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Política

El juez que prohibió la difusión de audios de Karina Milei acumula varias denuncias por acoso

Patricio Maraniello fue notificado por el Consejo de la Magistratura, que investiga nueve acusaciones en su contra. Entre los casos figuran testimonios de empleadas judiciales que relatan abusos de poder, hostigamiento y presiones.

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Alejandro Patricio Maraniello, el juez federal que prohibió la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, enfrenta actualmente nueve denuncias ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, cinco de ellas por acoso sexual y laboral. Las restantes apuntan a maltrato a empleados, abuso de poder, manejo irregular de fondos públicos e incumplimiento de normas judiciales.

 

 

Las investigaciones están a cargo de la Comisión de Disciplina del organismo que evalúa el accionar de jueces nacionales y federales. El 19 de agosto, Maraniello fue citado formalmente para ejercer su defensa y cuenta con un plazo de 20 días para presentar su descargo.

La mayoría de las denuncias se originaron en presentaciones realizadas por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN). En una de ellas, una empleada relató haber sido víctima de acoso sexual apenas una semana después de haber ingresado al juzgado. Según su testimonio, el juez la presionó para mantener un encuentro fuera del ámbito laboral con la amenaza de perder su trabajo.

Durante esa reunión, la denunciante declaró haber sufrido tocamientos y besos no consentidos, y expresó que se sintió forzada a mantener relaciones sexuales por temor a represalias. Otro caso refiere a una agente judicial que habría recibido mensajes inapropiados a través de redes sociales, junto con comentarios sobre su apariencia y miradas intimidantes. Al rechazar los avances, denunció haber sido víctima de maltrato y hostigamiento.

Esta trabajadora aseguró haber sufrido crisis de ansiedad, pensamientos suicidas y que, ante la falta de respuesta institucional, decidió acudir a la Unidad de Bienestar Laboral del Poder Judicial. Aunque en principio no quiso iniciar acciones penales, el caso fue remitido a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de la fiscal Mariana Labozzetta. Dado que los hechos involucran a un funcionario judicial, la fiscalía consideró que podrían constituir delitos de acción pública. Actualmente, el expediente está en trámite ante la jueza federal María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.

El gremio judicial también destacó la situación de vulnerabilidad de una denunciante, trabajadora interina y estudiante de Derecho, quien además habría sido objeto de comentarios discriminatorios por parte del juez, al señalarla por ser “hija de un camionero”.

 

 

La resolución de Maraniello sobre los audios de Karina Milei

La polémica en torno al juez se intensificó tras su decisión de prohibir la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La medida cautelar fue solicitada por el Gobierno y apunta a impedir que medios, redes sociales y otras plataformas emitan grabaciones realizadas presuntamente en la Casa Rosada.

“Decrétase la medida cautelar ordenando solamente el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025, atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”, señala el fallo.

La presentación judicial fue realizada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y se radicó en el Juzgado Federal N.° 12, a cargo de Maraniello. El Gobierno argumentó que la filtración de los audios formaría parte de una presunta operación de inteligencia ilegal con el objetivo de “desestabilizar al país en plena campaña electoral”.

Política

ANDIS: denunciaron “desvíos indefendibles”, sobreprecios de hasta 1.972% y compras de insumos de menor durabilidad que los nacionales

Un informe periodístico reveló la información que el Ministerio de Salud y Alejandro Vilches presentaron ante la Justicia. Detectaron precios por encima de la media, pagos duplicados e insumos que figuraban como entregados pero que nunca llegaron a sus beneficiarios.

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El Ministerio de Salud y Alejandro Vilches, el saliente secretario de Discapacidad, presentaron ante la Justicia una serie de documentos de los que se desprendería que la entidad abonó insumos a valores hasta 1.972% más caros que los que abonaban otras reparticiones públicas como el PAMI, además de pagos duplicados, productos importados que tenían mayor costo y menor durabilidad que otros similares de origen nacional y casos en los que hubo supuestos errores de categorización.

