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Política

El Tribunal de Cuentas amplía denuncia por transferencias tardías de la Caja Popular al Siprosa

Los vocales del Tribunal remarcaron que la conducta de la CPA tuvo un impacto directo sobre los fondos previstos por ley para la atención sanitaria de los tucumanos, afectando recursos de “destino específico y de jerarquía constitucional”

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El Tribunal de Cuentas (TC) se pronunció nuevamente sobre un conflicto que mantiene la Caja Popular de Ahorros (CPA) con el Sistema Provincial de Salud (Siprosa), por supuestos incumplimientos legales de transferir mensualmente el 25% del resultado bruto del sector juegos al sistema sanitario. El organismo de contralor dispuso ampliar una denuncia penal iniciada el año pasado contra las autoridades de la entidad financiera, al considerar que unos pagos efectuados en 2024 y 2025 fueron tardíos, unilaterales y sin convalidación, lo que -según el TC- refuerza las sospechas de una posible retención indebida de fondos públicos.

 

El ente control que integran Miguel Chaiben Terraf (presidente), Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal emitió el 11 de noviembre de 2025 el Acuerdo N° 5.183, el cual surge en el marco de un juicio de responsabilidad que se inició en junio de 2024 (Acuerdo N° 2.492). Por entonces, el Tribunal había aprobado una auditoría que detectó “graves incumplimientos” en las transferencias previstas por los artículos 21 y 21 bis de la Carta Orgánica de la CPA (Ley N° 5.115 y sus modificatorias). Esa auditoría concluyó que, entre 2020 y 2023, la entidad financiera no acreditó en tiempo y forma los fondos que correspondían al Siprosa, generando una deuda estimada en más de $3.381 millones.

 

Como consecuencia, el TC ordenó entonces iniciar un proceso de responsabilidad contra el interventor de la CPA, José César Díaz, y poner en conocimiento de la Justicia Penal los hechos por la posible comisión de delitos como violación de deberes de funcionario público o malversación de caudales públicos.

 

Pagos posteriores

En el nuevo pronunciamiento, Chaiben Terraf, Díaz Ricci y Vidal incorporó la información enviada por las autoridades del Siprosa, en la que se detalla que existieron pagos posteriores realizados por la Caja Popular: uno por $588,2 millones, el 12 de noviembre de 2024, y otro por $320,5 millones, el 27 de mayo de 2025. Sin embargo, ambos fueron efectuados sin la conformidad del organismo receptor y fuera del plazo legal, lo que impide considerarlos como una regularización válida de la deuda, según se plasmó.

 

Según los informes oficiales, las transferencias se realizaron sin verificar las bases de cálculo y afectando períodos distintos de los que habían sido reclamados por el Siprosa. La propia Contaduría General de la Provincia observó que la CPA dispuso el pago sin autorización, a pesar de que su propia resolución interna exigía contar previamente con la aprobación del organismo de salud. Consideró que fue un intento tardío con “el propósito de regularizar parcialmente la situación, sin someterse a los controles contables obligatorios”.

 

El TC, a su vez, advirtió que esta maniobra no subsana el incumplimiento original; de hecho, plasmó en el acuerdo que ratifica la existencia de una retención indebida de recursos públicos que debieron destinarse a la salud en un contexto de emergencia sanitaria, atravesado por la pandemia de Covid-19 y los brotes de dengue.

 

Los vocales del Tribunal remarcaron que la conducta de la CPA tuvo un impacto directo sobre los fondos previstos por ley para la atención sanitaria de los tucumanos, afectando recursos de “destino específico y de jerarquía constitucional”. Ante esta situación, el Acuerdo N° 5.183 resolvió remitir toda la información nueva a la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, ampliando la denuncia ya existente.

Hasta el momento, el interventor Díaz fue consultado por este tema, pero no emitió respuestas. / La Gaceta

Política

Nuevos videos de la mansión de Jésica Cirio y Martín Insaurralde: qué muestran las imágenes

Nuevas imágenes incorporadas a la causa judicial revelan cómo era la mansión de San Vicente antes del allanamiento de octubre de 2023 y aportan detalles sobre objetos de valor que ya no estaban cuando ingresó la Justicia.

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La causa que involucra a Jésica Cirio y Martín Insaurralde sumó nuevos videos que muestran el interior de la mansión de San Vicente y que permitirían comprobar que la propiedad fue “limpiada” antes del allanamiento del 24 de octubre de 2023, realizado tras el escándalo del Yategate con Sofía Clerici.

Las imágenes difundidas por un canal de noticias muestran distintos ambientes de la lujosa propiedad y permiten comparar el estado de la vivienda antes del procedimiento judicial con los elementos que posteriormente no fueron encontrados.

https://www.youtube.com/shorts/E68v4VhFhSo

Uno de los videos recorre el vestidor de Jésica Cirio, donde se observan una gran cantidad de prendas, más de 30 pares de zapatillas, más de 20 pares de zapatos y un espacio destinado al maquillaje conocido como glam room.

