El máximo tribunal de la República Argentina con la mayoría formada por los votos de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton resolvió abrir el per saltum presentado por los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para no ser removidos de los cargos que ocupan en la Justicia federal penal, donde se tramitan las causas de corrupción que investigan la gestión kirchnerista.
Los cuatro integrantes de la mayoría de la Corte Suprema firmaron el mismo voto y el presidente del tribunal Carlos Rosenkrantz firmó el suyo dando lugar también a la apertura del recurso excepcional.
De esta forma quedó en suspenso el trámite. En la misma resolución se le comunicó al Consejo de la Magistratura que, hasta que se pronuncie la Corte sobre el fondo de la cuestión, debe abstenerse de llevar adelante cambios y/o designaciones de magistrados; y al mismo tiempo le dio 48 horas para enviar el expediente completo.
De esta manera, la Corte se expidió sobre la admisión del recurso, pero no sobre el fondo, porque la sentencia debe dictarse después de que conteste el Consejo de la Magistratura. Es probable que, como el máximo tribunal acortó los plazos y decretó días y horas inhábiles, la decisión sobre el fondo sea muy rápida.
Mientras tanto, los jueces permanecerán de licencia porque así lo solicitaron.
La mayoría estable en la Corte Suprema se mantiene y los magistrados que la firmaron redactaron un voto conjunto con el objetivo de evidenciar que se mantiene en el Tribunal dicha mayoría, como ocurrió en los últimos 15 años. Asimismo, esa mayoría se basó siempre en precedentes, que en esta oportunidad también se citaron, con la finalidad de dar previsibilidad en la interpretación para que las reglas sean claras.
Esa mayoría fue reunida con estrategia y lentamente, con el correr de los días, por Ricardo Lorenzetti, el ex titular del cuerpo que mantiene ese rol articulador que aún no logró desempeñar el actual presidente de los magistrados Rosenkrantz por lo que terminó redactando su propio voto.
Los antecedentes del caso
Los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli interpusieron un recurso de per saltum contra la sentencia de primera instancia que les rechazó el amparo deducido contra el Consejo de la Magistratura y solicitaron a la Corte Suprema que se declare sobre “sus traslados son definitivos”.
El recurso significa que se interpone contra la sentencia de primera instancia y se salta la Cámara para ir directamente a la Corte Suprema. Por esta razón es una vía excepcionalísima y fue admitido una única vez por la Corte Suprema desde que la ley fue sancionada.
En el único per saltum que admitió la Corte, hubo una sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad de la reforma judicial y el Estado nacional planteó el tema en el máximo tribunal, sin deducir recurso de apelación; saltó la instancia.
Los jueces no saltaron la instancia, de ese modo, lo que dificultó seriamente la resolución de la medida. La sentencia de primera instancia se dictó el 21 de agosto pasado y el 25 de agosto, los actores plantearon dos recursos: el per saltum ante la Corte Suprema y el recurso de apelación ante la Cámara contencioso administrativo.
Esta decisión planteó un obstáculo: porque la ley establece que el per saltum debe ser “el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido”. En el momento en que el recurso fue interpuesto, podría haber sido rechazado, porque había otro recurso, el de apelación, y entonces el per saltum no era la única vía.
Por esa razón se decidió esperar en resguardo de los derechos de los magistrados. En este momento, al no haber sentencia de la Cámara y dado el avance que se produjo en la situación, se corre el riesgo de que el derecho a una sentencia se torne ilusorio. Si se espera el dictado de la sentencia de la Cámara, más el recurso extraordinario, puede pasar mucho tiempo.
El requisito, que no se cumplía al momento de la interposición del recurso, y que podría haber motivado su rechazo, se cumple ahora, porque podría volverse abstracta cualquier decisión que se adoptara luego de que esté en condiciones de ser resuelto el recurso extraordinario. Lo que la Corte hace es reconocer el derecho a una sentencia que pueda cumplirse de modo efectivo.
La ley requiere que exista gravedad institucional, en el sentido de que exceda el mero interés de las partes. Para la Corte eso sucede en este caso, porque más allá del interés de los dos jueces, se debe definir cuál es el alcance de los traslados de jueces federales, de importancia para todo el sistema judicial.
En el fondo, tratan de analizar los procedimientos constitucionales que regulan la integración de los tribunales y las disposiciones que rigen esos procedimientos para contar con una magistratura independiente.
