Una grave omisión de las autoridades de Vialidad Nacional durante el gobierno de Javier Milei dejó al Estado al borde de tener que pagar casi US$10 millones en honorarios a los abogados de Cristina Kirchner y de los demás acusados en la causa Vialidad.

El desembolso todavía no está firme porque deberá ser revisado por la Corte Suprema. Sin embargo, se originó después de que el organismo estatal no impulsara dentro de los plazos correspondientes una demanda civil destinada a recuperar fondos públicos.

La inactividad del Estado había comenzado durante la presidencia de Alberto Fernández, pero la caducidad se terminó de consumar entre el 17 de marzo y el 7 de abril de 2025, cuando Javier Milei ya llevaba más de un año en el poder.

Durante ese período, las autoridades designadas para conducir Vialidad Nacional no realizaron las actuaciones necesarias para mantener vigente el reclamo. La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal consideró entonces que se había producido la “caducidad de la instancia” y dio por terminado el juicio.

El resultado de esa falla administrativa puede convertirse en un golpe millonario para las arcas públicas: los honorarios regulados a favor de doce abogados ascienden a $13.614 millones, equivalentes a casi US$10 millones con IVA incluido.

Es decir, mientras el Estado todavía intenta ejecutar el decomiso dispuesto contra Cristina Kirchner por su condena penal, una negligencia procesal de sus propios funcionarios podría obligar a todos los contribuyentes a pagar una cifra multimillonaria a las defensas.

La Dirección Nacional de Vialidad había iniciado la demanda en 2018, durante la administración de Mauricio Macri, y reclamaba entonces $22.300 millones a la expresidenta y a otros involucrados. El objetivo era obtener una reparación económica por las presuntas irregularidades investigadas en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.

Pero el expediente quedó paralizado. Aunque la falta de actividad se arrastraba desde la gestión anterior, el plazo decisivo venció bajo la administración libertaria sin que las autoridades de Vialidad consiguieran evitarlo.

Después de perder el juicio, el organismo presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema. El máximo tribunal deberá resolver si confirma la caducidad o si permite reabrir la demanda y evita que el Estado deba afrontar los honorarios.

Por ahora, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal suspendió el trámite de regulación y cobro hasta que se conozca la decisión de la Corte. Por esa razón, los casi US$10 millones todavía no fueron pagados ni pueden considerarse una obligación definitivamente firme.

Los abogados de Cristina Kirchner, Luis Goldín y Fernando Muriel, acudieron directamente al máximo tribunal para intentar destrabar el cobro. Denunciaron una supuesta “privación de justicia” y solicitaron que se anule la resolución que mantiene congeladas las regulaciones.

Del total cercano a US$10 millones, los representantes de la expresidenta tienen regulados aproximadamente US$575.764: unos US$359.354 para Goldín y US$216.410 para Muriel. El resto corresponde a los abogados de los otros acusados y absueltos alcanzados por el juicio.

El profesional con la regulación más elevada es Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez, quien podría percibir alrededor de US$2,4 millones. Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora tienen asignados cerca de US$1,2 millones cada uno.

Otros letrados cuentan con honorarios calculados entre aproximadamente US$433.000 y US$867.000, según las personas a las que representaron y las tareas desarrolladas dentro del expediente.

La regulación fue realizada el 9 de abril de 2026. Los abogados la consideraron insuficiente, mientras que Vialidad sostuvo que los montos eran excesivos. Posteriormente, el 14 de julio, los camaristas Florencia Nallar y Juan Perozziello Vizier resolvieron frenar el procedimiento hasta que se pronuncie la Corte.

El caso expone una contradicción difícil de explicar: el Estado buscaba recuperar una suma multimillonaria, dejó vencer el juicio por falta de impulso y ahora corre el riesgo de terminar pagando casi US$10 millones a las defensas.

La responsabilidad administrativa atraviesa dos gobiernos, pero el momento determinante ocurrió durante la presidencia de Milei. Las autoridades de Vialidad que estaban en funciones no evitaron la caducidad y dejaron abierta una factura que, si la Corte confirma el fallo, será afrontada con recursos públicos.

