Economistas heterodoxos de todo el mundo solicitaron a los acreedores de Argentina que actúen «de buena fe» y acepten la propuesta de canje de deuda al considerarla «una resolución responsable» que «sentará un precedente positivo» no solo para el país «sino para el sistema financiero internacional en su conjunto».

En una carta a los acreedores, sostienen que la pandemia de Covid-19 ha empujado a la humanidad hacia la peor recesión mundial en los tiempos modernos y la presión sobre las finanzas públicas se ha vuelto enorme, particularmente en los países en desarrollo que ya estaban muy endeudados.

El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas han lanzado varias iniciativas para aliviar la carga de la deuda pública en esta situación extraordinaria.

Como primer paso, los países del G20 acordaron otorgar una moratoria sobre la deuda bilateral oficial de las 76 economías más pobres del mundo.

Y señalan que este momento plantea la prueba definitiva de la arquitectura financiera internacional: «sostenibilidad» es un término que ahora es omnipresente en las finanzas e inversiones mundiales, y por una buena razón.

Los principios que incorpora, como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, hablan de construir un mundo mejor; y esos principios son profundamente relevantes cuando se trata de la deuda soberana de los países en desarrollo con dificultades, dicen los economistas.

En el contexto de esta emergencia global, Argentina encabeza su proceso de reestructuración de la deuda pública «de manera constructiva, de buena fe y con el apoyo de todos los sectores políticos nacionales».

Señala que desde 2016, cuando el país recuperó el acceso a los mercados internacionales, los acreedores externos hicieron una apuesta al adquirir deuda con cupones altos, pero compatibles solo con tasas de crecimiento extremadamente sólidas que no se materializaron. Y que en febrero, antes de que la crisis de Covid-19 se agudizara, el FMI concluyó que la deuda pública de Argentina es «insostenible». Existe consenso en que la deuda es inasequible, y los pagos de intereses se han duplicado como parte de los ingresos del gobierno.

«Para ser franco, el costo de la refinanciación se ha vuelto excesivamente alto», dice el texto y agrega que una renegociación requiere el compromiso de todas las partes.

«Argentina ha presentado a sus acreedores privados una oferta responsable que refleja adecuadamente la capacidad de pago del país: un período de gracia de tres años con un corte menor en el capital y un corte significativo en los intereses», indica.

La ONU ahora considera el impacto del shock en el país como uno de los peores en su región, con el FMI proyectando una contracción del 5,7% en el PIB en 2020. Por ello, estas personalidades pidieron a los acreedores que reduzcan el flujo de ingresos, pero recibirían tasas de interés razonables en el futuro.

«Argentina ha ratificado su disposición a pagar la deuda reestructurada, precisamente porque será factible con la nueva tasa de interés propuesta. Solo una economía que crece de manera sostenible puede cumplir con sus compromisos financieros con el tiempo», añade la carta.

Y asegura que la diferencia de trato entre capital e intereses está diseñada precisamente para aliviar la carga del servicio de la deuda, mientras que el país lucha contra Covid-19 y trabaja para restaurar el crecimiento.

De hecho, la reducción del cupón de bonos promedio ofrecido por Argentina (del promedio actual del 7% al 2,3%) es razonable, dado el entorno actual de tasas de interés globales.

«En este momento excepcional, la propuesta de Argentina también presenta una oportunidad para que la comunidad financiera internacional demuestre que puede resolver una crisis de deuda soberana de manera ordenada, eficiente y sostenible», sostienen los economistas y académicos.

Y entienden que la ausencia de un marco legal internacional para la reestructuración de la deuda soberana no debería privar a los países endeudados de la posibilidad de proteger a su pueblo y proporcionar una recuperación económica durante la mayor crisis global en nuestra memoria.

«Creemos que un acuerdo sostenible beneficia a ambas partes: una economía en dificultades con 45 millones de personas y los propios acreedores. Ahora es el momento para que los acreedores privados actúen de buena fe. Una resolución responsable sentará un precedente positivo, no solo para Argentina, sino para el sistema financiero internacional en su conjunto», dice.