El Gobierno girará hoy a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto 2027, dentro del plazo previsto para la presentación de la iniciativa. El texto expondrá las proyecciones oficiales sobre las principales variables macroeconómicas en un año electoral. Hay expectativa por una posible incorporación de la iniciativa de shutdown -un freno a la prestación de servicios del sector público- que el presidente Javier Milei anunció en una cadena nacional como mecanismo ante déficits fiscales consecutivos.

La presentación del proyecto pondrá a disposición los supuestos con los que el Poder Ejecutivo elaboró las cuentas para 2027. La inflación, el nivel de actividad, los ingresos del Estado, el saldo fiscal y la cotización del dólar serán referencias centrales para el análisis del texto. El año próximo habrá elecciones, por lo que se prestará atención a la estimación oficial para el tipo de cambio hacia diciembre y a los mecanismos fiscales que el Gobierno podría proponer para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

A diferencia de los dos primeros años, en esta oportunidad, Milei no asistirá al Congreso para presentar el Presupuesto. Este lunes, el presidente mantuvo una reunión con el gabinete, aunque allí no se abordaron en detalle los números del proyecto. El tratamiento de esas cifras quedó previsto para la reunión de mesa política del martes, antes del envío formal de la iniciativa a la Cámara de Diputados.

Inflación en 20%

Luego de las complicaciones que tuvo este año el Gobierno para consolidar la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la expectativa estará puesta en que proyección da el oficialismo para el próximo año. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publicó el Banco Central, la mediana de las respuestas calculó una inflación de 20,5% para 2027. Esa proyección se ubicó por debajo del 30% estimado para 2026, por lo que implicaría una desaceleración de casi 10 puntos porcentuales (p.p.).

La consultora C&T Asesores Económicos proyectó una inflación por debajo del 20% para el año próximo. La previsión quedó levemente por debajo de la mediana de 20,5% que relevó el BCRA. En Invecq consideran que será del 22%. Ambas estimaciones privadas anticipan una desaceleración frente al 30% previsto para 2026, pero difieren respecto del nivel exacto que podría alcanzar el indicador.

El futuro del dólar

El presupuesto también permitirá conocer a cuánto proyecta el Gobierno que cerrará el dólar en diciembre de 2027. Esa cifra generará atención porque el próximo año tendrá elecciones y porque los argentinos suelen dolarizar sus carteras como mecanismo de cobertura en períodos electorales. La cotización de cierre formará parte de las previsiones macroeconómicas que acompañarán las estimaciones de inflación, actividad, recaudación y resultado fiscal.

Mayor crecimiento del PBI

En materia de actividad económica, el REM estimó que el PBI crecerá 2,9% en 2027. Ese cálculo se ubicó por encima del 2,1% proyectado para 2026, lo que supone una expectativa de aceleración en el crecimiento de la  economía. La evolución del producto será una de las variables centrales del presupuesto, ya que se relaciona con los ingresos tributarios que espera recaudar el Estado y con la estimación general de recursos disponible para el próximo ejercicio.

C&T Asesores Económicos presentó una estimación más elevada para la actividad. La consultora calculó que el PBI crecerá 3,4% en 2027, por encima del 2,9% que surge de la mediana de respuestas del REM. Aunque en Invecq consideran que será de 2,5%. La diferencia entre ambas proyecciones muestra que las expectativas privadas no son uniformes, aunque las dos previsiones contemplan una expansión de la actividad durante el año electoral.

El dato oficial de crecimiento será relevante para interpretar los cálculos de recaudación que acompañen el presupuesto. Un mayor nivel de actividad puede influir en la expectativa de ingresos públicos, mientras que las previsiones de inflación también forman parte de esa estimación.

¿Incluye shutdown?

El resultado del Sector Público Nacional (SPN) será otro de los puntos que deberá precisar el proyecto oficial. La mediana de las respuestas del REM estimó que el SPN alcanzará $18,4 billones en 2027, frente a los $15,4 billones calculados para este año. La diferencia nominal entre ambas cifras es de $3 billones.

La estimación del resultado fiscal adquiere un peso adicional por la posibilidad de que el proyecto incluya el mecanismo de shutdown anunciado por Milei. La propuesta vincula la continuidad de un déficit fiscal durante varios meses con la activación de restricciones automáticas sobre actividades estatales, gastos, contratos, incorporaciones de personal y transferencias discrecionales a las provincias. El texto que llegue al Congreso permitirá establecer si esa iniciativa formará parte del presupuesto o si el Gobierno definirá otro camino legislativo para su tratamiento.

Durante la cadena nacional, Javier Milei explicó que el proyecto de shutdown buscará establecer consecuencias automáticas si el resultado fiscal permanece en déficit durante varios meses seguidos. El Presidente sostuvo que el Congreso tendría algunas semanas para llevar las cuentas al equilibrio. Si ese objetivo no se cumpliera dentro de ese período, entraría en vigencia el shutdown, de acuerdo con la descripción que realizó el mandatario al presentar la idea del “grillete fiscal”.

Milei afirmó que los políticos no tienen incentivos para cuidar el bolsillo de los argentinos porque, según dijo, no son quienes pagan las consecuencias de los desequilibrios. “Este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las paga”, expresó durante la cadena nacional. Según su explicación, el mecanismo buscará que la situación fiscal tenga efectos sobre la estructura de funcionamiento del Estado y sobre los salarios de las principales autoridades políticas mientras dure una situación de déficit que no fuera corregida.

