Luego que el INDEC difundiera que la inflación de marzo se ubicaba en el 3,7%, el pasado viernes, el Gobierno sellaba un nuevo acuerdo paritario con los gremios estatales fijando una suba de 1,3% para el mes pasado y el mismo porcentaje replicado en abril y mayo. Esto reflejó una caída del salario real de más de 4% solo en el primer trimestre del año. Pero ese deterioro no es una potestad única de los sueldos del sector público: por la presión oficial del tope salarial en torno al 1% mensual -bajo amenaza de no homologar los acuerdos-, las paritarias del sector privado formal acumularon solo en los tres primeros meses del año caídas promedio del 3% que en algunos casos alcanzan hasta el 6,8%. Un escenario que, en vista de los convenios ya firmados, se profundizará en los próximos dos meses producto de la aceleración en el nivel general de precios proyectada tras la salida del cepo cambiario.
La inquietud sindical por la pérdida del salario real, uno de los argumentos del tercer paro general que la CGT concretó el jueves pasado contra la gestión de Javier Milei, escaló tras conocerse el dato del IPC de marzo y las advertencias sobre el impacto que tendrán la eliminación de las restricciones cambiarias y el nuevo esquema de flotación del dolar anunciado por el Gobierno, según coinciden en señalar diversos analistas. El pronóstico generalizado contempla que la inflación de abril y mayo podría trepar hasta el 5% y recién comenzaría a desacelerarse desde mitad de año.
Esa alerta caló especialmente sobre aquellos gremios que ya definieron los aumentos salariales de abril y mayo, y que anticipan que volverán a la carga para reabrir las negociaciones en las próximas semanas en la búsqueda de actualizar esas subas. Ese lote abarca a gremios clave de la conducción de la CGT y muy relevantes por la cantidad de trabajadores representados, como los casos de Camioneros, que selló subas del 1% mensual para abril y mayo; Sanidad, que pactó un aumento de 1,6% para abril; o Alimentación, que firmó un incremento de 1,8% para este mes.
La misma situación enfrentan los trabajadores de la industria textil, con subas definidas de 1% mensual para ambos meses; madereros, que negoció 2% para abril y el mismo porcentaje para mayo; y UTEDyC, que firmó 2,4% para mayo y 2,3% para junio y no tiene subas pactadas para este mes. «Estamos perdiendo todos muy feo. Vamos a pedir la reapertura y si el Gobierno no cede, habrá más conflictividad», advirtió uno de los jefes cegetistas que presiona por rediscutir su convenio. Gerardo Martínez, el titular de la Uocra, reclamó, por su parte, al Gobierno que garantice la «libertad» de las paritarias, en un cuestionamiento al tope salarial impulsado por la administración libertaria, y alertó sobre el impacto de la aceleración sobre el nivel de consumo y la recuperación económica.
En paralelo, desde ATE -que rechazó firmar el acuerdo con el Gobierno que estipuló un aumento mensual del 1,3% para el trimestre marzo-mayo- anunciaron un nuevo plan de lucha que contempla una jornada de lucha y protestas el próximo 23 de abril en repudio por el deterioro salarial y el impacto de la devaluación. «No le podemos dar tregua a un Gobierno que está perdiendo el consenso social. El daño que nos causaron a los estatales es irreparable”, apuntó Rodolfo Aguiar, el titular del gremio.
También la presión por reabrir sus paritarias en forma inminente para compensar la pérdida de la inflación alcanza a los gremios que firmaron solo por el primer trimestre. Allí algunas actividades registraron pérdidas salariales significativas, como los casos de judiciales nacionales (-6,2%) o los trabajadores de casas particulares (6,8%), pero la situación de deterioro abarcó también a los grandes gremios: Comercio, el más numeroso del sector privado, tuvo un retroceso salarial de 3,1%, la industria metalúrgica, donde negocia la UOM, el aumento trimestral se ubicó 4,2% por debajo de la inflación, un escenario que se replicó en los convenios de Sanidad (-4,5%), Textiles (-4,6%), Alimentación (-4,3%), Carga y descarga (-2,6%), Camioneros (-1,9%), Construcción (-1,6%), químicos (-1%) y mecánicos de Smata (-0,7%), según un relevamiento realizado por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma.
Apenas un puñado de sindicatos consiguió recomponer en algo sus ingresos o empardar a la inflación en el trimestre enero-marzo, como lostrabajadores del cuero, de maestranza, los gastronómicos y los bancarios, que este mismo martes sellaron el aumento correspondiente a marzo acumulando una suba de 8,6% en el trimestre, en línea con la suba de precios del mismo período.
