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Política

Extrajeron el contenido de tres celulares de exfuncionario clave de la ANDIS

En este tipo de procedimientos forenses, se copian los datos del dispositivo para que luego puedan ser analizados sin alterar los originales.

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La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevas medidas judiciales. Según confirmaron a TN fuentes del caso, en las últimas horas se realizó la extracción forense de tres teléfonos celulares pertenecientes a Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud. Los dispositivos incluyen el suyo personal, uno de su esposa y un tercero, antiguo, que al parecer ya no contenía información relevante.

Las extracciones fueron únicamente de contenido digital: hasta el momento ningún aparato fue peritado. En este tipo de procedimientos forenses, se copian los datos del dispositivo para que luego puedan ser analizados sin alterar los originales. El análisis de ese material será parte de una segunda etapa de la investigación.

Garbellini había sido allanado semanas atrás en su oficina del programa Incluir Salud, ubicada sobre la avenida Rivadavia al 875, en pleno centro porteño. Durante ese operativo —que estuvo a cargo del Departamento de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad— también se incautaron carpetas, documentación y dispositivos electrónicos relacionados con contrataciones de medicamentos. Antes de ese procedimiento, los agentes se presentaron en su casa de Avellaneda, donde le secuestraron el teléfono que ahora fue sometido a extracción.

La investigación por supuestas irregularidades en contrataciones públicas apunta directamente a los vínculos entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, señalada por el exdirectos Diego Spagnuolo como una de las firmas que habría pagado sobornos para quedarse con contratos públicos. “Ahí va a estar el foco”, aseguran fuentes al tanto del expediente.

En paralelo, sigue el análisis del contenido del celular de Spagnuolo, pieza clave de la causa
. Sin embargo, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente de la Procuración General, ya informó al fiscal Franco Picardi que no podrá recuperar los mensajes borrados del dispositivo.

Se trata de un dato sensible, ya que parte de la pesquisa buscaba determinar si entre los mensajes eliminados había comunicaciones con el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, el funcionario Eduardo “Lule” Menem, o empresarios farmacéuticos.
 

El juez Sebastían Casanello, a cargo de la causa. (Foto: Télam)

Hasta el momento, la causa continúa bajo secreto de sumario. Los imputados aún no accedieron al expediente, y el juez federal Sebastián Casanello tiene pendiente resolver dos planteos de los accionistas de Suizo Argentina: uno por una supuesta nulidad de la causa y otro por cosa juzgada.

En paralelo a la investigación penal, el Gobierno nacional intenta avanzar con una auditoría interna en la ANDIS. Sin embargo, en Casa Rosada advirtieron que el proceso se demorará porque la Justicia incautó documentación clave, incluyendo facturas de compras no registradas en portales oficiales y sin trazabilidad dentro del Ministerio de Salud.

La auditoría —a cargo del nuevo director, Alberto Vilches— recién pudo comenzar esta semana, luego de que se llegara a un acuerdo con la Policía de la Ciudad para trabajar con copias de la documentación. En Balcarce 50 aseguran que la revisión completa de procesos podría demorar hasta seis meses, y que esperan tener resultados preliminares hacia octubre.

Uno de los focos del Ejecutivo está puesto precisamente en los contratos de compra de medicamentos, donde sospechan que se aplicaron sobreprecios. Aunque por el momento desmienten que la auditoría haya revelado aumentos del 27% en productos similares adquiridos con pocos días de diferencia, sí reconocen la preocupación por los mecanismos utilizados para contratar droguerías.

La estructura de la ANDIS también está bajo la lupa: el organismo cuenta con 921 empleados y administra un presupuesto anual de $3,74 billones, de los cuales $3,1 billones están destinados a seguridad social. El Gobierno prevé una centralización de sus funciones bajo la órbita directa del Ministerio de Salud, pero hasta ahora no se avanzó con nuevos desplazamientos de personal, más allá de los ya concretados de Spagnuolo y Garbellini.