 

En el escrito, consideraron que existieron “desvíos que resultan técnicamente indefendibles”. La investigación, realizada por La Nación, reveló una serie de informes técnicos sobre compras realizadas por la ex ANDIS que habrían sido firmados el 15 de octubre de 2025 —menos de dos meses después de que comenzara el escándalo por los audios atribuidos al exdirector de la entidad, Diego Spagnuolo— y el pasado 10 de abril.

El primer documento presentado hace referencia a compras puntuales de válvulas pulmonares, prótesis, implantes cocleares, sillas de ruedas y un neuroestimulador. Un segundo escrito incluye además insumos ortopédicos, referencias de mercado seleccionadas por quienes analizaron las facturas en Discapacidad y presuntos errores administrativos.

 

Ya en octubre, Vilches había señalado que su intervención afrontaba un análisis de la documentación, los expedientes y los procedimientos «orientado a la detección de hechos relevantes y/o irregularidades». En ese momento, el ex interventor también incluyó múltiples observaciones que «podrían configurar apartamientos a las normas».

El informe comienza con un pago correspondiente a Farma Salud de $ 425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter realizado el 8 de julio de 2025. El informe comparó ese gasto con otro, realizado por el PAMI, que «a nivel central (…), adjudicó el 25 de marzo de 2025 a la firma Siprotec SA. el mismo sistema por un valor unitario de $ 124.200.000«. Es decir, a menos de un tercio de su valor.

En otra comparación, también se apuntó contra Farma Salud por los precios de la adquisición de endoprótesis y una válvula pulmonar autoexpandible, en el que la diferencia entre lo facturado a la ex Andis y el precio de la compra de PAMI a otros proveedores llegó al 711%.

El informe detectó además «una diferencia sustancial» en el valor de los implantes cocleares adquiridos a Droguería Floresta, en el que el precio promedio abonado por unidad «resultó de US$ 62.613». En contraste, se estableció que una adjudicación similar realizada en septiembre, «estableció un valor unitario de US$ 12.125, contemplando la escala propia de una compra por volumen». En esa línea, el informe explica también que la referencia de mercado para ese mismo insumo se ubicaba alrededor de US$ 16.975 por unidad. «El incremento alcanza los US$ 45.638 por unidad, equivalente a un 269% por encima del precio estimado de mercado«, afirma Vilches en su escrito.

Las diferencias entre los valores de mercado y los abonados por la ANDIS continúan a lo largo del documento, que apunta también contra la proveedora Indecomm, pero por otro motivo: en noviembre, concentró seis facturas emitidas a la ex ANDIS y una de ellas, la B 00001-00000958, por $ 28,7 millones, habría sido abonada en dos oportunidades.

Entre las múltiples irregularidades, el informe suma la compra de un neuroestimulador cuyo valor abonado tuvo una diferencia del 219 por ciento con los montos de mercado. Según los técnicos, Neurosalud recibió por ese dispositivo un pago de $ 132,4 millones en junio de 2025 mediante la Factura N° 00000128. Pero un mes antes, el PAMI había adquirido el mismo neuroestimulador implantable bilateral de batería no recargable a $ 41,5 millones por unidad.

Un segundo informe no mejora el panorama

El segundo informe que cita La Nación, firmado en abril de este año, consigna «errores de categorización técnica». Se trata de la facturación de «unidades C01 a precios de entre $ 11 y $ 14,9 millones, cuando por su patología correspondían unidades D01 con Tilt, cuyos valores de referencia son sustancialmente menores, oscilando entre $ 1,3 y $ 2,3 millones», según sostiene el documento.

En esa línea, la denuncia sostiene que los requerimientos terapéuticos del paciente podían ser cubiertos con equipamiento nacional, que ofrece «superior durabilidad y ajuste anatómico», y tiene un precio menor. «La insistencia en el uso de módulos importados con sobreprecios que oscilan entre el 300% y el 1000% de forma sistémica carece de sustento clínico y financiero«, enfatizaron.