Otro registro muestra el playroom y el gimnasio, con una mesa de pool profesional, juegos infantiles, dos máquinas arcade, un flipper, una cinta para correr, un equipo elíptico y numerosas pesas.

También aparece el enorme living de la mansión, equipado con una puerta con huella digital, una pantalla gigante, sillones de lujo y una mesa con capacidad para 12 personas. Otro video permite observar un cuarto destinado a huéspedes, con baño privado, y una habitación adicional de menor tamaño.

Cámaras arrancadas y objetos que ya no estaban

Entre los elementos que forman parte de la investigación aparecen cámaras de seguridad arrancadas, cajones de vestidores vaciados, la grifería original de los baños, un billar, seis máquinas de gimnasia y unas tres docenas de pesas, entre otros objetos de valor.

Uno de los puntos que tomó relevancia en la causa es el vaciamiento de los cajones de los vestidores, ya que allí habrían estado guardados bolsos con dólares.

Agencia NA

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Política

Acevedo recibió a la Mesa de Diálogo Tucumán en la Legislatura

Representantes de distintos sectores de la sociedad civil plantearon una agenda de trabajo sobre acceso a la información pública, ludopatía, medio ambiente, educación, situación social y reforma política.

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El vicegobernador Miguel Acevedo recibió en la Legislatura a integrantes de la Mesa de Diálogo Tucumán, un espacio convocado por el arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Sánchez y la Pastoral Social, que reúne a representantes de distintos sectores de la sociedad.

Participaron del encuentro el padre José Abuín, Mónica Delgado, de la Pastoral Social del Arzobispado; Fedora Viviani, Silvia Iramain, Gustavo Salas Correa y Luis Assaf, quienes acercaron planteos y propuestas vinculados a distintos temas de interés para la comunidad tucumana.

La reunión permitió repasar una agenda de trabajo que incluye la reforma política, acceso a la información pública, la problemática de la ludopatía, cuestiones vinculadas al medio ambiente y la educación, la situación social y económica de las familias tucumanas y la reforma política.

Durante el encuentro también se puso en valor el funcionamiento del Foro de Ideas, una herramienta impulsada por la Legislatura para que ciudadanos y organizaciones puedan acercar propuestas sobre temas que consideren necesarios de abordar. Acevedo señaló que esta herramienta ya se encuentra en funcionamiento y que permite ampliar los canales de participación ciudadana, sumado al programa Legislatura en Diálogo, que acerca charlas de profesionales en distintas áreas de interés ciudadano para los tucumanos.

Acevedo destacó el carácter institucional del encuentro y el rol de la Legislatura como ámbito de escucha y construcción de consensos. “Hemos recibido en el día de la fecha a la mesa de diálogo en la Legislatura, reunido como hicimos en otras oportunidades, en el marco de esta Legislatura que dialoga, que escucha y que compatibiliza los temas que son de interés general de la población”, señaló.

Sobre la problemática de la ludopatía, explicó que se trabaja para avanzar en la plena aplicación de la ley y anunció una nueva instancia de debate: “Legislatura en diálogo va a estar para este tema y para todos los temas que la ciudadanía entienda que son pertinentes tratar”. Además, adelantó que el 3 de septiembre se realizará una actividad con especialistas en la materia, con la intención de convocar a todos los sectores involucrados.

El vicegobernador también se refirió a la reforma política y aclaró que, si bien el tema continúa formando parte de la agenda institucional, no será tratado antes de las próximas elecciones. “Es un tema no cerrado para la Legislatura, pero que en este año no se va a tratar. Habiéndose ya fijado la fecha de las próximas elecciones, sería una irresponsabilidad trabajar sobre un tema de esos”, sostuvo.

Al mismo tiempo, destacó uno de los avances concretados a partir de ese debate: “En estas elecciones, por primera vez en Tucumán, vamos a tener ficha limpia”. Y remarcó que la búsqueda de consensos continuará sobre otros temas planteados por la Mesa de Diálogo. “Es tiempo de buscar encuentros, o sea, basta de diferencias, podemos tener distintas miradas, pero tenemos que converger con esa distinta mirada a algo que sea positivo para la ciudadanía”, afirmó.

Por su parte, el padre José Abuín explicó que la reunión tuvo como objetivo poner en común distintos proyectos que la Mesa de Diálogo viene impulsando ante la Legislatura. Entre ellos destacó el acceso a la información pública: “Un proyecto es el acceso a la información pública”. El sacerdote remarcó la importancia de avanzar sobre una legislación específica y señaló que se trata de “uno de los temas delicados” para la sociedad.

