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Política

La CGT busca bloquear la reforma sindical del Gobierno

Mientras los representantes de la CGT debatirán el martes su estrategia ante el gobierno, hablarán con legisladores para frenar proyectos que jaquean su poder.
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1 año atrás

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Luego del paro general, en la CGT se abrirá la semana que viene un fuerte debate: ¿qué estrategia se debe seguir ante el Gobierno? ¿Hay que intentar el diálogo o seguir con los paros generales? El decisivo tema se empezará a discutir el martes próximo en la reunión del Consejo Directivo cegetista, aunque el telón de fondo que condicionará cualquier definición es cómo frenar el eventual impulso de la administración libertaria en el Congreso a diversos proyectos de ley que jaquean al poder sindical.

El cotitular cegetista Octavio Argüello (Camioneros) admitió este jueves que hablarán con los legisladores para rechazar esas iniciativas, e incluso trascendió que los gobernadores del PJ, a pedido de los sindicalistas, les pedirán a sus diputados y senadores que no voten ninguna ley que perjudique a la CGT.

Pero en la central obrera hay planes más de fondo que buscan bloquear la tentación de reformas laborales o sindicales inconsultas. La más ambiciosa va más allá de la cuestión coyuntural que preocupa al sindicalismo: en las últimas semanas se profundizó el acercamiento entre dirigentes de la CGT y sectores empresariales para consensuar “temas que hay que cambiar” en la legislación laboral.

La idea es armar una mesa de trabajo bilateral en la que analicen qué modificaciones habría que hacer en el andamiaje jurídico para favorecer la producción y la generación de empleo, con el fin de llevar luego las conclusiones al Gobierno en busca de apoyo político para que se puedan instrumentar.

Entre los temas conversados entre empresarios y gremialistas no se contemplan modificaciones en el modelo sindical como la eliminación de la cuota solidaria ni la derogación de la reelección indefinida. Igualmente, algunos hombres de negocios no quieren ese tipo de cambios y tienen una mirada más tolerante hacia el poder sindical. El año pasado, por ejemplo, cuando en el Congreso se debatió en comisión el proyecto de Democracia Social, la Unión Industrial Argentina (UIA) explicitó su oposición a que se hicieran modificaciones en la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales con el argumento de que respeta “la libertad y autonomía sindical”.

El temor entre los dirigentes sindicales, en realidad, es que el oficialismo tome represalias contra la dirigencia de la CGT y promueva la sanción del proyecto sobre Democracia Sindical, impulsado por la UCR, el PRO, La Libertad Avanza y otros partidos, que propone eliminar la reelección perpetua de los gremialistas, prohíbe la cuota solidaria que sostiene “la caja sindical”, garantiza la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos de los sindicatos, obliga a presentar declaraciones juradas y fija medidas para “democratizar las obras sociales”.

La semana que viene, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que preside el radical Martín Tetaz, retomará el tratamiento de distintos proyectos sobre el tema (el de Democracia Sindical original perdió estado parlamentario) mediante una ronda de especialistas que opinarán sobre las iniciativas, mientras también se espera que haya señales oficiales para que avance el proyecto de ley de Promoción de Inversiones y Empleo, presentado el año pasado en la Cámara Baja por la diputada nacional de La Libertad Avanza Romina Diez, en coautoría con otros 14 colegas del bloque, entre quienes están José Luis Espert y Gabriel Bornoroni, titular de esa bancada.

Esa iniciativa apunta a “impulsar el crecimiento de las empresas (especialmente las pymes), potenciar las exportaciones industriales, formalizar el empleo, impulsar el sector agro y generar cambios profundos en materia laboral”, aunque, en la práctica, plantea modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo ya rechazadas por la CGT porque estaban en el DNU 70 frenado por la Justicia. Entre otros puntos, el proyecto le otorga a los empleadores la posibilidad de introducir de manera unilateral cambios en la forma y modalidades en las que se desarrollan las tareas y al trabajador que no acepta sólo le quedará la opción de considerarse despedido y reclamar una indemnización.

Además, según un análisis de la CTA Autónoma, el texto flexibiliza al extremo el otorgamiento de las vacaciones anuales, habilita a que los convenios colectivos de trabajo modifiquen la jornada laboral con el único límite de respetar un descanso mínimo de 12 horas entre jornada y jornada, y propone un endurecimiento del régimen de licencias por enfermedad, entre otros puntos.

