La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció penalmente al exjugador de San Martín, Adrián Arregui, por una presunta maniobra fraudulenta que, según la presentación oficial, podría haber generado un perjuicio de hasta $1.450 millones contra el Estado provincial. La acusación habla de una posible asociación ilícita montada alrededor de un juicio laboral y apunta no solo al futbolista, sino también a médicos, peritos y abogados que habrían intervenido en el expediente.

La denuncia fue presentada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana por el interventor de la Caja Popular, Guillermo Alfredo Norry, y el subinterventor Antonio Daniel Bustamante, quienes además se presentaron personalmente para ratificarla. En el escrito sostienen que existió un “plan criminal” destinado a obtener de manera irregular una indemnización millonaria a partir de una lesión sufrida por Arregui cuando vestía la camiseta de San Martín de Tucumán.

El hecho que dio origen al reclamo ocurrió el 15 de febrero de 2019, durante un partido entre San Martín y Belgrano de Córdoba. En ese encuentro, Arregui sufrió un golpe en el ojo derecho. Sin embargo, según la denuncia, el jugador recibió el alta médica en menos de 10 días y volvió a jugar apenas dos semanas después, en un partido frente a Lanús, lo que para la Caja sería una de las principales pruebas de que no existieron secuelas incapacitantes de la magnitud que luego se reclamó en la Justicia.

De acuerdo con la presentación, tras su salida de Tucumán, el mediocampista continuó su carrera profesional en clubes del exterior como Independiente Medellín y Alianza Lima, donde habría superado distintos exámenes médicos sin que se detectara una discapacidad permanente. Sobre esa base, el organismo provincial sostiene que la incapacidad del 49,05% que luego fue determinada en sede judicial resulta “exorbitante”, inconsistente y sin sustento científico.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es que, según la Caja Popular, Arregui ni siquiera estaba cubierto por esa póliza, ya que su situación contractual dentro de San Martín correspondía a la de un “aportante autónomo” bajo un régimen especial vinculado a la AFA. En otras palabras, la institución sostiene que nunca debió responder como si se tratara de una ART, y que el reclamo judicial se construyó sobre una base ilegítima.

Pero el eje más grave del planteo oficial no pasa solo por el reclamo económico, sino por la presunta existencia de una estructura organizada para avanzar con el juicio. En la denuncia se menciona al médico auditor que habría dado el alta sin revisar al jugador, al perito oficial que fijó la incapacidad y a un estudio jurídico contratado durante la gestión anterior de la Caja para representar al organismo en el expediente tramitado en Quilmes.

Según se detalla, los abogados no contestaron la demanda, no ofrecieron pruebas y no presentaron recursos, una secuencia que dejó a la Caja en una posición de extrema vulnerabilidad dentro del proceso. Cuando fueron consultados, los letrados atribuyeron esa omisión a un “error involuntario”, una explicación que para la actual conducción del organismo resulta insuficiente frente a la magnitud del posible daño económico.

La presentación judicial encuadra todo este escenario como una “estafa en triángulo”, en la que habrían actuado de forma coordinada distintos actores con el objetivo de forzar una condena millonaria o, alternativamente, presionar para alcanzar un acuerdo extrajudicial. De hecho, en la denuncia también se menciona que el estudio jurídico habría sugerido cerrar el caso mediante un pago de $450 millones.

La Caja Popular advirtió que el perjuicio patrimonial podría ubicarse en una franja de entre $450 millones y $1.450 millones, según el desenlace del expediente. Por eso, además de impulsar la denuncia penal, solicitó medidas urgentes para frenar el avance del juicio laboral que se encuentra en una etapa clave.

Entre esos pedidos, el organismo requirió la suspensión de los plazos procesales y la postergación de la audiencia de alegatos prevista para el 24 de abril de 2026, al considerar que antes debe investigarse si todo el proceso estuvo contaminado por una maniobra fraudulenta.

La ofensiva judicial también busca que intervenga una unidad fiscal especializada para profundizar la pesquisa y determinar si efectivamente existió una organización destinada a defraudar al Estado provincial a través de demandas judiciales supuestamente armadas.