Por ahora, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y el fiscal Picardi continúan con la recolección de pruebas y análisis de contrataciones.
Por Sergio Farella / TN

Política

ANDIS: denunciaron “desvíos indefendibles”, sobreprecios de hasta 1.972% y compras de insumos de menor durabilidad que los nacionales

Un informe periodístico reveló la información que el Ministerio de Salud y Alejandro Vilches presentaron ante la Justicia. Detectaron precios por encima de la media, pagos duplicados e insumos que figuraban como entregados pero que nunca llegaron a sus beneficiarios.

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El Ministerio de Salud y Alejandro Vilches, el saliente secretario de Discapacidad, presentaron ante la Justicia una serie de documentos de los que se desprendería que la entidad abonó insumos a valores hasta 1.972% más caros que los que abonaban otras reparticiones públicas como el PAMI, además de pagos duplicados, productos importados que tenían mayor costo y menor durabilidad que otros similares de origen nacional y casos en los que hubo supuestos errores de categorización.

 

En el escrito, consideraron que existieron “desvíos que resultan técnicamente indefendibles”. La investigación, realizada por La Nación, reveló una serie de informes técnicos sobre compras realizadas por la ex ANDIS que habrían sido firmados el 15 de octubre de 2025 —menos de dos meses después de que comenzara el escándalo por los audios atribuidos al exdirector de la entidad, Diego Spagnuolo— y el pasado 10 de abril.

El primer documento presentado hace referencia a compras puntuales de válvulas pulmonares, prótesis, implantes cocleares, sillas de ruedas y un neuroestimulador. Un segundo escrito incluye además insumos ortopédicos, referencias de mercado seleccionadas por quienes analizaron las facturas en Discapacidad y presuntos errores administrativos.

 

Ya en octubre, Vilches había señalado que su intervención afrontaba un análisis de la documentación, los expedientes y los procedimientos «orientado a la detección de hechos relevantes y/o irregularidades». En ese momento, el ex interventor también incluyó múltiples observaciones que «podrían configurar apartamientos a las normas».

El informe comienza con un pago correspondiente a Farma Salud de $ 425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter realizado el 8 de julio de 2025. El informe comparó ese gasto con otro, realizado por el PAMI, que «a nivel central (…), adjudicó el 25 de marzo de 2025 a la firma Siprotec SA. el mismo sistema por un valor unitario de $ 124.200.000«. Es decir, a menos de un tercio de su valor.

En otra comparación, también se apuntó contra Farma Salud por los precios de la adquisición de endoprótesis y una válvula pulmonar autoexpandible, en el que la diferencia entre lo facturado a la ex Andis y el precio de la compra de PAMI a otros proveedores llegó al 711%.

El informe detectó además «una diferencia sustancial» en el valor de los implantes cocleares adquiridos a Droguería Floresta, en el que el precio promedio abonado por unidad «resultó de US$ 62.613». En contraste, se estableció que una adjudicación similar realizada en septiembre, «estableció un valor unitario de US$ 12.125, contemplando la escala propia de una compra por volumen». En esa línea, el informe explica también que la referencia de mercado para ese mismo insumo se ubicaba alrededor de US$ 16.975 por unidad. «El incremento alcanza los US$ 45.638 por unidad, equivalente a un 269% por encima del precio estimado de mercado«, afirma Vilches en su escrito.

Las diferencias entre los valores de mercado y los abonados por la ANDIS continúan a lo largo del documento, que apunta también contra la proveedora Indecomm, pero por otro motivo: en noviembre, concentró seis facturas emitidas a la ex ANDIS y una de ellas, la B 00001-00000958, por $ 28,7 millones, habría sido abonada en dos oportunidades.

Entre las múltiples irregularidades, el informe suma la compra de un neuroestimulador cuyo valor abonado tuvo una diferencia del 219 por ciento con los montos de mercado. Según los técnicos, Neurosalud recibió por ese dispositivo un pago de $ 132,4 millones en junio de 2025 mediante la Factura N° 00000128. Pero un mes antes, el PAMI había adquirido el mismo neuroestimulador implantable bilateral de batería no recargable a $ 41,5 millones por unidad.