Para nosotros ha sido una reunión altamente positiva, hemos podido expresar todo lo que nosotros venimos trabajando, pero también nos damos cuenta que tenemos que hacerlo mucho más seguido y con determinados tipos de comisiones de la Legislatura”, agregó.

Abuín valoró especialmente la posibilidad de plantear nuevamente las preocupaciones de la Mesa en torno a la reforma política y señaló que la incorporación de ficha limpia constituye un avance. “Nosotros hemos planteado una política que sea mucho más participativa y más creíble”, sostuvo.

También mencionó el trabajo realizado en materia ambiental y educacional, junto a otras propuestas que fueron acercadas a las distintas comisiones de la Cámara, con quienes hay un trabajado permanente, el cuál pidió seguir profundizándolo.

Mónica Delgado, representante de la Pastoral Social del Arzobispado, resaltó la amplitud de la representación que tiene la Mesa de Diálogo y explicó que está integrada por profesionales e instituciones de distintos ámbitos. “Somos representantes de la sociedad civil, porque en realidad tenemos las cuatro universidades, las dos asociaciones gremiales más importantes, gente de las ONG, la Federación de Profesionales de Tucumán. O sea, es muy representativa”, afirmó.

Delgado señaló que durante la reunión se planteó la preocupación vinculada a la situación económica de las familias tucumanas y el endeudamiento a través de tarjetas de crédito: “Hoy la gente de alguna manera necesita primero tener para comer”. Según explicó, hubo un principio de compromiso para analizar la posibilidad de trabajar con entidades financieras vinculadas a la provincia.

La representante de la Pastoral Social también destacó la preocupación existente por la ludopatía entre niños y adolescentes y recordó que desde la Mesa de Diálogo ya se viene trabajando junto a Fiscalía de Estado sobre la reglamentación de la ley sancionada por la Legislatura

En ese punto, Abuín agregó que la Mesa mantuvo recientemente una reunión con la doctora Gilda Pedicone para analizar la normativa vigente y avanzar en propuestas para su reglamentación. “La ley está promulgada, pero hace falta reglamentarla”.

La reunión concluyó con el compromiso de mantener abiertas las instancias de diálogo entre la Legislatura y la Mesa de Diálogo Tucumán, profundizando el trabajo conjunto en los proyectos que ya se encuentran en tratamiento y en aquellas problemáticas que requieren nuevas respuestas desde el Estado.

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Política

Quedó firme la destitución del juez Stoyanoff Isas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la destitución del magistrado tucumano cuando quedó envuelto en un escándalo: agredió a un cadete repartidor de 20 años en medio de una discusión de tránsito.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la destitución de Orlando Velio Stoyanoff Isas, quien se desempeñaba al frente del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la IV Nominación del Centro Judicial Capital de Tucumán cuando quedó envuelto en un escándalo: agredió a un cadete repartidor de 20 años en medio de una discusión de tránsito.

 

 

El hecho que derivó en la expulsión de Stoyanoff Isas se remonta al 11 de junio de 2021, en Yerba Buena. Un transeúnte filmó la situación. En las imágenes se observa cómo el ahora ex juez, apodado por la prensa como el “karateca”, arrojó una patada al trabajador y tiró al suelo la moto del joven. “Está sacado”, se escucha decir al hombre que grabó la escena en el cruce de avenida Aconquija y Rubén Darío.

 

 

Tras la viralización del video, Stoyanoff Isas difundió un comunicado en el que pidió disculpas públicas a la víctima, a su familia, a la comunidad judicial y a la sociedad.

Corresponde ofrecer disculpas, las que extiendo sin condicionantes ni potenciales. En primer término las brindo, a manos llenas, al señor Azán y su familia (a quienes no conozco), con quien penosamente vivimos los hechos referidos. Me disculpo igualmente con toda mi familia y las personas que me aprecian y conocen, pero muy especialmente con mis hijas e hijo, porque ellos se han visto innecesariamente afectados, ya que lo ocurrido no solo se difundió, sino que además ocurrió con una carga de hostilidad inusitada”, sostuvo en un escrito enviado a los medios locales.

 

 

Ofrezco también las excusas del caso a la comunidad judicial a la que pertenezco y me debo, como asimismo a la comunidad universitaria de la que soy un activo miembro. Finalmente me excuso con la comunidad en general, al ser un funcionario constitucional”, agregó.

 

 

En su versión, Stoyanoff Isas relató que el incidente no incluyó choque alguno y que ambos intercambiaron insultos. Afirmó que el motociclista habría provocado daños en su vehículo y que su reacción, que reconoció como errónea, fue consecuencia de esa situación.

 

 

Nada justifica la violencia, y parte de mi trabajo está íntimamente vinculada con esa triste faz del ser humano. Si no reconociera mi error, no solo me desacredito como magistrado, sino que también empaño la dedicada labor de todas las personas con quienes trabajo diariamente, y dan todo su esfuerzo”, expresó en el mismo comunicado. / Infobae

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