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Política

Financiamiento universitario: Diputados aprobó el veto del Presidente

La oposición no obtuvo los dos tercios necesarios para mantener la iniciativa que había sido aprobada por el Congreso.

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El presidente Javier Milei consiguió una nueva victoria en el Congreso al blindar su veto a la ley de financiamiento universitario. El Gobierno había rechazado la norma que actualizaba los salarios docentes y no docentes por inflación –retroactivo a enero y hasta diciembre- por considerar que ponía en riesgo el equilibrio fiscal, piedra fundamental del plan económico.

Tras varias semanas de tensiones con sus aliados y negociaciones frenéticas con gremios y gobernadores, los libertarios sumaron 84 votos en defensa del veto, mientras que la oposición apenas pudo sumar 164 para insistir con el proyecto original. Dado que la Cámara de Diputados necesita dos tercios de los presentes para rechazar un veto presidencial, las ausencias y las abstenciones jugaron un papel clave.

La intervención de Mauricio Macri fue determinante para terminar de ordenar la bancada del PRO, que estaba atravesada por fuertes tensiones internas. Algunos consideraban que la crisis con los gremios docentes había escalado por falta de negociación y además entendían que el costo de 0,14 del PBI no ponía realmente el riesgo el equilibrio fiscal. Finalmente, a pesar de aclarar repetidas veces, en la previa y durante la propia sesión, que defendían la educación pública, el bloque que conduce Cristian Ritondo apoyó mayoritariamente al Gobierno con 35 votos. Solo votaron con la oposición los larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi, en tanto Héctor Stefani estuvo ausente por problemas de salud.

El fuerte cuestionamiento de Miguel Ángel Pichetto al veto presidencial: “Creen que ganan, pero inevitablemente pierden”

“Este bloque es responsable y coherente con lo que dijimos en la campaña, con lo que pensamos y con los valores que tenemos. No negociamos el cambio”, dijo Ritondo. Y agregó: “Dejaron una bomba que había que desactivar, y para eso había que ajustar el gasto, reducir el déficit, corregir los precios relativos, normalizar los tipos de cambio y es lo que este gobierno está haciendo. No les importa la educación, es mentira, les importa golpear un gobierno que tiene debilidad parlamentaria, es intentar que a este gobierno les vaya mal”.

Por su parte, los libertarios mantuvieron los 39 votos de su bloque pero la diputada rebelde Lourdes Arrieta, que recientemente armó su propio monobloque a raíz de una pelea con Martín Menem tras la visita a represores al penal de Ezeiza, votó a favor del financiamiento universitario. Oscar Zago, jefe de la bancada aliada del MID, estuvo ausente por un viaje que desde su entorno aclararon que estaba planificado desde hace meses.

El radicalismo, impulsor original del proyecto de financiamiento universitario, volvió a atravesar las misma turbulencias internas que ya dejaron al bloque al bloque al borde de la ruptura cuando se trató el veto a la nueva fórmula jubilatoria. Esta vez, de los cinco radicales “libertarios” que apoyaron el veto a las jubilaciones, cuatro se mantuvieron firmes junto a Milei (Luis Picat, José Tournier, Martín Arjol y Mariano Campero); mientras que Pablo Cervi esta vez decidió abstenerse.

Cuando un diputado se abstiene en parte colabora con el oficialismo ya que al estar presente durante la sesión aumenta el número necesario para alcanzar la mayoría especial de dos tercios.

En cambio, el chubutense Jorge Ávila, del bloque Encuentro Federal, tras la intervención del gobernador Ignacio Torres, se ausentó. Cerca del gobernador aclararon que el diputado terminó internado con un problema de salud, algo que negaron sus compañeros de bloque. El resto del bloque de Miguel Ángel Pichetto apoyó el reclamo universitario, salvo Ricardo López Murphy, que también está de viaje y se perdió la sesión.

La balanza se terminó de inclinar a favor de la Casa Rosada gracias a los gobernadores, que nuevamente jugaron fuerte. Por ejemplo, el tucumano Osvaldo Jaldo instruyó a los tres miembros del bloque Independencia a apoyar el veto y el misionero Carlos Rovira, jefe político del Frente Renovador de la Concordia, hizo lo propio con cuatro diputados misioneros de Innovación Federal que se abstuvieron (en agosto habían votado a favor de la Universidad). El mandatario sanjuanino Marcelo Orrego, en cambio, aportó dos diputados en contra del Gobierno. “San Juan es la tierra de Sarmiento y la educación pública, el gobernador no iba a regalarle ese flanco al peronismo de Uñac y Gioja para que lo ataquen”, explicó un operador. Fue la primera votación que toman distancia del oficialismo.

Para ampliar los consensos y asegurar el apoyo del PRO, el Gobierno no dejó de negociar con los gremios docentes y ayer anunció un aumento de la Garantía Salarial Docente, que es el sueldo mínimo que los profesionales cobran de bolsillo por cargo y luego de descontar los aportes obligatorios. El incremento será retroactivo e implicará que desde el 1 de julio pasado el salario en cuestión tenga un piso de $420.000, lo cual se suma a la suba del 6,8% para personal docente y no docente de las Universidades Nacionales para octubre, que sigue por debajo del reclamo sindical.

