La Junta Electoral provincial, integrada por los doctores Daniel Posse, Edmundo Jiménez y Washington Navarro, denunciará este viernes ante las Fiscalías Penales Provincial y Federal la situación de 451 personas que fueron indebidamente ingresadas al padrón que confecciona la Cámara Nacional Electoral en todo el país. Reclamará la urgente investigación de la comisión de un posible delito penal.

Con el objetivo de garantizar la legalidad del voto y la competencia de los candidatos en igualdad de condiciones en las elecciones provinciales del 9 de junio, la JEP tomó la enérgica medida de “excluir del padrón de electores de las localidades donde se encuentran agregados a los ciudadanos cuya residencia no fue acreditada”.
Mediante resolución dictada este jueves, los doctores Posse, Jiménez y Navarro ordenaron “revertir al domicilio anterior” a los más de 450 ciudadanos “no residentes” que figuran en planillas que adjuntarán a la denuncia. Para ello se pedirá al Juzgado Federal de Tucumán que informe los domicilios anteriores con los que figuraban estas personas, con el objetivo de no vulnerar el derecho de esos ciudadanos a emitir su voto.
También informará de la situación a la Cámara Nacional Electoral, al Registro Nacional de las Personas, al Juzgado Federal de Tucumán con competencia electoral y al Registro Civil.
Las actuaciones se originaron en 15 denuncias presentadas por varios ciudadanos ante la JEP, verificando la veracidad de los planteos con constataciones en los lugares en cuestión por parte de personal de la Junta en colaboración con la Secretaría Federal Electoral de Tucumán. Luego se cruzó la información con registros anteriores de electores y con los archivos del Registro Civil de la provincia.
La puntillosa investigación arrojó casos muy relevantes como el de la localidad de Gobernador Garmendia donde fueron denunciadas 308 personas que no residirían allí, verificándose que 105 de ellas “no viven ni residen en el lugar”. En la ciudad de Burruyacu se constató también que 104 de 107 individuos denunciados, no viven en los domicilios declarados.
Lo mismo ocurrió con 41 personas de Sargento Moya; 31 de Los Puestos; 71 de la Comuna de Los Pérez, 44 de Finca Mayo y 10 de San Agustín. Idéntica situación se comprobó con 5 ciudadanos en la ciudad de Simoca y 40 en la Comuna de Río Chico y Nueva Trinidad.
La JEP ratificó así el criterio fijado de que todos los ciudadanos tengan la seguridad de poder emitir su voto pero respetando rigurosamente las leyes para que los candidatos elegidos sean el fiel reflejo de la voluntad popular de los tucumanos y para que los comicios se desarrollen en paz y tranquilidad.
Otras denuncias
En el caso de las presentaciones realizadas respecto de situaciones en las localidades de Anca Juli en Tafí Viejo y Los Talas en Leales fuero hechas fuera del término fijado por el cronograma electoral por lo que se investigarán oportunamente.
En cambio, los casos de San Javier – Raco y Garmendia – Ciudad de Burruyacu no se consideraron por tratarse de cuestiones de límites entre esas localidades.
Finalmente, las denuncias que involucran a las localidades de Teniente Berdina (Monteros), El Naranjo y El Sunchal (Burruyacu) y Las Cejas (Cruz Alta) fueron investigadas y constatadas por la Secretaría Electoral Federal de Tucumán, por lo que la Junta Electoral tomará una resolución cuando cuente con los respectivos informes.