Giro en la causa contra Manuel Adorni: desestiman enriquecimiento ilícito y piden investigarlo por evasión

La causa judicial que involucra al exjefe de Gabinete Manuel Adorni dio un giro procesal luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita emitiera un dictamen en el que concluyó que no existen indicios suficientes para sostener la acusación inicial por enriquecimiento ilícito. El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que el expediente abandone los tribunales federales de Comodoro Py y sea remitido a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para investigar la posible comisión de delitos tributarios.

El proceso se había iniciado a partir de una denuncia que cuestionaba la evolución patrimonial del exfuncionario entre diciembre de 2023 y junio de 2026, período en el cual se desempeñó como vocero presidencial, jefe de Gabinete y legislador porteño. En el transcurso de la investigación, la fiscalía había detectado erogaciones por más de 400.000 dólares, gran parte abonadas en efectivo, además de una diferencia superior a los 43 millones de pesos entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos en adquisiciones, viajes, refacciones y propiedades como una vivienda en un barrio privado y un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires.

Para justificar esos movimientos, la defensa presentó un escrito en el que argumentó que los fondos provenían de ahorros en criptomonedas obtenidos mediante inversiones realizadas entre 2014 y 2018. Según el descargo, el exfuncionario adquirió de forma presencial unos 200.000 dólares en Bitcoin, los cuales fueron liquidados años después por un valor cercano a los 591.000 dólares que se conservaron posteriormente en billetes.

Tras ordenar peritajes sobre las direcciones digitales aportadas, la fiscalía comprobó la existencia y actividad de las billeteras durante ese período, aunque los especialistas no pudieron determinar fehacientemente quién las administraba ni reconstruir la identidad de todos los participantes en las operaciones. Ante estas limitaciones técnicas, el fiscal consideró que la versión de la defensa no pudo ser refutada de manera concluyente y señaló que la figura del enriquecimiento ilícito exige que el incremento patrimonial injustificado se produzca con posterioridad a la asunción de un cargo público, circunstancia que en este caso se vincula con un origen previo.

Pese a este cambio de enfoque, la medida no implica el sobreseimiento del exfuncionario. El dictamen fiscal advierte que persisten indicios de posibles irregularidades vinculadas con ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales que habrían permanecido fuera de las declaraciones fiscales durante años, motivo por el cual solicitó que sea el fuero especializado en delitos económicos el que profundice la investigación sobre la situación fiscal.

La decisión final sobre el cambio de competencia quedó ahora en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si acepta el planteo del fiscal para declinar la competencia de la Justicia Federal y enviar las actuaciones a la Justicia en lo Penal Económico.

La medida generó diversas reacciones en el ámbito político. Desde la oposición, referentes de distintos espacios cuestionaron el dictamen y expresaron su escepticismo respecto al origen de los fondos declarados por la defensa. Los cuestionamientos apuntaron tanto a los tiempos y las características de la investigación judicial como a la verosimilitud de la explicación basada en criptomonedas, mientras reclamaron que se profundicen los controles sobre el patrimonio de los funcionarios públicos.