Los hechos son investigados por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de Mariana Rivadeneira, quien trabaja junto a la secretaria Brenda Deroy y al auxiliar de fiscal Federico Lizárraga.

Las fuentes judiciales consultadas informaron que la pesquisa se originó a partir de denuncias interpuestas por la Asesoría Letrada del Subsidio de Salud, representada por la subdirectora del área, Lucía Rodríguez Martín, y por afiliados de esa institución pública.

Una vez recibidas las denuncias, desde la UFI interviniente se iniciaron diferentes averiguaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos; entre ellas, el entrecruzamiento de información entre distintas oficinas de la mencionada entidad.

En horas del mediodía del miércoles 1 de abril, la fiscal junto a su equipo de investigadores se presentó en la sede del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, sito en calle Las Piedras 530 de San Miguel de Tucumán.

En la medida colaboró personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF.
Según se precisó, contando con una orden judicial pertinente, se procedió a requisar a cinco empleados que se encuentran sospechados, con el objetivo de preservar los dispositivos móviles de estas personas. En el lugar fueron requisados tres de ellos, y se procedió al secuestro de sus teléfonos y a la aprehensión de dos de los mismos. Con el trascurso de las horas posteriores, se realizaron medidas de allanamiento en sus domicilios, también con el secuestro de dispositivos de almacenamiento.

Satisfacción en el Subsidio

A través del Área denunciante, el Instituto de Previsión y Seguridad Social manifestó su satisfacción por la celeridad con que la investigación de los hechos fue llevada a cabo por parte del Ministerio Público Fiscal, a tal punto, que Lucía Rodríguez Martín, funcionaria del Sector de Asesoría Letrada del Subsidio, señaló:

“A partir de que hicimos la denuncia inmediatamente recibimos respuesta por parte de la Fiscalía. Verdaderamente quedé impresionada por la rapidez con la que se manejaron, lo cual es importantísimo para nosotros. Por mi cargo he trabajado en muchos sumarios y denuncias, y es la primera vez que veo un accionar tan eficaz de la Justicia. Pudimos trabajar muy bien. Se trató de un operativo correcto y ordenado, con mucha firmeza, respetando todas las garantías, por lo que nos sentimos muy respaldados”.

Cabe destacar que, cuando se llevó a cabo la medida en el Subsidio, se contó con la colaboración de las Oficinas de Asesoría Letrada y de Recursos Humanos, las cuales aportaron documentación valiosa para la investigación.

La maniobra

Son cuatro las denuncias investigadas por manipulación de trámites de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD). Uno de los denunciantes afirmó que se había presentado en el Subsidio para solicitar una prótesis para su padre, quien es afiliado.

En estas circunstancias, conoció a una de las personas investigadas, quien lo habría contactado con otro empleado, los cuales conjuntamente le habrían cobrado una suma de dinero para darle un certificado de discapacidad, diciéndole que ese era el trámite que debía cumplir para acceder a la prótesis y lograr la cobertura. Pero cuando el damnificado, con ese certificado, se presentó para autorizar la cobertura de la operación que debían practicarle a su familiar, le informan en el Subsidio que era un certificado que no tenía validez. Entonces, advirtió la maniobra.

En otro de los casos, la víctima (también solicitante de prótesis y operación), expuso que se apersonó a la Institución y que, al consultar por su expediente, un empleado del Organismo le indicó que existía la posibilidad de obtener cobertura total mediante la gestión de un CUD, proporcionándole un número telefónico para tal fin. En este caso, le solicitaron el envío de fotografía del diagnóstico e historia clínica del paciente afiliado y días después fue citado en un bar de calle Italia, donde se le entregó de un CUD apócrifo, previo pago de un monto de dinero.