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La fiscalía pidió la elevación a juicio de un caso en que una mujer está acusada de matar a su suegra

La mujer además está acusada del delito de robo agravado por el uso de arma,

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Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), se comunicó que a través de la Fiscalía Especializada en Homicidios I, a cargo de la doctora Adriana Giannoni, se solicitó el requerimiento de elevación a juicio de la causa en la que Cecilia Valeria Encina está acusada del asesinato de su suegra, Mercedes Tránsito Campos.
Encina está acusada del delito de robo agravado por el uso de arma, en concurso real con el delito de homicidio “criminis causae”, por considerar que el asesinato de Campos fue cometido para ocultar el robo y de ese modo asegurar sus resultados o la impunidad; o por no haber obtenido el resultado que se propuso al cometer el otro delito.

El caso

De acuerdo a la formulación del requerimiento de elevación a juicio, en la mañana del viernes 14 de diciembre de 2018, alrededor de las 10.00 horas, Encina se encontraba junto a su hija menor de edad, en el domicilio de Campos, madre de su pareja, Marcelo Campos Aragón, en calle Martín Fierro al 600, de Banda del Río Salí, en la zona este de la provincia.
Encina se habría presentado en esa vivienda con el objetivo de apoderarse del dinero producto del seguro de vida de su difunto suegro. Ahogada por las deudas, como quedó demostrado en la instrucción, la mujer aprovechó que su suegra salió momentáneamente a atender a una vecina, e ingresó a su dormitorio, circunstancia en la que fue sorprendida por la Campos.
“Doña Mecha”, como llamaban a la víctima sus familiares y allegados, era una mujer de 70 años, muy conocida en la zona este de la provincia, ya que en su casa atendía a las personas que acudían para que los curara de la “paletilla”.

El ataque

Con la decisión de terminar con la vida de su suegra, a fin de asegurar su impunidad, la atacó con un cuchillo. Ante la resistencia de la víctima, la agresión continuó en una habitación donde se guardaban herramientas y materiales para la construcción. En ese contexto, la acusada tomó una llave Stilson y golpeó a Campos en la cabeza.
A partir de declaraciones testimoniales y otros elementos de prueba incorporados en la causa, se confirmó que la imputada tenía considerables deudas económicas.
“Las declaraciones testimoniales dejaron en evidencia que la imputada no tuvo otra intención que apoderarse ilegítimamente del dinero de la víctima, valiéndose de la vida de esta para asegurar su impunidad”, expresó la fiscal en el requerimiento.

Pericias

Tras consumar el delito, la agresora ocultó en una mochila infantil, el cuchillo y la llave con los que causó la muerte de Campos. Esos elementos serían secuestrados posteriormente.
Las pruebas comparativas de ADN realizadas posteriormente sobre esos elementos, dieron resultado positivo, confirmando que habían sido manipulados por la imputada.
También fue establecida la presencia en las mismas del perfil genético de la víctima, lo que implica la agresión recibida.

Arresto domiciliario

La imputada se encuentra bajo arresto domiciliario, a través del sistema de monitoreo con pulsera electrónica. Le fue concedida esa medida luego que su defensa argumentara que la pequeña niña se encontraba en situación de lactancia. Esa posibilidad fue descartada por la doctora Geraldine Salazar, quien se encuentra a cargo de la querella.
Al respecto, la letrada expresó: “La jueza (Carolina) Ballesteros fundamenta el arresto domiciliario en que la niña era lactante, lo cual fue objetado, ya que esa situación no era cierta. Ocurre además que el padre no estaba filiado con la menor, ya que no tenía DNI por ser de nacionalidad boliviana. Ambas situaciones se encuentran en etapa de tramitación y de resolución”.
“Considero que en esa instancia no se tuvo en cuenta la opinión de la querella. Entendemos que la situación se dio en defensa de la menor, pero no se analizaron otras situaciones; por ejemplo, no es justo que la menor viva la situación de encierro en la que se encuentra su madre; sobre todo, teniendo en cuenta a su padre, que es con quien debería estar por su bien”, concluyó la abogada

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A un mes de la desaparición de Raúl Moyano, continúan los intensos operativos en el cerro Ñuñorco

Las fuerzas de seguridad, rescatistas y voluntarios mantienen las labores de rastrillaje en la montaña tras treinta días sin rastro del excursionista. La ausencia total de indicios y las complejidades del terreno dificultan las tareas.

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Se cumplieron treinta días desde la desaparición de Raúl Adrián Moyano, un docente y jubilado de entre 59 años residente en la provincia de Neuquén que se extravió el 12 de octubre de 2026 mientras realizaba una caminata de trekking en el cerro Ñuñorco. Pese a un despliegue de gran envergadura y al rastrillaje de gran parte de la superficie montañosa, los equipos de rescate todavía no hallaron ningún indicio sobre su paradero, desconcertando tanto a los brigadistas como a los baqueanos de la zona. Durante este mes, el operativo conjunto coordinado por el Ministerio de Seguridad provincial y la Policía de Tucumán involucró a más de cien personas y a múltiples organismos nacionales y provinciales. Entre ellos se encuentran el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la División Canes con brigadas de apoyo de provincias vecinas, la Unidad Regional Oeste, voluntarios de fundaciones y el Grupo CERO. Además, para cubrir las áreas más escarpadas y de difícil acceso a pie, los rescatistas incorporaron herramientas tecnológicas como drones con cámaras de alta resolución y el uso de helicópteros.

