La comisión de Energía y Comunicaciones, que preside el legislador Alberto Olea, se reunió este mediodía y emitió dictamen a proyectos que se encontraban en estudio dentro de la misma. Entre los temas abordados y con resolución favorable destaca la modificación a la Ley 9.023 de Electrodependientes; como también el proyecto de declaración mediante el cual los parlamentarios mostraron su preocupación por el cierre de las delegaciones provinciales del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

En el encuentro estuvieron presentes los legisladores Jorge Leal, José Seleme y Alfredo Toscano.

“Había proyectos pendientes que necesitaban dictamen”, declaró Olea. “Uno de ellos tenía que ver con la modificatoria de la Ley de Electrodependientes, en la cual nos pusimos de acuerdo y sacamos un dictamen favorable”, contó el parlamentario.

Además, dijo que “mediante un proyecto del legislador Toscano vamos a solicitar al Ejecutivo que nos indique las zonas aptas para la instalación de otros tipos de energías renovables, lo cual se hará a través de Obras Públicas y Economía y Producción”. Olea también hizo alusión a la derogación de la Ley También 8.994 la cual establece las condiciones técnicas, administrativas y económicas para permitir la conexión a pequeña escala (150 kW en Baja Tensión) de sistemas de Generación Distribuida, basadas en el uso de Energías Renovables en el sector residencial, comercial e industrial.

Dictámenes favorables

En cuanto a la modificatoria de la Ley 9023, los parlamentarios sugirieron “centralizar en cabeza del Ministerio de Salud Pública el carácter de Autoridad de Aplicación” de la norma “en razón de que dicho organismo administrativo tiene a su cargo el Registro de Electrodependientes”. En el documento, advirtieron que “en el régimen legal vigente se han observado obstáculos que han perjudicado yio ralentizado el acceso de los electrodependientes a los beneficios que la Ley n° 9.023 busca garantizar”.

En otro de los proyectos, instaron al Ministerio de Obras y Servicios Públicos que realice los relevamientos necesarios para determinar dentro del territorio de la provincia, las zonas más adecuadas para el aprovechamiento de fuentes de energía natural y disponga las medidas necesarias para impulsar y desarrollar parques generadores de energías renovables, tanto eólicos como soles, las líneas de transmisión y distribución y la infraestructura asociada para su utilización en la transición hacia un sistema energético más sostenible. “El mundo está transitando el camino hacia un nuevo paradigma global de crecimiento sostenible”, resaltaron, y añadieron que la provincia, a través de la ley N°7106, se encuentra adherida a la ley Nacional N°25019 que declara de interés nacional la generación de energía eléctrica de origen eólico y solar.

Por otra parte, solicitaron al Poder Ejecutivo la adhesión a las medidas dispuestas por la Resolución de la Secretaría de Energía de la Nación N° 29412024, la cual establece el «Plan de Contingencia y Previsión para meses críticos del período 202412026″, con la finalidad de evitar, reducir o mitigar la condición de abastecimiento de energía para los días críticos del período 202412026. En este sentido, ante lo dicho por Cammesa en el informe de situación energética respecto de los cortes de energía, sumado a la falta de respuesta de las empresas que operan en la provincia y el desmedido aumento de tarifas que afecta severamente a los usuarios, indicaron que “no podemos como representantes de toda la comunidad quedarnos de brazos cruzados, sin por lo menos generar una posición o realizar un pedido al organismo de control y regulación de la energía”.

En cuanto al cierre de las dependencias provinciales del ENACOM, advirtieron que solo favorecerá el crecimiento de la brecha digital y atenta contra el federalismo en la Argentina. También expresaron su preocupación por puestos de trabajo perdidos. “Las tareas desplegadas por ENACOM son esenciales para asegurar la calidad de los servicios prestados y reducir las disparidades en el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre las diferentes regiones del país”, señalaron. A partir de estos argumentos consideraron que la decisión de cerrar las delegaciones expresa una visión sesgada y centralista que atenta contra el objetivo de reducir las asimetrías regionales y deja sin ningún tipo de control a quienes están a cargo de brindar un servicio esencial como lo es la conectividad.

Respecto de la derogación de la Ley 8.994, analizaron que desde su promulgación el 27 de octubre de 2016 no cosechó los logros encomendados, obteniendo escasos beneficios para la red pública y los usuarios.