Ahora el máximo tribunal tiene en sus manos dos discusiones económicas vinculadas con Cristina Kirchner: por un lado, el recurso de Vialidad para intentar revivir la demanda civil; por otro, la presentación de los abogados que pretenden avanzar con el cobro de sus honorarios.

Hasta que la Corte se expida, el pago permanece suspendido. Pero la falla ya dejó al Estado expuesto a perder definitivamente el reclamo y cargar sobre los contribuyentes una obligación cercana a los US$10 millones.

La Cámara Federal, con la flamante incorporación del juez Pablo Bertuzzi, archivó la causa en la que se investigaba al gobierno de Mauricio Macri por tomar un crédito de 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.

Los camaristas Bertuzzi y su colega Mariano Llorens entendieron que se trató de una decisión política y que la fiscalía a cargo de Franco Picardi no logró probar la existencia de delitos.

“Existen materias propias de los poderes del Estado que escapan al control judicial”, argumentaron los jueces.

La Procuración del Tesoro durante el gobierno de Javier Milei se retiró como querellante, por lo que solo puede ser apelada por la fiscalía.

En primera instancia, la decisión había sido de la jueza María Eugenia Capuchetti y ahora fue ratificada por la Cámara Federal.

Los imputados, que ahora quedaron desvinculados de sospecha, son el propio Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y los actuales Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que eran autoridades del Banco Central y de la Secretaría de Finanzas.

Uno de los principales argumentos del tribunal es que en el préstamo del FMI de 2018 no aparecían “conductas penalmente relevantes”, a pesar de las objeciones de irregularidades administrativas que marcó la fiscalía.

El acuerdo era por US$ 50.000 millones y fue ampliado a US$ 57.100 millones. Para la Cámara, no quedó pendiente una investigación relevante capaz de modificar el desenlace.

El fiscal Picardi había objetado la falta de intervención del Congreso en la toma del préstamo y supuestas irregularidades en el procedimiento administrativo: la falta de un decreto presidencial que formalizara el acuerdo, la inexistencia de una intervención del jefe de Gabinete y la actuación del Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Finanzas.

También había mencionado la inexistencia de un dictamen del Banco Central previsto por la ley 24.156 y la apertura de expedientes administrativos una vez ya suscripto el entendimiento.

Se investigó la hipótesis de una administración fraudulenta, pues un informe de la SIGEN estimaba un perjuicio patrimonial para el Estado de 29.618 millones de dólares que para la Cámara no son suficientes para sostener una acusación.

Los camaristas entendieron que no hubo delito de abuso de autoridad, pues ese ilícito “exige que el funcionario dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o las leyes, con dolo específico de violar la norma”.

Y agregaron que “no toda cuestión vinculada a las formas procedimentales de la administración pública configura un ilícito”.

“No es posible inferir que el proceder de los imputados haya estado guiado por el propósito de violar la ley”, afirmaron los camaristas.

Hablaron de un contexto de “urgencia financiera” durante la negociación del préstamo y señalaron que no hubo perjuicio patrimonial a sabiendas prejudicial o con sustracción de fondos.

“El deterioro patrimonial del Estado, por sí solo, no equivale a la acreditación del elemento subjetivo de la defraudación”, sostuvo y recordó que ese delito requiere que fondos públicos sean desviados de un destino fijado por leyes.

El presidente Javier Milei cerró este jueves su cadena nacional con un anuncio concreto: el Gobierno enviará al Congreso un paquete de proyectos para reforzar la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los recursos naturales de la zona.

El mandatario habló rodeado por todo su Gabinete y planteó que la cuestión Malvinas no puede limitarse al reclamo diplomático. Su Gobierno, sostuvo, utilizará herramientas económicas, judiciales, legales y diplomáticas para defender la soberanía y los recursos argentinos.

“Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, afirmó.

Y agregó: “Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”.

La advertencia por el proyecto petrolero Sea Lion

Uno de los puntos centrales del discurso fue el avance del proyecto Sea Lion, al que Milei presentó como una amenaza concreta sobre los recursos petroleros ubicados en el área de la disputa.

