Esta mañana, el presidente de la Comisión de Salud Pública, el legislador Gabriel Yedlin, encabezó una charla-debate en la que se analizaron las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional a la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793. Del encuentro participaron actores vinculados a la temática, con el objetivo de generar un espacio de intercambio.

En diálogo con la prensa, el legislador Yedlin no ocultó su preocupación ante la posibilidad de que el proyecto avance en el Congreso: «Es una ley que viene básicamente a romper el Sistema Único de Prestaciones, a quitar las responsabilidades que el Estado Nacional tiene sobre las personas con discapacidad. Una vez más, este gobierno nacional viene a responsabilizar exclusivamente a las provincias del cuidado de las personas con discapacidad y su financiamiento».

«Este proyecto de ley -agregó el legislador-viene además a exigirle a las personas con discapacidad que lleven a cabo un reempadronamiento obligatorio, con lo difícil que resulta hoy poder completar todos los trámites. También viene a eliminar los valores del nomenclador nacional y a exigirle a cada provincia y a cada prestador que los regule. Lo que se enmascara detrás de esas supuestas regulaciones es un retiro no solo del financiamiento, sino del rol rector y organizador del sistema de discapacidad«.

Finalmente, Yedlin no descartó la posibilidad de impulsar algún proyecto de resolución desde la Legislatura para enviárselo a los diputados y senadores nacionales tucumanos, a fin de que defiendan los derechos de las personas con discapacidad: «Lo importante es poder poner el tema en agenda».

Por su parte, Gustavo Anastasio, presidente de la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad de Tucumán, también expresó su preocupación ante los cambios que podría sufrir la ley: «En el caso de los prestadores, la reforma enuncia la posibilidad de que cada jurisdicción lleve adelante la cobertura de los servicios a las personas con discapacidad. A esto se suma que los financiadores podrían realizar acuerdos específicos dejando de lado el nomenclador nacional de prestaciones. Esto genera un riesgo real de que las prestaciones tengan distinta calidad según el financiador o la jurisdicción de cada persona«.

Francisco Argüello, socio fundador de la Fundación Fusar Sol -que funciona como centro de diagnóstico y rehabilitación en Villa Hileret, departamento de Trancas, Tucumán- también fue crítico con las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional: «El problema central es que, bajo el pretexto de una auditoría de pensiones, se está modificando un artículo de la Ley 24.901, que es la que obliga a todas las obras sociales a financiar y a mantener el sistema regulador de prestaciones en discapacidad. Esto es una trampa, ya que desarticular los aranceles deja a los prestadores sin fuente de financiamiento«.

El vicegobernador de la provincia, Miguel Acevedo, recibió en la Legislatura de Tucumán, junto al legislador Gerónimo Vargas Aignasse, al presidente de la Fundación Inti Huasi, Dr. Jorge Sánchez, y al farmacéutico Pablo Becker, con quienes dialogaron sobre los desafíos del abordaje de los consumos problemáticos, con foco en el contexto social, cultural y familiar de las personas en tratamiento.

Vargas Aignasse destacó la importancia de abordar la problemática desde una mirada integral: “Desde que iniciamos la gestión, junto al vicegobernador Miguel Acevedo venimos trabajando sobre una realidad que hoy agobia a muchas familias tucumanas. Entendemos el consumo problemático tanto desde su dimensión delictiva como desde su condición de enfermedad, y por eso buscamos respuestas integrales”.

En ese sentido, subrayó el valor de articular con instituciones especializadas: “Convocamos a quienes tienen experiencia en el tema. La Fundación Inti Huasi nos acercó una propuesta muy importante vinculada a la capacitación de operadores socioterapéuticos, que vamos a impulsar desde la Legislatura para fortalecer el trabajo territorial”.

El legislador también adelantó que se avanzará en una iniciativa legislativa orientada a la reinserción de personas recuperadas: “Queremos trabajar en un proyecto de ley que genere incentivos para que el sector privado y el Estado puedan acompañar la inserción laboral de quienes atraviesan esta situación, con el acompañamiento y control de organizaciones especializadas. El objetivo es abrir oportunidades y reducir la estigmatización”.

Por su parte, el Dr. Jorge Sánchez valoró la instancia de diálogo institucional y explicó los aportes de la fundación: “Agradecemos la invitación para poder compartir el trabajo que venimos realizando en el campo de los consumos problemáticos. Presentamos propuestas vinculadas a la capacitación de recursos humanos, especialmente de líderes comunitarios y personas que ya trabajan en la temática”.

Finalmente, Sánchez explicó que el proyecto presentado apunta a acompañar a las personas en proceso de recuperación, brindándoles herramientas para desarrollar actividades productivas y reconstruir sus proyectos de vida.