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Economía

El PE inyecta $ 250 millones para viviendas en Tucumán

El gobernador dictó dos decretos de necesidad y urgencia para girar recursos en favor de empresas constructoras, con la meta de que se finalicen las obras en ejecución en los próximos tres meses.

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El Gobierno provincial puso en marcha una poco usual ingeniería contable, legal y administrativa para reactivar obras de casas sociales del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) que se encuentran paralizadas y sin ocupantes.

El 22 de octubre, el gobernador Juan Luis Manzur firmó dos decretos de necesidad y urgencia (DNU) para habilitar el pago de “adicionales compensatorios” por hasta casi $ 250 millones en favor de empresas contratistas del Estado, en cuotas, para finalizar la última etapa de Manantial Sur y de otros emprendimientos del Ipvdu.

El presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), Jorge Garber, le anticipó a LA GACETA que las firmas consignadas en el DNU -ver listado aparte- estarán en condiciones de poner a disposición del Poder Ejecutivo (PE) unas 3.000 viviendas sociales, hasta 90 días después de acreditados los fondos acordados.

El ingeniero, titular de GAMA SA, explicó que el sector había planteado al Gobierno provincial la posibilidades de estos decretos, que se complementan con una nueva ley -ya promulgada- que habilita la realización de auditorías ambientales en proyectos que no cuenten con el apto ambiental. “Todos sabemos que la construcción está en crisis, al igual que toda la Argentina. En el fondo, tanto los decretos como la nueva ley tienen el mismo espíritu, que es darle oxígeno financiero a las empresas del rubro”, detalló Garber.

Los DNU ingresaron el 25 de octubre a mesa de entradas de la Legislatura. La Constitución provincial dispone que, si dentro de los 20 días hábiles de recibido el instrumento la Cámara provincial no se expide sobre su validez, el texto tomará fuerza de ley a partir de la fecha de su dictado. A seis días de la renovación de las bancas, todavía no se constituyeron las comisiones internas. Y si bien está previsto que esta semana vayan al recinto para renovar la Emergencia en Seguridad y otros regímenes de excepción, no hubo anuncios con respecto a estos instrumentos.

El  decreto 1/3 (ME) fue enviado a la Cámara con las firmas del gobernador y de su ministro de Economía, Eduardo Garvich. Fuentes de esa cartera explicaron que se optó por la vía del DNU -en lugar de, por ejemplo, un proyecto de ley- por la premura que ofrece este mecanismo. Además, se indicó, estos textos no pueden ser modificados por los legisladores -sólo aprobados o rechazados-, por lo que se garantiza la continuidad de los números acordados en las reuniones con el Ipvdu y la CTC.

Mediante este decreto -ratificado por el gabinete del PE-, se dispone el pago a las contratistas de un “6% sobre el monto de los certificados de obras y rederterminación de precios, correspondientes a diciembre de 2016 a mayo de 2019, inclusive”. Los desembolsos, a realizarse en seis cuotas iguales y consecutivas mediante cheques diferidos, totalizan $140 millones, a distribuir entre 56 firmas. Las cifras van de $ 21 millones a $24.000, ya que varían según el total del avance certificado, en estos casos cercanos al final de obra. Garber estimó que, con estos fondos, se finalizarán las tareas en casi 2.000 viviendas sociales ubicadas en el Gran San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Villa Carmela y Aguilares, entre otros distritos.

Por otra parte, el decreto de necesidad y urgencia 2/3 (ME) ordena el pago de un adicional compensatorio a las empresas constructoras a cargo del emprendimiento “2.500 viviendas – El Manantial”. En total, son más de $105 millones a recibir por 19 firmas, con cifras que van desde los $ 11 millones hasta los $ 2 millones. En este caso, Garber explicó que se podrá terminar de ejecutar más de 1.300 casas sociales del barrio, que está situado al sur de la capital. “A partir de que los decretos estén operativos y se concreten los pagos, las empresas tienen 90 días para poner a disposición del Poder Ejecutivo estas cerca de 3.000 casas”, detalló el titular de la CTC.

