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Salud

Covid-19: Argentina superó la barrera del millón de casos confirmados de coronavirus

Virus masivo. A pesar de las medidas de prevención adoptadas, los contagios de coronavirus siguen en alza en todo el país.

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  • Ayer se reportaron 12.982 casos nuevos, y el total de infectados llegó a 1.002.662.
  • Somos el quinto país del mundo con más contagios.

Argentina superó ayer la barrera del millón de casos de coronavirus (se reportaron 12.982 positivos nuevos para un total de 1.002.662 infectados desde el inicio de la pandemia) y se posicionó como el quinto país con más contagios en el mundo. El dato no sólo suma preocupación frente al cimbronazo epidemiológico que ahora golpea con fuerza en la mayoría de los grandes conglomerados urbanos, sino porque además alimenta las dudas sobre la efectividad de las acciones para contener un drama sin fin, al menos, hasta que aparezca la vacuna.

El guarismo oficial parece además ser una acotada referencia sobre cómo avanza el Covid-19, porque las estadísticas indican que el nivel de testeos aún es bajo: en promedio, se controlaron poco más de 52 mil personas por cada millón de habitantes cuando ese número asciende a 86 mil en Colombia o a 312 mil en España, dos de los territorios con niveles de contagios similares a los nuestros. Además, es desconocido el universo de los infectados asintomáticos.

Ese total de casos confirmados desde el pasado 3 de marzo, día en el que se identificó al primer paciente, solamente es superado a nivel global por Rusia, con más de 1,4 millones de contagiados; por Brasil, con más de cinco millones; por India, con más de siete millones; y por los Estados Unidos, que encabeza el ranking global con más de ocho millones.

Este es el estado de situación al cumplirse este martes exactamente siete meses de la cuarentena contra el Covid-19 que estableció el presidente Alberto Fernández y que fue adaptándose a distintas instancias que se definieron según las prioridades sanitarias y también según las necesidades de una economía que profundizó su desplome cuando transitaba ya dos años de recesión.

También parece ser un nuevo llamado de atención frente a una crisis que promete instalar mayores dificultades, a pesar de los esfuerzos para evitar el colapso de un históricamente vapuleado sistema sanitario.

Por lo pronto, el repaso de los datos oficiales señala que, del total de argentinos que transitaron la enfermedad, 26.716 fallecieron, lo que ubica a la Argentina en el puesto 12 de los países con más muertes. Son al alrededor de 580 decesos por millón de habitante, número que nos ubica apenas por debajo de Suecia (582 por millón), país que el presidente Fernández llegó a poner como ejemplo para advertir sobre los riesgos de no implementar restricciones a la circulación.

Aquella comparación hizo que Fernández protagonizara un cruce formal con las autoridades suecas. “Esta es una nueva enfermedad y pasará tiempo antes de que sepamos qué modelos funcionan mejor”, le contestaron con un comunicado de la embajada en Buenos Aires.

La gravedad de la situación actual también la exponen los relevamientos de científicos europeos, que sostienen que la Argentina lidera la nómina de países con mayor número de muertes diarias por millón de habitantes, con alrededor de ocho. Al respecto, el Ministerio de Salud precisó en la víspera que la tasa de letalidad se ubica en el 2,7 por ciento.

Además, en las últimas semanas la tensión se trasladó del AMBA a las principales ciudades del interior del país e incluso a regiones con grandes limitaciones para brindar asistencia a los pacientes de gravedad.

En la cartera sanitaria indicaron que la ocupación de las Unidades de Terapia Intensiva es del 85 por ciento en Río Negro; del 83 en Mendoza; del 80 en Santa Fe; y del 78 en Córdoba. Esas cifras corroboran que los desesperantes episodios de quienes buscan camas de internación comenzaron a ser frecuentes.

“Siguen subiendo los casos y estamos con niveles muy altos”, describió ante la consulta de este diario el especialista en salud pública Edgardo Knopoff. Aclaró que la estrategia en el AMBA arrojó resultados positivos porque “allí no murió nadie por falta de respuesta del sistema sanitario”, pero lamentó que la situación no es la misma en otras zonas del país.

