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Política

La Junta electoral detectó cientos de votantes truchos en el interior

A menos de un mes para que se celebren las votaciones, la Junta Electoral Provincial (JEP) denunció ante la Justicia Federal y la Justicia Penal que corroboró que 451 electores del interior fueron indebidamente ingresados al padrón que confecciona la Cámara Nacional Electoral.

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El órgano de control reclamó la urgente investigación para corroborar si se trata de un delito penal.

Los casos se confirmaron en diversas localidades, principalmente en la Comuna de Gobernador Garmendia, donde se hallaron 105 ciudadanos “no residentes”.

A través de un comunicado, la JEP informó las actuaciones se originaron con 15 denuncias presentadas pero varios ciudadanos y que las constataciones se realizaron in situ por personal de la JEP con la colaboración con la Secretaría Federal Electoral de Tucumán.

Cruce de datos

El secretario de prensa del órgano encargado de los comicios, Carlos Amaya, explicó que durante las verificaciones se toparon con casos de todo tipo, como decenas de votantes con un mismo domicilio.

También con gente que explicaba que a quien buscaban no vivía en esa casa o de personas que decían que el requerido siempre estaba en el trabajo.

“Además de esa constatación, se hizo un cruce con los padrones de 2011 y 2015.

En algunos casos se vio coherencia, porque tenían el mismo domicilio. En otros casos se constató que en un domicilio vive una familia y aparece (en el padrón) que son 15 o 16 personas”, ejemplificó.

Ante esta situación, las autoridades de la Junta, Daniel Posse (presidente de la Corte Suprema), Edmundo Jiménez (ministro Fiscal) y Washington Navarro Dávila (ministro de la Defensa), ordenaron que los votantes “no residentes” sean “revertidos” a los domicilios en los que figuraban en elecciones anteriores para que no pierdan su derecho a votar.

En detalle

En Garmendia, localidad ubicada a cinco kilómetros del límite con Santiago del Estero, se habían denunciado a 308 personas, pero sólo se corroboraron 105 casos.

En la ciudad de Burruyacu se constató que 104 de 107 individuos denunciados no viven en los domicilios declarados.

Lo mismo ocurrió en Sargento Moya (41 personas); Los Puestos (31); Comuna de Los Pérez (71); Finca Mayo (44); San Agustín (10); Simoca (5) y en la Comuna de Río Chico y Nueva Trinidad (40).

La Junta indicó también que aguardan por informes de la Secretaría Electoral Federal de Tucumán respecto a constataciones realizadas en localidades de Teniente Berdina (Monteros), Las Cejas (Cruz Alta) y El Naranjo y El Sunchal (Burruyacu).

En la última comuna, el dirigente Luis Zelaya afirmó, en base a una investigación hecha de manera particular, que habría en el padrón casi 280 personas no residen en el pueblo y más de 30 fallecidos.

Cuestionamientos

El comisionado rural de Garmendia, José “Gallito” Gutiérrez, afirmó que no comparte la decisión tomada por la Junta “bajo ningún punto de vista”.

“Desde que yo me inicié en la política que Tucumán presta servicios a mucha gente de Santiago del Estero. Ellos optan por tener el domicilio en Tucumán, y no hay argumentos jurídicos que lo prohíban a una familia tener el domicilio en el lugar donde se le prestan los servicios esenciales”, opinó Gutiérrez, que se postula para legislador por el este por el frente Justicialista por Tucumán.

El intendente oficialista de la ciudad de Burruyacu, Jorge Leal (h), consideró que es “insignificante” el tema.

“Son celos propios de algunos que tienen intereses de ser concejal”, dijo, y apuntó directamente contra la oposición. “Los que hacen denuncias son los que nunca tienen votos, y ellos hacen lo mismo por atrás”, se despachó.

Leal, que que buscará la reelección en la Intendencia y también se postulará para legislador por el acople oficialista Acción Regional, agregó: “se fijan en pueblos chicos, no en Banda de Río Salí o en la capital. La ley tiene que ser pareja para todos”, se quejó.