Un terreno complejo y sin pistas

Las tareas se concentran en puntos clave como Mula Corral, El Alisal, la Quebrada del Portugués, El Potrerillo, la zona sureste y las laderas y cima del cerro. Mariano Domínguez, director general de Fuerzas Especiales de la Policía, detalló que se activó la búsqueda en el sector sureste a partir de un informe de la empresa de telefonía sobre una señal del celular del caminante. Sin embargo, lamentó que hasta el momento no se haya encontrado ninguna prenda, gorra, la mochila, los bastones ni la bandera que llevaba consigo. Por su parte, Hernán Parajón, titular de la Fundación Cumbres Andinas, explicó que se instalaron campamentos en los filos de la cara sureste, donde personal especializado permaneció jornadas completas pese a que las condiciones climáticas fueron desfavorables la mayor parte del tiempo, registrándose temporalmente solo cinco días de sol en todo el mes. Los rescatistas debieron enfrentar laderas muy pronunciadas, vegetación tupida, cuevas sin explorar y una geografía donde la mala visibilidad en las cumbres suele provocar desorientación.

Perspectivas y continuidad de la búsqueda

Las características del cerro Ñuñorco presentan contrastes marcados, ya que el viento norte reseca la vegetación de un lado mientras el viento sur aporta humedad y sostiene un área de yungas. Quienes conocen el lugar señalan que es posible haberse desorientado al confundir los rumbos y haber avanzado hacia sectores sumamente inaccesibles donde la vegetación llega a cubrirlo todo en esta época del año. Las autoridades judiciales emitieron órdenes para garantizar la continuidad de las tareas. De acuerdo con lo programado, una vez cumplidos los cuarenta días se reducirá de manera paulatina la cantidad de personal desplegado en el terreno, aunque el operativo se mantendrá de forma incesante hasta que las autoridades dispongan lo contrario, a la espera de que las condiciones meteorológicas permitan repasar nuevamente filos, quebradas y zonas críticas de la montaña.

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Concepción: Piden 30 años de prisión para el presunto líder de una “megabanda” acusada de estafas por más de $170 millones

El imputado empleó empresas «fantasma» creadas en otras provincias (como The Cyprus Agency S.A.S., La Bajadita Agroganadera S.A.S., Otters Equipamientos S.A.S. y Robert Vesco & Co S.A.S.) para emitir miles de e-cheqs y cheques físicos sin fondos.

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En lo que constituye una de las investigaciones más complejas contra la delincuencia financiera y la cibercriminalidad en el sur provincial, el Ministerio Fiscal (MPF) requirió formalmente la apertura a juicio contra Eduardo Ariel Araoz. La Fiscalía especializada, solicitó la pena de 30 años de prisión efectiva al considerarlo jefe de una estructura criminal dedicada a cometer estafas en cadena que afectaron a numerosos comercios, empresas del rubro agropecuario y particulares.

El requerimiento llevado adelante por el Fiscal Gerardo Nicolás Salas, al mando de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, expuso un meticuloso trabajo investigativo que permitió desarticular la banda.
Gracias a la articulación del MPF con el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y las unidades investigativas de la policía provincial, la Fiscalía logró resolver una compleja serie de maniobras defraudatorias perpetradas entre septiembre de 2023 y febrero de 2025.

Uso de sociedades pantalla y cheques vacíos

El imputado empleó empresas «fantasma» creadas en otras provincias (como The Cyprus Agency S.A.S., La Bajadita Agroganadera S.A.S., Otters Equipamientos S.A.S. y Robert Vesco & Co S.A.S.) para emitir miles de e-cheqs y cheques físicos sin fondos.
El ECIF logró rastrear direcciones IP, identidades falsas en redes sociales (como «Eduardo Astorga») y la rotación de chips telefónicos que impactaban repetidamente en un mismo dispositivo móvil secuestrado en el domicilio de Araoz.
La Fiscalía aplicó la figura del imputado arrepentido con otros dos integrantes de la organización, quienes terminaron confesando el esquema interno, el reparto de roles y señalando a Araoz como el ideólogo y conductor de las operaciones.

