El Gobierno intimó a Flybondi a presentar un plan para reducir las cancelaciones de sus vuelos
El plan debe contemplar una reducción significativa de las cancelaciones y la implementación de medidas de contingencia que garanticen la protección de los derechos de los pasajeros.
La Secretaría de Transporte de la Nación intimó este miércoles a la línea aérea Flybondi a presentar en un plazo de 48 horas un plan correctivo para reducir las cancelaciones de sus vuelos. De no cumplir, podrían armarle un sumario y aplicarle una multa.
De esta manera, el Gobierno le envío un «ultimátum» a la línea área privada de Flybondi. «El plan debe contemplar una reducción significativa de las cancelaciones y la implementación de medidas de contingencia que garanticen la protección de los derechos de los pasajeros», indicó la Secretaría de transporte en un comunicado.
De no hacerlo, el Gobierno amenazó con armar un sumario contra la empresa y aplicarle una multa económica. Y si así y todo, el número elevado de cancelaciones de vuelos continúa, «se tomarán mayores medidas para la prestación de un servicio de calidad y la protección de los derechos de los pasajeros que acceden a los pasajes».
Los números de Flybondi
Según la Secretaría de Transporte, Flybondi canceló el 20% de las operaciones aéreas realizadas en noviembre. De los 1991 vuelos operados, 384 sufrieron cancelaciones. A esto se suma que más de 700 vuelos debieron ser reprogramados.
Ante este mal desempeño, Gobierno intimó a la aerolínea de que ajuste las solicitudes de vuelos que envía a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a su capacidad operativa real, «evitando ofrecer vuelos que no pueda garantizar ni operar efectivamente«.Asimismo, el comunicado defendió la política de Desregulación y Cielos Abiertos en busca «de una mayor eficiencia en el sector aéreo, sin afectar el derecho de los pasajeros».
Aplicarán un aumento de hasta el 18% en dos tramos en el servicio eléctrico
El Ersept confirmó que el incremento comenzará a impactar en las próximas boletas y responde a una actualización del esquema tarifario tras audiencia pública.
El Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersept) confirmó que las tarifas de energía eléctrica aumentarán hasta un 18% durante 2026, en un esquema que será aplicado en dos etapas y comenzará a reflejarse en las próximas facturas.
El anuncio fue realizado por el interventor José Ricardo Ascárate, luego de su exposición ante la Comisión de Energía de la Legislatura. “Estamos hablando de un 18% como máximo incremento, otorgado en dos partes”, precisó el funcionario.
Según detalló, la primera suba será del 13% y se aplicará en el próximo bimestre, tomando como base los consumos desde fines de abril. Posteriormente, se sumará un 5% adicional para completar el ajuste previsto.
Ascárate explicó que la medida surge de un proceso iniciado a comienzos de año, tras la realización de una audiencia pública con participación de usuarios y entidades. A partir de ese debate, se avanzó en la renegociación del esquema tarifario con la empresa distribuidora, que se encuentra en su tramo final.
¿Cómo impactará el nuevo cuadro tarifario en tu boleta de luz este mes?
El nuevo cuadro no solo contempla el aumento, sino también cambios en la estructura de cobro. En ese sentido, el funcionario indicó que se busca corregir distorsiones en los cargos fijos. “Buscamos evitar situaciones en las que una mínima diferencia en el consumo duplicaba el cargo fijo”, señaló.
Además, el acuerdo prevé un incremento del 30% en las inversiones para los próximos cinco años, con el objetivo de mejorar la red eléctrica y avanzar en obras clave, especialmente en zonas como los Valles Calchaquíes, donde aún existen sistemas aislados.
Otro de los puntos incorporados es el impulso a la generación distribuida. “Intentamos hacer extensiva a todos los tucumanos la posibilidad de instalar equipos de generación propia”, sostuvo Ascárate, en referencia a la promoción de energía solar domiciliaria.
El interventor aclaró que el ajuste corresponde exclusivamente al Valor Agregado de Distribución (VAD), es decir, el componente provincial de la tarifa, y que se mantendrá vigente hasta noviembre, cuando se realizará una nueva revisión.