 

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Política

Milei hablará ante la ONU y se reunirá con empresarios en Nueva York

La visita comenzó este martes con la cumbre del Escudo de las Américas, una iniciativa regional centrada en la cooperación frente al narcotráfico y el terrorismo.

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El presidente Javier Milei hablará este miércoles 23 de septiembre a las 12, hora argentina, ante el debate general de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Será la actividad central de su visita a Nueva York, que continuará por la tarde con una conferencia, una reunión con empresarios y un encuentro con el rabino Simón Jacobson.

En su intervención ante la ONU, se espera que Milei vuelva a plantear el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. También podría retomar sus cuestionamientos al funcionamiento de los organismos internacionales y su posición sobre las regulaciones vinculadas con la inteligencia artificial. El contenido definitivo del mensaje se conocerá durante su exposición.

El discurso llegará un día después de su participación en una sesión del Escudo de las Américas, realizada en la sede de Naciones Unidas. Allí coincidió con el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque no se difundió una fotografía oficial de ambos. Milei estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de  Economía Luis Caputo.

 

La agenda de Javier Milei para este miércoles

Tras su intervención ante la Asamblea General, el mandatario tendrá las siguientes actividades, en horario argentino:

  • 16: disertará en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI). El evento se realizará en la sede de Citi en Nueva York. Ernesto Torres Cantú, Head of International de la entidad, estará a cargo de la apertura como anfitrión, mientras que el presidente del IRI, Dan Twining, presentará a Milei.
  • 18: mantendrá una reunión con empresarios vinculados a Americas Society/Council of the Americas. Participarán Susan Segal y una mesa de entre 12 y 15 ejecutivos.
  • 19.30: se encontrará con el rabino Simón Jacobson.

La conferencia de la tarde le dará al Presidente otro espacio para exponer sus posiciones económicas y de política exterior, esta vez ante representantes de organizaciones y del sector privado. Su encuentro posterior con empresarios se suma a los contactos que mantendrá durante la gira para presentar la agenda del Gobierno argentino.

 

La visita comenzó este martes con la cumbre del Escudo de las Américas, una iniciativa regional centrada en la cooperación frente al narcotráfico y el terrorismo. Durante esa sesión, la delegación argentina ratificó su interés en participar del esquema de seguridad hemisférica, con atención sobre el Atlántico Sur y la Antártida.

Para el jueves, Milei tiene prevista una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, antes de concluir su agenda en Nueva York. / Ámbito

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Política

La justicia intimó al Gobierno para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario

El juez federal Martín Cormick le exigió al Gobierno de Javier Milei para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

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El juez federal Martín Cormick le dio cinco días al Gobierno de Javier Milei para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Si no lo hace, Cormick advirtió que aplicará astreintes –es decir, condenas pecuniarias– por cada día de demora.

Mientras las universidades van al paro, la estrategia judicial de Milei para no cumplir con la ley que ordena mejorar los salarios docentes y el pago de las becas universitarias parece naufragar.

En tan solo una carilla, Cormick dejó en claro que entendía que el Gobierno le había mentido cuando pidió que levantara la medida cautelar que él mismo había dictado en diciembre pasado a pedido de las universidades.

Verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”, escribió Cormick.

La medida cautelar que otorgó Cormick a fin del año pasado está firme. La decisión fue inicialmente confirmada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y el 25 de junio pasado ratificada por la Corte Suprema.

Es una excelente noticia. Algo que habíamos solicitado desde el CIN en el marco de la causa ante el incumplimiento de la cautelar que está firme, y estábamos esperando resolución”, le dijo Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a Página/12.

“Esperamos que el Gobierno Nacional haga lo que debe hacer y cumpla con lo dispuesto por el juez en los plazos estipulados. Vamos a seguir con mucha responsabilidad, como hasta ahora, y con mucha firmeza, hasta que la ley se cumpla integralmente, como corresponde”, añadió el politólogo.

