La secretaria de Ingresos Municipales, María Fernanda Herrera, brindó detalles sobre la iniciativa. “El objetivo central y primordial, pensando en el vecino, es solucionar los trámites, disminuir la burocracia y simplificar”, sostuvo la funcionaria.

Explicó que el proyecto contempla la eliminación de 59 artículos de la ordenanza tarifaria vigente y del Código Tributario Municipal. Si es aprobado, la aplicación será inmediata. “Automáticamente lo verían reflejado los vecinos en sus trámites”, afirmó.

Entre las gestiones alcanzadas mencionó trámites de cumplimiento fiscal, habilitación de negocios, desbloqueo de cuentas judiciales, solicitudes de poda y extracción de árboles, refacciones de veredas y frentes de viviendas y gestiones vinculadas al carnet de conducir. “Ya no vas a pagar la tasa que te requieren para solicitar, para iniciar el trámite”, explicó Herrera.

La propuesta también se complementa con el plan de modernización municipal. Herrera indicó que ya existen trámites disponibles de manera online y que el objetivo es alcanzar la digitalización de al menos el 80%. “Queremos llegar a digitalizar y poner de manera online por lo menos el 80% de los trámites, justamente para facilitarle el trámite al vecino y que lo pueda hacer desde donde quiera”, señaló.

Consultada sobre el impacto económico, la funcionaria reconoció que la eliminación implicará una reducción de los ingresos municipales, estimada entre el 2,5% y el 4,5% de la recaudación anual. “Creemos que la eliminación para el vecino es mucho mayor que el beneficio para el municipio”, afirmó. El proyecto deberá ser tratado por el Concejo Deliberante para que las medidas puedan entrar en vigencia. /LV12/

La convocatoria se produce luego de que la Corte redujera de 72 a 24 horas el plazo para que quedara firme la incorporación de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, quienes fueron sorteados para completar la integración del tribunal ante la falta de una posición común entre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El expediente fue impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. El planteo cuestiona el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737, que establecía límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Una causa que puede volver a poner en juego la Ley de Tierras

La causa tiene pendiente una medida cautelar que, en caso de ser concedida, podría volver a establecer de manera provisoria las restricciones que regían antes de la derogación dispuesta por el DNU 70/2023. Ese punto explica parte de la urgencia con la que el máximo tribunal comenzó a tramitar el expediente.

La propia Corte había señalado que la reducción del plazo respondía a las «particulares circunstancias de la causa» y hasta habilitó días y horas inhábiles para consolidar la nueva integración. Barroetaveña y Pérez Curci ya aceptaron sus cargos como conjueces.

El caso está relacionado con el expediente iniciado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), aunque presenta fundamentos diferentes. La semana pasada, la Corte rechazó el planteo de los excombatientes por considerar que no tenían legitimación suficiente, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.

En cambio, Árbol de Pie y las comunidades indígenas sostienen que poseen «títulos de legitimación propios y diferentes» y basan su reclamo en derechos ambientales, la biodiversidad y la protección de los territorios ancestrales.

La convocatoria a un acuerdo extraordinario para este viernes a las 9 agrega ahora un nuevo elemento de urgencia a un expediente que ya había acelerado su trámite en las últimas horas y que puede derivar en una nueva definición de la Corte sobre el régimen de tierras rurales.