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Política

El Gobierno Nacional ratificó que no aplicará la ley de financiamiento universitario

Funcionarios informaron que las universidades tendrán asignados $4.8 millones que se suma al aumento del 270% para gastos de funcionamiento otorgado durante 2024 y del 20% que ya se encaró durante el 2025.

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El Secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguraron en el marco de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que las partidas de fondos para educación para el año que viene registrarán un 10% de aumento en términos reales y que las universidades podrán “cubrir todas sus necesidades”.

 

Torrendell comenzó su exposición señalando que “aumentar el gasto estatal” no es suficiente para mejorar los niveles educativos. En esa línea, aseguró que el resultado de la política presupuestaria de las últimas décadas fue un “gasto público descontrolado” que además “profundizó la dependencia de las personas del Estado”.

 

“Debemos gastar menos, pero invertir más en cada persona concreta, reconociendo que el progreso no surgirá de aumentar la burocracia sino de usar inteligentemente los recursos públicos para liberar las capacidades de cada persona”, planteó el funcionario.

 

Luego explicó que el proyecto de Presupuesto 2026 prevé un aumento de la inversión educativa de 17,6% en términos nominales y, dado que se proyecta un 10,1% de inflación anual, esto representa un aumento real del 7% en inversión educativa.

Además, detalló que se proyecta una “inversión fuerte adicional” sobre el plan nacional de alfabetización, específicamente sobre el valor de la hora que cobran los docentes y en recursos para formación docente.

 

En tanto, los funcionarios informaron que las universidades tendrán asignados $4.8 millones que se suma al aumento del 270% para gastos de funcionamiento otorgado durante 2024 y del 20% que ya se encaró durante el 2025. “En materia de gasto de funcionamiento se ve un apoyo consistente a las universidades nacionales”, dijo Torrendell.

 

Por su parte, Alejandro Álvarez arremetió contra lo que calificó como una “campaña del miedo”. “En primer lugar, les traigo una buena noticia: no cerró ninguna universidad. La segunda buena noticia es que es falso que renunciaron 10 mil docentes, como dijo el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Les voy a contar las cifras reales, en el sistema hay 198 mil docentes. Y cuando iniciamos la gestión había 196 mil. Tampoco hay un éxodo de docentes”, dijo Álvarez.

Según el Subsecretario de Políticas Universitarias, la tercera “buena noticia” es que se aprobaron todas las actualizaciones de planta no docente. “Históricamente se han quejado de que no podían cubrir el funcionamiento de los edificios o la seguridad”, detalló.

Y sintetizó: “No hay ningún ajuste con despidos, como había instalado la campaña sistemática del miedo”.

Al ser consultado sobre la implementación de la ley de financiamiento universitario, que fue vetada por Javier Milei pero ratificada por el Congreso, los funcionarios explicaron que la oposición nunca dijo de dónde deberían salir los fondos.

“Nosotros no íbamos a incurrir en un acto de ilegalidad al financiar una ley que no tuviera perfectamente claro cuál era su fuente de financiamiento”, resumió, en línea con el discurso de la Casa Rosada. “Por más que el Parlamento vote por la derogación de la ‘Ley de Gravedad’, salimos afuera y la gravedad sigue existiendo”, ironizó.

Por último, Álvarez dijo que los futuros aumentos de partidas y de salarios serán fruto del aumento de la actividad económica “que se logra con más libertad”.

La Comisión de Presupuesto está emplazada y deberá firmar los dictámenes la semana que viene. Sin embargo, el oficialismo ya trabaja junto con los bloques dialoguistas y los gobernadores, que fueron convocados a una reunión en la Casa Rosada, para posponer el tratamiento hasta después del recambio legislativo, cuando los libertarios estarán fortalecidos numéricamente. / Infobae

Política

Jaldo sostuvo que acatará el fallo de la Corte sobre su reelección

El gobernador afirmó que esperará el pronunciamiento que tome la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por sectores de la oposición contra el artículo 90 de la Constitución provincial. “Este gobernador no está aferrado a ningún sillón”, aseguró.

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El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al avance del tratamiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la presentación judicial que cuestiona su candidatura. Según consta en el sistema del Poder Judicial de la Nación, la Secretaría de Juicios Originarios del máximo tribunal solicitó este martes a la Procuración que se expida sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por sectores de la oposición.

El planteo apunta contra el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, que habilita la continuidad correlativa en los dos cargos de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo provincial.

Consultado sobre el avance de la causa, Jaldo ratificó que aguardará la resolución de la Justicia nacional y aseguró que cumplirá lo que determine el máximo tribunal.

“Una vez que eso ya está en la Corte nacional, lo único que hacemos es esperar, con los tiempos que se tome la Corte y, fundamentalmente, el procurador en primera instancia. No hay duda de que los fallos o dictámenes que de allí se emanen nosotros los vamos a cumplir a rajatabla”, expresó.

En ese sentido, el mandatario descartó que su posición esté condicionada por la continuidad en el cargo y ratificó su disposición a respetar la decisión judicial.

“Este gobernador no está aferrado a ningún sillón y está muy preparado para gobernar cuatro años en la provincia de Tucumán. Me voy a allanar al fallo que salga de la Corte de la Nación”, concluyó.