Un segundo informe no mejora el panorama

El segundo informe que cita La Nación, firmado en abril de este año, consigna «errores de categorización técnica». Se trata de la facturación de «unidades C01 a precios de entre $ 11 y $ 14,9 millones, cuando por su patología correspondían unidades D01 con Tilt, cuyos valores de referencia son sustancialmente menores, oscilando entre $ 1,3 y $ 2,3 millones», según sostiene el documento.

En esa línea, la denuncia sostiene que los requerimientos terapéuticos del paciente podían ser cubiertos con equipamiento nacional, que ofrece «superior durabilidad y ajuste anatómico», y tiene un precio menor. «La insistencia en el uso de módulos importados con sobreprecios que oscilan entre el 300% y el 1000% de forma sistémica carece de sustento clínico y financiero«, enfatizaron.

Está también el caso de un paciente de Río Negro, quien necesitaba la prótesis para una amputación. En los papeles, aparecía un documento que decía que se la habían entregado, pero eso nunca ocurrió. «Se ha constatado la existencia de un remito de entrega debidamente suscripto por la madre del beneficiario. No obstante, mediante el relevamiento directo con los particulares, se ha determinado que dicha rúbrica fue obtenida bajo inducción a error al momento de la toma de medidas, no representando en modo alguno la recepción material del bien», explica al respecto el informe.

En el documento se incluyó también una factura por un andador con un presunto sobreprecio del 4.239%. Sin embargo, según consignó La Nación, desde la Ortopedia Bernat indicaron que, al menos hasta mayo, la factura estaba impaga y explicaron que, en ese caso en particular, se había contemplado «algo mucho más sofisticado y que se terminó entregando algo más sencillo, pero el circuito operativo continuó y se terminó facturando el mismo valor que lo adjudicado. Y no lo entregado«.

La investigación judicial incorporó los informes de Vilches y un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que también había detectado diferencias de precios, incluso entre distintas licitaciones dentro de la propia ANDIS. Y, en base a esto, el fiscal federal Franco Picardi enfocó la acusación en un sistema de licitaciones presuntamente limitado, con menos oferentes, distinto al sistema de compulsas que recomiendan las autoridades.

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Política

Ley de Biocombustibles: la reforma aprobada por el Senado ya ingresó a Diputados

Las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda deberán emitir dictamen antes de que el proyecto pueda ser debatido en el recinto.

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La Cámara de Diputados recibió el proyecto de ley de reforma integral del régimen de biocombustibles que obtuvo media sanción en el Senado el pasado 17 de septiembre. El expediente CD-76/26, que regula las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles en todo el territorio nacional, fue girado a las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda para su análisis.

La iniciativa llegó a la Cámara baja luego de un extenso debate en el Senado, donde fue aprobada el pasado 17 de septiembre por 41 votos a favor y 25 en contra, tras incorporar modificaciones consensuadas entre el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista. Según se destacó durante la discusión, el texto final recogió aportes de diversos proyectos presentados por senadores de distintos bloques y espacios políticos.

El proyecto establece un nuevo marco regulatorio para la actividad con una vigencia de 15 años y declara de interés público las actividades vinculadas a los biocombustibles por su contribución a la seguridad energética y a la transición hacia energías más limpias. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

Uno de los aspectos centrales es la modificación de los porcentajes mínimos obligatorios de mezcla. Para el gasoil, se mantiene inicialmente un corte de biodiésel del 7,5%, que se elevará al 10% a los doce meses de la sanción de la ley. En el caso de las naftas, el porcentaje obligatorio de bioetanol pasará del 12% al 15% al cabo de un año. Además, se preserva un piso del 6% para el bioetanol de caña de azúcar y otro 6% para el producido a partir de maíz, mientras que el porcentaje restante podrá abastecerse con otras materias primas autorizadas.

La iniciativa también crea un sistema de comercialización basado en un mercado electrónico de acceso público, donde elaboradores y mezcladores podrán negociar precios y volúmenes mediante mecanismos transparentes administrados por un organismo independiente. Asimismo, habilita la celebración de contratos a término para el abastecimiento destinado al cumplimiento de los cortes obligatorios.

Entre otras disposiciones, el texto autoriza cortes superiores a los mínimos obligatorios, promueve el uso de vehículos flex fuel, habilita la inyección de biometano en la red de gasoductos y libera la comercialización del combustible sostenible de aviación (SAF o Biojet). También contempla la importación de biocombustibles para mezclas superiores a las obligatorias o en casos de falta de abastecimiento interno.