Unión por la Patria se posicionó casi con unanimidad en contra del veto. Sin embargo, una ausencia encendió las alertas en el bloque que conduce Germán Martínez: la catamarqueña Fernanda Ávila se ausentó de la votación -aunque estaba en su despacho- a raíz de una negociación entre la Casa Rosada y el gobernador Raúl Jalil. Tanto la Coalición Cívica como el Frente de Izquierda pudieron salir de la sesión sin fisuras y aportaron todos sus votos para rechazar el veto.

“La educación pública no está en peligro, no tengan miedo. Es ridículo pensar que el gobierno que declaró la educación como servicio esencial está detrás de un intento de terminar con la educación pública. Estamos en contra de los curros”, sintetizó José Luis Espert, quien tuvo a su cargo el discurso de cierre por los libertarios.

FUENTE: C5N

Política

Chalha confirmó que buscará la reelección en la Intendencia capitalina

La intendenta de San Miguel de Tucumán confirmó que el año próximo competirá en los comicios por un nuevo mandato al frente del municipio.

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En el marco de la inauguración del Mercado de la Ciudad, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, hizo un anuncio político con miras a las elecciones del año próximo: confirmó que ira por la reelección buscando un nuevo mandato.

«Se cuánto hicimos y se cuánto falta, tenemos proyectos que todavía tenemos que convertir en realidad. En el 2023 asumí el compromiso de ordenar, planificar una nueva etapa para la ciudad, hoy siento junto a mi equipo una responsabilidad mayor, avanzar en ese camino que elegimos, ese proceso de transformación. Quiero seguir siendo intendenta de San Miguel de Tucumán», aseguró.

Agregó que «la última decisión esta en manos del pueblo, de los vecinos, espero que me acompañen». «Mi propósito es muy claro, quiero que la transformación que empezamos llegue a cada barrio de San Miguel de Tuycumán y sea irreversible. Esta ciudad no puede retroceder más», expresó.

«San Miguel de Tucumán eligió un camino de transformación y ahora tenemos que seguir adelante, como Bernabé Aráoz, no queremos retroceder. Este es el camino que elijo seguir y el compromiso que asumo todos los días honrando la confianza de todos los vecinos», detalló.

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Política

Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y gobernadores armaron una mesa política

Gobernadores, jefes parlamentarios y referentes de distintos sectores del peronismo mantuvieron una reunión política de cara a las elecciones del 2027.

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Gobernadores, jefes parlamentarios y referentes de distintos sectores del peronismo mantuvieron una reunión política de 3 horas en la que comenzaron a delinear un esquema de coordinación legislativa y la mirada puesta en las próximas elecciones de 2027.

Según pudo saber Noticias Argentinas, del encuentro participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; sus pares Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

También estuvieron el referente del Frente Renovador, Sergio Massa; el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner; el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, y el titular de la bancada peronista en el Senado, José Mayans. De acuerdo a la información que recogió la Agencia NA, Martínez y Mayas, líderes en Diputados y Senado habrían solicitado la reunión para fijar una estrategia legislativa conjunta.

Uno de los principales resultados de la cumbre habría sido el avance en la conformación de una mesa política destinada a articular a los distintos sectores del peronismo y establecer una instancia de coordinación entre gobernadores, conducción partidaria y representantes parlamentarios.

Un participante de la reunión confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que la reunión duró «3 horas» de los popes y señaló que los temas centrales fueron: «Presupuesto 2027, Transferencias a las Provincias, Impuesto a los Combustibles, PASO y situación fiscal en distritos».

«Todos los presentes coincidieron en la importancia de sostener las PASO como instrumento para generar una propuesta electoral amplia y potente», indicó otra fuente a NA.

La reunión adquiere especial relevancia por la presencia en una misma instancia de Kicillof, Massa y Máximo Kirchner, referentes de espacios que mantienen diferencias respecto de la estrategia que debe adoptar el peronismo para enfrentar al oficialismo y encarar la construcción electoral hacia 2027.

El encuentro también reunió a gobernadores con peso territorial y a las principales autoridades parlamentarias de Unión por la Patria, en momentos en que el peronismo busca establecer mecanismos de coordinación política y comenzar a discutir una estrategia nacional.

La eventual constitución de una mesa política aparece así como un primer intento de institucionalizar esas conversaciones y ordenar las distintas vertientes del espacio, aunque todavía resta conocer su integración definitiva, su mecanismo de funcionamiento y el cronograma de próximos encuentros.

La discusión sobre el armado presidencial permanece abierta y constituye uno de los principales desafíos internos del peronismo de cara a 2027. En ese escenario, Kicillof aparece como uno de los dirigentes con aspiraciones nacionales, mientras Massa conserva centralidad dentro del Frente Renovador y Máximo Kirchner mantiene influencia en la estructura del PJ bonaerense y el kirchnerismo.