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Política

Las comunas abren sus puertas para que 100.000 familias tucumanas accedan al subsidio de la luz

El Gobierno de Tucumán sale a buscar, casa por casa, a las familias que todavía no se inscribieron en el subsidio nacional a la energía eléctrica. Las comunas del interior serán la puerta de entrada: allí los vecinos recibirán asesoramiento y acompañamiento para completar el trámite sin trasladarse a la Capital.

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Por instrucción del gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro del Interior, Darío Monteros, y el secretario de Energía, Martín Viola, acordaron con los comisionados comunales convertir cada comuna en un centro de inscripción. El objetivo: que ningún tucumano que tenga derecho al beneficio se quede afuera. En esta primera reunión participaron todos los comisionados de la zona Oeste de la provincia.

El Gobierno de Tucumán sale a buscar, casa por casa, a las familias que todavía no se inscribieron en el subsidio nacional a la energía eléctrica. Las comunas del interior serán la puerta de entrada: allí los vecinos recibirán asesoramiento y acompañamiento para completar el trámite sin trasladarse a la Capital.

El beneficio es resultado directo de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo. Junto a los gobernadores del Norte Grande, Tucumán logró que la Nación reconociera el impacto del calor extremo en las boletas de luz. Gracias a esa negociación, el consumo subsidiado en la provincia pasa de 150 a 300 kilovatios hora mensuales, y el beneficio alcanza a 366.000 hogares tucumanos.

 

Sin embargo, cerca de 100.000 hogares que podrían recibirlo todavía no completaron la inscripción. Para llegar a cada uno de ellos, el Ministerio del Interior reunió ayer a los intendentes del interior y hoy a los comisionados comunales. Mañana, viernes, los equipos municipales y comunales serán capacitados por el Ersept y la Secretaría de Energía para salir de inmediato al territorio.

“El gobernador Osvaldo Jaldo nos dio una instrucción clara: que el Estado vaya a buscar a cada vecino y que nadie se quede sin un beneficio que le corresponde. Este subsidio no cayó del cielo. Es fruto de la negociación que hizo el gobernador en el Congreso de la Nación, defendiendo a Tucumán y al Norte Grande. Ahora nos toca a nosotros, junto a intendentes y comisionados, llevarlo a cada casa. Son cerca de 100.000 familias, y vamos a ir a buscarlas una por una”, afirmó el ministro Darío Monteros.

 

“Muchos vecinos no tienen conectividad, no se animan a hacer el trámite en el celular o directamente no saben que les corresponde. Por eso es tan importante que la comuna, que es la puerta más cercana que tiene la gente, sea el lugar donde lo resuelvan”, agregó Monteros.

Por su parte, el secretario de Energía, Martín Viola, destacó el alcance del beneficio: “Son cerca de 100.000 usuarios que todavía no están inscriptos y que pueden gozar de este derecho. El beneficio llega a siete de cada diez de la provincia. Y cada peso que una familia ahorra en su boleta se queda en el pueblo: se vuelca en el almacén, en el comercio del barrio, en la economía de cada comuna. Por eso esta tarea es clave para el interior”.

¿Ya tengo el subsidio?

En la parte superior derecha de la factura de luz figura la identificación del subsidio nacional. Quienes ya lo tienen lo siguen recibiendo automáticamente y no necesitan hacer ningún trámite.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Los hogares cuyos ingresos no superen las tres canastas básicas totales, unos $4,9 millones mensuales.

¿Dónde y cómo?

  • En la comuna o municipio de residencia, con asistencia del personal capacitado
  • En argentina.gob.ar, sección Solicitar subsidios de luz y gas.
  • En el Ersept, Córdoba 560, San Miguel de Tucumán, de lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 14 a 17.
  • Hay que tener a mano el DNI (con número de trámite) y una factura de luz, donde figura el número de usuario.

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Política

Disolución de obra social de las fuerzas armadas dejará unos 40 despidos y un tendal de afiliados

A partir del 30 de noviembre, cerca de 40 empleados quedarían sin trabajo en la provincia y más de 500.000 afiliados perderían su cobertura médica.

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El Gobierno de Javier Milei oficializó la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) mediante el Decreto 1286/2026, publicado en el Boletín Oficial. El proceso quedó a cargo de un administrador designado por el Ministerio de Defensa, mientras que las funciones y la reestructuración operativa pasarían a la órbita de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

 

La medida incluye el cierre de delegaciones, farmacias, centros de auditoría y centros médicos en distintas provincias. Entre las sedes alcanzadas se mencionan el centro médico y las oficinas de Tucumán. El cese de actividades tendría como fecha límite el 30 de noviembre de 2026.

El plan también contempla despidos y la no renovación de contratos de más de mil trabajadores en todo el país, incluidos empleados con décadas de antigüedad. Frente a esa situación, representantes de ATE, trabajadores y afiliados realizan asambleas, sentadas y movilizaciones para rechazar los cierres y reclamar la reincorporación del personal.

Las protestas también expresan preocupación por la continuidad de las prestaciones médicas y la entrega de medicamentos. De acuerdo con los datos difundidos, el cambio alcanzaría a más de 500.000 afiliados en todo el país. Los reclamos apuntan a obtener garantías sobre la atención durante el proceso de liquidación y la reorganización de los servicios. /Los Primeros/

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