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Ex juez salteño va preso 13 años por favorecer a narcos

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El ex juez federal de Orán, Salta, Raúl Reynoso fue condenado anoche a la pena de 13 años de prisión efectiva. El tribunal lo halló culpable en siete de las causas que lo llevaron a juicio por los delitos de concusión y prevaricato, aunque no por asociación ilícita.

En líneas generales, Reynoso llegó a juicio por cobrar coimas o para favorecer a narcotraficantes con resoluciones judiciales.

Junto a él fueron condenados, además, la abogada oranense María Esper como partícipe necesario en los mismos delitos a la pena de 10 años de prisión efectiva, en ese orden el abogado Antonio Valor fue condenado a la pena de 4 años de prisión efectiva también por esa figura legal y, a partir de allí, el indubio pro reo favoreció al exprocurador de la Provincia René Gómez y a los otros imputados, quienes fueron absueltos por el beneficio de la duda.

Al exjuez Reynoso también le aplicaron una inhabilitación para ejercer cargos en la Justicia por el término de 35 años, mucho más que cualquier expectativa de vida.

La audiencia

La audiencia comenzó a las 8.30 y culminó más de 15 horas después, pasadas las 11 de la noche, cuando se dio a conocer el veredicto.

Reynoso realizó un puntilloso análisis de las causas por las que llegó a este juicio oral y público, que comenzó el 4 de septiembre de 2017. Durante la audiencia de ayer dijo, por ejemplo, “ustedes están demostrando otro tipo de ejercicio de la magistratura”, expresó el exjuez al dirigirse a los miembros del tribunal que lo juzga, y agregó que sus sentencias son “razonadas, para mi beneplácito, la seguridad jurídica de cualquier ciudadano y la tranquilidad de mi familia”.

Además de Reynoso (59), en el banquillo de los acusados estuvieron los abogados María Elena Esper (73), Ramón Valor (54), Arsenio Eladio Gaona (55) y René Gómez (79); el jefe de despacho del juzgado, Miguel Ángel Saavedra (57); el ordenanza César Aparicio (60) y su hermana, Rosalía Aparicio.

Durante la jornada última, Reynoso, que insistió en la falta de pruebas, analizó siete de las nueve causas por las que llegó a juicio, y en todas pidió su absolución lisa y llana, pero cuando evaluaba la octava causa, tras más de ocho horas de exposición, la audiencia pasó a un cuarto intermedio.

Los alegatos del exmagistrado comenzaron el 25 de febrero pasado, cuando en más de cinco horas planteó una serie de nulidades y le pidió a los jueces que, “si no hay pruebas, como sucede en este juicio, el camino es la absolución lisa y llana o si no por el beneficio de la duda”.

Ante los jueces Federico Díaz, Gabriel Eduardo Casas y Carlos Jiménez Montilla, el imputado dijo que no se lograron encontrar propiedades muebles ni inmuebles, ni tampoco el dinero que se lo acusó de recibir por favorecer a narcotraficantes con resoluciones judiciales.

Los alegatos de este juicio comenzaron en la última audiencia de diciembre de 2018, antes de la feria, cuando el fiscal federal Carlos Amad pidió 25 años de prisión para Reynoso como “autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe u organizador, en concurso real con concusión (exigir el pago de una contribución) y este último en concurso ideal con prevaricato”.

Además, Amad solicitó 20 años de prisión para Esper; 18 para Gómez y Gaona; 14 para Valor y Saavedra, y 10 para César Aparicio, mientras que para Rosalía Aparicio solicitó una condena de 2 años.

En tanto, el querellante Carlos Garmendia pidió que el exjuez federal de Orán sea castigado con 18 años de prisión.

Más de 200 testigos pasaron por este juicio, al que Reynoso llegó procesado por el juez federal 1 de Salta, Julio Bavio, quien consideró que esta organización fue montada, coordinada y encabezada por el exmagistrado y funcionó en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, del norte salteño, al menos desde el 19 de marzo de 2010.

Ayer Reynoso desandó prácticamente toda la acusación, pero no pudo revertir lo que estaba ya señalado, al menos en la opinión pública.

Aunque sorprendió finalmente que la mitad de los cargos fueran rebatidos y que el pedido fiscal solo tuvo eco en dos del total de los acusados.

Fuente El Tribuno

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Fuerte cruce entre «El Militar» Sosa y sus defensores antes de la audiencia

Sosa y sus abogados defensores, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, protagonizaron una fuerte discusión.

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La novena audiencia del juicio oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez arrancó con un episodio de alta tensión. Antes de que comenzara formalmente el debate, el imputado Felipe «El Militar» Sosa y sus abogados defensores, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, protagonizaron una fuerte discusión dentro de una de las oficinas de la sala de juicio.

Según pudo observarse, la situación generó sorpresa entre las partes que aguardaban el inicio de la jornada, quienes quedaron sorprendidos por el elevado tono de voz que utilizaron durante el altercado.

Si bien los motivos del cruce no trascendieron oficialmente, se presume que la discusión estuvo vinculada a la tarea y la estrategia que están llevando adelante los propios defensores del acusado.