Modus operandi y daño multimillonario

El ardid delictivo se basaba en generar una aparente solvencia comercial para adquirir bienes de alto valor (desde insumos agrícolas, neumáticos y material de construcción hasta casillas rodantes y equipos de aire acondicionado). Tras cerrar los pactos con identidades falsas o mediante la suplantación de clientes reconocidos, la banda enviaba fletes para retirar rápidamente los productos y acopiarlos en galpones o domicilios particulares antes de introducirlos al mercado informal.
De acuerdo al cálculo de la Fiscalía, la banda generó un perjuicio patrimonial directo superior a los $170.000.000 a través de diez hechos de estafa. Asimismo, se constató que la red de empresas falsas utilizadas por la organización acumulaba cheques rechazados en el sistema financiero por montos que superaban los 7.000 millones de pesos.
Entre los damnificados figuran reconocidas firmas e instituciones, además de otros damnificados particulares.

Acusación y decomiso histórico

El MPF atribuyó a Eduardo Ariel Araoz la autoría penalmente responsable del delito de asociación ilícita en carácter de jefe u organizador, en concurso real con estafa en diez oportunidades.
Además de la pretensión punitiva de 30 años de prisión, el Ministerio Fiscal solicitó el decomiso de todos los bienes, vehículos y elementos secuestrados en el proceso. Por disposición de la Fiscalía, lo recuperado será derivado a la Oficina de Políticas Reparatorias del MPF para asignarlo a proyectos con fines sociales comunitarios.

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Hallaron sin vida al adolescente que se encontraba desaparecido en el río Marapa

Tras un amplio operativo de rastrillaje, las fuerzas de seguridad localizaron este martes el cuerpo de Bautista Santillán en las inmediaciones del sector conocido como El Cajón, en Juan Bautista Alberdi.

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El operativo de búsqueda desplegado en el río Marapa concluyó este martes con el hallazgo del cuerpo sin vida de Bautista Santillán, un adolescente de 15 años que permanecía desaparecido desde la noche del lunes. Las tareas de rescate, que movilizaron a diversas divisiones policiales, personal de bomberos y dependencias municipales, se concentraron en el sur provincial tras la alerta emitida por testigos en la zona.

El hallazgo se produjo durante la jornada del martes luego de intensas labores en el agua y a lo largo de las riberas. De acuerdo con las precisiones brindadas por los equipos intervinientes, el cuerpo fue localizado río abajo, a una distancia que según los diferentes reportes de las fuerzas actuantes osciló entre los 500 y los 1.500 metros respecto del punto en el que el joven había sido visto por última vez en la superficie.

Las circunstancias de la desaparición

El hecho se originó durante la noche del lunes, aproximadamente a las 20:05, en un tramo del río conocido como El Cajón o entrada a El Molino, dentro de la jurisdicción de Juan Bautista Alberdi. El adolescente, domiciliado en el barrio 9 de Julio de esa ciudad, había concurrido al cauce acompañado por otros menores con el propósito de refrescarse en el contexto de una jornada de intenso calor.

Según la información recabada en el lugar a través de testimonios iniciales, el joven ingresó al agua y no volvió a emerger. Ante la situación, los acompañantes acudieron a solicitar ayuda a un pescador que se encontraba en las inmediaciones. Este testigo dio aviso inmediato a la guardia de la Comisaría de Juan Bautista Alberdi, dependiente de la Unidad Regional Sur, para activar el protocolo de emergencia.

Condiciones del terreno y despliegue inicial

El área donde tuvo lugar la desaparición presenta complejidades que incidieron en el desarrollo de los rastrillajes. Se trata de un sector habitualmente utilizado para la extracción de áridos, una actividad que altera de manera constante la configuración del lecho fluvial y genera fosas y pozones que llegan a registrar hasta cuatro metros de profundidad.

Tras el reporte, la jefatura policial local requirió la presencia de los Bomberos Voluntarios de Alberdi, efectivos del cuartel de Bomberos de la Policía de Tucumán y personal de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional Sur. Durante las primeras horas de la noche se efectuaron recorridas a pie y con el auxilio de reflectores lumínicos en los márgenes del curso de agua. Debido a las condiciones de visibilidad reducida, las autoridades preservaron el sitio con una consigna policial hasta la llegada de la luz natural.

Operativo coordinado y actuaciones judiciales

Con las primeras horas del martes, el procedimiento se intensificó mediante la intervención de buzos tácticos y embarcaciones de la División Policía Lacustre, especializados en tareas subacuáticas sobre el fondo del río. El trabajo territorial se realizó en conjunto con la Guardia Urbana Municipal, efectivos de la comisaría local, personal de la dependencia de Villa Belgrano y la Patrulla Motorizada, bajo la supervisión de la Secretaría de Seguridad del municipio. Asimismo, la disminución en la liberación de agua desde el dique redujo el caudal del río Marapa, lo cual facilitó el desplazamiento y la visibilidad de los rescatistas.

El expediente judicial se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Concepción. Desde esa sede se ordenó la toma de declaraciones testimoniales a los padres del menor y a los jóvenes que se encontraban con él en el momento del suceso, a fin de formalizar la reconstrucción de lo acontecido. Tras confirmarse el desenlace, la Policía de Tucumán transmitió sus condolencias a la familia y a la comunidad ante la pérdida.

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