A la espera de que la Legislatura defina si trata o no los decretos de Manzur, en el Instituto de la Vivienda también son momentos de reuniones. Al asumir en su segundo mandato, el gobernador puso al frente de la repartición a la ex legisladora peronista Stella Maris Córdoba, quien reemplazará a Noemí Ferrioli -vuelve a desempeñarse como subinterventora-. Esta semana habría anuncios oficiales sobre el plan del Gobierno para terminar las viviendas paralizadas.

Desempleo

Unos 10.000 desocupados

El presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción Jorge Garber indicó que el sector, hace una década, contaba con entre 18.000 y 20.000 empleados. “En la actualidad, la cifra de trabajadores ronda los 6.000 o 7.000. Estamos hablando de unos 10.000 desocupados en el sector. Es una situación crítica”, indicó el ingeniero y titular de GAMA SA. Ante este escenario, el empresario dijo estar “expectante” por el plan que rubricó el gobernador, Juan Manzur, con el presidente electo Alberto Fernández en Rosario, y que prevé una alta inversión en obras públicas de vivienda y hábitat.

Recepción

Encuentro entre representantes

El viernes se llevó a cabo el primer encuentro entre los representantes de la Cámara Tucumana de la Construcción y la nueva interventora del Instituto de la Vivienda, Stella Maris Córdoba. La ex legisladora estuvo con su antecesora, Noemí Ferrioli, quien la acompañará en la gestión. “El encuentro se desarrolló en un ambiente cordial, en donde ambas instituciones se comprometieron a trabajar en forma mancomunada para sacar adelante al sector en lo que respecta a los futuros proyectos de gobierno que se presenten”, indicó el órgano que preside Jorge Garber en su sitio web oficial.

Nueva ley

Para sortear el apto ambiental

El gobernador Juan Manzur dictó al promulgación de la ley que habilita la posibilidad de obtener permisos en edificaciones que no cuentan con apto ambiental. El texto establece que, en caso de que la falta consistiera en haber iniciado obras públicas o privadas hasta el 31 de marzo de 2019 “sin cumplir previamente con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental”, el reconocimiento de falta facultará a las autoridades “en forma excepcional y cuando la naturaleza de la obra u actividad lo justificare”  a solicitar al infractor una Auditoría Ambiental (ex post) de la obra en cuestión.

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Economía

En la Legislatura, Abad presentó los lineamientos del Presupuesto 2027 ante una reunión ampliada de legisladores

El ministro de Economía y Producción explicó los principales ejes del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y respondió las consultas de los distintos bloques políticos. Educación, salud, seguridad y desarrollo social concentran las mayores partidas, mientras que el presupuesto prevé recursos por $7,3 billones.

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En la Legislatura de Tucumán, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, participó de una reunión ampliada para analizar el proyecto de Presupuesto provincial 2027, presentado por el Poder Ejecutivo. El encuentro permitió que legisladores de distintos espacios políticos conocieran los lineamientos generales y plantearan sus inquietudes directamente al equipo técnico de la cartera económica.

La reunión fue encabezada por el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón, a cargo de la Presidencia, y el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia. También participaron el prosecretario legislativo, Alejandro Martínez, y el prosecretario administrativo, Oscar Humberto Fiorito.

Estuvieron presentes los legisladores Francisco Serra, Sara Lazarte, Mario Leito, Tulio Caponio, Agustín Romano Norri, Carlos Gómez, Adriana Najar, Jorge Leal, Manuel Courel, Ernesto Gómez Gómez Rossi, Sandra Figueroa, Gerónimo Vargas Aignasse, Edith Comolli, Nancy Bulacio, Carlos Najar, Carolina Vargas Aignasse, Silvia Elías de Pérez y Walter Berarducci.

Por parte de Economía y Producción acompañaron al ministro el secretario de Hacienda, Adrián Dicker; el secretario de Energía y Servicios Públicos, Martín Viola; la directora de Presupuesto, Claudia Pérez; el subdirector de Presupuesto, Germán Gallo; la directora de Rentas de Tucumán, Graciela Acosta; y el subdirector de Rentas, Juan Fernández.

