El ex juez federal de Orán, Salta, Raúl Reynoso fue condenado anoche a la pena de 13 años de prisión efectiva. El tribunal lo halló culpable en siete de las causas que lo llevaron a juicio por los delitos de concusión y prevaricato, aunque no por asociación ilícita.

En líneas generales, Reynoso llegó a juicio por cobrar coimas o para favorecer a narcotraficantes con resoluciones judiciales.

Junto a él fueron condenados, además, la abogada oranense María Esper como partícipe necesario en los mismos delitos a la pena de 10 años de prisión efectiva, en ese orden el abogado Antonio Valor fue condenado a la pena de 4 años de prisión efectiva también por esa figura legal y, a partir de allí, el indubio pro reo favoreció al exprocurador de la Provincia René Gómez y a los otros imputados, quienes fueron absueltos por el beneficio de la duda.

Al exjuez Reynoso también le aplicaron una inhabilitación para ejercer cargos en la Justicia por el término de 35 años, mucho más que cualquier expectativa de vida.

La audiencia

La audiencia comenzó a las 8.30 y culminó más de 15 horas después, pasadas las 11 de la noche, cuando se dio a conocer el veredicto.

Reynoso realizó un puntilloso análisis de las causas por las que llegó a este juicio oral y público, que comenzó el 4 de septiembre de 2017. Durante la audiencia de ayer dijo, por ejemplo, “ustedes están demostrando otro tipo de ejercicio de la magistratura”, expresó el exjuez al dirigirse a los miembros del tribunal que lo juzga, y agregó que sus sentencias son “razonadas, para mi beneplácito, la seguridad jurídica de cualquier ciudadano y la tranquilidad de mi familia”.

Además de Reynoso (59), en el banquillo de los acusados estuvieron los abogados María Elena Esper (73), Ramón Valor (54), Arsenio Eladio Gaona (55) y René Gómez (79); el jefe de despacho del juzgado, Miguel Ángel Saavedra (57); el ordenanza César Aparicio (60) y su hermana, Rosalía Aparicio.

Durante la jornada última, Reynoso, que insistió en la falta de pruebas, analizó siete de las nueve causas por las que llegó a juicio, y en todas pidió su absolución lisa y llana, pero cuando evaluaba la octava causa, tras más de ocho horas de exposición, la audiencia pasó a un cuarto intermedio.

Los alegatos del exmagistrado comenzaron el 25 de febrero pasado, cuando en más de cinco horas planteó una serie de nulidades y le pidió a los jueces que, “si no hay pruebas, como sucede en este juicio, el camino es la absolución lisa y llana o si no por el beneficio de la duda”.

Ante los jueces Federico Díaz, Gabriel Eduardo Casas y Carlos Jiménez Montilla, el imputado dijo que no se lograron encontrar propiedades muebles ni inmuebles, ni tampoco el dinero que se lo acusó de recibir por favorecer a narcotraficantes con resoluciones judiciales.

Los alegatos de este juicio comenzaron en la última audiencia de diciembre de 2018, antes de la feria, cuando el fiscal federal Carlos Amad pidió 25 años de prisión para Reynoso como “autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe u organizador, en concurso real con concusión (exigir el pago de una contribución) y este último en concurso ideal con prevaricato”.

Además, Amad solicitó 20 años de prisión para Esper; 18 para Gómez y Gaona; 14 para Valor y Saavedra, y 10 para César Aparicio, mientras que para Rosalía Aparicio solicitó una condena de 2 años.

En tanto, el querellante Carlos Garmendia pidió que el exjuez federal de Orán sea castigado con 18 años de prisión.

Más de 200 testigos pasaron por este juicio, al que Reynoso llegó procesado por el juez federal 1 de Salta, Julio Bavio, quien consideró que esta organización fue montada, coordinada y encabezada por el exmagistrado y funcionó en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, del norte salteño, al menos desde el 19 de marzo de 2010.

Ayer Reynoso desandó prácticamente toda la acusación, pero no pudo revertir lo que estaba ya señalado, al menos en la opinión pública.

Aunque sorprendió finalmente que la mitad de los cargos fueran rebatidos y que el pedido fiscal solo tuvo eco en dos del total de los acusados.

Fuente El Tribuno