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Policiales

En un megaoperativo detienen a tres miembros de una peligrosa banda que perpetró violentos robos en toda la provincia

Durante las primeras horas de este viernes se realizaron nueve allanamientos en distintos puntos de la capital. Además de las detenciones, se concretaron tres aprehensiones y el secuestro de numerosas armas de fuego, vehículos, dólares y joyas.

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Tres detenciones, tres aprehensiones e importantes secuestros fue el corolario del megaoperativo realizado este viernes 26 de noviembre, a partir de la madrugada, dirigido por el Ministerio Fiscal a requerimiento de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, a cargo de Diego López Ávila, en trabajo conjunto con la Policía.

El procedimiento comprendió nueve allanamientos en San Miguel de Tucumán, con resultados altamente positivos.

Las medidas judiciales se concretaron tras una ardua tarea de investigación a una peligrosa banda dedicada a realizar violentos robos en toda la provincia (al menos ocho hechos ya han sido probados).

Dicha organización delictiva contaba con valiosos recursos humanos, información previa de dónde golpear, distribución de tareas, medios de movilidad y tecnología suficiente para concretar sus hechos. Estaba integrada al menos por 10 personas, entre hombres y mujeres, todos con frondoso prontuario judicial.
La UFI de Robos y Hurtos I comenzó a investigar a partir de un robo cometido en la noche del 24 de diciembre del año pasado, cuando al menos 7 delincuentes fuertemente armados ingresaron a un edificio de calle Monteagudo al 700 de esta capital, reduciendo violentamente al empleado de seguridad y amenazándolo con armas de fuego. Luego se dirigieron a un departamento que sabían que se encontraba sin moradores y de allí sustrajeron una importante suma de dinero en dólares, euros, joyas y medallas de oro.

Derretían el oro

“Esta investigación duró mucho tiempo, once meses de escuchas telefónicas en donde fuimos determinando las distintas personas implicamos. Hablamos de una banda que tenía una complejidad y una organización muy elevada. Hasta tal punto que, no sólo contaban con armas de fuego y todo lo que hace a la logística de armamento y medios de movilidad, sino también con una persona que derretía en oro las joyas que robaban para que no puedan ser identificadas y otro sujeto que al efectivo o las pertenecías sustraídas inmediatamente las transformaba en dinero o hacía inversiones en bitcoins y en bolsa. Había una inteligencia de una naturaleza inesperada para lo que son las investigaciones locales”, expresó López Ávila.
Asimismo, el fiscal agregó: “El resultado de los allanamientos fue absolutamente inesperado para nosotros, porque no solamente dimos con los autores del hecho identificado, sino que también nos encontramos con un armamento enorme. Generalmente ingresaban a casas de familia de manera muy violenta y siempre con un número grande de personas, que luego se repartían grandes ganancias”.
“Es importante destacar la profesionalidad con la que se trabajó. Hubo un profundo hermetismo en una investigación de 11 meses, que no es fácil mantenerlo y acá no hubo ningún tipo de filtración, de hecho el éxito de la investigación habla por sí solo”, espetó.

Tenciones y secuestros

En total este viernes se llevaron a cabo 9 allanamientos en varios domicilios, como por ejemplo en Fortunata García al 1500, pasaje Japón al 1600, Lavalle al 900, La Rioja al 1600 y Marco Avellaneda al 1500. El resultado del procedimiento, en el que actuó personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF y más de 100 efectivos policiales, arrojó resultados sumamente positivos: se detuvo a tres sujetos (ya tenían orden de detención) y se aprehendió a otros tres, entre los que se encuentra una mujer.
A su vez, según confirmaron las autoridades del MPF, se secuestraron al menos 8 armas de fuego, tumberas y cartuchos de distintos calibres; tres automóviles y dos motocicletas; $300.000 en efectivo, dólares; cadenas, joyas y relojes; teléfonos celulares; dispositivos electrónicos; alta tecnología para realizar millonarias operaciones con criptomonedas; documentación; vestimenta; entre otros elementos relevantes para la causa.
Cabe subrayar que una fracción de este grupo delictivo ya se encuentra detenida y tras las rejas, en el marco de otra investigación llevada a cabo por la misma UFI, tratándose en ese caso del robo agravado de una farmacia ubicada en avenida Alem al 2.000.