Patrimonio de Adorni: el fiscal Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba
Entre ella, pidió a ARCA que informe si Adorni y su esposa presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas de los períodos fiscales 2023/24/25.
El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso una nueva batería de medidas de prueba en la investigación que analiza la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras las rectificaciones realizadas en sus declaraciones juradas y las explicaciones públicas que brindó sobre parte de sus bienes.
Entre las principales decisiones, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que informe en un plazo de 72 horas si Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas correspondientes a los períodos fiscales 2023, 2024 y 2025. En caso afirmativo, requirió que sean remitidas de manera urgente a la fiscalía.
Además, pidió que las declaraciones juradas patrimoniales integrales de carácter público correspondientes a esos ejercicios sean incorporadas al análisis patrimonial que viene realizando la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).
La investigación también puso el foco en las inversiones en criptomonedas declaradas por el funcionario. En ese sentido, Pollicita ordenó a la DAFI elaborar un informe técnico sobre la evolución histórica de la cotización del Bitcoin desde 2013 hasta la actualidad, con el objetivo de contar con parámetros para evaluar la evolución de los activos digitales que aparecen mencionados en la documentación analizada.
Otra de las medidas apunta a reconstruir los ingresos formales de Adorni y de su esposa durante los últimos años. Para ello, el fiscal solicitó a la ANSES que remita la historia laboral completa de ambos desde 2012 hasta la actualidad, incluyendo empleadores registrados, altas y bajas laborales, remuneraciones declaradas, aportes previsionales, actividades autónomas o monotributistas y cualquier otro dato que permita reconstruir sus ingresos.
Asimismo, requirió información vinculada a la sucesión del padre del jefe de Gabinete, Jorge Adorni, luego de que el funcionario mencionara públicamente una herencia familiar al explicar parte de su patrimonio.
El pedido fue dirigido al Juzgado Civil y Comercial N°18 de La Plata, donde tramita el expediente sucesorio. La fiscalía solicitó detalles sobre los bienes denunciados, la eventual existencia de dinero en efectivo, moneda extranjera, cuentas bancarias, títulos, activos virtuales u otros bienes incorporados al proceso, además de información sobre posibles cesiones de derechos hereditarios o transferencias patrimoniales.
En paralelo, Pollicita encomendó a la División Antifraude de la Policía Federal la realización de un relevamiento exhaustivo de fuentes abiertas desde 2013 hasta la actualidad para identificar declaraciones públicas de Adorni y de su esposa relacionadas con criptomonedas, billeteras virtuales, Bitcoin, inversiones financieras, patrimonio y trayectoria laboral.
La medida alcanza publicaciones en redes sociales, entrevistas televisivas y radiales, podcasts, notas periodísticas, videos y cualquier otra fuente pública que permita contrastar las manifestaciones realizadas a lo largo de los años con la información patrimonial incorporada al expediente.
Por último, el fiscal avanzó sobre la información aportada por la plataforma de activos digitales Lemon Cash. A partir de documentación ya incorporada a la causa, que registra la apertura de una cuenta a nombre de Adorni en diciembre de 2020, solicitó ampliar el alcance temporal de los requerimientos de información hasta ese año.
Según planteó en su presentación, el objetivo es obtener nuevos datos que permitan reconstruir con mayor precisión la evolución patrimonial, económica y financiera del jefe de Gabinete y de su esposa.
Las medidas fueron adoptadas en el marco de la investigación que busca determinar la consistencia entre los bienes declarados por el funcionario, las rectificaciones posteriores realizadas ante organismos de control y las explicaciones públicas brindadas sobre el origen de su patrimonio.
Para la UNT, Pagani sigue habilitado y espera una definición de fondo de la Justicia
El apoderado legal de la Universidad afirmó que la medida cautelar vigente no implica la exclusión del actual rector como candidato y defendió la autonomía institucional en la interpretación de su estatuto.
La Universidad Nacional de Tucumán continúa atravesando un escenario de incertidumbre electoral mientras aguarda una resolución judicial definitiva sobre la candidatura del rector Sergio Pagani. En ese contexto, el apoderado legal de la casa de altos estudios, Jorge Chehín, aseguró que la medida cautelar dictada por la Justicia Federal no significa la exclusión automática del actual rector de la contienda electoral.
El representante de la UNT explicó que la actuación de la asesoría letrada en los expedientes en trámite tiene como finalidad defender las decisiones institucionales adoptadas durante el proceso electoral y no respaldar a ninguna de las fórmulas que participan de la elección.