El Presidente aseguró que el Gobierno detectó que el proyecto tiene prevista la fecha para comenzar la explotación petrolera offshore en los próximos meses.

“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, advirtió.

Para Milei, permitir que avance la explotación generaría además un efecto político sobre la disputa de soberanía.

“Además, el avance de esta explotación generará un incentivo para que el Reino Unido profundice la ocupación de las Islas y continúe explotando nuestros recursos”, sostuvo.

El mandatario remarcó que, según la posición argentina, existe desde hace décadas un llamado de las Naciones Unidas a Argentina y Reino Unido para que no adopten acciones unilaterales sobre el territorio mientras continúa la controversia de soberanía, incluyendo la explotación de recursos naturales

En ese sentido, calificó al proyecto Sea Lion como particularmente grave porque implica, según planteó, “la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos”.

Qué cambios anunció Milei

El Presidente anticipó el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que tendrá tres objetivos principales.

El primero será modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas con operaciones no autorizadas, especialmente aquellas relacionadas con la explotación petrolera.

La segunda medida será la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá como función definir una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal para todo el Estado.

Según explicó Milei, ese organismo también establecerá un marco para la protección de la infraestructura crítica y para la protección aeroespacial y marítima de la Nación.

El tercer objetivo será otorgarle al Consejo determinadas facultades para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales que amenacen la seguridad nacional.

También habrá consecuencias para empresas que presten servicios

El Gobierno buscará además ampliar las consecuencias penales y administrativas para aquellas empresas que presten servicios a compañías que realicen explotaciones hidrocarburíferas no autorizadas.

La intención, según explicó el Presidente, es evitar que distintos actores puedan participar indirectamente de actividades que el Estado argentino considera ilegales por desarrollarse sobre recursos alcanzados por la disputa de soberanía.

Una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego

Otro de los anuncios centrales fue el avance en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

Para concretar esa obra, Milei anunció que ampliará los recursos destinados al Ministerio de Defensa mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia.

También anticipó un incremento de las capacidades en materia de telecomunicaciones.

El Presidente destacó que la nueva infraestructura permitirá convertir a la Argentina en “un polo logístico más importante del Atlántico Sur” y consideró que será fundamental para fortalecer la proyección geopolítica del país en una región estratégica.

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El decreto reglamentario y el control sobre las empresas

Milei también detalló las medidas incluidas en el decreto reglamentario dictado este jueves.

En primer lugar, se instruirá a los distintos organismos del Estado que detecten incumplimientos legales a remitir esa información a la Cancillería, para que pueda impulsar las sanciones correspondientes.

En segundo término, se reglamentará el procedimiento para otorgar mayor coordinación y celeridad a esas actuaciones.

Finalmente, se incorporarán declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el RIGI, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la legislación y evitar que se autoricen actividades a empresas que estén explotando recursos en la Plataforma Continental Argentina sin reconocer la soberanía nacional.

“Las Malvinas son argentinas”

En el tramo político de su mensaje, Milei volvió a establecer cuál es la posición de su Gobierno sobre la disputa.

“Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, afirmó.

El Presidente sostuvo que las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de la Nación y recordó la ocupación británica de 1833.

Según Milei, el Reino Unido “expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días”.

En esa línea, también afirmó que los habitantes de las islas “no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”.

Milei vinculó la seguridad nacional con la economía

Otro de los conceptos centrales de la cadena nacional fue la definición de seguridad que planteó el Presidente.

“Debemos entender que la prosperidad es condición necesaria para la seguridad y la seguridad es condición necesaria para la supervivencia”, sostuvo.

Y agregó: “La seguridad nacional no es solamente la defensa física de nuestro territorio. Es aquello que asegura la supervivencia y la prosperidad de la Nación a lo largo del tiempo”.

A partir de esa definición, Milei sostuvo que la seguridad nacional debe abarcar no solamente la defensa y la inteligencia, sino también la economía.

El Presidente presentó así su paquete de medidas sobre Malvinas como parte de una estrategia más amplia de defensa de la soberanía, con nuevas herramientas legales, mayor coordinación estatal y un refuerzo de las capacidades militares y estratégicas.

“Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”, insistió.

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