Al finalizar el encuentro, Abad destacó la posibilidad de explicar los principales lineamientos del proyecto y responder las consultas de los parlamentarios. “Hemos venido primero a explicar el presupuesto en sus lineamientos generales y, en segundo lugar, a contestar todas las inquietudes que nos han planteado los legisladores”, señaló.

“Hay un incremento en educación, salud, seguridad y desarrollo social. Son los ejes principales y se les da prioridad, como venimos haciendo en los últimos tres presupuestos”, explicó el ministro. En cuanto a los números generales, informó que el presupuesto asciende a $7,3 billones y contempla una variación ajustada por inflación del 18%, frente a una inflación promedio proyectada del 21%. También indicó que las estimaciones de ingresos siguen las pautas nacionales, debido a que aproximadamente el 80% de la recaudación tributaria provincial depende de los impuestos coparticipables.

Abad aseguró que las cuentas provinciales se encuentran equilibradas y llevó tranquilidad respecto del cumplimiento de las obligaciones salariales de fin de año. “Vamos a pagar los sueldos de diciembre y el aguinaldo sin ningún problema. Estamos bien encaminados en ese tema”, afirmó.

Respecto de la inversión en infraestructura, señaló que la Provincia mantiene en ejecución distintas obras financiadas con recursos propios y otras con participación nacional. Mencionó los trabajos en las rutas provinciales, las intervenciones en la ruta nacional 157 y las alcantarillas que se ejecutan para prevenir inundaciones en La Madrid. También destacó las obras de remodelación del aeropuerto y la terminal de ómnibus, además de los trabajos vinculados a acueductos, obras hídricas y eléctricas. “Si ustedes recorren la provincia, van a encontrar movimiento en todos lados. Siempre van a encontrar una máquina trabajando. Hay un montón de obras que se están haciendo y nos sentimos orgullosos”, expresó.

Sobre la asistencia social, Abad anticipó que el presupuesto contempla un incremento de los recursos destinados a esa área. En particular, destacó que cerca de 450.000 estudiantes reciben alimentación en las escuelas y que el Gobierno provincial continuará sosteniendo esa política. “Es una de las preocupaciones, lo estamos atendiendo y lo vamos a seguir haciendo. Tiene que ver con la paz social que tenemos en la provincia, pero también con una cuestión humana: nuestra doctrina siempre se basa en la justicia social”, afirmó.

Abad también se refirió a los planteos de legisladores de la oposición sobre las comunas no incluidas en el presupuesto: “Tiene que ver con el control posterior. Hay provincias que tienen auditor general y no hacen control preventivo; la propia Nación no tiene tribunal de cuentas y hace control posterior, el mismo que hace el Tribunal de Cuentas en Tucumán. Estamos trabajando para incorporarlas, pero hoy no están dadas las condiciones tecnológicas. Hay comisionados rurales en el pasado que han sido sancionados, es decir, el control se hace y se hace efectivo”. Acerca del artículo 29, que establece que las adecuaciones presupuestarias de los otros poderes deben ajustarse a los parámetros del presupuesto, indicó: “Ya está resuelto, la Legislatura va a introducir las modificaciones que crea conveniente. Nosotros proponemos y damos las razones técnicas, y la Legislatura lo aprueba, lo modifica o lo rechaza. Eso no es un motivo de conflicto”. Sobre el proyecto que incorpora a la Defensoría del Pueblo, explicó que “es autónoma y autárquica, como el Tribunal de Cuentas, y corresponde que pueda funcionar como debe funcionar”.

El vicepresidente primero, Aldo Salomón, valoró la jornada y su rol de representación. “Un orgullo y un honor poder representar al vicegobernador Miguel Acevedo en una reunión tan importante con el ministro de Economía, junto a la Comisión de Hacienda ampliada, para intercambiar opiniones en base al presupuesto 2027. Ha sido una mañana que enriquece, con preguntas de distintas índoles y con todo el respeto, que es lo más importante en democracia”, expresó.