«Con una nominalidad cambiaria e inflacionaria mayor, los ingresos de la población se verán condicionados, en un marco donde la recuperación previa fue solo parcial. Los efectos de esto se advertirán en materia de consumo», alertó al respecto el último informe de la Fundación Capital, la entidad que conduce el economista Martín Redrado. De acuerdo a las estimaciones de la Fundación hasta el mes de marzo, en el primer trimestre del año el aumento promedio de los salarios negociados en paritarias se ubicó casi 3 puntos por debajo de la inflación del período, representando un cambio significativo del proceso de recuperación registrado en el último trimestre de 2024.
En sintonía con ese análisis, Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-A, definió como «muy complicado» el desenlace salarial del primer trimestre y advirtió que «las perspectivas en el corto plazo (abril/mayo) no son nada buenas». «En febrero se encendieron las alarmas, en marzo se quemaron todos papeles y la reformulación del esquema cambiario hizo que todo el esquema del Gobierno (tope de entre 1% y 2% mensual a los aumentos) vuele por los aires. No sería raro que muchos estén pidiendo una reapertura de las negociaciones por los resultados del primer trimestre, o a lo sumo alguna suma que compense lo que perdieron«, pronosticó.
Y consideró oportuno analizar el escenario paritario en relación al reciente acuerdo con el FMI. «Dice el Fondo que los salarios están muy altos en dólares y que va a ser necesario contener las presiones salariales. Pero a diferencia del segundo semestre de 2024 vamos a un escenario mucho más restrictivo y donde se va a producir un incremento de la conflictividad laboral«, aseguró el analista. / Clarín
Avanza un proyecto que modificaría la “Demanda de alimentos”
La Comisión de Familia analizó junto a la Corte Suprema modificaciones al Código Procesal de Familia; la reunión se realizó en la sede del máximo tribunal provincial, donde se abordó un proyecto impulsado por la legisladora Patricia Lizárraga que propone cambios en materia de alimentos, notificaciones y determinación de las obligaciones alimentarias .
La Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad de la Legislatura de Tucumán se reunió esta mañana con integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia para analizar el proyecto de ley que propone modificar tres artículos de la Ley Nº 9581, correspondiente al Código Procesal de Familia.
El encuentro tuvo lugar en la sede del máximo tribunal, ubicada en pasaje Vélez Sarsfield al 400, y tuvo por eje la iniciativa presentada por la legisladora Patricia Lizárraga, con la firma de los legisladores Alejandro Figueroa, Sara Assan y Paula Galván.
La propuesta contempla modificaciones en los Arts. 266, 267 y 279 del Código Procesal de Familia. Entre los puntos centrales, plantea cambios en el régimen de alimentos, la incorporación de aplicaciones y plataformas de mensajería instantánea como medios de notificación al demandado y precisiones sobre la sentencia que determina el monto total de la obligación alimentaria.
Al finalizar la reunión, la presidenta de la comisión, Patricia Lizárraga, agradeció a los integrantes de la Corte por recibir a los legisladores y participar del análisis de la iniciativa.
“Quedamos en que analizarán nuestra propuesta y sugerirán correcciones que estudiaremos e incorporaremos al texto”, expresó.
Por parte de la Legislatura participaron también los legisladores Silvia Elías de Pérez, Maia Martínez, Sara Lazarte, Roque Argañaraz y Carlos Gómez.
En representación del Poder Judicial estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva; los vocales Claudia Sbdar, Eleonora Rodríguez Campos y Daniel Posse; el vocal decano Antonio Estofán y Edmundo Jesús Jiménez, Ministro Público Fiscal. Asimismo, asistieron jueces del fuero de Familia.
También formó parte del encuentro el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Federico Masso, en representación del Poder Ejecutivo.
La reunión permitió intercambiar perspectivas sobre los cambios propuestos y avanzar en el análisis de una iniciativa vinculada al funcionamiento de los procesos judiciales en materia de familia.
Jaldo pidió dejar de lado las diferencias para definir una fórmula nacional del justicialismo
El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a las elecciones nacionales previstas para el próximo año y planteó la necesidad de que el Movimiento Justicialista deje de lado las diferencias personales y políticas
El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a las elecciones nacionales previstas para el próximo año y planteó la necesidad de que el Movimiento Justicialista deje de lado las diferencias personales y políticas para definir una fórmula que le permita competir a nivel federal.
“Falta un año para las elecciones nacionales. En política algunos dicen que es mucho, otros dicen que es poco, pero hay que tomarse el tiempo, y fundamentalmente al margen del tiempo, hay que tomar muy buenas decisiones”, expresó Jaldo al analizar los plazos electorales y la necesidad de alcanzar consensos dentro del espacio político.