En la cumbre se tomó una posición frente a las elecciones PASO: mantener las internas abiertas, simultáneas y obligatorias cuando el gobierno de Javier Milei impulsa la derogación. En ese esquema de trabajo coordinado en el Congreso, en la reunión hubo cuestionamientos por «colaboracionistas» del oficialismo contra el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil y el tucumano, Osvaldo Jaldo.

La cumbre representa, en ese contexto, una primera señal de búsqueda de unidad entre sectores que deberán resolver diferencias políticas y electorales antes de definir la estrategia con la que el peronismo intentará volver a disputar la Presidencia.

FUENTE: Noticias Argentinas

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Política

Causa Vialidad: la Justicia embargó el departamento donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario

El TOF 2 avanzó con una segunda etapa del proceso de decomiso que alcanza 144 bienes, vehículos y paquetes accionarios de los condenados en la causa, con el objetivo de resguardar los activos hasta definir su destino

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El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), a cargo de la ejecución de la condena en la causa Vialidad, dispuso nuevos embargos preventivos sobre propiedades, vehículos y participaciones societarias de Cristina Kirchner y otros condenados. La medida se enmarca en una segunda etapa del proceso de decomiso, orientada a preservar esos bienes hasta que se resuelva cuáles deberán ejecutarse para cubrir el monto establecido en la sentencia: $685.000 millones.

 

 

El departamento de Monserrat, entre los bienes alcanzados

Uno de los inmuebles incluidos en la resolución es el departamento de la calle San José 1111, en Monserrat, donde la expresidenta cumple actualmente su arresto domiciliario. La propiedad pertenece a Los Sauces, la firma inmobiliaria de la familia Kirchner que también fue investigada por lavado de activos.

 

 

El tribunal aclaró que el embargo no implica un remate inmediato ni la pérdida definitiva de la propiedad para sus titulares. Según explicaron los jueces, el objetivo es evitar que los activos sean transferidos, gravados o sacados de la jurisdicción mientras avanza el procedimiento de decomiso. Tampoco se dispone que Kirchner deba dejar ese domicilio ni se define en esta instancia un cambio en el lugar de cumplimiento del arresto.

 

 

Una resolución firmada por tres jueces

La medida lleva la firma de Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. En paralelo, la primera tanda de bienes cuya ejecución pidió el fiscal Diego Luciani ya está bajo análisis de la Corte Suprema. En noviembre, el TOF 2 había ordenado el decomiso de 111 propiedades —20 de la familia Kirchner, 85 de Lázaro Báez y sus empresas, y seis del resto de los condenados—, criterio que en febrero avaló la Cámara Federal de Casación Penal. Kirchner y Báez apelaron esa decisión, que hoy espera definición en el máximo tribunal.

 

 

Mientras tanto, el TOF 2 avanzó con una nueva lista: 144 bienes entre inmuebles y vehículos, además de paquetes accionarios de distintas sociedades. También se sumó el dinero que Florencia Kirchner tenía en una caja de seguridad del Banco Galicia: más de US$5 millones.

El argumento judicial

Para fundamentar las nuevas medidas, los jueces recurrieron a lo establecido en la sentencia de Vialidad, que determinó que la maniobra en torno a la obra pública generó beneficios económicos directos para Báez e indirectos para la familia Kirchner, a partir de una «conexión  económica y comercial comprobada» entre ambas partes a través de Los Sauces y Hotesur. Con ese criterio, el tribunal sostuvo que el dinero del delito circuló y se asentó en los activos de esas sociedades, por lo que pueden quedar alcanzados los bienes incorporados a los patrimonios de los nueve condenados entre 2003 y 2015.

 

La resolución también invoca el artículo 23 del Código Penal, que habilita a alcanzar tanto a personas jurídicas beneficiadas por el delito como a bienes cedidos gratuitamente a terceros. En ese marco entran las acciones de Los Sauces y Hotesur, embargadas desde 2017, cuando la Justicia investigaba la sucesión de Néstor Kirchner y estableció que las cuotas y acciones de Cristina Kirchner habían sido cedidas sin cargo a sus hijos Máximo y Florencia.

Puerto Madero, Santa Cruz y el dinero de Florencia Kirchner

Entre los bienes alcanzados también figuran un dúplex con cinco cocheras y otro departamento con dos cocheras y baulera en el Complejo Madero Center, en Puerto Madero, cuyo único inquilino fue Cristóbal López. En Santa Cruz, la lista incluye el terreno del Hotel La Aldea, en El Chaltén —usurpado desde hace más de dos años—, otras propiedades en El Calafate, y varios inmuebles familiares en Río Gallegos, entre ellos el chalet de la expresidenta sobre la costanera y propiedades en Alvear 395, Moreno 882 y 25 de Mayo 66.

A esto se suma el dinero hallado en la caja de seguridad de Florencia Kirchner en el Banco Galicia, más de US$5 millones cuyo origen lícito, según la Justicia, la familia no logró acreditar. El TOF 2 remarcó además que el banco todavía no respondió los requerimientos judiciales sobre el estado de esos fondos ni si existen otros depósitos o cajas de seguridad vinculados a la causa.

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