«Quiero aclarar y dejar muy bien sentado que esta asesoría letrada no representa los intereses de ninguna de las listas, solamente defendemos lo que se refiere a las resoluciones que toma la Universidad. Cada fórmula tiene su abogado y asesor», expresó.
Chehín sostuvo que la estrategia jurídica de la institución se centra en respaldar las resoluciones de la Junta Electoral y del Honorable Consejo Superior, particularmente en lo relacionado con la interpretación del Estatuto Universitario y la oficialización de candidaturas.
«Nosotros contestamos todas las vistas correspondientes defendiendo el accionar universitario y la interpretación que hace la Universidad de su propio estatuto, que es uno de los conceptos básicos de lo que implica la autonomía universitaria», señaló.
El abogado remarcó que el debate trasciende la situación de una candidatura en particular y se relaciona directamente con el principio de autonomía que poseen las universidades nacionales para interpretar y aplicar sus propias normas.
«La interpretación de sus propios reglamentos ha sido dictada por la propia Universidad», afirmó.
Respecto de la suspensión de la Asamblea Universitaria y la elaboración de un nuevo cronograma electoral, indicó que la decisión fue adoptada por el Consejo Superior en función de los recientes pronunciamientos de la Cámara Federal de Apelaciones.
Además, recordó que la resolución vigente tiene carácter cautelar y, por lo tanto, no constituye una sentencia definitiva sobre el caso.
«Cautelar significa que es provisorio. El juez encuentra una verosimilitud del derecho, una posible situación que puede vulnerar algún derecho. Entonces, preventivamente dice: ‘No reciba esta inscripción’, pero todavía no se expidió sobre el fondo del asunto», explicó.
En ese sentido, sostuvo que la situación de Pagani continúa abierta y que será la Justicia la que deberá resolver definitivamente la controversia.
«Hasta tanto no haya una sentencia definitiva de esta situación, no podemos decir expresamente que un candidato está excluido o no», manifestó.
Finalmente, Chehín reiteró la postura institucional respecto de la aplicación del nuevo Estatuto Universitario, interpretación que difiere de la expresada por la Cámara Federal en la medida cautelar.
«Consideramos que las normas se aplican para adelante, no para atrás. Esa es la interpretación que hemos sostenido en nuestros escritos», concluyó.
Mientras la causa sigue su curso en la Justicia Federal, la UNT trabaja en la reorganización de su cronograma electoral, en una disputa que mantiene en suspenso la elección de las próximas autoridades universitarias y reabre el debate sobre los límites entre la autonomía universitaria y el control judicial de sus decisiones.
La vicepresidenta Victoria Villarruel criticó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que este brindara una entrevista para explicar el origen de su patrimonio en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito.
“Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, escribió Villarruel en la red social X al responder a un usuario que le consultó si creía en los dichos del funcionario.
Horas antes, la vicepresidenta había utilizado la misma red social para lanzar una ironía dirigida a Adorni. Al responder el saludo de cumpleaños de otro usuario, escribió: “Te deseo que encuentres pronto un pendrive mágico”, en alusión a versiones sobre las explicaciones brindadas por el funcionario respecto del origen de su fortuna.
Consultada sobre si Adorni debía renunciar a su cargo, Villarruel evitó pronunciarse sobre esa posibilidad y marcó distancia del conflicto. “No participo de ninguna pelea. Desarrollo mi labor en el Senado y las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas mencionadas”, sostuvo.
Las declaraciones de la vicepresidenta se produjeron después de una entrevista que Adorni concedió a LN+, donde se refirió a la investigación en su contra.
Durante la entrevista, el jefe de Gabinete aseguró que junto a su esposa, Bettina Angeletti, habían ahorrado “en negro, como todos los argentinos” y sostuvo que en aquellos años nunca se les hubiera ocurrido hacerlo “en blanco”.
Sin embargo, en marzo pasado había manifestado algo diferente durante una conferencia de prensa. En esa oportunidad afirmó: “Todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”.
Adorni también reveló que analizó la posibilidad de renunciar a su cargo, aunque finalmente decidió continuar en funciones al considerar que la denuncia buscaba afectar al Gobierno.
“A mí me dolió un montón que me traten de chorro. Si yo, siendo un tipo honesto, renunciaba, después iban a venir por otros”, afirmó el funcionario.