FUENTE: Infobae

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Política

Chalha confirmó que buscará la reelección en la Intendencia capitalina

La intendenta de San Miguel de Tucumán confirmó que el año próximo competirá en los comicios por un nuevo mandato al frente del municipio.
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Publicado

12 horas atrás

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13 agosto, 2026

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En el marco de la inauguración del Mercado de la Ciudad, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, hizo un anuncio político con miras a las elecciones del año próximo: confirmó que ira por la reelección buscando un nuevo mandato.

«Se cuánto hicimos y se cuánto falta, tenemos proyectos que todavía tenemos que convertir en realidad. En el 2023 asumí el compromiso de ordenar, planificar una nueva etapa para la ciudad, hoy siento junto a mi equipo una responsabilidad mayor, avanzar en ese camino que elegimos, ese proceso de transformación. Quiero seguir siendo intendenta de San Miguel de Tucumán», aseguró.

Agregó que «la última decisión esta en manos del pueblo, de los vecinos, espero que me acompañen». «Mi propósito es muy claro, quiero que la transformación que empezamos llegue a cada barrio de San Miguel de Tuycumán y sea irreversible. Esta ciudad no puede retroceder más», expresó.

«San Miguel de Tucumán eligió un camino de transformación y ahora tenemos que seguir adelante, como Bernabé Aráoz, no queremos retroceder. Este es el camino que elijo seguir y el compromiso que asumo todos los días honrando la confianza de todos los vecinos», detalló.

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Política

Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y gobernadores armaron una mesa política

Gobernadores, jefes parlamentarios y referentes de distintos sectores del peronismo mantuvieron una reunión política de cara a las elecciones del 2027.
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Publicado

23 horas atrás

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13 agosto, 2026

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Gobernadores, jefes parlamentarios y referentes de distintos sectores del peronismo mantuvieron una reunión política de 3 horas en la que comenzaron a delinear un esquema de coordinación legislativa y la mirada puesta en las próximas elecciones de 2027.

Según pudo saber Noticias Argentinas, del encuentro participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; sus pares Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

También estuvieron el referente del Frente Renovador, Sergio Massa; el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner; el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, y el titular de la bancada peronista en el Senado, José Mayans. De acuerdo a la información que recogió la Agencia NA, Martínez y Mayas, líderes en Diputados y Senado habrían solicitado la reunión para fijar una estrategia legislativa conjunta.

Uno de los principales resultados de la cumbre habría sido el avance en la conformación de una mesa política destinada a articular a los distintos sectores del peronismo y establecer una instancia de coordinación entre gobernadores, conducción partidaria y representantes parlamentarios.

Un participante de la reunión confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que la reunión duró «3 horas» de los popes y señaló que los temas centrales fueron: «Presupuesto 2027, Transferencias a las Provincias, Impuesto a los Combustibles, PASO y situación fiscal en distritos».

«Todos los presentes coincidieron en la importancia de sostener las PASO como instrumento para generar una propuesta electoral amplia y potente», indicó otra fuente a NA.

La reunión adquiere especial relevancia por la presencia en una misma instancia de Kicillof, Massa y Máximo Kirchner, referentes de espacios que mantienen diferencias respecto de la estrategia que debe adoptar el peronismo para enfrentar al oficialismo y encarar la construcción electoral hacia 2027.

El encuentro también reunió a gobernadores con peso territorial y a las principales autoridades parlamentarias de Unión por la Patria, en momentos en que el peronismo busca establecer mecanismos de coordinación política y comenzar a discutir una estrategia nacional.

La eventual constitución de una mesa política aparece así como un primer intento de institucionalizar esas conversaciones y ordenar las distintas vertientes del espacio, aunque todavía resta conocer su integración definitiva, su mecanismo de funcionamiento y el cronograma de próximos encuentros.

La discusión sobre el armado presidencial permanece abierta y constituye uno de los principales desafíos internos del peronismo de cara a 2027. En ese escenario, Kicillof aparece como uno de los dirigentes con aspiraciones nacionales, mientras Massa conserva centralidad dentro del Frente Renovador y Máximo Kirchner mantiene influencia en la estructura del PJ bonaerense y el kirchnerismo.

En la cumbre se tomó una posición frente a las elecciones PASO: mantener las internas abiertas, simultáneas y obligatorias cuando el gobierno de Javier Milei impulsa la derogación. En ese esquema de trabajo coordinado en el Congreso, en la reunión hubo cuestionamientos por «colaboracionistas» del oficialismo contra el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil y el tucumano, Osvaldo Jaldo.

La cumbre representa, en ese contexto, una primera señal de búsqueda de unidad entre sectores que deberán resolver diferencias políticas y electorales antes de definir la estrategia con la que el peronismo intentará volver a disputar la Presidencia.