En ese sentido, afirmó que el movimiento debe trabajar para construir una propuesta nacional: “mi espacio, el movimiento nacional, tiene que tratar, en algún punto, de dejar las diferencias personales y políticas, y buscar, de alguna manera, una fórmula que sea una alternativa válida para poder competir en las mejores condiciones posibles el año que viene a nivel nacional”.
Jaldo también señaló que Tucumán continuará con su aporte al espacio y sostuvo que los referentes nacionales deberán alcanzar los acuerdos necesarios para definir la representación electoral.
“Nosotros colaboramos desde Tucumán cuidando y aportando desde nuestra provincia, y quienes tienen que ponerse de acuerdo y dejar de lado todas esas peleas que no nos llevan a ningún lado, son ellos –dijo en relación a los referentes nacionales- los que se tienen que ponerse de acuerdo y tienen que definir una fórmula, con hombres o mujeres, que nos representen de manera competitiva, no solo para ganar, sino para gobernar bien”, comentó.
Por último, el mandatario hizo hincapié en la importancia de la gestión de gobierno como parte de los objetivos del espacio político. “Porque muchas veces ganaron, pero nos faltó lo principal, gobernar bien a nivel nacional”.
Día de la Lealtad: una convocatoria que fortaleció al peronismo tucumano
Al evaluar el acto por el Día de la Lealtad Peronista, desarrollado el domingo en el Hipódromo de Tucumán, Jaldo destacó la participación de más de 50 mil personas y consideró que el encuentro permitió recuperar un espacio de unidad y renovar el compromiso político del justicialismo.
“El Partido Justicialista estaba necesitando un encuentro de esas características. Lo demuestra la cantidad de compañeros, compañeras y vecinos que nos acompañaron, muchos de ellos sin estar afiliados a nuestro partido, pero coincidiendo con el Gobierno provincial y nuestras políticas”, afirmó.
El gobernador valoró la participación de distintos sectores de la sociedad tucumana y destacó la importancia de reunir a la militancia y a quienes acompañan la gestión provincial.
“Ha sido muy positivo e importante que nos podamos reencontrar y, sobre todo, reasumir el compromiso”, señaló.
Jaldo también remarcó que el peronismo tucumano tiene una doble responsabilidad: sostener su actividad político-electoral y garantizar el funcionamiento institucional de la provincia.
“Hoy el Partido Justicialista no solo tiene la misión, la tarea y la responsabilidad de llevar adelante las cuestiones políticas y electorales. También tenemos que llevar adelante el Gobierno de la provincia y su institucionalidad, a la que le estamos dando prioridad”, manifestó.
Finalmente, el mandatario sostuvo que la administración provincial mantendrá sus esfuerzos para dar respuestas a las familias tucumanas, sin descuidar la organización política de cara a los próximos comicios.
“La prioridad es seguir gobernando Tucumán, seguir solucionando problemas y esforzarnos por resolver aquellos que todavía no hemos podido solucionar en diferentes lugares de la provincia y con diferentes familias. Tenemos dos tareas: la política electoral y la institucional. La institucional es prioridad para nosotros, pero la política electoral bajo ningún punto de vista la vamos a descuidar”, concluyó.
Paso clave para cerrar el juicio por YPF y anular el reclamo de US$16.000 millones
La jueza federal Loretta Preska acató el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que en marzo pasado revocó la condena contra Argentina por más de USD 16.000 millones.
La jueza federal Loretta Preska puso punto final a su intervención en el juicio por la estatización de YPF, con una resolución que deja sin efecto su propia sentencia de 2023 a favor de los demandantes y cierra formalmente el expediente en primera instancia en Nueva York. Ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos deberá definir si toma el caso tras el recurso presentado por Burford Capital para que se revise el fallo.
La magistrada acató el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que en marzo pasado revocó la condena contra Argentina por más de USD 16.000 millones.
La orden de Preska incorporó al expediente las consecuencias del fallo favorable al Estado argentino, dictado por los jueces Denny Chin y Beth Robinson —con la disidencia de José Cabranes— el 27 de marzo. Los magistrados de segunda instancia entendieron que la jueza de Prezka había interpretado de manera errónea el derecho argentino al dictar su sentencia original.
Según explicaron fuentes de la Procuración del Tesoro, se trata de un plazo procesal que el Gobierno esperaba. “Sería la finalización de la instancia, algo meramente procesal, porque el fallo ya se revirtió en la Cámara de Apelaciones. Había cierta demora en la llegada de este documento”, dijeron y aclararon que, de igual forma, esto no finaliza la causa judicial, puesto que la Corte Suprema de Estados Unidos deberá analizar si hace lugar al pedido de Burford Capital, presentado a principios de octubre, de revisar el fallo.
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