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Política

Financiamiento universitario: Diputados aprobó el veto del Presidente

La oposición no obtuvo los dos tercios necesarios para mantener la iniciativa que había sido aprobada por el Congreso.

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El presidente Javier Milei consiguió una nueva victoria en el Congreso al blindar su veto a la ley de financiamiento universitario. El Gobierno había rechazado la norma que actualizaba los salarios docentes y no docentes por inflación –retroactivo a enero y hasta diciembre- por considerar que ponía en riesgo el equilibrio fiscal, piedra fundamental del plan económico.

Tras varias semanas de tensiones con sus aliados y negociaciones frenéticas con gremios y gobernadores, los libertarios sumaron 84 votos en defensa del veto, mientras que la oposición apenas pudo sumar 164 para insistir con el proyecto original. Dado que la Cámara de Diputados necesita dos tercios de los presentes para rechazar un veto presidencial, las ausencias y las abstenciones jugaron un papel clave.

La intervención de Mauricio Macri fue determinante para terminar de ordenar la bancada del PRO, que estaba atravesada por fuertes tensiones internas. Algunos consideraban que la crisis con los gremios docentes había escalado por falta de negociación y además entendían que el costo de 0,14 del PBI no ponía realmente el riesgo el equilibrio fiscal. Finalmente, a pesar de aclarar repetidas veces, en la previa y durante la propia sesión, que defendían la educación pública, el bloque que conduce Cristian Ritondo apoyó mayoritariamente al Gobierno con 35 votos. Solo votaron con la oposición los larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi, en tanto Héctor Stefani estuvo ausente por problemas de salud.

El fuerte cuestionamiento de Miguel Ángel Pichetto al veto presidencial: “Creen que ganan, pero inevitablemente pierden”

“Este bloque es responsable y coherente con lo que dijimos en la campaña, con lo que pensamos y con los valores que tenemos. No negociamos el cambio”, dijo Ritondo. Y agregó: “Dejaron una bomba que había que desactivar, y para eso había que ajustar el gasto, reducir el déficit, corregir los precios relativos, normalizar los tipos de cambio y es lo que este gobierno está haciendo. No les importa la educación, es mentira, les importa golpear un gobierno que tiene debilidad parlamentaria, es intentar que a este gobierno les vaya mal”.

Por su parte, los libertarios mantuvieron los 39 votos de su bloque pero la diputada rebelde Lourdes Arrieta, que recientemente armó su propio monobloque a raíz de una pelea con Martín Menem tras la visita a represores al penal de Ezeiza, votó a favor del financiamiento universitario. Oscar Zago, jefe de la bancada aliada del MID, estuvo ausente por un viaje que desde su entorno aclararon que estaba planificado desde hace meses.

El radicalismo, impulsor original del proyecto de financiamiento universitario, volvió a atravesar las misma turbulencias internas que ya dejaron al bloque al bloque al borde de la ruptura cuando se trató el veto a la nueva fórmula jubilatoria. Esta vez, de los cinco radicales “libertarios” que apoyaron el veto a las jubilaciones, cuatro se mantuvieron firmes junto a Milei (Luis Picat, José Tournier, Martín Arjol y Mariano Campero); mientras que Pablo Cervi esta vez decidió abstenerse.

Cuando un diputado se abstiene en parte colabora con el oficialismo ya que al estar presente durante la sesión aumenta el número necesario para alcanzar la mayoría especial de dos tercios.

En cambio, el chubutense Jorge Ávila, del bloque Encuentro Federal, tras la intervención del gobernador Ignacio Torres, se ausentó. Cerca del gobernador aclararon que el diputado terminó internado con un problema de salud, algo que negaron sus compañeros de bloque. El resto del bloque de Miguel Ángel Pichetto apoyó el reclamo universitario, salvo Ricardo López Murphy, que también está de viaje y se perdió la sesión.

