Policiales
El abogado de «El Militar» Sosa denunció amenazas y evalúa dejar la defensa en el juicio
Marcelo Cosiansi aseguró que “se cruzaron todo tipo de límites” y teme por la seguridad de su familia. Solicitó retirarse de la jornada del debate oral.
Un giro dramático sacudió la cuarta audiencia del juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez en el fuero penal tucumano. Marcelo Cosiansi, el abogado defensor del principal acusado Felipe “El Militar” Sosa, denunció públicamente haber recibido amenazas contra su persona y su familia, situación que motivó su pedido de retirarse de la jornada y puso en duda su continuidad al frente de la representación técnica.
Visiblemente afectado, el letrado manifestó ante los jueces Gonzalo Ortega, María Valeria Mibelli y Eliana Gómez Moreira que la situación alcanzó un punto insostenible: «Estoy muy angustiado» y «se cruzaron todo tipo de límites», aseveró en la sala de audiencias, argumentando además un profundo desgaste físico y emocional.
Cosiansi, quien encabeza la estrategia defensiva de Sosa, solicitó formalmente retirarse del recinto por el día y dejó abierta la posibilidad de renunciar de forma definitiva al patrocinio en el proceso.
El incidente ocurre después de una serie de eventos de alta tensión en el juzgamiento: la confesión espontánea de Sosa, quien admitió haber arrojado el cuerpo de la víctima en un basural de Manantial Sur, y la descompensación física que sufrió el imputado antes de declarar, por la cual debió ser asistido por el servicio de emergencias 107. La eventual salida de su abogado defensor podría reconfigurar los plazos y la dinámica del debate oral que se lleva adelante en Tribunales.
Luego de los momentos de tensión registrados en el juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez a raíz de los planteos expuestos por la defensa de Felipe «El Militar» Sosa, los integrantes del tribunal y las representaciones técnicas fijaron su postura institucional respecto a las garantías de seguridad y el desarrollo del debate oral.
En primer término, la abogada Florencia Abdala, defensora de Justina Gordillo, aclaró que su equipo no sufrió amenazas ni intimidaciones directas de carácter personal. Sin embargo, precisó que aportaron capturas de pantalla a través del portal institucional SAE sobre publicaciones en redes sociales que hacían referencia a la imputada, a sus hijos y a sus padres, con el único objetivo de solicitar medidas de resguardo preventivas para la dinámica del juzgamiento.
La firme postura de la Justicia
Ante los planteos vinculados a presuntos hostigamientos, el juez Gonzalo Ortega —quien preside el tribunal colegiado junto a las magistradas María Valeria Mibelli y Eliana Gómez Moreira— fue enfático al ratificar la total autonomía del cuerpo judicial. «No recibimos presión de ningún tipo y de ninguna manera. Quien decide en última instancia siempre es el tribunal», aseveró el magistrado.