La mayor esperanza apunta ahora a contener la avanzada del coronavirus en el interior del país, pero lo que se sabe hasta ahora sobre el breve período de inmunidad que deja la enfermedad también permite temer la llegada de una prematura segunda ola. “Los contagios no bajaron sino que se mudaron”, resumió Knopoff sobre la situación en el país.

Y por delante, todas las acciones deberán coordinarse con las reaperturas lógicas de un país cuya economía quedó en el fondo. La luz al final del camino que encendieron los avances científicos para dar con la vacuna solamente es una referencia lejana para una pandemia que sigue golpeando con fuerza. El propio ministro de Salud, Ginés González García, reconoció que “la pandemia está teniendo una duración inesperada” y que la cura recién llegará de manera masiva en marzo de 2021.

En el mundo. En todo el planeta, los contagios por coronavirus ya superaron los 40 millones. Actualmente, hay activos más de nueve millones de casos, y ya se recuperaron 30 millones de personas. Las muertes, a nivel global, suman más de 1,1 millones.

“Ranking”. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los países con más casos confirmados son Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Argentina. En Europa, España, Francia, Italia y el Reino Unido son los países más complicados.

Algunos hitos de la enfermedad en el país

Cuarentena. Tras una reunión con los gobernadores, el presidente Alberto Fernández anuncia una cuarentena total por 15 días a partir del 20 de marzo.

Prevención. Con el incremento de los casos, el uso del barbijo se extendió en el país, lo mismo que el distanciamiento social como medida de prevención.

Bicho. Con el incremento de casos en Córdoba, a mediados de junio el gobernador Juan Schiaretti calificó al coronavirus como un “bicho traicionero”.

Impacto. La extensa cuarentena hizo mella en diversos sectores de la economía. Para contrarrestar el impacto, el Gobierno lanzó el IFE y los ATP.

Vacunas. El mundo entero espera que las distintas vacunas que están en desarrollo frenen en los próximos meses el avance de la enfermedad.

Salud

Más de 5 millones de afiliados al PAMI no consiguen turnos ni tratamientos en sanatorios

El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real.

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El foco del problema no pasa solamente por los atrasos en los pagos. El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real. A eso se suma un dato alarmante: desde diciembre el organismo no otorgó ningún tipo de actualización significativa a los prestadores sanatoriales, pese al brutal incremento de costos que atraviesa todo el sistema de salud.

 

Los costos de medicamentos, insumos médicos, prótesis, tecnología sanitaria, alquileres, salarios del personal, servicios públicos y gastos operativos generales aumentan de manera sostenida mes tras mes. La inflación médica corre muy por encima de cualquier reconocimiento arancelario que otorga el organismo. La ecuación ya no cierra.

Los sanatorios trabajan bajo déficit operativo permanente y muchos están absorbiendo pérdidas económicas solamente para evitar interrumpir prestaciones o cerrar sus puertas. Pero ese esfuerzo tiene un límite. En distintas regiones del país —especialmente en el conurbano bonaerense y en ciudades del interior— empieza a crecer el temor a cierres masivos por asfixia financiera.

La situación se vuelve todavía más delicada por la deuda acumulada con los prestadores, que ronda los $500.000 millones, y por los múltiples reclamos vinculados a débitos inconsultos realizados sobre facturas desde el año 2020 hasta la actualidad, muchos de ellos sin respuesta ni revisión administrativa.

 

Las clínicas denuncian descuentos arbitrarios y expedientes paralizados mientras continúan sosteniendo prestaciones esenciales para millones de jubilados.

El impacto humano ya empezó. Cada vez cuesta más conseguir turnos, sostener especialidades críticas o garantizar continuidad en tratamientos complejos. Crecen las renuncias de profesionales, se reducen planteles médicos y muchas instituciones tienen enormes dificultades para cubrir guardias y áreas sensibles. Médicos, enfermeros y trabajadores de la salud sostienen el sistema bajo una presión económica y emocional extrema.