La balanza se terminó de inclinar a favor de la Casa Rosada gracias a los gobernadores, que nuevamente jugaron fuerte. Por ejemplo, el tucumano Osvaldo Jaldo instruyó a los tres miembros del bloque Independencia a apoyar el veto y el misionero Carlos Rovira, jefe político del Frente Renovador de la Concordia, hizo lo propio con cuatro diputados misioneros de Innovación Federal que se abstuvieron (en agosto habían votado a favor de la Universidad). El mandatario sanjuanino Marcelo Orrego, en cambio, aportó dos diputados en contra del Gobierno. “San Juan es la tierra de Sarmiento y la educación pública, el gobernador no iba a regalarle ese flanco al peronismo de Uñac y Gioja para que lo ataquen”, explicó un operador. Fue la primera votación que toman distancia del oficialismo.

Para ampliar los consensos y asegurar el apoyo del PRO, el Gobierno no dejó de negociar con los gremios docentes y ayer anunció un aumento de la Garantía Salarial Docente, que es el sueldo mínimo que los profesionales cobran de bolsillo por cargo y luego de descontar los aportes obligatorios. El incremento será retroactivo e implicará que desde el 1 de julio pasado el salario en cuestión tenga un piso de $420.000, lo cual se suma a la suba del 6,8% para personal docente y no docente de las Universidades Nacionales para octubre, que sigue por debajo del reclamo sindical.

Unión por la Patria se posicionó casi con unanimidad en contra del veto. Sin embargo, una ausencia encendió las alertas en el bloque que conduce Germán Martínez: la catamarqueña Fernanda Ávila se ausentó de la votación -aunque estaba en su despacho- a raíz de una negociación entre la Casa Rosada y el gobernador Raúl Jalil. Tanto la Coalición Cívica como el Frente de Izquierda pudieron salir de la sesión sin fisuras y aportaron todos sus votos para rechazar el veto.

“La educación pública no está en peligro, no tengan miedo. Es ridículo pensar que el gobierno que declaró la educación como servicio esencial está detrás de un intento de terminar con la educación pública. Estamos en contra de los curros”, sintetizó José Luis Espert, quien tuvo a su cargo el discurso de cierre por los libertarios.

FUENTE: C5N

Política

Emergencia Hídrica y del transporte público serán tratados en la próxima sesión

La Comisión de Obras Públicas dio dictamen a proyectos que consolidan leyes de emergencia y de declaración de interés legislativo al Encuentro Nacional de Cooperativas

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La Comisión de Obras Públicas de la Legislatura de Tucumán emitió dictamen favorable a diversos proyectos de ley que formarán parte de la actualización del Digesto Jurídico Provincial correspondiente al presente año, además de un proyecto de resolución.

La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, legislador Tulio Caponio, y contó con la participación de los parlamentarios Carlos Gómez, Eduardo Verón Guerra y Alberto Olea.

Al finalizar el encuentro, Caponio destacó la importancia del trabajo realizado: “Lo más relevante de la jornada fue el tratamiento de la consolidación de cuatro leyes de emergencia de la provincia, en el marco de la actualización del Digesto Jurídico de este año. Se trata de las emergencias hídrica, del transporte público, energética —vinculada a la red troncal de energía— y de obras públicas”.

Asimismo, la comisión aprobó un proyecto de resolución que declara de interés legislativo el Encuentro Nacional de Cooperativas de Agua Potable de la República Argentina, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de julio del corriente año en la localidad de San Pedro de Colalao.

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Política

El Gobierno ofreció un aumento de 24% a las universidades a cambio de retirar la demanda

Los rectores consideraron la propuesta del Gobierno razonable, pero no hubo acuerdo. La denuncia la debe resolver la Corte Suprema.

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En una reunión de bajo perfil celebrada este lunes, el Gobierno y las universidades llegaron a un principio de acuerdo para avanzar con un aumento salarial del 24%, entre otros puntos. Sin embargo, las negociaciones fracasaron por una condición inapelable del Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que aguarda el fallo de la Corte Suprema.

