El juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, ordenó al Estado Nacional abstenerse de aplicar la reforma de la denominada “Ley de Glaciares” en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz. La decisión, de carácter cautelar, implica que no podrán ejecutarse ni autorizarse actos o medidas basadas en esa modificación normativa si estas pudieran afectar glaciares o el ambiente periglacial.

En la demanda, plantearon que la reforma cuestionada introduce cambios sustanciales en el régimen de protección vigente. Según argumentaron, la nueva normativa reduciría el alcance de las áreas protegidas y habilitaría actividades que actualmente se encuentran prohibidas en zonas sensibles.

Los demandantes también advirtieron que esta modificación implicaría una regresión en los estándares de tutela ambiental establecidos por la Ley N° 26.639. En ese sentido, señalaron que se vería afectado el sistema de presupuestos mínimos previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Al analizar el caso, el magistrado hizo hincapié en la relevancia de los glaciares y del ambiente periglacial, no solo a nivel local, sino también en el plano nacional y global. En su resolución, destacó que estos ecosistemas cumplen funciones esenciales, como la regulación hídrica y la preservación de recursos estratégicos.

Asimismo, el fallo incluyó un repaso por las actividades económicas vinculadas a estos entornos, señalando que cualquier modificación en su regulación puede tener efectos directos sobre los modelos de desarrollo de las regiones involucradas. Este aspecto fue considerado clave al momento de evaluar el alcance de la medida.

En su fundamentación, Vázquez también se apoyó en principios constitucionales y del derecho ambiental, como el principio precautorio, la progresividad y la no regresión. Bajo estos criterios, entendió que los requisitos para dictar una medida cautelar se encontraban debidamente acreditados.

El juez advirtió, además, que una eventual demora en el dictado de la sentencia definitiva podría tornar ilusoria la protección ambiental buscada. Esto ocurriría si, durante ese lapso, se autorizaran o desarrollaran actividades incompatibles con el nivel de tutela actualmente vigente.

Por eso resolvió hacer lugar a la medida solicitada y suspender de manera cautelar los efectos de la reforma de la Ley de Glaciares en el ámbito de la provincia de Santa Cruz. La decisión busca preservar las condiciones actuales hasta que la Justicia se pronuncie de manera definitiva sobre la validez de los cambios introducidos. En otras provincias ya miran lo que sucede y podrían tomar como caso testigo a Santa Cruz.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, se refirieron este viernes a la situación del transporte público de pasajeros en la provincia y remarcaron la necesidad de avanzar en medidas estructurales para garantizar su funcionamiento, en un contexto de crisis y retiro del financiamiento nacional.

Jaldo reconoció las deficiencias actuales del sistema y destacó el trabajo conjunto con el municipio para revertirlas. “Sabemos que el transporte público en Tucumán tiene muchas falencias, pero con la Intendenta venimos haciendo un gran esfuerzo para corregirlas, tanto en la calidad y frecuencia del servicio como en las condiciones de las unidades”, afirmó. Además, subrayó el impacto económico y social de la actividad, que sostiene a cientos de familias y resulta esencial para el funcionamiento de la provincia.

En ese sentido, el mandatario provincial explicó que la prórroga de la Emergencia del Transporte Público permitirá contar con márgenes legales y administrativas para tomar decisiones en beneficio de los usuarios. “Cuando el transporte se paraliza, la provincia también se detiene: afecta la educación, la salud y el comercio. Por eso, el objetivo es sostener esta emergencia para garantizar el servicio”, sostuvo.

Por su parte, Chahla puso el foco en la necesidad de abordar el sistema desde una perspectiva metropolitana. “El transporte no es solo de la Capital, es metropolitano, y sin una mirada integral no va a funcionar”, señaló. La intendenta detalló que ya se trabaja en un diagnóstico conjunto que abarque toda la provincia y permita avanzar en soluciones concretas.

Entre las propuestas en análisis, mencionó la posibilidad de una futura licitación, la incorporación de nuevas unidades y la optimización de recorridos. No obstante, advirtió sobre la complejidad social del sistema, especialmente en relación con los trabajadores del sector. “Tenemos que evaluar cada situación, garantizar condiciones dignas y ser cuidadosos en cada decisión”, indicó.

Asimismo, remarcó la necesidad de reducir costos sin trasladar mayores cargas a los usuarios, en un contexto de restricciones presupuestarias. “Estamos desfinanciados, por eso necesitamos una estrategia clara y definitiva junto al Gobierno provincial”, afirmó.

En el cierre, Jaldo contextualizó la crisis actual en la retirada del Estado nacional del financiamiento al transporte. Recordó que anteriormente existían subsidios al combustible y compensaciones que permitían sostener tarifas más accesibles. “Hoy la Nación ya no aporta esos recursos, y la responsabilidad recae únicamente en la Provincia y los municipios”, explicó.

Finalmente, el gobernador reafirmó el compromiso de avanzar hacia una licitación pública nacional del servicio, con el objetivo de mejorar su eficiencia y control. “El transporte es uno solo y estamos trabajando en conjunto para sostenerlo y mejorarlo en beneficio de todos los tucumanos”, concluyó.