Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron una denuncia penal por presunto contrabando contra directivos, administradores y representantes de empresas pesqueras internacionales que operarían en el Atlántico Sur bajo supuestas licencias de pesca otorgadas por autoridades británicas en las Islas Malvinas.

Las actividades denunciadas afectarían la soberanía argentina, el control aduanero y los recursos naturales ubicados en la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Según la denuncia, los buques estarían capturando recursos vivos marinos en áreas que los denunciantes consideran comprendidas dentro del territorio marítimo argentino y luego realizarían operaciones de exportación, trasbordos o descargas sin pasar por los controles de la Aduana argentina.

La presentación plantea que allí podría configurarse el delito de contrabando porque las empresas “extraerían riqueza soberana del territorio argentino” y realizarían operaciones sin someterse al control aduanero nacional. También sostiene que las autorizaciones británicas serían utilizadas como parte de un mecanismo para evitar la fiscalización argentina y el pago de los derechos correspondientes.

En particular, señalaron la utilización de buques y la presunta organización de las operaciones para evitar los controles de la Aduana y de la Prefectura Naval Argentina.

Qué pidieron a la Justicia

Además de investigar a las empresas y sus responsables, solicitaron que se determine si existieron eventuales responsabilidades de funcionarios argentinos por “omisión de vigilancia, patrullaje” o por no haber promovido actuaciones destinadas a perseguir los hechos denunciados.

Para avanzar con la investigación, pidieron que la Prefectura Naval Argentina y el INIDEP remitan los reportes de avistaje e identificación de las flotas pesqueras vinculadas con las empresas denunciadas y de otras que hayan sido detectadas operando en el Atlántico Sur bajo licencias británicas o sin autorización argentina.

También solicitaron que la Dirección General de Aduanas informe si las firmas realizaron operaciones de exportación o pagaron aranceles por las capturas efectuadas en el área marítima de Malvinas.