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Argentina

El Gobierno oficializó el bono de $6.000 para jubilados y pensionados

Comenzará a pagarse a partir del 18 de abril, los días hábiles corridos según terminación de DNI de los jubilados y pensionados.
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4 años atrás

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El gobierno nacional oficializó este viernes el bono de $6.000 para jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas, que comenzará a pagarse este mes.

La medida había sido anticipada la semana pasada por el presidente Alberto Fernández y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta. “Buscamos recomponer el ingreso de los jubilados”, declaró el mandatario al señalar que con esta iniciativa buscan “fortalecer los ingresos” de los adultos mayores. “Estamos haciendo todo a nuestro alcance para cuidar a las familias argentinas”, agregó.

A través del Decreto 180/2022, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo confirmó que se otorgará “un subsidio extraordinario por un monto máximo de $6000 que se abonará en el mes de abril de 2022″.

Lo recibirán los beneficiarios de las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); de la Pensión Universal para el Adulto Mayor; y los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES. Se estima que la inciativa alcanzará a 4,6 millones de beneficiarios.

El Gobierno dispuso que “para aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto equivalente de hasta $32.630,40, el subsidio extraordinario será equivalente a $6.000 y para aquellos titulares que por la suma de todas sus prestaciones vigentes perciban un importe superior al precitado monto, el subsidio extraordinario será igual a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $38.630,40″. “Para percibir el presente subsidio extraordinario los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación”, se aclaró.

Este bono no alcanza a los Regímenes de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Policiales o del Servicio Penitenciario de las Provincias, ni tampoco será “susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”, se informó en el Decreto firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Comenzará a pagarse a partir del 18 de abril, los días hábiles corridos según terminación de DNI.
La semana pasada cuando se anunció la medida, desde Presidencia señalaron que el objetivo del beneficio es fortalecer los ingresos “ante la suba de precios de los alimentos registrada en las últimas semanas”. Hoy, en el decreto publicado en el Boletín Oficial, no hubo mención al grave contexto inflacionario, y en los considerando se justificó el otorgamiento del bono señalando que se busca “mitigar los efectos económicos provocados por la pandemia”.
“Resulta imperativo continuar con la adopción de una serie de medidas urgentes y excepcionales con el objetivo de reforzar la protección económica y social de los sectores más indefensos”, se agregó.

El pasado viernes 1º de abril, la ANSES anunció el calendario de pagos de este mes para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, Pensiones No Contributivas, titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y Prestación por Desempleo.

En el caso de las jubilaciones y pensiones más bajas, se pagarán entre el 8 y el 22 de abril, de acuerdo al número de DNI. Y para los haberes superiores a $36.676, los pagos se realizarán entre el 25 y 29 de abril, de acuerdo al cronograma del organismo.

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Argentina

La Justicia en Nueva York rechazó el pedido de Burford para revisar la sentencia en el juicio YPF

La Corte de Apelaciones rechazó el pedido de los demandantes en el caso YPF luego de revisar el fallo del 27 de Marzo.
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2 días atrás

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2 junio, 2026

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La Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazó el pedido de reconsideración del fondo Burford respecto del fallo de segunda instancia que benefició a la Argentina al anular la condena por US$16.000 millones por la expropiación de YPF. El pedido buscaba que todos los jueces de la Cámara de Apelaciones revisaran la sentencia.

 

Los demandantes originales, Eton Park y Petersen —financiados por Burford— cuentan ahora con un plazo de 90 días para intentar la última instancia disponible en la justicia estadounidense: solicitar una revisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Analistas legales estiman que las probabilidades de éxito de ese recurso son escasas.

En su presentación trimestral a los accionistas, Burford Capital reconoció que “la probabilidad de obtener más recursos en los tribunales estadounidenses es baja desde un punto de vista estadístico”. Por ese motivo, aunque agotará las vías judiciales en Estados Unidos, su estrategia principal apunta a trasladar el reclamo al arbitraje internacional ante el Ciadi, el tribunal administrado por el Banco Mundial.

