Declaran inconstitucional en Tucumán el pago en cuotas de indemnizaciones laborales

La Justicia laboral de Tucumán declaró la inconstitucionalidad del artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que habilita el pago en cuotas de las indemnizaciones por despido. La medida fue adoptada por el titular del Juzgado del Trabajo de la Iª Nominación del Centro Judicial Capital, Carlos Frascarolo, en el marco de un juicio por cobro de pesos contra una firma comercial.

El caso y el pedido empresario

El litigio se originó a raíz de una demanda contra una empresa de comercio de calzados, la cual fue condenada a pagar una suma aproximada de ocho millones de pesos en concepto de indemnización por despido a una trabajadora. Al encontrarse firme la sentencia, la representación legal de la empleadora solicitó la autorización para cancelar el capital adeudado mediante un plan de doce cuotas mensuales y consecutivas.

Para sustentar este pedido, la defensa invocó el mecanismo de cancelación fraccionada incorporado al artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo a través de la Ley de Modernización Laboral. La firma argumentó encontrarse dentro del segmento de las Micro, Pequeñas y Mediana Empresas y adujo atravesar una delicada situación financiera producto de la crisis económica general y del sector comercial en particular.

Por su parte, la trabajadora afectada rechazó de plano la solicitud empresarial e interpuso un planteo de inconstitucionalidad contra la normativa en cuestión, al considerar que contravenía preceptos de la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos.

Fundamentos del fallo

Al resolver la controversia, el magistrado hizo lugar al planteo de la parte actora. En primer término, determinó que la empresa demandada no logró acreditar fehacientemente en el expediente su condición de MiPyME ni justificó con pruebas suficientes la situación de crisis financiera invocada para acceder al beneficio del pago fraccionado.

En el plano constitucional, el juez sostuvo que el mecanismo incorporado por la reforma laboral vulnera los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Carta Magna. En este sentido, explicó que una indemnización reconocida mediante una sentencia firme ya forma parte del patrimonio del trabajador, por lo que queda bajo la tutela del derecho de propiedad. Señalar que el deudor puede imponer un pago en cuotas de forma unilateral obliga al acreedor a quedar privado de la disponibilidad íntegra de su crédito en contra de su voluntad.

Asimismo, el magistrado advirtió que la modalidad infringe el principio protectorio del salario y la naturaleza alimentaria de la indemnización. Según su criterio, diferir el pago traslada los perjuicios económicos del paso del tiempo al trabajador, obligándolo indirectamente a financiar a la parte empleadora condenada.

Por último, la sentencia remarcó que la normativa quebranta el principio de igualdad ante la ley al otorgar un trato más favorable a quien incumplió sus obligaciones y forzó un litigio judicial, en comparación con aquellos empleadores que cumplen con sus deberes legales de manera oportuna y voluntaria. Con estos argumentos, el tribunal ordenó a la firma demandada cancelar la totalidad de la deuda en un único pago.