En paralelo, recordó que el precio mayorista de la energía, definido a nivel nacional, ya registró aumentos y podría volver a modificarse en los próximos meses.
“Lo importante es que este esquema corrige errores del sistema anterior y mejora el plan de inversiones, tratando siempre de que el costo sea razonable para los usuarios”, concluyó./LG Play
El proyecto para reducir la carga tributaria al sector inmobiliario quedó a un paso de convertirse en ley
La comisión de Hacienda y Presupuesto del Parlamento tucumano dio dictamen al proyecto del Poder Ejecutivo, que va camino a la aprobación en la próxima sesión parlamentaria.
La comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura de Tucumán emitió dictamen favorable al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que busca reducir el costo de escrituras y transferencias inmobiliarias, luego de las fuertes críticas generadas por el impacto de la aplicación del Observatorio Inmobiliario de Tucumán (Omituc). La iniciativa obtuvo respaldo mayoritario y quedó en condiciones de ser tratada en la próxima sesión parlamentaria.
El expediente llegó con las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y apunta a modificar la base imponible del impuesto de sellos, uno de los tributos que más cuestionamientos despertó en los últimos meses por el aumento de los valores aplicados a las operaciones inmobiliarias.
Desde la comisión que conduce el legislador justicialista Carlos Gallia se dio luz verde al texto sin modificaciones. El oficialismo acompañó la propuesta con las firmas de Gallia, Hugo Ledesma, Sandra Figuera, Francisco Serra y Sara Lazarte.
Según explicó Gallia, el Omituc comenzó a establecer nuevos parámetros de valuación catastral desde el año pasado, lo que derivó en una mayor carga fiscal al momento de escriturar propiedades. El legislador reconoció que el esquema vigente había encarecido considerablemente este tipo de operaciones.
En ese sentido, remarcó que la reforma apunta a aliviar la presión tributaria sobre los contribuyentes y favorecer la normalización del mercado inmobiliario. También destacó que el proyecto contempla exenciones del impuesto de sellos para transferencias de dominio entre familiares mediante donaciones o sucesiones hereditarias.
Actualmente, para calcular el impuesto de sellos se toma como referencia la valuación fiscal o el precio pactado entre las partes. Con la modificación propuesta, el tributo pasará a liquidarse sobre el valor catastral vigente al momento de la operación, reducido en un 30%, o sobre el precio convenido si este fuera superior.
El debate legislativo se produce luego de que el Colegio de Escribanos reconociera una marcada caída en la cantidad de escrituras desde fines de diciembre, cuando entró en vigencia la Ley N° 9.857. Notarios y entidades vinculadas al sector estimaron que la retracción ronda el 70%, como consecuencia de costos que calificaron como excesivos.
Desde la oposición también surgieron propuestas alternativas. El legislador Claudio Viña presentó un dictamen en minoría para que los contribuyentes que abonaron el impuesto desde la entrada en vigencia de la ley cuestionada puedan recuperar diferencias económicas cuando se apruebe la nueva norma.
Su planteo establece que quienes hayan pagado conceptos que luego resulten exentos o reducidos recibirían un crédito fiscal de libre disponibilidad, aplicable automáticamente al pago de cualquier tributo previsto en la Ley 5.121.
Viña sostuvo que la iniciativa oficial representa apenas una solución parcial frente a un revalúo que consideró abusivo. Cuestionó además los criterios utilizados para actualizar los valores inmobiliarios y señaló que se aplicaron parámetros poco claros, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial.
El dirigente de Nueva Fuerza afirmó que la fuerte suba de los costos desalentó las escrituras y empujó a muchos contribuyentes a postergar operaciones para evitar una carga tributaria que calificó como excesiva.
No obstante, admitió que la propuesta oficial implica una mejora frente al esquema actual, aunque insistió en que debió avanzarse con una corrección más profunda.
Con el dictamen ya firmado, el proyecto quedó habilitado para ser incorporado al temario de la próxima sesión legislativa, donde se espera un nuevo debate sobre la política tributaria aplicada al mercado inmobiliario tucumano.