Reacción del Estado y de YPF

Desde la Procuración del Tesoro confirmaron el rechazo y afirmaron que la decisión “constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”. Agregaron que el resultado es un hito para la defensa de los intereses del Estado y subrayaron la importancia de “sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público”.

 

Horacio Marín, titular de la petrolera estatal, celebró la novedad en su cuenta de X: “Para YPF es un capítulo muy relevante porque nos permite consolidar nuestro Plan 4×4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031 y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo. Esto nos impulsa a seguir trabajando con determinación y confianza en el futuro de YPF, generando valor para la compañía y sus accionistas”.

El presidente Javier Milei también difundió la noticia: “Nuevo éxito en la justicia de Nueva York para YPF”. El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó el fallo como una “excelente noticia”.

La estrategia de Burford y el recurso arbitral

Mientras agota los recursos ante la justicia estadounidense, Burford confirmó que recurrirá al arbitraje internacional con base en los tratados bilaterales de inversión que la Argentina mantiene con España (por Petersen) y con Estados Unidos (por Eton Park).

 

La firma sostuvo que el arbitraje puede durar varios años —un caso promedio del Ciadi dura 4,4 años— pero subrayó que dicho mecanismo “es totalmente capaz de alcanzar el mismo resultado que un tribunal de primera instancia estadounidense”, aludiendo a la sentencia original que ordenaba el pago de US$16.000 millones.

Además, Burford señaló que el 86% de las 51 demandas arbitrales entre inversores y Estados presentadas contra la Argentina se habrían resuelto a favor de los inversores, dato que plantea la expectativa del fondo sobre la eficacia del arbitraje frente a controversias de esta naturaleza.

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Argentina

Jaldo y gobernadores plantearon obras y compensaciones a la tarifa eléctrica

Durante el encuentro realizado en el Consejo Federal de Inversiones, los mandatarios plantearon la necesidad de avanzar con obras de infraestructura energética, vial y gasífera para la región, además de solicitar una compensación en las tarifas eléctricas para las provincias del NOA y NEA.
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2 días atrás

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2 junio, 2026

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El gobernador, Osvaldo Jaldo, participó este martes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de una reunión junto a los mandatarios del Norte Grande y el ministro de Interior, Diego Santilli, en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Del encuentro también participó el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe. Junto a Jaldo estuvieron presentes los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Ricardo Quintela (La Rioja), Carlos Sadir (Jujuy), Gildo Insfrán (Formosa), Hugo Passalacqua (Misiones), Leandro Zdero (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Durante la reunión, los mandatarios abordaron una agenda vinculada a obras de infraestructura consideradas estratégicas para el desarrollo del Norte argentino. En ese sentido, Jaldo explicó que se planteó la necesidad de avanzar con proyectos relacionados con el gas, la recuperación de rutas nacionales y compesaciones a la tarifa electrica.

“Coincidimos los gobernadores del NOA y del NEA en la importancia de concretar obras que tienen que ver con la energía, el gas y las rutas nacionales, fundamentales para sacar nuestra producción, mejorar la conectividad y reducir los riesgos que generan las rutas en mal estado”, afirmó.

Asimismo, el Gobernador remarcó el pedido conjunto realizado por Tucumán, Salta y Jujuy para concluir obras vinculadas al abastecimiento de gas de la región.

“Solicitamos que se termine la obra de reversión y otras que son indispensables para que el gas de Vaca Muerta llegue lo antes posible a nuestras provincias. Hoy es más difícil conseguirlo y a un costos mas elevados”, sostuvo.

Otro de los planteos realizados por Jaldo estuvo relacionado con la necesidad de implementar un esquema de compensación energética para las provincias del Norte, similar al beneficio que reciben las las provincias que registran bajas temperaturas.

“Así como existe una compensación a las tarifas para el gas en la Zona Fría, nosotros solicitamos que se realice una compensación a las tarifas de energía eléctrica en las provincias del Norte.

Finalmente, Jaldo indicó que se acordó continuar abordando con el Ministerio de Interior los planteos particulares de cada provincia, en el marco de una agenda de trabajo permanente entre las jurisdicciones y el Gobierno nacional.

