“Quitar subsidios para realizar un aumento de tarifas sin analizar de forma minuciosa los costos reales de las empresas implica consolidar una política que ha sido perjudicial para el pueblo argentino”, escribieron, entre otros, la Corriente Federal de los Trabajadores y la CTA. Y, ya sin metáforas, dejaron asentado un mandato: “Exhortamos al secretario de Energía, al ministro de Economía y al presidente de la República a evitar un nuevo aumento tarifario contra el bolsillo ciudadano”.

“Es necesario que un área fundamental para el desarrollo de la vida como es el sector energético no concentre sus ganadores en un pequeño puñado de compañías, con millones de pobres con tarifas inaccesibles”, continúa el texto, al mismo tiempo que remarca que “tampoco su alternativa es una excesiva cuenta de subsidios estatales”. “Sea el Estado por subsidio, o el ciudadano por tarifa, se debe pagar por la energía un valor razonable, con niveles de ganancias razonables”, aseguraron las organizaciones del arco político cercano a la vicepresidenta.

Pero la conveniencia de los aumentos no son los únicos cuestionamientos, porque también remarcan, en conversaciones por lo bajo, que el proceso de segmentación será muy complicado de implementar. Incluso deslizan que no sería extraño que eventualmente se cuestione en la justicia su legitimidad.

Desde algunos despachos oficiales relativizaron las objeciones. Aseguran quienes conocen las decisiones de los funcionarios de Alberto Fernández que “no hay vuelta atrás” en la decisión de retocar las tarifas. Pero, además, insisten en la necesidad de implementar la segmentación para que las personas con mayor capacidad contributiva dejen de recibir subsidios a los servicios públicos. La respuesta fue tajante: “La decisión está tomada y no hay vuelta atrás”.

Para las tres audiencias de la semana, la Secretaría de Energía subió a su página web tres documentos (uno para gas, otro para luz y otro específico sobre segmentación), en el que deja constancia de cuáles son los planes del Ejecutivo en materia tarifaria. “No son vinculantes las audiencias”, avisan desde el gobierno.

Según los documentos, la evolución de las tarifas tiene un techo según el tipo de usuario, algo que quedó firmado en el acuerdo con el FMI. Para las personas con tarifa social, la variación tarifaria de 2022 corresponde al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) de 2021 (representa un aumento de alrededor del 21,4% en el año). Para el 10% de la población de mayores ingresos, dejarán de percibir subsidios, aunque los informes no calculan un porcentaje de subas de las boletas. Y para el resto de la población, las tarifas pueden subir hasta un 80% del CVS del año pasado (que se traduce en un aumento del 42,7%).

Los criterios para la eliminación de subsidios contemplan a aquellos hogares que están incluidos en las zonas definidas por el ENRE, barrios cerrados, familias con ingresos superiores a 3,5 canastas básicas, entre otros. /Ambito/