Está también el caso de un paciente de Río Negro, quien necesitaba la prótesis para una amputación. En los papeles, aparecía un documento que decía que se la habían entregado, pero eso nunca ocurrió. «Se ha constatado la existencia de un remito de entrega debidamente suscripto por la madre del beneficiario. No obstante, mediante el relevamiento directo con los particulares, se ha determinado que dicha rúbrica fue obtenida bajo inducción a error al momento de la toma de medidas, no representando en modo alguno la recepción material del bien», explica al respecto el informe.

En el documento se incluyó también una factura por un andador con un presunto sobreprecio del 4.239%. Sin embargo, según consignó La Nación, desde la Ortopedia Bernat indicaron que, al menos hasta mayo, la factura estaba impaga y explicaron que, en ese caso en particular, se había contemplado «algo mucho más sofisticado y que se terminó entregando algo más sencillo, pero el circuito operativo continuó y se terminó facturando el mismo valor que lo adjudicado. Y no lo entregado«.

La investigación judicial incorporó los informes de Vilches y un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que también había detectado diferencias de precios, incluso entre distintas licitaciones dentro de la propia ANDIS. Y, en base a esto, el fiscal federal Franco Picardi enfocó la acusación en un sistema de licitaciones presuntamente limitado, con menos oferentes, distinto al sistema de compulsas que recomiendan las autoridades.

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Política

Ley de Biocombustibles: la reforma aprobada por el Senado ya ingresó a Diputados

Las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda deberán emitir dictamen antes de que el proyecto pueda ser debatido en el recinto.

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La Cámara de Diputados recibió el proyecto de ley de reforma integral del régimen de biocombustibles que obtuvo media sanción en el Senado el pasado 17 de septiembre. El expediente CD-76/26, que regula las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles en todo el territorio nacional, fue girado a las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda para su análisis.

La iniciativa llegó a la Cámara baja luego de un extenso debate en el Senado, donde fue aprobada el pasado 17 de septiembre por 41 votos a favor y 25 en contra, tras incorporar modificaciones consensuadas entre el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista. Según se destacó durante la discusión, el texto final recogió aportes de diversos proyectos presentados por senadores de distintos bloques y espacios políticos.

El proyecto establece un nuevo marco regulatorio para la actividad con una vigencia de 15 años y declara de interés público las actividades vinculadas a los biocombustibles por su contribución a la seguridad energética y a la transición hacia energías más limpias. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

Uno de los aspectos centrales es la modificación de los porcentajes mínimos obligatorios de mezcla. Para el gasoil, se mantiene inicialmente un corte de biodiésel del 7,5%, que se elevará al 10% a los doce meses de la sanción de la ley. En el caso de las naftas, el porcentaje obligatorio de bioetanol pasará del 12% al 15% al cabo de un año. Además, se preserva un piso del 6% para el bioetanol de caña de azúcar y otro 6% para el producido a partir de maíz, mientras que el porcentaje restante podrá abastecerse con otras materias primas autorizadas.

La iniciativa también crea un sistema de comercialización basado en un mercado electrónico de acceso público, donde elaboradores y mezcladores podrán negociar precios y volúmenes mediante mecanismos transparentes administrados por un organismo independiente. Asimismo, habilita la celebración de contratos a término para el abastecimiento destinado al cumplimiento de los cortes obligatorios.

Entre otras disposiciones, el texto autoriza cortes superiores a los mínimos obligatorios, promueve el uso de vehículos flex fuel, habilita la inyección de biometano en la red de gasoductos y libera la comercialización del combustible sostenible de aviación (SAF o Biojet). También contempla la importación de biocombustibles para mezclas superiores a las obligatorias o en casos de falta de abastecimiento interno.