En tanto, Carlos Gallia explicó que la reunión ampliada constituye una instancia previa al tratamiento formal del proyecto en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. El presidente de la comisión adelantó que prevé convocar a sus integrantes para avanzar en el análisis y que la fecha tentativa para el tratamiento del Presupuesto 2027 en el recinto es el 10 de diciembre. “Estas reuniones sirven justamente para que, cuando lleguemos a la sesión, todos sepamos qué se va a debatir y no haya sorpresas”, manifestó.

Sobre el contenido del proyecto, destacó que “es un presupuesto equilibrado: el excedente es de 305 millones frente a 700 del año pasado, es poco, pero las principales variables, como educación, salud, seguridad, obras públicas y asistencia social, se llevan más del 60%, y eso es lo que nos da la paz social”. Añadió que hay un plan de obras de unos 620 mil millones de pesos. Respecto del artículo 29, adelantó: “Lo vamos a modificar, porque si bien tiene una intención que no es la que todos piensan, viola la autonomía de los poderes judicial y legislativo”. Y aclaró sobre la Defensoría del Pueblo: “Tiene que manejarse de forma autárquica”. Finalmente, advirtió que “el presupuesto es una foto de lo que va a pasar el año que viene, y esa foto puede variar, porque los ingresos pueden ir para arriba o para abajo”.

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«Vamos a pagar sueldos y aguinaldo en diciembre sin ningún problema»

El ministro de Economía, Daniel Abad, aseguró que en Tucumán hay equilibrio fiscal. «Estamos bien encaminados en ese tema», resaltó.

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El ministro de Economía, Daniel Abad, se refirió este jueves al cronograma de pago de sueldos y aguinaldo correspondiente a diciembre para los empleados de la administración pública provincial.

En este marco, aseguró que «hay equilibrio fiscal y está bien encaminado ese tema».

«Vamos a pagar sueldos y aguinaldo en diciembre sin ningún problema», adelantó.

El contador dio estas declaraciones tras visitar la Legislatura para hablar del Presupuesto 2027.

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El Gobierno amplió los gastos previstos en el Presupuesto 2026 por $15,6 billones

La medida reasigna recursos hacia prestaciones sociales, deuda, salud y seguridad, y recorta créditos en Servicios Económicos.

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El Gobierno nacional dispuso una amplia modificación del Presupuesto 2026 mediante el Decreto 1391/2026, una medida refrendada por la totalidad del Gabinete de Ministros que autoriza incrementos de gastos por aproximadamente $15,6 billones para lo que resta del ejercicio y reduce en unos $7,5 billones el superávit proyectado para el cierre del año.

El análisis de la Planilla Anexa I, integrada por 564 folios, realizado por Infobae a partir del procesamiento de cada una de las jurisdicciones y organismos alcanzados por la norma, muestra que la ampliación equivale al 10,2% del crédito presupuestario previamente vigente, estimado en $152,47 billones.

La decisión se produce en un contexto de fuerte desviación respecto de las variables macroeconómicas utilizadas para elaborar el presupuesto. Mientras la pauta oficial contemplaba una inflación anual cercana al 18%, la variación de precios acumulada y proyectada para 2026 se ubica actualmente alrededor del 33%, situación que obligó a reforzar partidas que habían quedado insuficientes para afrontar compromisos salariales, previsionales, operativos y financieros.

Qué argumenta el Gobierno

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo sostiene que resulta necesario adecuar los créditos presupuestarios para asegurar la continuidad de las prestaciones esenciales del Estado y garantizar el cumplimiento de compromisos asumidos por la administración pública nacional.

La norma señala que diversas jurisdicciones informaron insuficiencias en sus créditos vigentes y requirieron refuerzos para atender gastos cuyo nivel de ejecución superó las previsiones originales. Asimismo, fundamenta la reasignación de partidas en la necesidad de atender obligaciones vinculadas con prestaciones sociales, servicios de salud, seguridad pública y compromisos financieros del Tesoro.