Invertían lo robado en criptomonedas

La particularidad que presentaba esta organización es la modalidad utilizada para invertir el dinero sustraído. La misma constaba con el asesoramiento de un financista, quien por medio de operaciones virtuales, de arbitraje y en inversiones en Forex (mercado de divisas), adquiría criptomonedas con el fin de generar mayores ganancias para la banda.

La investigación

Siguiendo disposiciones del fiscal López Ávila, la Dirección de Análisis Criminal del ECIF afrontó una extensa y prolija investigación con la activa participación y colaboración de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Capital. A los fines de llevar adelante la pesquisa, durante 11 meses se analizaron filmaciones de cámaras de seguridad, se realizaron trabajos de calle, análisis de llamadas y escuchas telefónicas, entre otras tareas investigativas.
Esto permitió establecer que la organización delictiva contaba con diversos recursos, como ser armas de fuego; medios de movilidad (automóviles y motos); indumentaria para pasar desapercibidos; elementos para reducir o inmovilizar a sus víctimas (precintos y cuerdas); herramientas para violentar puertas, ventanas, cerraduras y candados; dinero en efectivo; medios de comunicación (telefonía celular y redes sociales); y otros medios necesarios para llevar a cabo sus delitos.

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Peritos desmintieron supuestos problemas mentales de “El Militar” Sosa

La querella encabezada por Carlos Garmendia denunció que la postura de los defensores busca dilatar el proceso.

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Las audiencias por el crimen de Érika Antonella Álvarez atraviesan jornadas de creciente rispidez en los tribunales tucumanos. En las últimas sesiones, el debate se centró en el estado de salud mental del principal imputado, Felipe “El Militar” Sosa, luego de que sus abogados defensores, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, solicitaran la revisión médica de su asistido argumentando que no se encontraba en condiciones psíquicas de continuar en el proceso a causa del desgaste del encierro y presuntas amenazas recibidas.

Frente al planteo, el tribunal dispuso la realización de un examen médico inmediato con presencia de un perito de parte. Sin embargo, los resultados de la evaluación fueron categóricos al certificar que Sosa está ubicado en tiempo y espacio y cuenta con plena capacidad para comprender la criminalidad de sus actos, descartando de plano cualquier cuadro de inimputabilidad o motivo de suspensión del debate según el Código Procesal Penal.

Cuestionamientos de la querella y estrategia defensiva

La resolución médica encendió el malestar de la querella representada por Carlos Garmendia, quien no dudó en calificar las maniobras de la defensa como un intento por instalar un relato exculpatorio. De acuerdo con la hipótesis planteada por los defensores Cosiansi y Flores, el hecho habría ocurrido de manera accidental y el acusado habría intentado deshacerse del cuerpo por temor a represalias de la expareja de la víctima.

“Pretendieron hacer creer que tiene problemas para estar en el juicio. El informe de los médicos que lo atendieron es categórico: no tiene ningún problema. Fin de la discusión”, aseveró Garmendia al evaluar los dictámenes técnicos incorporados al expediente. Durante las últimas audiencias, lejos de mostrarse desorientado, a Sosa se lo observó siguiendo atentamente las declaraciones testimoniales y manteniendo permanente diálogo con sus letrados y con Jorge “Chicho” Díaz, su excolaborador imputado por encubrimiento.

El encuadre legal y las pericias en el proceso

El marco procesal vigente establece causales estrictas para la suspensión de un juicio oral: la acreditación fehaciente de un trastorno mental que impida la comprensión de los actos procesales mediante junta médica y la consecuente declaración judicial de incapacidad. Al no haberse verificado ninguna de estas circunstancias, los magistrados ordenaron la continuidad del debate.