A pesar del tenso momento, el juicio continuó con normalidad y se reinició sin mayores contratiempos, según publica La Gaceta. Sin embargo, el clima entre el acusado y sus representantes legales quedó marcado por el incidente: durante el resto de la audiencia, Sosa y sus abogados no se dirigieron la palabra en ningún momento.

Además, se pudo notar un mayor celo por parte de los custodios, que se mantuvieron a escasos centímetros del imputado durante todo el desarrollo de la jornada.

«El Militar» es un exintegrante del Ejército Argentino y de la Legión Extranjera francesa, un cuerpo militar reconocido por su exigente formación. Es considerado un hombre de temer en ciertos círculos.

Desde que fue detenido en Buenos Aires, se encuentra alojado en el penal de Benjamín Paz. Su defensa viene denunciando desde hace meses que permanece prácticamente aislado y que solo puede salir de su celda tres veces al día.

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Preocupación por la proliferación de hechos de vandalismo contra alumbrado público y el robo de cables

Solo entre agosto y octubre de 2026, se registraron más de 100 actos delictivos relacionados a la destrucción de instalaciones eléctricas y sustracción de diferentes elementos que generaron un perjuicio de $ 50 millones a la administración municipal. D

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La Municipalidad de San Miguel de Tucumán, desde su Dirección de Alumbrado y Semáforos, acusó una creciente espiral de hechos de vandalismo contra la red de alumbrado público y el robo de cables. Estos hechos, además de ser un delito, afectan a miles de vecinos.

Solo entre agosto y octubre de este año, fueron registrados más de 100 hechos delictivos relacionados a la destrucción de instalaciones eléctricas y sustracción de elementos, con un perjuicio económico contra la administración pública calculado en $ 50 millones.

Esto se desprende de un informe encargado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán a Lesko, empresa a cargo del servicio de mantenimiento del alumbrado público y semaforización en la capital. En el mismo se detallan la magnitud de los daños ocasionados, el material afectado, el impacto sobre el patrimonio municipal y el costo que insume la reparación y puesta en funcionamiento del sistema atacado

Todo esto fue ratificado por el director de Alumbrado y Semáforos del Municipio, Sergio Gao, quien detalló que se produjeron robos de cables, tableros y otros elementos correspondientes al alumbrado público, los cuales afectaron a diferentes zonas de la ciudad capital.

Los hechos de vandalismo fueron registrados durante los recorridos de control que realiza el personal de las cuadrillas de mantenimiento y, en algunos casos, fueron detectados a tiempo por personal del Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COMM) con apoyo de la Patrulla de Prevención Ciudadana (PPC).

Informe y denuncia policial

Frente a la preocupación por los actos de vandalismo sobre el sistema de alumbrado público que afectan gravemente la prestación del servicio a los vecinos, desde el Municipio se cursó una denuncia en sede policial para lograr identificar a los autores de una serie de delitos contra estos bienes públicos.

Tras una recorrida por Barrio Sur, una de las zonas afectadas por los robos, Sergio Gao señaló con preocupación que los actos de vandalismo se han incrementado notablemente en los últimos meses, afectando de manera severa el servicio eléctrico en sectores completos de la ciudad.

Para combatir esta problemática, desde la municipalidad instan a la ciudadanía a reportar actividades sospechosas de forma inmediata a través del sitio web o mediante un llamado al número de 24 horas los 365 días del año, 381 22 4432. Allí, explicó el funcionario, un centro de reclamo recibirá la denuncia y derivará el caso a una guardia de la base operativa, disponible de manera ininterrumpida durante todo el año.

“En nuestros cálculos vamos reponiendo casi 2000 m de cable y esto es una inversión muy importante para la municipalidad, porque no es solo el precio del cable, sino que hay que poner la mano de obra y equipo para reinstalarlo y restablecer el servicio. Calculamos que la inversión para estas reparaciones es de $ 50 millones de pesos aproximadamente”, aseguró.

“Reponer los miles de metros de conductores sustraídos representa un desafío económico considerable para el gobierno local, ya que implica destinar cuantiosos recursos financieros tanto a la adquisición de materiales como al despliegue de personal y maquinaria especializada. La pérdida constante de infraestructura no solo deja a oscuras a vecindarios completos, sino que también desvía fondos públicos esenciales que podrían utilizarse para continuar mejorando el bienestar de la comunidad”.

De acuerdo a la denuncia del funcionario municipal, el relevamiento técnico, cuantitativo y descriptivo elaborado por la empresa Lesko da cuenta de una serie de hechos de vandalismo que se encuadran en los delitos de Hurto, Robo Calificado y Daño Agravado a Bienes de Dominio Público.

En el detalle del informe, que abarca el período entre agosto y octubre, el jefe de Mantenimiento de Alumbrado Público identificó las siguientes modalidades delictivas:

  • Sustracción de cables de cobre y aluminio.
  • Sustracción y destrucción de artefactos de iluminación (luminarias viales LED, farolas de plazas y paseos y proyectores en predios deportivos).
  • Sabotaje a puestos de encendido y tableros: apertura violenta de tapas de registro de pie de columna, corte de borneras, destrucción de térmicas y manipulación de llaves para dejar zonas a oscuras.
  • Daño estructural a infraestructura: derribo, fractura y aplastamiento de postes de madera y columnas metálicas para sustracción de cobre.