La medida lleva las firmas del Presidente y del conjunto de los ministros que integran el Gabinete nacional, conforme al mecanismo previsto para las modificaciones presupuestarias durante la ejecución del ejercicio.

Los recursos aumentan menos que los gastos

Según el relevamiento efectuado por Infobae sobre las planillas anexas, los recursos corrientes y de capital aumentan aproximadamente $8,1 billones, una cifra sensiblemente inferior a la expansión de las autorizaciones de gasto.

La diferencia, cercana a $7,5 billones, implica una reducción equivalente del resultado fiscal previsto para el cierre del ejercicio.

De acuerdo con los cálculos realizados sobre la ejecución presupuestaria, el superávit originalmente proyectado para 2026 rondaba los $26,4 billones. Tras la ampliación dispuesta por el decreto, ese excedente se reduciría a alrededor de $18,9 billones.

La corrección resulta relevante porque al 16 de noviembre el sector público acumulaba un resultado positivo estimado en unos $33,2 billones, lo que indica que una parte significativa de los gastos adicionales se concentrará en las últimas semanas del año.

PAMI concentra el mayor refuerzo presupuestario

La principal ampliación identificada en el anexo corresponde a las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), dentro de la órbita del Ministerio de Capital Humano.

La partida recibe un incremento cercano a $10 billones, convirtiéndose en el principal destino de los créditos adicionales autorizados por el Gobierno.

El refuerzo explica por sí solo una parte sustancial de toda la expansión presupuestaria aprobada y refleja la presión que la aceleración inflacionaria ejerció sobre las prestaciones destinadas al sistema de atención de jubilados y pensionados.

Casi $4 billones más para intereses de deuda

El segundo aumento de mayor magnitud corresponde al Servicio de la Deuda Pública, particularmente a la partida destinada al pago de intereses y comisiones, que recibe aproximadamente $3,9 billones adicionales.

La magnitud de la ampliación confirma que una porción relevante de la modificación presupuestaria está vinculada al costo financiero del Estado y a obligaciones cuyo comportamiento quedó por encima de las previsiones originales.

Refuerzos para salud y seguridad

Entre las partidas con mayores incrementos también se encuentran programas específicos de salud y seguridad.

El Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, dependiente del Ministerio de Salud, obtiene un refuerzo cercano a $0,8 billones para financiar su funcionamiento.

Por su parte, la Gendarmería Nacional recibe alrededor de $0,2 billones adicionales para el programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas, uno de los ejes de la estrategia oficial en materia de seguridad federal.

El principal recorte

La contracara de las ampliaciones aparece en la finalidad Servicios Económicos, donde el decreto reduce créditos por aproximadamente $2,3 billones.

La disminución constituye uno de los ajustes más importantes observados en la planilla y evidencia una reasignación de recursos desde programas económicos hacia áreas consideradas prioritarias para el cierre del ejercicio, como prestaciones sociales, salud, seguridad y atención de obligaciones financieras.

Una actualización de la nominalidad de la economía

Más allá de la magnitud de las cifras, el análisis de la modificación presupuestaria sugiere que el objetivo principal del Decreto 1391/2026 es adecuar el presupuesto a una economía que terminó registrando una inflación significativamente superior a la prevista cuando se aprobó la ley de gastos y recursos.

La expansión de los créditos por $15,6 billones no necesariamente implica un aumento equivalente del gasto en términos reales, sino que en gran medida refleja la necesidad de actualizar partidas frente a una nominalidad que evolucionó muy por encima de las estimaciones oficiales.

Sin embargo, el dato fiscal más relevante es que los mayores recursos obtenidos durante el año no alcanzaron para compensar completamente esa expansión. Como consecuencia, el Gobierno decidió utilizar parte del superávit esperado para financiar gastos adicionales y cerrar el ejercicio con un resultado positivo estimado en torno a $18,9 billones, inferior al previsto originalmente, pero todavía ampliamente superavitario.

FUENTE: Infobae

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