En materia impositiva, mantiene la exención del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono para los biocombustibles habilitados, gravando únicamente la porción fósil cuando se trate de mezclas. Además, deroga la Ley 27.640 y crea un período de transición para el mercado de biodiésel que se extenderá hasta el 1 de enero de 2036.

Ahora será el turno de la Cámara de Diputados, donde las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda deberán emitir dictamen antes de que el proyecto pueda ser debatido en el recinto.

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Política

Manzur visitó a Cristina en su prisión domiciliaria: hablaron sobre Tucumán

«Compartí un gran encuentro con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que conversamos e intercambiamos opiniones sobre la realidad que atraviesa nuestro país y en particular la situación de la provincia de Tucumán», posteó el ex gobernador.

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El senador nacional por Tucumán Juan Manzur visitó este viernes a la expresidenta Cristina Kirchner en el departamento del barrio porteño de Constitución donde cumple prisión domiciliaria y mantuvo con ella una reunión en la que analizaron la situación económica y política del país, con especial atención a la realidad tucumana.

El encuentro adquiere una fuerte lectura política en la provincia, donde el exgobernador viene intensificando sus recorridas territoriales, retomando el contacto con dirigentes y militantes y dejando abierta la posibilidad de volver a competir por la Gobernación en las elecciones del 9 de mayo de 2027.

Manzur, quien está enfrentado al gobernador Osvaldo Jaldo, quien lidera el proyecto del PJ en Tucumán, difundió una fotografía junto a la exmandataria y contó detalles de la conversación a través de su cuenta de X. “Compartí un gran encuentro con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que conversamos e intercambiamos opiniones sobre la realidad que atraviesa nuestro país y en particular la situación de la provincia de Tucumán”, expresó.

Según relató el senador, uno de los principales ejes de la reunión estuvo puesto en el escenario económico y sus consecuencias sobre las actividades productivas. “Analizamos especialmente la situación económica, la realidad de las economías regionales y el impacto negativo que las políticas económicas nacionales están teniendo en nuestra provincia, en la producción, el empleo y la vida cotidiana de las familias”, afirmó Manzur.

El exgobernador también señaló que trasladó a Cristina Kirchner las inquietudes que, según indicó, viene recogiendo durante las recorridas que realiza por distintas localidades tucumanas.

“También compartí con Cristina lo que escuchamos en cada recorrida por la provincia: la preocupación de trabajadores, jubilados, comerciantes, productores y estudiantes frente a una realidad económica cada vez más difícil”, sostuvo.
La visita se produjo mientras Cristina Kirchner continúa cumpliendo prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad. La condena quedó firme en junio de 2025, luego de que la Corte Suprema rechazara los recursos contra la sentencia.

Esta semana, el Tribunal Oral Federal N° 2 resolvió mantener la modalidad domiciliaria luego de evaluar los controles realizados entre junio y septiembre y determinar que la exmandataria cumplió las condiciones impuestas para la ejecución de la pena.

Durante las últimas semanas, el senador profundizó sus recorridas por distintos puntos de la provincia y mantuvo encuentros con vecinos, dirigentes y referentes territoriales, mientras crecen las versiones sobre una eventual candidatura suya a gobernador en 2027.

El propio Manzur evitó hasta ahora realizar un lanzamiento formal. Sin embargo, cuando fue consultado en agosto sobre la posibilidad de volver a competir por la Gobernación respondió que “uno siempre tiene ganas”, aunque consideró “muy prematuro” hablar de candidaturas y aseguró que su prioridad pasa por recorrer la provincia y escuchar los problemas de los tucumanos.

Ese movimiento territorial ya forma parte de la disputa interna que atraviesa al peronismo provincial. El gobernador Jaldo llegó incluso a desafiar públicamente a su antecesor a competir en las elecciones del próximo año. “Yo quiero verlo a Manzur el 9 de mayo del año 2027 en las urnas, compitiendo con Osvaldo Jaldo”, afirmó el mandatario a comienzos de septiembre.

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