FUENTE: Noticias Argentinas

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Política

Causa Vialidad: la Justicia embargó el departamento donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario

El TOF 2 avanzó con una segunda etapa del proceso de decomiso que alcanza 144 bienes, vehículos y paquetes accionarios de los condenados en la causa, con el objetivo de resguardar los activos hasta definir su destino
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2 días atrás

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12 agosto, 2026

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El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), a cargo de la ejecución de la condena en la causa Vialidad, dispuso nuevos embargos preventivos sobre propiedades, vehículos y participaciones societarias de Cristina Kirchner y otros condenados. La medida se enmarca en una segunda etapa del proceso de decomiso, orientada a preservar esos bienes hasta que se resuelva cuáles deberán ejecutarse para cubrir el monto establecido en la sentencia: $685.000 millones.

 

 

El departamento de Monserrat, entre los bienes alcanzados

Uno de los inmuebles incluidos en la resolución es el departamento de la calle San José 1111, en Monserrat, donde la expresidenta cumple actualmente su arresto domiciliario. La propiedad pertenece a Los Sauces, la firma inmobiliaria de la familia Kirchner que también fue investigada por lavado de activos.

 

 

El tribunal aclaró que el embargo no implica un remate inmediato ni la pérdida definitiva de la propiedad para sus titulares. Según explicaron los jueces, el objetivo es evitar que los activos sean transferidos, gravados o sacados de la jurisdicción mientras avanza el procedimiento de decomiso. Tampoco se dispone que Kirchner deba dejar ese domicilio ni se define en esta instancia un cambio en el lugar de cumplimiento del arresto.

 

 

Una resolución firmada por tres jueces

La medida lleva la firma de Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. En paralelo, la primera tanda de bienes cuya ejecución pidió el fiscal Diego Luciani ya está bajo análisis de la Corte Suprema. En noviembre, el TOF 2 había ordenado el decomiso de 111 propiedades —20 de la familia Kirchner, 85 de Lázaro Báez y sus empresas, y seis del resto de los condenados—, criterio que en febrero avaló la Cámara Federal de Casación Penal. Kirchner y Báez apelaron esa decisión, que hoy espera definición en el máximo tribunal.

 

 

Mientras tanto, el TOF 2 avanzó con una nueva lista: 144 bienes entre inmuebles y vehículos, además de paquetes accionarios de distintas sociedades. También se sumó el dinero que Florencia Kirchner tenía en una caja de seguridad del Banco Galicia: más de US$5 millones.

El argumento judicial

Para fundamentar las nuevas medidas, los jueces recurrieron a lo establecido en la sentencia de Vialidad, que determinó que la maniobra en torno a la obra pública generó beneficios económicos directos para Báez e indirectos para la familia Kirchner, a partir de una «conexión  económica y comercial comprobada» entre ambas partes a través de Los Sauces y Hotesur. Con ese criterio, el tribunal sostuvo que el dinero del delito circuló y se asentó en los activos de esas sociedades, por lo que pueden quedar alcanzados los bienes incorporados a los patrimonios de los nueve condenados entre 2003 y 2015.

 

La resolución también invoca el artículo 23 del Código Penal, que habilita a alcanzar tanto a personas jurídicas beneficiadas por el delito como a bienes cedidos gratuitamente a terceros. En ese marco entran las acciones de Los Sauces y Hotesur, embargadas desde 2017, cuando la Justicia investigaba la sucesión de Néstor Kirchner y estableció que las cuotas y acciones de Cristina Kirchner habían sido cedidas sin cargo a sus hijos Máximo y Florencia.

Puerto Madero, Santa Cruz y el dinero de Florencia Kirchner

Entre los bienes alcanzados también figuran un dúplex con cinco cocheras y otro departamento con dos cocheras y baulera en el Complejo Madero Center, en Puerto Madero, cuyo único inquilino fue Cristóbal López. En Santa Cruz, la lista incluye el terreno del Hotel La Aldea, en El Chaltén —usurpado desde hace más de dos años—, otras propiedades en El Calafate, y varios inmuebles familiares en Río Gallegos, entre ellos el chalet de la expresidenta sobre la costanera y propiedades en Alvear 395, Moreno 882 y 25 de Mayo 66.

A esto se suma el dinero hallado en la caja de seguridad de Florencia Kirchner en el Banco Galicia, más de US$5 millones cuyo origen lícito, según la Justicia, la familia no logró acreditar. El TOF 2 remarcó además que el banco todavía no respondió los requerimientos judiciales sobre el estado de esos fondos ni si existen otros depósitos o cajas de seguridad vinculados a la causa.

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