En un territorio neutral para no captar la atención mediática, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvo un encuentro con rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional para intentar destrabar el conflicto presupuestario que motorizó la última Marcha Federal el mes pasado.

Según confirmaron a TN fuentes de ambos sectores, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarca la pérdida durante parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.

El acuerdo también incluía la conformación de una comisión técnica para trabajar en el periodo adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses.

La propuesta del Gobierno a las universidades y el punto que trabó las negociaciones

Además, el Gobierno ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.

En paralelo, las universidades aguardan la convocatoria del Gobierno para acordar el nuevo criterio de distribución de la partida de más de $79 mil millones destinada a dichos hospitales, cuyo congelamiento había generado protestas y una advertencia de que podía peligrar la atención en los establecimientos por falta de presupuesto.

En diálogo con este medio, fuentes de la comunidad universitaria al tanto de las conversaciones consideraron que la propuesta del Ejecutivo es “razonable”. Sin embargo, la negociación se frustró con el pedido del Gobierno para que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso.

La ley exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC: una cifra que ronda los 2,5 billones de pesos y que, según el Ejecutivo, atenta contra el superávit fiscal.

La negativa de los rectores a retirar la demanda judicial

“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, insistieron en diálogo con TN los rectores universitarios.

Para las casas de estudio, la demanda opera como un resguardo que no están dispuestas a perder. A su vez, sostienen que no existe consenso en la comunidad universitaria para eso. En su lugar, ponen el énfasis en que la propuesta demuestra que el Gobierno cuenta con los recursos para solucionar el conflicto.

“Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra”, subrayaron, con la expectativa de que el conflicto se resuelva esta semana.

Desde el Gobierno replicaron a TN que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) conducido por Franco Bartolacci no está dispuesto a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad y cuestionaron que eso “lleve a todos a un conflicto sin solución”. De ambos sectores insisten en que, para llegar a un acuerdo, el otro tendrá que dar el brazo a torcer.

FUENTE: TN

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El Senado debatirá un proyecto para reorganizar la Cámara Federal de Tucumán

La iniciativa propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas.

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El Senado de la Nación tiene previsto tratar este jueves un proyecto que propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas, una iniciativa que busca optimizar el funcionamiento de la Justicia Federal en la provincia y en el norte argentino.

La senadora nacional Beatriz Ávila informó que la propuesta fue incorporada al temario de la sesión y cuenta con dictamen favorable de comisión, además del acompañamiento de distintos sectores políticos.

El texto que llegará al recinto surge de la unificación de proyectos presentados por Ávila y por la senadora Sandra Mendoza. La iniciativa contempla dividir la actual Cámara Federal en dos salas y habilitar la posibilidad de ampliar la integración del tribunal, incorporando un sexto magistrado a los cinco jueces que actualmente lo conforman.

Según se explicó, la eventual designación de un nuevo juez estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y tendría como objetivo reforzar la estructura judicial encargada de revisar en segunda instancia las causas de competencia federal que se tramitan en la jurisdicción.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, la legisladora tucumana solicitó la inclusión del proyecto en el orden del día junto con el tratamiento de distintos pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en el ámbito de la Justicia Federal.

El debate se desarrolla en un contexto marcado por las discusiones en torno a la cobertura de cargos judiciales y la necesidad de fortalecer el funcionamiento de los tribunales federales. Desde los impulsores de la iniciativa sostienen que la creación de salas permitirá agilizar el tratamiento de expedientes y mejorar la respuesta del sistema judicial ante el incremento de causas que llegan a la segunda instancia.

De obtener la aprobación de la Cámara alta, el proyecto representará un paso importante en la reestructuración de la Justicia Federal con asiento en Tucumán y podría generar cambios en la organización interna del tribunal en los próximos años.

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