En el fuero penal local se señaló además que el Ministerio Público suele requerir la intervención de profesionales del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) ante este tipo de incidencias, los cuales coincidieron en ratificar la aptitud de “El Militar” Sosa para continuar respondiendo por el femicidio de la joven tucumana. /Los Primeros

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Murió un motociclista de 43 años tras colisionar con un auto en avenida Siria y Bolivia

Jorge Mauricio Machado, de 43 años, murió este martes alrededor de las 18.45 luego de protagonizar un choque entre su moto y un Toyota Etios en la esquina de las avenidas Siria y Bolivia, en San Miguel de Tucumán.

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Un motociclista identificado como Jorge Mauricio Machado, de 43 años, falleció este martes, alrededor de las 18.45, tras un choque en la intersección de las avenidas Siria y Bolivia, en la zona norte de San Miguel de Tucumán.

Los vehículos involucrados

La víctima circulaba en una motocicleta Honda GLH 150 y colisionó con un Toyota Etios que conducía una mujer. Como consecuencia del impacto, Machado perdió la vida.

Por el momento no se difundieron más detalles sobre la mecánica del choque.

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Imputaron a un tractorista por un trágico siniestro vial en la Ruta 308

Un hombre perdió la vida en el lugar y otros dos conductores resultaron con lesiones tras un choque en cadena provocado por carros agrícolas que circulaban sin luces ni elementos refractarios.

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Un tractorista fue imputado por el Ministerio Fiscal por un trágico siniestro vial registrado en la Ruta Provincial 308, en el que falleció William Leandro Graneros y resultaron lesionados Rubén Leonardo Exequiel Herrera y Alexis Nahuel Nieva. El hecho ocurrió en las primeras horas de la mañana del pasado 2 de septiembre, en una zona rural sin iluminación artificial.

Por requerimiento de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, subrogada por Carlos Sale, se llevó a cabo la audiencia de formalización de la investigación, formulación de cargos y solicitud de medidas cautelares. En representación del MPF intervino la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi.

De acuerdo con la acusación fiscal, el pasado 2 de septiembre, alrededor de las 07:00 horas, el acusado, identificado como Carlos Enrique Oyola, conducía un tractor Massey Ferguson rojo por el carril sur de la Ruta Provincial 308, de oeste a este, a la altura del kilómetro 30, en el paraje Campo Bello (jurisdicción de la Comisaría de Juan Bautista Alberdi).

El vehículo traccionaba tres carros playos color naranja oxidado, sin marca ni dominio, que circulaban sin el sistema de iluminación reglamentario en sus partes anterior, lateral y posterior, así como también sin luces ni cintas retro reflectivas. Estas condiciones, sumadas a la falta de alumbrado público y la visibilidad reducida de la zona, impidieron que el conductor de un furgón Mercedes Benz Sprinter que circulaba por detrás y en el mismo sentido pudiera divisar la formación a tiempo.

El furgón, al mando de Rubén Leonardo Exequiel Herrera y acompañado por Alexis Nahuel Nieva, colisionó de lleno contra la parte posterior del último carro. Producto del fuerte impacto, el furgón invadió el carril contrario (norte) e impactó de frente contra una camioneta Fiat Strada Adventure negra que circulaba de este a oeste, conducida por William Leandro Graneros.

En tanto, Oyola continuó la marcha con el tractor y los tres carros hasta detenerse en un camino alternativo sobre el margen sur de la ruta. Como consecuencia del siniestro, Graneros falleció en el lugar producto de un traumatismo encéfalocraneano (TEC) grave con politraumatismos severos.

Por su parte, Nieva sufrió una fractura mediodiafisaria desplazada de fémur derecho que requirió intervención quirúrgica con osteosíntesis (con un tiempo de curación e inutilidad laborativa superior a los 30 días), mientras que Herrera resultó con traumatismo cerrado de tórax y policontusiones (con un tiempo estimado de curación de 28 días y 14 de inutilidad laborativa).

Imputación y medidas cautelares

La Fiscalía atribuyó a Carlos Enrique Oyola la calificación jurídica de autor del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, en concurso ideal con lesiones culposas.
Para garantizar la sujeción del imputado al proceso y el correcto avance de la investigación, la representante del Ministerio Fiscal solicitó la imposición de medidas de menor intensidad, consistentes en reglas de conducta, fijar domicilio y someterse al proceso.

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