En materia impositiva, mantiene la exención del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono para los biocombustibles habilitados, gravando únicamente la porción fósil cuando se trate de mezclas. Además, deroga la Ley 27.640 y crea un período de transición para el mercado de biodiésel que se extenderá hasta el 1 de enero de 2036.

Ahora será el turno de la Cámara de Diputados, donde las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda deberán emitir dictamen antes de que el proyecto pueda ser debatido en el recinto.

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Política

Manzur visitó a Cristina en su prisión domiciliaria: hablaron sobre Tucumán

«Compartí un gran encuentro con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que conversamos e intercambiamos opiniones sobre la realidad que atraviesa nuestro país y en particular la situación de la provincia de Tucumán», posteó el ex gobernador.

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El senador nacional por Tucumán Juan Manzur visitó este viernes a la expresidenta Cristina Kirchner en el departamento del barrio porteño de Constitución donde cumple prisión domiciliaria y mantuvo con ella una reunión en la que analizaron la situación económica y política del país, con especial atención a la realidad tucumana.

El encuentro adquiere una fuerte lectura política en la provincia, donde el exgobernador viene intensificando sus recorridas territoriales, retomando el contacto con dirigentes y militantes y dejando abierta la posibilidad de volver a competir por la Gobernación en las elecciones del 9 de mayo de 2027.

Manzur, quien está enfrentado al gobernador Osvaldo Jaldo, quien lidera el proyecto del PJ en Tucumán, difundió una fotografía junto a la exmandataria y contó detalles de la conversación a través de su cuenta de X. “Compartí un gran encuentro con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que conversamos e intercambiamos opiniones sobre la realidad que atraviesa nuestro país y en particular la situación de la provincia de Tucumán”, expresó.

Según relató el senador, uno de los principales ejes de la reunión estuvo puesto en el escenario económico y sus consecuencias sobre las actividades productivas. “Analizamos especialmente la situación económica, la realidad de las economías regionales y el impacto negativo que las políticas económicas nacionales están teniendo en nuestra provincia, en la producción, el empleo y la vida cotidiana de las familias”, afirmó Manzur.

El exgobernador también señaló que trasladó a Cristina Kirchner las inquietudes que, según indicó, viene recogiendo durante las recorridas que realiza por distintas localidades tucumanas.

“También compartí con Cristina lo que escuchamos en cada recorrida por la provincia: la preocupación de trabajadores, jubilados, comerciantes, productores y estudiantes frente a una realidad económica cada vez más difícil”, sostuvo.
La visita se produjo mientras Cristina Kirchner continúa cumpliendo prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad. La condena quedó firme en junio de 2025, luego de que la Corte Suprema rechazara los recursos contra la sentencia.

Esta semana, el Tribunal Oral Federal N° 2 resolvió mantener la modalidad domiciliaria luego de evaluar los controles realizados entre junio y septiembre y determinar que la exmandataria cumplió las condiciones impuestas para la ejecución de la pena.

Durante las últimas semanas, el senador profundizó sus recorridas por distintos puntos de la provincia y mantuvo encuentros con vecinos, dirigentes y referentes territoriales, mientras crecen las versiones sobre una eventual candidatura suya a gobernador en 2027.

El propio Manzur evitó hasta ahora realizar un lanzamiento formal. Sin embargo, cuando fue consultado en agosto sobre la posibilidad de volver a competir por la Gobernación respondió que “uno siempre tiene ganas”, aunque consideró “muy prematuro” hablar de candidaturas y aseguró que su prioridad pasa por recorrer la provincia y escuchar los problemas de los tucumanos.

Ese movimiento territorial ya forma parte de la disputa interna que atraviesa al peronismo provincial. El gobernador Jaldo llegó incluso a desafiar públicamente a su antecesor a competir en las elecciones del próximo año. “Yo quiero verlo a Manzur el 9 de mayo del año 2027 en las urnas, compitiendo con Osvaldo Jaldo”, afirmó el mandatario a comienzos de septiembre.

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