«A la Argentina la sacamos adelante a través del diálogo, colaboración y acompañamiento reciproco entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales«, concluyó el mandatario.

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Argentina

El Gobierno reglamentó cambios de la Ley de Modernización Laboral

Entre los puntos destacados se encuentran la registración del empleo, el control de licencias médicas, los acuerdos de desvinculación, entre otros.
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3 días atrás

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1 junio, 2026

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El Gobierno reglamentó este lunes algunos cambios significativos correspondientes a la Ley de Modernización Laboral. Entre los puntos destacados del decreto 407/2026 que se publicó en Boletín Oficial se encuentran la registración del empleo, la negociación colectiva, el control de licencias médicas, los acuerdos de desvinculación, entre otros.

Esto repercute además en la implementación de esquemas digitales que promueven los sistemas electrónicos de notificación y comunicación entre empleadores, trabajadores y organismos estatales, y la simplificación de trámites.

El texto oficial recordó que la obligación de registrar trabajadores se cumple mediante los sistemas habilitados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y que, a partir de esta publicación,» los empleadores ya no tendrán que llevar los libros laborales (artículo 52 de la LCT) en soporte físico ni digital». El sistema digital del mencionado organismo centralizará las altas, bajas y las modificaciones de los datos laborales, lo que quedará a disposición de los organismos y entidades de trabajo y seguridad social.

En cuanto a los acuerdos extintivos de la contratación laboral por mutuo acuerdo (artículo 241), la autoridad administrativa deberá verificar la legalidad del acto, la inexistencia de vicios y la adecuada composición de intereses, según los parámetros del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Otro de los cambios centrales alcanza al control de enfermedades del trabajador (artículo 210). Según el decreto, las prescripciones médicas que incluyan reposo “deberán ser emitidas electrónicamente mediante sistema de información o plataforma digital” en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias, y firmadas por profesionales habilitados ante la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud. Si existe una discrepancia insalvable entre el diagnóstico inicial y el control médico efectuado por el empleador, las partes podrán recurrir a una junta médica oficial o al dictamen de institutos públicos o privados de reconocida trayectoria.

El Poder Ejecutivo también dispuso reglas sobre la documentación laboral y, en particular, sobre el recibo de haberes. La reglamentación exige que los recibos de haberes contengan información clara y comprensible. El empleador deberá detallar el costo laboral total, los conceptos involucrados en la relación y el monto final percibido por el trabajador.

Para los trámites jubilatorios, se estableció la obligación a ANSES de notificar a los empleadores y agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud sobre el inicio y la finalización del procedimiento.

Uno de los aspectos es el nuevo marco para las Empresas de Servicios Eventuales. El decreto reemplaza la normativa anterior, que había quedado desactualizada, y establece criterios de funcionamiento más flexibles y proporcionales. La exigencia de garantías se adecuará a la cantidad de trabajadores y a la dimensión de la empresa, eliminando rigideces que dificultaban la operación de empresas pequeñas y medianas.

En materia de negociación colectiva, el Gobierno definió que serán considerados vencidos los convenios cuyo plazo original ya haya expirado. En tanto, las asociaciones de empleadores y cámaras empresarias estarán legitimadas para participar en negociaciones colectivas si acreditan representación suficiente en el ámbito personal y territorial correspondiente, que no podrá ser inferior al 10 % de los trabajadores comprendidos. Si la convención aplica en más de una jurisdicción, la autoridad podrá admitir hasta dos representaciones adicionales del sector empleador.

La reglamentación también modifica el régimen sindical. Según el decreto, los cuerpos directivos de asociaciones sindicales deberán guardar una proporcionalidad razonable con el número de afiliados cotizantes; la autoridad de aplicación verificará nóminas con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino y otras bases públicas; y, en casos de superposición de personería gremial, la asociación que la pretenda deberá superar a la que ya la posee por al menos un 5 % adicional de afiliados cotizantes.

La norma fijó además un plazo de 30 días para que la Secretaría de Trabajo convoque a los gremios para renegociar convenios colectivos vencidos, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá adaptar en 120 días sus sistemas para absorber la registración laboral del sector de la construcción.

FUENTE: Infobae

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