El Gobierno de Tucumán puso en marcha un ambicioso plan de intervención técnica y vial en la intersección del río Chirimayo y la calle San Martín, en la ciudad de Concepción. El objetivo primordial es restituir la losa de aproximación y el estribo derecho del puente, los cuales sufrieron daños por el impacto de las crecidas y la dinámica fluvial de la zona. Tras una exhaustiva inspección de los peritos, se determinó que el puente no presenta riesgos estructurales, lo que permite centrar los esfuerzos en obras de defensa mecánica que dará la seguridad al tránsito vehicular en un plazo estimado de un mes.

La obra contempla una solución integral que combina ingeniería hidráulica y vial. Por un lado, se ejecuta la reconstrucción del estribo mediante el uso de gaviones y movimientos de suelo controlados. Por otro lado, para evitar futuros socavamientos, se proyectó la construcción de una serie de espigones en la margen derecha del río y la rectificación de los márgenes.

Estas tareas, que se extenderán durante los próximos cuatro meses en su fase de protección hídrica, buscan mitigar el incremento de las velocidades de escurrimiento que históricamente han puesto en riesgo la infraestructura urbana de la zona, asegurando una convivencia armoniosa entre el cauce y la ciudad.

Este despliegue operativo responde a una decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo, quien instruyó el uso de todos los recursos del Estado para dar soluciones rápidas a los municipios. La supervisión de las tareas en territorio estuvo encabezada por el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Ing. Marcelo Nazur, junto al secretario de Estado de Obras Públicas, Ing. Jorge Chrestia. En el lugar, coordinaron las acciones el director de la Dirección Provincial del Agua (DPA), Ing. Marcelo Cancillieri, y el director de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Ing. Pablo Díaz, quienes lideran a los equipos técnicos que operan de manera simultánea en el cauce y en la calzada.

Durante la recorrida el Ing. Nazur detalló el alcance de la intervención: «por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, decidimos avanzar con la rectificación de los márgenes del río Chirimayo y colaborar con el municipio para dejar el puente de calle San Martín transitable lo antes posible. Gracias a los estudios de nuestros técnicos de Vialidad, sabemos que el puente no tiene problemas estructurales; el inconveniente está en el estribo y lo vamos a solucionar con gaviones y la construcción de espigones para evitar erosiones en futuras crecidas.

“Estimamos que la recuperación del puente y el tránsito será en un mes, mientras que las obras de defensa del río llevarán entre tres y cuatro meses. Aquí está todo el estamento técnico y operativo de la Provincia trabajando en equipo para el beneficio de todos los vecinos de Concepción», agregó.

La importancia social de esta obra radica en la recuperación de una vía de comunicación vital para la conectividad de Concepción, además de la protección a largo plazo de las familias que residen en las cercanías del río. Al aunar los esfuerzos de Vialidad y la DPA el Estado garantiza que la infraestructura vial esté acompañada de defensas hídricas sólidas, transformando el trabajo en una mejora permanente para la seguridad ciudadana.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, mantuvo este martes una reunión de trabajo en Buenos Aires con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, con el objetivo de formalizar el avance de una de las obras de infraestructura hídrica más esperadas de la provincia: la optimización del servicio de agua potable mediante el Acueducto de Vipos.

En el encuentro estuvieron presentes el ministro de Economía de la Provincia, Daniel Abad; el secretario Coordinador de Infraestructura del Ministerio de Economía de la Nación, Carlos Frugoni; el subsecretario de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación, Bartolomé Heredia; el director Nacional de Ejecución de Obras, Vicente Heredia; y el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio.

«Junto al ministro de Economía de la Nación concretamos un encuentro de trabajo en el que agradecemos este avance tan significativo para la provincia, como es la entrega de la copia de adjudicación de la obra ‘Optimización del Servicio de Agua Potable – Acueducto de Vipos’«, escribió el Gobernador en sus redes sociales al término de la reunión y detalló que brindará una solución definitiva al abastecimiento de agua potable para vecinos y vecinas de Tapia, Tafí Viejo, Villa Carmela y San Miguel de Tucumán.

