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Política

El Gobierno anunció modificaciones en el régimen migratorio

El Gobierno anunció modificaciones en el régimen migratorio para restringir el ingreso de inmigrantes condenados y facilitar la deportación de los delincuentes.

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El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó la medida durante una rueda de prensa que ofreció en Casa Rosada. En los próximos días se publicará un DNU en el Boletín Oficial

A través de un mensaje del vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno anunció el lanzamiento de su propia reforma migratoria, la cual se hará efectiva a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia en el Boletín Oficial en los próximos días.

La medida busca endurecer los requisitos para otorgar residencia a extranjeros y arancelar determinados servicios, además que pretende ampliar los mecanismos para expulsar personas extranjeras del país, algo que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien es una de las promotoras principales de esta medida, había aplicado durante la administración nacional de Mauricio Macri a través del DNU 70/17.

“Argentina fue demasiada permisiva para quienes ingresan de forma irregular”, esgrimió en primer término el vocero en la Sala de Conferencia de Casa Rosada, donde estuvo acompañado por Bullrich, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán.

La reforma fue anunciada por el presidente Javier Milei el pasado 1 de marzo durante la Apertura del 143° período de Sesiones Ordinarias. En su discurso, Milei destacó la necesidad de realizar cambios en la política migratoria del país, argumentando que Argentina ha sido generosa con los inmigrantes, pero que no puede permitirse ser “un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos”. Según el mandatario, la reforma es un paso necesario para consolidar un país “serio”.

Uno de los puntos centrales que se pretendía del decreto es la propuesta de que los extranjeros no residentes deban pagar por el acceso a la salud pública. Sin embargo, esta medida solo podría aplicarse en los hospitales nacionales, que son los que están bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. Sin conocerse la letra chica, la iniciativa ha generado expectativas sobre posibles extensiones a otros servicios públicos, como la educación.

Los números clave de la población carcelaria

El último informa anual del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP) informa que la población carcelaria hasta el 31 de diciembre de 2023 era de 111.967 personas, siendo extranjera el 6% del total (6644 personas). El 4% está compuesta por países limítrofes y Perú. De este grupo, 1923 personas son de Paraguay, 905 de Bolivia y 857 de Perú.

En términos generales, el 39,2% de las personas privadas de libertad no tenían condena judicial. Y la sobrepoblación carcelaria era de 20% y la tasa de presos está en su máximo histórico, 240 internos cada 100.000 habitantes.

El informe anual de 2024 del Ministerio Público Fiscal publicado a comienzos de año informa que hay 1.884 personas extranjeras detenidas bajo la órbita del Sistema Penitenciario Federal (SPF), un 16,1% de la totalidad de esa población carcelaria. De este subgrupo, 69% son oriundas de Paraguay, Bolivia y Perú, si a ello se agregan los oriundos de Brasil, Uruguay y Chile se puede observar que las personas privadas de libertad de países limítrofes supera el 80% de la totalidad de los extranjeros.

Según informaron a Infobae desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el número de personas extranjeras en sus propios penales es de 3050, representando el 45% de esa población carcelaria específica a nivel nacional.

El decreto al que quiere volver Bullrich

Además de la expulsión de personas migrantes, la intención de Bullrich es aplicar nuevamente algunos aspectos de lo que fue su reforma impulsada durante la presidencia de Mauricio Macri a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017, el cual fue derogado por Alberto Fernández en 2021 (con el DNU 138/2021), luego de diversas acciones de amparo colectivo presentado por organizaciones sociales y de derechos humanos.

Aquel decreto terminó siendo declarado como inconstitucional por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, un fallo que contó con la firma de los jueces Guillermo Treacy, Jorge Alemany y Pablo Gallegos Fedriani.

Entre los puntos más cuestionados fue que el decreto imponía “restricciones regresivas a los derechos humanos de los migrantes”, en “contravención” de los estándares internacionales, citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece que las limitaciones a los derechos fundamentales deben ser adoptadas mediante leyes formales del Poder Legislativo y no por actos administrativos; enfatizando que los procedimientos migratorios deben garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia, especialmente en casos de expulsión o deportación.

