Con la extensión de la cuarentena y los impactos que esta parálisis de la mayoría de las actividades está generando en la sociedad, el Gobierno ya tiene decidido que extenderá, en principio hasta fin de junio, la norma que fijó precios máximos a 2.300 productos de la canasta de consumo masivo.

La resolución 100 que fijó valores máximos y obligó a retrotraer los precios a los vigentes al 6 de marzo fue publicada el 20 de marzo y prorrogada por la 117 el 18 de abril, a pesar de los reclamos de los empresarios sobre la necesidad de hacer ajustes por los aumentos de costos registrados desde el momento del congelamiento. La semana que viene vuelve a vencer el plazo y, a pesar de los reiterados reclamos de las compañías, la decisión de la Secretaría de Comercio Interior, que dirige Paula Español, está tomada: volverán a extenderlo hasta fin del mes próximo.

Los empresarios de la alimentación, nucleados en la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) se reunieron ayer de forma virtual -como es usual en medio de la pandemia- y resolvieron pedir una nueva reunión con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que podría realizarse en las próximas horas. En ese encuentro, un empresario barajó la posibilidad de que se pida una actualización general de 5%, pero finalmente quedó descartada, ya que cada firma tiene aumentos de costos diferentes y, de hecho, se los están informando de forma individual al Gobierno.

“Nosotros en la Secretaría estamos trabajando sobre el tema para ver cómo evoluciona y hacia finales de la semana tomar una decisión, teniendo en cuenta que se trata de una política transitoria en la coyuntura que se va analizando día a día”, dijo esta semana Español en declaraciones televisivas. Y agregó: «Creo que hay que tener en cuenta que, más allá de situaciones particulares de la empresa, el sector de alimentos e higiene personal ha logrado mantener sus ventas durante todo este período que el resto de la economía estuvo cerrada”.

Durante la última reunión que mantuvieron a fines de abril con Kulfas, los directivos de Copal, encabezados por su presidente, Daniel Funes de Rioja, plantearon que la industria había sufrido un aumento de costos importante producto de los problemas logísticos que la cuarentena ocasionó; restricciones de financiamiento; y del mayor personal (eventual) que las firmas tuvieron que contratar por las personas que debieron ausentarse por ser de riesgo.

En esa ocasión, el planteo del ministro fue que le acerquen los incrementos que habían tenido, por empresa, y que los analizarían, pero la única solución no puede ser trasladar a precios esas subas. Además, les remarcó que el país se encuentra en una situación en la que todos los sectores afrontan problemas y que, en este contexto, el sector de la alimentación no sólo trabajó durante la pandemia, sino que facturó y cobró, recordaron fuentes oficiales.

Consultado al respecto, Funes de Rioja le dijo a Infobae que “hay conversaciones empresa por empresa con el Gobierno”, ya que “hay incidencia por mayores costos”. El titular de Copal se refirió a la devaluación desde diciembre a la actualidad, que superó el 10%, subas de insumos (distintos en cada sector); incrementos salariales, que oscilan entre 18% y 21,5% desde enero a abril; y un promedio de dotación no utilizada por estar bajo licencia del orden del 30%, lo que lleva a las industrias a contratar trabajadores eventuales o sumar horas extras.

“La posición de Copal es que hay un impacto en los costos que no se ha visto compensado por volumen, porque el nivel de actividad del sector ronda el 50 por ciento. Por ejemplo, en el caso de los productos de consumo impulsivo, tienen actividad muy reducida», afirmó Funes de Rioja.