Hace tiempo que la Casa Rosada viene intentando distintas maniobras para hacer que la medida cautelar se cayera. El 10 de junio pasado, el Ministerio de Capital Humano, que maneja Sandra Pettovello, le informó a Cormick que se había llegado a un acuerdo entre el CIN, la Subsecretaría de Políticas Universitarias y los gremios. En las actas, se afirmaba que el Gobierno iba a transferir 24,33 por ciento a las universidades para el pago de salarios –21 por ciento en junio y un tres por ciento adicional en octubre–, iba a actualizar en un 20 por ciento los gastos de funcionamiento y que iba a incrementar la partida para los hospitales universitarios.

Después de que el Gobierno presentara el acta como para desinflar el reclamo ante los tribunales, el CIN contestó que la suscripción de ese documento no implicaba renunciar a la posición que mantenía y dijo que era una “gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo”.

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El 21 de agosto pasado, hubo una audiencia en la que el Poder Ejecutivo volvió a pedir que Cormick levantara la cautelar. El argumento que invocaba el Gobierno era que, como había hecho transferencias parciales en favor de las universidades, había desaparecido el requisito del peligro en la demora.

La posición del Gobierno no convenció al juez, que rechazó la pretensión de la administración libertaria a principios de septiembre. En ese momento, Cormick le recordó al Ministerio de Capital Humano que ya había establecido que la cautelar iba a regir hasta tanto dictara una sentencia definitiva. Lo que piden las universidades es que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 del Gobierno de Milei, a través del cual suspendió materialmente el cumplimiento de la LFEU.

Atendiendo al escenario descripto por los accionantes y la persistencia de la problemática, mal puede considerarse superado el peligro en la demora, por lo que corresponde desestimar lo peticionado atento no existir razones que avalen –en este estado de situación– el levantamiento de la medida otorgada”, había añadido el juez.

Este martes, ante un pedido de las universidades para que se ejecute la medida cautelar, Cormick decidió avanzar.

FUENTE: Página 12

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Política

Jaldo defendió el proyecto de la fiduciaria y cuestionó las críticas de legisladores

El objetivo es canalizar financiamiento para quienes producen, industrializan o comercializan en Tucumán.

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El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió, este martes, el proyecto de creación de una figura fiduciaria para canalizar créditos destinados al sector productivo de Tucumán. La iniciativa fue cuestionada por legisladores, que plantearon que podría convertirse en una “caja política”.

Jaldo rechazó ese planteo y sostuvo que las críticas responden a una falta de conocimiento sobre el proyecto. “No coincido para nada. Creo que no han leído el proyecto y, si no lo han leído, no lo han entendido”, afirmó el gobernador.

El mandatario explicó que la iniciativa se vincula con un acuerdo con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Según detalló, el objetivo es canalizar financiamiento para quienes producen, industrializan o comercializan en Tucumán.

Jaldo señaló que la Caja Popular de Ahorros no se encuentra actualmente en condiciones de otorgar créditos destinados a las actividades privadas.

“Nosotros entendíamos que había que acordar con el CFI y no había que comprometer bajo ningún punto de vista los fondos de la Caja Popular de Ahorro”, sostuvo.

Financiamiento para el sector productivo

El gobernador explicó que la propuesta busca facilitar el acceso al crédito para sectores que actualmente tienen dificultades para acceder al sistema bancario.

Según indicó, las tasas que ofrecen actualmente los bancos privados representan una dificultad para distintas actividades productivas.

“Esto tiene que ver con un acuerdo vinculado al CFI para canalizar créditos a todos aquellos que comercializan, producen o industrializan en la provincia de Tucumán”, afirmó.

Jaldo sostuvo que la figura propuesta permitiría generar garantías para quienes no califican actualmente para obtener financiamiento bancario.

El mandatario también señaló que el proyecto busca evitar que la Caja Popular vuelva a comprometer recursos en créditos particulares que posteriormente puedan derivar en procesos judiciales.

“Bajo ningún punto de vista, como en épocas anteriores, comprometer a la Caja Popular con los créditos a particulares”, sostuvo.

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