Familias endeudadas: seis de cada 10 inquilinos piden créditos o usan ahorros para pagar el alquiler
La presión del costo de la vivienda empuja a más hogares a financiar gastos corrientes con préstamos. El fenómeno se consolidó en 2024 y se mantiene en niveles críticos durante 2025.
El panorama habitacional en Argentina alcanzó un punto de inflexión. Según el último informe de la Fundación Tejido Urbano, el 57,6% de los hogares inquilinos debió recurrir a estrategias financieras —como el endeudamiento o el uso de ahorros acumulados— para sostener sus gastos básicos en 2025.
Este dato marca un crecimiento alarmante frente al 46,2% registrado en 2022. Sin embargo, el cambio más profundo no es solo cuánto se gasta, sino cómo se paga: el uso de crédito bancario para cubrir el techo saltó del 10,6% al 18,1% en el mismo período.
De los ahorros a la «espiral de insolvencia»
Históricamente, el uso de ahorros (o desahorro) fue el primer dique de contención ante la crisis. Tras alcanzar un pico del 42% en 2024, esta práctica bajó levemente al 39,6% en 2025, pero no por una mejora económica, sino por el agotamiento de las reservas familiares.
Matías Araujo, investigador de Tejido Urbano, advierte sobre la peligrosidad de este viraje hacia el sistema bancario:
“Cuando el alquiler se financia con crédito, dejamos de hablar de un problema habitacional para hablar de una espiral de insolvencia. La deuda bancaria es rígida; para no caer en mora, las familias recortan en salud, educación o alimentación”.
El «auto desalojo»: Cuando el techo se vuelve insostenible
Desde las organizaciones de inquilinos, la lectura es contundente. Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, señala que el financiamiento con deuda es la antesala de la pérdida de la vivienda. Este proceso, que Katy Chiappa (Asociación Platense de Inquilinos) define como «auto desalojo», suele terminar con familias regresando a hogares de parientes o mudándose a asentamientos más precarios.
Actualmente, ingresar a un nuevo alquiler puede demandar hasta $2 millones, una cifra inalcanzable para sectores que ya destinan la mayor parte de su sueldo a la renta mensual.
Radiografía del ajuste: Ingresos vs. Alquiler
El desfasaje económico queda en evidencia al observar los números reales del mercado:
El margen de supervivencia: Un trabajador con ingresos de $900.000 que paga $400.000 de alquiler dispone de apenas $500.000 para el resto de sus necesidades.
Cerca de la indigencia: Con una canasta básica que ronda los $452.000, cualquier imprevisto o gasto de salud empuja automáticamente al hogar por debajo de la línea de pobreza.
Sectores afectados: El 82,5% de los inquilinos se concentran en los deciles de ingresos bajos y medios, demostrando que la crisis ya no es exclusiva de los sectores vulnerables.
El impacto crítico en AMBA y CABA
La presión habitacional se intensifica en los grandes centros urbanos. En la Ciudad de Buenos Aires, el 69,7% de los inquilinos utiliza estrategias financieras para llegar a fin de mes, mientras que en el AMBA la cifra alcanza el 63,2%.
Si se integrara el costo del alquiler a la medición oficial de pobreza en la Capital Federal, la suma de pobreza e indigencia saltaría del 8,9% al 16,6%, revelando una realidad social mucho más frágil de la que muestran las estadísticas tradicionales.
Hacia una solución estructural
El debate sobre cómo frenar esta inercia divide aguas. Mientras que desde la Fundación Tejido Urbano proponen soluciones integrales que incluyan financiamiento del suelo y transparencia de mercado, las federaciones de inquilinos insisten en medidas urgentes:
Regulación de precios: Recuperar marcos normativos que limiten los aumentos discrecionales.
Emergencia habitacional: Declarar la crisis formalmente para activar mecanismos de asistencia.
Créditos hipotecarios reales: Generar alternativas de acceso a la propiedad que sean pagables para un salario medio.
Hoy, el alquiler ha dejado de ser un simple gasto mensual para convertirse en el eje que desorganiza la economía familiar, transformando el derecho a la vivienda en una carga financiera que hipoteca el futuro de las próximas generaciones.
