadas del asesinato de Betty Argañaraz, la familia insiste en que la condena de las responsables no alcanzó para hacer justicia mientras el cuerpo de la docente continúe desaparecido. Para Liliana, encontrar los restos es la única deuda pendiente de una causa que marcó para siempre la historia judicial de Tucumán y que, pese al paso del tiempo, sigue sin ofrecer una respuesta definitiva sobre el destino final de la maestra.

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