Sobre la obra, Jaldo detalló que «contempla la ejecución de un acueducto de más de 50 kilómetros de extensión, que permitirá beneficiar a más de 245.000 tucumanos y tucumanas, mejorando sustancialmente la calidad del servicio«. Y añadió: «Se trata de una infraestructura clave que fortalece el desarrollo de nuestra provincia y garantiza el acceso a un servicio esencial«.

«Desde el Gobierno de Tucumán seguimos gestionando de manera permanente, articulando con Nación y distintos organismos, convencidos de que el trabajo conjunto es el camino para llevar soluciones concretas a nuestra gente. Cada obra que avanza es el resultado del compromiso con el crecimiento de la provincia y el bienestar de todos los tucumanos y tucumanas«, cerró Jaldo.

Por su parte, el ministro Luis Caputo destacó en la red social X la magnitud técnica del proyecto. «Implica la ejecución de un acueducto de más de 50,665 kilómetros de tuberías que permitirá beneficiar a más de 245.000 habitantes y mejorar de manera sustancial la calidad del sistema, en línea con el crecimiento urbano y la demanda futura de la región», escribió.

Y concluyó: «Seguimos trabajando junto a las provincias para mejorar la vida de los argentinos».

La crisis edilicia en la Justicia Federal de Tucumán sumó un dramático y previsible capítulo. El edificio donde funciona el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) quedó formalmente clausurado y sin actividad presencial a partir de las 7 de la mañana de este martes 14 de abril, en estricta sintonía con las advertencias técnicas que habían encendido las alarmas en los últimos días.

La medida fue ordenada por la presidenta del tribunal, la jueza Carina Farías, quien dispuso la prohibición absoluta de ingreso para cualquier persona a la histórica sede ubicada en la calle Chacabuco 125, en pleno centro de San Miguel de Tucumán.

Según precisó el delegado regional de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Ignacio García Mena, la inédita resolución tendrá vigencia ininterrumpida “hasta tanto se resuelva el problema eléctrico” que afecta a la totalidad del inmueble.

El crítico informe de EDET: un peligro inminente

Tal como se venía anticipando en la agenda informativa, el cierre preventivo se apoya en un lapidario informe elaborado por la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET). Los técnicos de la prestataria advirtieron sobre riesgos inminentes de electrocución y/o incendio debido al deterioro generalizado y la marcada obsolescencia de las instalaciones.

Este preocupante diagnóstico ya había motivado un fuerte reclamo formal por parte del gremio judicial, que exigía clausurar el edificio de manera urgente y pasar a una modalidad de trabajo remoto para resguardar la integridad física de los empleados.

La resolución firmada por Farías confirma en los hechos el escenario de extrema gravedad que describía el informe técnico: no se trata de fallas eléctricas aisladas, sino de un sistema colapsado en su conjunto, con potenciales consecuencias fatales sobre la seguridad de los trabajadores, los funcionarios y el público en general que asiste a diario a las audiencias.

Esquema de contingencia para trámites urgentes

Con la decisión institucional ya en marcha, el tribunal activó un esquema de contingencia para no paralizar por completo el servicio de justicia.

Según lo dispuesto en la acordada, los secretarios del TOF y los titulares de los Ministerios Públicos que funcionan en el mismo edificio quedaron facultados para arbitrar los medios necesarios (ya sea a través de teletrabajo o derivaciones) que permitan garantizar exclusivamente la atención de aquellas medidas judiciales que no admitan demora.

En este contexto de clausura preventiva y paralización de la actividad ordinaria, la principal incógnita pasa ahora por los plazos y los costos que demandará la normalización de la actividad presencial en el TOF, a la espera de una solución estructural para un problema energético que no admite más parches.

(Fuente: Tendencia de Noticias)