Impacto patrimonial

En total, se registraron 105 eventos delictivos en distintos puntos de la ciudad capital, afectando de manera crítica la seguridad pública y el patrimonio municipal.

De ese total de ilícitos denunciados, 91 casos fueron normalizados con la intervención de la empresa Lesko, que se encargó de las reparaciones de emergencia y restitución del servicio. Otros tres casos se encuentran en estado de intervenciones programadas, es decir, cursando el proceso de reposición de cableado e insumos sustraídos.

Por otro lado, 11 hechos denunciados corresponden a obras mayores por daños severos, donde la infraestructura sufrió destrucción total o robo masivo.

De acuerdo con estimaciones de la dirección, el monto total que representan las reparaciones sobre el patrimonio vandalizado asciende a los $ 50 millones. Dicho gasto sólo comprende los meses de agosto, septiembre y octubre.

Materiales sustraídos

  • 2.577 m de cable aéreo
  • 1.204 m de cable de acometida
  • 189 m de cable subterráneo
  • 108 unidades de luminarias y farolas LED
  • 32 unidades de luminarias convencionales
  • 9 unidades de soportes estructurales
  • 18 unidades de brazos pescantes
  • 41 unidades de tapas de registro y borneras
  • 282 unidades de herrajes y conectores

Concentración geográfica de los hechos denunciados

  • Urbanización Este: 29 casos en total (25 resultados; 4 pendientes o en obra)
  • Urbanización Norte: 19 casos (18 resueltos; 1 pendiente)
  • Este: 15 casos (todos resueltos)
  • Norte: 14 casos (11 resultados; 3 pendientes o en obra)
  • Urbanización Oeste: 10 casos (8 resultados; 2 pendientes o en obra)
  • Oeste: 10 casos (6 resueltos; 4 pendientes o en obra)
  • Centro: 1 caso (resuelto)
  • Sin zona asignada: 7 casos (todos resueltos)

Zonas con mayor registro de daños

  • Complejo Muñoz (Juan B. Justo y Francisco de Aguirre): Vandalismo sobre el predio deportivo y plaza; robo de reflectores y cableado subterráneo.
  • Yamandú Rodríguez 27: Destrucción y daño severo sobre columnas; sustracción de cables y luminarias LED.
  • Francisco de Aguirre 855: Derribo de poste de alumbrado público; sustracción de cables y luminarias.
  • Pérez Palavecino e/ Gorriti y G. Helguera / Pérez Palavecino 100: Robo de cable piloto; sustracción de brazos y luminarias.
  • Magallanes e/ Pueyrredón y Constitución (Plaza) / Pasaje Magallanes: Robo de cables aéreos, farolas y brazos con luminarias LED.
  • Lucas Córdoba 1.251: Caída y robo de postes completos y sus respectivas luminarias; robo de cable preensamblado.
  • Beretta e/ L. Quinteros y A. Rougés: Sustracción de cable preensamblado, brazo pescante y luminarias LED.
  • Barrio Mutual Policial (Manzana 3, casa 39 – pasillos): Desmantelamiento total de infraestructura en pasaje sin salida; faltante completo de postes, columnas y tendido aéreo.

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Por el envenamiento masivo de perros allanaron una vivienda en El Cadillal

Efectivos de Delitos Rurales y Ambientales irrumpieron en un domicilio del barrio Villa del Parque. Secuestraron insecticidas, fertilizantes, un rifle de aire comprimido 5,5 y notificaron al sospechoso por orden de la Fiscalía de Delitos Complejos.

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La causa que investiga el trágico envenenamiento de al menos 19 perros en El Cadillal registró un avance decisivo en las últimas horas. Tras las denuncias presentadas por los vecinos de la villa turística, efectivos de la Dirección General de Delitos Rurales y Ambientales de la Policía de Tucumán ejecutaron una medida de allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Villa del Parque, dispuesta por las autoridades judiciales intervinientes.

Químicos, pesticidas y un arma secuestrada

Durante la irrupción en el domicilio, los uniformados procedieron al secuestro de un rifle de aire comprimido calibre 5,5, balines, una importante cantidad de fertilizantes e insecticidas de distintas marcas, así como diversos productos químicos y elementos de alto interés para la causa. La medida policial incluyó la apertura forzada de los accesos y la inspección minuciosa de cada uno de los ambientes de la propiedad.

Posteriormente, la Fiscalía de Delitos Complejos dispuso la incautación de todo el material encontrado y ordenó notificar formalmente a una persona vinculada al inmueble sobre la apertura de la investigación. Cabe recordar que el caso se precipitó luego de que filmaciones de cámaras de seguridad privada mostraran el paso reiterado de una camioneta desde la cual se arrojó cebo contaminado, desencadenando la muerte de mascotas familiares y caninos comunitarios en la zona.

 

 

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