Entre los puntos destacados de ese fallo fue la oposición al plazo de tres días establecido para interponer recursos administrativos y judiciales contra decisiones de la Dirección Nacional de Migraciones, considerado un procedimiento judicial insuficiente; así como la disposición que otorgaba exclusivamente a Migraciones la facultad de decidir sobre la reunificación familiar, sin posibilidad de revisión judicial.

Además, señaló que el decreto presentaba un “vicio de finalidad” al justificar sus medidas en una supuesta relación entre la migración y la criminalidad, particularmente con el narcotráfico. Asimismo, cuestionó la utilización del DNU para modificar la Ley de Migraciones, un punto que pretende ser usado desde sectores opositores para oponerse al inminente decreto libertario.

FUENTE: Infobae

Política

Avanza un proyecto que modificaría la “Demanda de alimentos”

La Comisión de Familia analizó junto a la Corte Suprema modificaciones al Código Procesal de Familia; la reunión se realizó en la sede del máximo tribunal provincial, donde se abordó un proyecto impulsado por la legisladora Patricia Lizárraga que propone cambios en materia de alimentos, notificaciones y determinación de las obligaciones alimentarias .

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La Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad de la Legislatura de Tucumán se reunió esta mañana con integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia para analizar el proyecto de ley que propone modificar tres artículos de la Ley Nº 9581, correspondiente al Código Procesal de Familia.

El encuentro tuvo lugar en la sede del máximo tribunal, ubicada en pasaje Vélez Sarsfield al 400, y tuvo por eje la iniciativa presentada por la legisladora Patricia Lizárraga, con la firma de los legisladores Alejandro Figueroa, Sara Assan y Paula Galván.

La propuesta contempla modificaciones en los Arts. 266, 267 y 279 del Código Procesal de Familia. Entre los puntos centrales, plantea cambios en el régimen de alimentos, la incorporación de aplicaciones y plataformas de mensajería instantánea como medios de notificación al demandado y precisiones sobre la sentencia que determina el monto total de la obligación alimentaria.

Al finalizar la reunión, la presidenta de la comisión, Patricia Lizárraga, agradeció a los integrantes de la Corte por recibir a los legisladores y participar del análisis de la iniciativa.

“Quedamos en que analizarán nuestra propuesta y sugerirán correcciones que estudiaremos e incorporaremos al texto”, expresó.
Por parte de la Legislatura participaron también los legisladores Silvia Elías de Pérez, Maia Martínez, Sara Lazarte, Roque Argañaraz y Carlos Gómez.

En representación del Poder Judicial estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva; los vocales Claudia Sbdar, Eleonora Rodríguez Campos y Daniel Posse; el vocal decano Antonio Estofán y Edmundo Jesús Jiménez, Ministro Público Fiscal. Asimismo, asistieron jueces del fuero de Familia.

También formó parte del encuentro el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Federico Masso, en representación del Poder Ejecutivo.

La reunión permitió intercambiar perspectivas sobre los cambios propuestos y avanzar en el análisis de una iniciativa vinculada al funcionamiento de los procesos judiciales en materia de familia.

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Política

Jaldo pidió dejar de lado las diferencias para definir una fórmula nacional del justicialismo

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a las elecciones nacionales previstas para el próximo año y planteó la necesidad de que el Movimiento Justicialista deje de lado las diferencias personales y políticas

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El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a las elecciones nacionales previstas para el próximo año y planteó la necesidad de que el Movimiento Justicialista deje de lado las diferencias personales y políticas para definir una fórmula que le permita competir a nivel federal.

“Falta un año para las elecciones nacionales. En política algunos dicen que es mucho, otros dicen que es poco, pero hay que tomarse el tiempo, y fundamentalmente al margen del tiempo, hay que tomar muy buenas decisiones”, expresó Jaldo al analizar los plazos electorales y la necesidad de alcanzar consensos dentro del espacio político.

En ese sentido, afirmó que el movimiento debe trabajar para construir una propuesta nacional: “mi espacio, el movimiento nacional, tiene que tratar, en algún punto, de dejar las diferencias personales y políticas, y buscar, de alguna manera, una fórmula que sea una alternativa válida para poder competir en las mejores condiciones posibles el año que viene a nivel nacional”.

Jaldo también señaló que Tucumán continuará con su aporte al espacio y sostuvo que los referentes nacionales deberán alcanzar los acuerdos necesarios para definir la representación electoral.