El presidente detalló que, durante la vigencia del shutdown, se paralizarían las actividades no esenciales del Estado, se congelarían los gastos nuevos y no se adjudicarían contratos. Además, no se tomaría personal y se frenarían las transferencias discrecionales a las provincias. A esas medidas se sumaría la suspensión de los salarios del presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, los secretarios y los subsecretarios. Milei sostuvo que esos funcionarios no cobrarían “un solo peso de sueldo” mientras estuviera activo el mecanismo.

En la misma cadena nacional, Milei indicó que la eventual ley de shutdown dejaría expresamente exceptuadas varias funciones y prestaciones estatales. Entre ellas mencionó las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y los servicios penitenciarios. De acuerdo con esa explicación, las restricciones previstas no alcanzarían a esas áreas, pese a la paralización de las actividades definidas como no esenciales./ Infobae

Según un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG) sobre datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y registros del SIPA, más de cuatro de cada diez trabajadores en todo el país desarrollan sus tareas sin aportes jubilatorios ni estabilidad laboral. Sobre una población económicamente activa estimada en 22,5 millones de personas, el estudio identificó 5,7 millones de asalariados informales, 5,6 millones de cuentapropistas —3,4 millones de ellos sin facturar— y 9,6 millones de asalariados registrados, divididos entre 6,6 millones del sector privado y 3 millones del Estado. A partir de un índice propio que combina estabilidad, aportes, antigüedad y capital, el informe concluye que el 45,2% de los ocupados está en situación de desprotección, frente a un 39% en el empleo privado protegido y un 15,7% en el sector público.

Dos años de retroceso

El trabajo marca un cambio de tendencia desde 2024: en ese período se sumaron 626.000 puestos desprotegidos, mientras se perdieron 56.000 empleos privados protegidos y 212.000 empleos públicos. Según el informe, la totalidad de los 350.000 nuevos ocupados que se incorporaron al mercado desde entonces lo hicieron en condiciones precarias.

El «desempleo blue», otra forma de medir la crisis

El IAG incorporó además un indicador propio, el «desempleo blue», que suma a los desocupados oficiales aquellas personas que trabajan pocas horas semanales en changas o tareas precarias mientras buscan un empleo formal. Mientras la desocupación oficial se ubica en 7,8%, este indicador ampliado trepa al 15,5% en el primer trimestre del año, su nivel más alto desde el recambio de gestión y 1,5 puntos por encima del mismo período de 2024.

Los jóvenes, el sector más golpeado

El informe identificó a la franja de 18 a 26 años como la más perjudicada: su tasa de desprotección pasó del 53% al 61,6% en dos años, con 160.000 puestos perdidos en ese grupo etario. Los varones jóvenes concentraron buena parte del daño, con 126.000 empleos formales menos (30.000 públicos y 96.000 privados protegidos), y un desempleo blue que en este segmento llega al 27,7%. Por rubro, el comercio perdió 88.525 puestos protegidos ocupados por jóvenes —una caída del 43%— y la construcción, 9.896 puestos (-30%).

Mujeres y jubilados, también bajo presión

La desprotección creció con más fuerza entre las mujeres, cuyo empleo privado precario aumentó 14,1% en dos años, contra un 9,3% en los varones, en parte por el recorte estatal: de los 212.000 puestos públicos eliminados, 132.000 eran ocupados por mujeres. A esto se suma el deterioro salarial en sectores feminizados como salud y educación, que llevó la brecha salarial de género a un 10%, un valor récord. Entre los mayores de 66 años, la cantidad de personas activas creció 14% por los bajos haberes jubilatorios, y su desempleo blue alcanzó un 12,6%, también un máximo histórico.

La educación, un factor de contención

El informe destaca que completar estudios universitarios reduce fuertemente el riesgo: la desprotección baja al 18% entre quienes tienen título universitario, mientras trepa al 45% con secundario completo y al 66% entre quienes no terminaron ese nivel educativo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el informe técnico sobre la Canasta de Crianza correspondiente a agosto de 2026.

El relevamiento mide el gasto necesario para cubrir la adquisición de bienes y servicios básicos (alimentos, vestimenta, educación, salud y transporte), y la valorización del tiempo de cuidado de infantes y niños de hasta 12 años.

Según los datos oficiales, la canasta osciló entre los $557.303 y los $713.070 mensuales, dependiendo de la franja etaria.

Montos totales por tramo de edad

El valor total que requiere la crianza según cada franja etaria quedó compuesto de la siguiente manera:

– Menores de 1 año: $557.303 por mes ($181.852 en bienes y servicios y $375.450 en tareas de cuidado).

– De 1 a 3 años: $663.900 por mes ($234.814 en bienes y servicios y $429.086 en tareas de cuidado).

– De 4 a 5 años: $567.243 por mes ($299.064 en bienes y servicios y $268.179 en tareas de cuidado).

– De 6 a 12 años: $713.070 por mes ($370.990 en bienes y servicios y $342.080 en tareas de cuidado).

Bienes vs. Tiempo de cuidado

La metodología del INDEC combina la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires con la valorización del tiempo dedicado a las tareas de crianza (tomando como referencia el régimen salarial del personal de casas particulares en la categoría «Asistencia y cuidado de personas»).

– Menores de 3 años: El gasto más representativo es el costo del cuidado, debido a las horas intensivas que requiere la primera infancia (147 horas mensuales para menores de 1 año y 168 horas para el tramo de 1 a 3 años).

Líneas de pobreza e indigencia

Una familia necesitó en agosto al menos $1.605.497 para no ser pobre y $726.469 para no caer en la indigencia, de acuerdo con la canasta básica total (CBT) y la canasta básica alimentaria (CBA) informada por el INDEC).

Ambas canastas tuvieron un incremento mensual de 2,6%, superando a la inflación del 1,7%.