El gobernador, Osvaldo Jaldo, presenció esta mañana, en el Predio Ferial, la firma de un acuerdo clave hacia la federalización del acceso a la justicia. Las rúbricas estuvieron a cargo del ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Héctor Navarro, y del ministro de Interior, Darío Monteros, quienes dejaron establecido el Convenio Marco de colaboración interinstitucional que dará inicio al Programa de Asistencia Jurídica Comunitaria (PRO.A.JU.CO).

El convenio establece la cooperación entre ambos organismos para la implementación de Oficinas Móviles de Atención Jurídica Gratuita que recorrerán más de 90 comunas rurales y municipios del interior provincial, brindando asesoramiento legal integral en derecho penal, civil, laboral, de familia, en violencia familiar y de género y previsional, entre otros.

Estuvieron presentes en el acto: el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; los intendentes Jorge Leal (Burruyacú), Pablo Macchiarola (Yerba Buena), Francisco Caliva (Tafí del Valle), Francisco Serra (Monteros) y Elvio Salazar (Simoca); legisladores, comisionados comunales y camaristas del Poder Judicial.

Suscribieron el convenio también los comisionados comunales Ana Carolina Soria Chiarello (Anca Juli), Amanda Grau (El Naranjo y El Sunchal), Ramón Nieva (Santa Rosa de Leales) y Daniel Hernández (Colombres).

“El Ministerio Pupilar y de la Defensa ha decidido descentralizar los servicios que presta, al margen de las delegaciones que vamos habilitando en los municipios. Para esto, se incorporaron tres combis equipadas para dar el mismo servicio que hoy se están dando en las oficinas que el Ministerio tiene en la capital”, explicó Jaldo.

Las unidades móviles serán provistas por el Ministerio Pupilar y de la Defensa, mientras que el Ministerio de Interior aportará el acompañamiento territorial y logístico, asegurando su instalación en lugares estratégicos. El servicio está destinado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores, con discapacidad y cualquier ciudadano en situación de vulnerabilidad.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años y prevé acciones conjuntas de capacitación y coordinación institucional.

En esa línea, el Gobernador indicó que en el interior profundo cuando la gente tiene problemas, dificultades entre vecinos, entre instituciones o confrontaciones barriales, “muchas veces no se acude a la justicia y los conflictos se agravan”.

A partir de la circulación de los móviles de la justicia, los vecinos podrán realizar consultas con los defensores. “Los problemas los vamos a empezar a resolver en el lugar donde se generan, mediando en el lugar y en el tiempo que corresponden. Así, no hay duda, que no se van a agravar y se van a solucionar, hablamos de temas como los divorcios, diferencias entre las familias, cuestiones de herencia o de terrenos”.

A partir del lunes 18 de mayo, los tres móviles totalmente equipados con conectividad e infraestructura comenzarán a recorrer el interior según un cronograma coordinado con comisionados comunales e intendentes, permitiendo que cada vecino acceda a asesoramiento y derivaciones judiciales sin salir de su comunidad.

El programa, explicó el ministro Navarro, tiene como finalidad el acceso a justicia de todas las personas que viven en el interior de la provincia. “La asistencia va a empezar con un cronograma que ya se anunció hoy para el mes de mayo y la semana próxima se dará a conocer el de junio completo”, informó.

La presencia de los móviles en los municipios y comunas rurales será difundida por los intendentes y comisionados comunales entre los vecinos “para que puedan ser asesorados, orientados, y en su defecto, si hay alguna cuestión que tenga que ser derivada al ámbito judicial, también cuenten con la asistencia jurídica gratuita”.

El ministro de Interior, Darío Monteros, anunció que el programa de asistencia jurídica beneficiará a 91 comunas rurales y 2 municipios que actualmente no cuentan con oficinas del Ministerio Popular y de la Defensa. «Muchos vecinos del interior no saben a qué puerta golpear ante problemas como violencia de género, alimentos o conflictos vecinales. Hoy eso cambia», destacó.

“Este es un paso histórico para acercar la justicia al interior del interior, algo que no se había hecho antes. Es una clara muestra de justicia social y de un Estado presente”, concluyó el ministro.

Por su parte, el intendente de Simoca, Elvio Salazar, aseguró que “es algo muy importante para todas las personas, sobre todo para las de bajos recursos donde podrán consultar distintas situaciones, como problemas familiares”.

“Muchas veces la gente del interior debía viajar a la capital para resolver un conflicto y si hoy debe hacerlo tendrá un turno para ser atendido. Hasta ahora la gente se desalienta y va una sola vez y el reclamo queda inconcluso porque no vuelve más, ahora se podrá hacer justicia”, cerró Salazar.

Con esta iniciativa, el gobierno provincial reafirma su compromiso con el interior, garantizando una justicia más cercana, inclusiva y efectiva. Bajo la conducción del gobernador Osvaldo Jaldo, se siguen implementando políticas públicas que eliminan barreras geográficas y económicas, y que amplían derechos en los sectores históricamente postergados.