“Nosotros colaboramos desde Tucumán cuidando y aportando desde nuestra provincia, y quienes tienen que ponerse de acuerdo y dejar de lado todas esas peleas que no nos llevan a ningún lado, son ellos –dijo en relación a los referentes nacionales- los que se tienen que ponerse de acuerdo y tienen que definir una fórmula, con hombres o mujeres, que nos representen de manera competitiva, no solo para ganar, sino para gobernar bien”, comentó.

Por último, el mandatario hizo hincapié en la importancia de la gestión de gobierno como parte de los objetivos del espacio político. “Porque muchas veces ganaron, pero nos faltó lo principal, gobernar bien a nivel nacional”.

Día de la Lealtad: una convocatoria que fortaleció al peronismo tucumano

Al evaluar el acto por el Día de la Lealtad Peronista, desarrollado el domingo en el Hipódromo de Tucumán, Jaldo destacó la participación de más de 50 mil personas y consideró que el encuentro permitió recuperar un espacio de unidad y renovar el compromiso político del justicialismo.

“El Partido Justicialista estaba necesitando un encuentro de esas características. Lo demuestra la cantidad de compañeros, compañeras y vecinos que nos acompañaron, muchos de ellos sin estar afiliados a nuestro partido, pero coincidiendo con el Gobierno provincial y nuestras políticas”, afirmó.

El gobernador valoró la participación de distintos sectores de la sociedad tucumana y destacó la importancia de reunir a la militancia y a quienes acompañan la gestión provincial.

“Ha sido muy positivo e importante que nos podamos reencontrar y, sobre todo, reasumir el compromiso”, señaló.

Jaldo también remarcó que el peronismo tucumano tiene una doble responsabilidad: sostener su actividad político-electoral y garantizar el funcionamiento institucional de la provincia.

“Hoy el Partido Justicialista no solo tiene la misión, la tarea y la responsabilidad de llevar adelante las cuestiones políticas y electorales. También tenemos que llevar adelante el Gobierno de la provincia y su institucionalidad, a la que le estamos dando prioridad”, manifestó.

Finalmente, el mandatario sostuvo que la administración provincial mantendrá sus esfuerzos para dar respuestas a las familias tucumanas, sin descuidar la organización política de cara a los próximos comicios.

“La prioridad es seguir gobernando Tucumán, seguir solucionando problemas y esforzarnos por resolver aquellos que todavía no hemos podido solucionar en diferentes lugares de la provincia y con diferentes familias. Tenemos dos tareas: la política electoral y la institucional. La institucional es prioridad para nosotros, pero la política electoral bajo ningún punto de vista la vamos a descuidar”, concluyó.

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Política

Paso clave para cerrar el juicio por YPF y anular el reclamo de US$16.000 millones

La jueza federal Loretta Preska acató el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que en marzo pasado revocó la condena contra Argentina por más de USD 16.000 millones.

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La jueza federal Loretta Preska puso punto final a su intervención en el juicio por la estatización de YPF, con una resolución que deja sin efecto su propia sentencia de 2023 a favor de los demandantes y cierra formalmente el expediente en primera instancia en Nueva York. Ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos deberá definir si toma el caso tras el recurso presentado por Burford Capital para que se revise el fallo.

La magistrada acató el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que en marzo pasado revocó la condena contra Argentina por más de USD 16.000 millones.

La orden de Preska incorporó al expediente las consecuencias del fallo favorable al Estado argentino, dictado por los jueces Denny Chin y Beth Robinson —con la disidencia de José Cabranes— el 27 de marzo. Los magistrados de segunda instancia entendieron que la jueza de Prezka había interpretado de manera errónea el derecho argentino al dictar su sentencia original.

Según explicaron fuentes de la Procuración del Tesoro, se trata de un plazo procesal que el Gobierno esperaba. “Sería la finalización de la instancia, algo meramente procesal, porque el fallo ya se revirtió en la Cámara de Apelaciones. Había cierta demora en la llegada de este documento”, dijeron y aclararon que, de igual forma, esto no finaliza la causa judicial, puesto que la Corte Suprema de Estados Unidos deberá analizar si hace lugar al pedido de Burford Capital, presentado a principios de octubre, de revisar el fallo.

 

 

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