Se trata de una preocupación de primera magnitud para el Poder Ejecutivo. La Libertad Avanza arribó a la Casa Rosada con una minoría muy pronunciada en ambas cámaras (originalmente fueron 38 diputados y 7 senadores propios), lo que derivó en que Milei se valiera en los DNU como un mecanismo para poder maniobrar en la gestión evitando al Congreso siempre que se pudiera.

Tanto en la Casa Rosada como en el Palacio del Congreso reconocen que la posibilidad de que el proyecto consiga una sanción definitiva es alta. “La oposición está envalentonada porque sabe que son las últimas semanas en las que van a poder a aprovechar esta holgura legislativa. Todos estos proyectos están mediados por la campaña”, afirmó un operador libertario.

En más de un despacho afirman que un eventual bloqueo a esta iniciativa podría ser una oportunidad significativa para dar muestras de ordenamiento en el plano de lo político. “El Tesoro pidió que demos muestras de control político en el Congreso”, aseguraba a este medio una fuente inobjetable horas después del anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que dispuso una línea de swap de USD 20.000 millones para estabilizar los vaivenes financieros de Argentina de las últimas semanas.

La urgencia opositora responde a la certeza de que Milei vetará la reforma, lo que obligará a buscar la insistencia en ambas cámaras con una mayoría especial de dos tercios. Altísimas fuentes de LLA en el Congreso afirmaron que están en condiciones de conseguir los votos necesarios para sostener el eventual veto. “Estamos muy seguros de que los vamos a conseguir”, afirmaron a Infobae.

Hace dos semanas, el Senado aprobó con una amplia mayoría —56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones— un proyecto que modifica la ley 26.122, la cual regula los Decretos de Necesidad y Urgencia. La normativa vigente, impulsada en 2006 por Cristina Kirchner, establece que los DNU solo pueden ser rechazados si ambas cámaras del Congreso votan en contra. Esto permite al oficialismo bloquear el rechazo con una mayoría simple en cualquiera de las cámaras.

La reforma aprobada en el Senado introduce cambios sustanciales: impone un plazo de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie sobre los DNU, tras el cual los decretos pierden vigencia si no son tratados. Además, exige la aprobación explícita de ambas cámaras para que los decretos se mantengan, lo que invierte el esquema actual y facilita a la oposición la invalidación de los DNU con mayoría en una sola cámara.

Uno de los interlocutores libertarios con la oposición marcaba que había un segmento de los más intransigentes que comenzaron a levantar el pie del acelerador. “Si el día de mañana gobiernan, no les va a servir esta nueva ley”, justificó.

Mientras que en el Congreso las negociaciones corren por cuenta del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; quienes están al pie de ese diálogo con los gobernadores son el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

El primero verá hoy al mendocino Alfredo Cornejo en el marco del Consejo de Mayo, mientras que el segundo agendaba al menos una audiencia con jefes provinciales. En todos los diálogos formales e informales se buscará incluir la cuestión de los DNU.

En ese entorno consideran que los gobernadores que han fungido como aliados circunstanciales están acorralados por la coyuntura electoral, pero que pueden flexibilizarse en otros asuntos. “Es muy difícil que un radical te acompañe con los votos de las universidades cuando, además, no estaban los números. Pero para cosas más técnicas pueden estar más dispuestos a ayudar”, opinaba un colaborador libertario.

“Creo que los gobernadores o una mayoría de ellos nos han acompañado durante todo este primer periodo. Después, lógico, se fue complicando, pero mucho producto de los períodos electorales de cada provincia, de la necesidad nuestra de ir conformando una necesidad electoral y que hemos tenido choques producto de la situación política. Después de las elecciones tenemos el segundo mandato, y tenemos toda la intención de llegar a acuerdos que nos permitan avanzar en las leyes que el país necesita”, dijo Francos este sábado en diálogo con Radio Mitre.

Paralelamente, el Gobierno sigue de cerca la moción de censura impulsada contra el ministro coordinador por el decreto que suspendió la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que fue vetada y posteriormente ratificada por el Congreso. Mientras un sector del oficialismo sostiene que podría designar nuevamente al funcionario en caso de ser removido, otra facción descarta esa posibilidad.

La nueva reunión del Consejo de Mayo

Hoy, a las 10, se celebrará un nuevo encuentro mensual del Consejo de Mayo, el órgano multisectorial que fue creado por el Presidente para que el Gobierno se reúna con representantes de distintos sectores políticos y de la economía social para acordar aspectos técnicos de las reformas más importantes que el oficialismo quiere abarcar en la segunda parte de la gestión.

Allí estará el líder del Consejo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los consejeros designados por decreto: el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por el Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias firmantes del Pacto de Mayo; la senadora nacional, Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

Se espera que la reunión de este lunes tenga una mayor cantidad de invitados, desde laboralistas a especialistas económicos. Se buscará profundizar asuntos vinculados a la reforma laboral. Los integrantes de este ámbito suelen ser discretos al respecto de las conversaciones que se producen allí adentro, por lo que no se conoce la letra chica del eventual proyecto que sería consensuado y que apuntaría a “bajar el costo argentino”.