 

 

Pero quienes terminan pagando las consecuencias más duras son los jubilados.

Porque detrás de cada prestación desfinanciada hay un abuelo esperando una operación, un estudio, una internación o un medicamento. Hay familias enteras viviendo con angustia la incertidumbre de no saber si podrán continuar un tratamiento. Hay adultos mayores que dependen exclusivamente del PAMI para acceder a atención médica y que hoy empiezan a sentir cómo el sistema se deteriora lentamente frente a sus ojos.

 

El problema afecta de manera directa a más de 5,5 millones de jubilados y pensionados en toda la Argentina.

La salud de la tercera edad no puede transformarse en una variable de ajuste fiscal. Cuando el Estado desfinancia la estructura sanitaria, el daño no aparece primero en una planilla contable. Aparece en las guardias colapsadas, en las camas que faltan, en los médicos que se van, en las clínicas que cierran y en el miedo de miles de adultos mayores que sienten que el sistema comienza a abandonarlos.

Lo más preocupante es que esta crisis avanza en silencio. No hay una explosión inmediata ni una foto única del colapso. Hay un desgaste progresivo, permanente y cada vez más profundo. Y cuando el sistema que atiende a millones de jubilados empieza a romperse, las consecuencias humanas son devastadoras.

Todavía hay tiempo para evitar una crisis sanitaria mucho mayor. Pero para eso primero hace falta reconocer la magnitud del problema y dejar de esconder detrás del discurso del ajuste una realidad que golpea todos los días a los sectores más vulnerables.

Porque cuando el PAMI ahoga financieramente a clínicas y sanatorios, no solamente cierran instituciones médicas. Los que terminan quedando desprotegidos son los abuelos argentinos. / Perfil

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Salud

El PAMI dio de baja a 1500 prestadores por graves irregularidades y fraude

Las investigaciones internas en PAMI arrojaron evidencias de cobros indebidos, falta de documentación y condiciones inadecuadas en clínicas.

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El PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por graves irregularidades, y sumó dos nuevas denuncias penales por casos de corrupción en las provincias de Tucumán y Chaco.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a cargo de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, informó la decisión a traves de un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Salud de la Nación. Las bajas son el resultado de auditorías permanentes que detectaron tres categorías de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones edilicias que no reunían los protocolos de higiene y seguridad exigidos por el organismo. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo.

Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un policonsultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.

Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.

La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.

A ese esquema se sumó una cantidad significativa de consultas y estudios transmitidos al PAMI sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional, y estudios médicos sin los informes correspondientes. El organismo señaló que estas conductas configuran un incumplimiento de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.

El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal

El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J.C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.

Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.

El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.

La gravedad de las irregularidades llevó al PAMI a dar un paso adicional: promovió una denuncia penal para que la Justicia determine si las conductas relevadas constituyen delitos. El caso contó con la intervención de equipos jurídicos, áreas técnicas y auditorías prestacionales de la UGL XIII – Chaco. El organismo puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, al considerar que las irregularidades comprometían el funcionamiento normal del sistema prestacional.

Un patrón de fraude que se investiga desde 2014.

Ambos casos se inscriben en un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. Esas denuncias dieron lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales, impulsadas por el organismo y la UFI-PAMI.

En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Uno de los casos documentados por Infobae mostró a un prestador con dos quirófanos que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido una jornada de entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.
Frente a ese escenario, el organismo implementó un esquema de control que incluye el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del turnero digital del PAMI, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.

“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional. En abril de 2026, el Gobierno reforzó la estructura de control interno con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del PAMI.

FUENTE: Infobae

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Salud

Nación adeuda tres meses a farmacias prestadoras del PAMI y peligra la reposición de medicamentos

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán advirtieron sobre la crítica situación económica que atraviesan los locales por la falta de fondos. Además, expresaron su rechazo a la desregulación de la venta de remedios por internet y alertaron sobre los peligros del mercado ilegal.

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La provisión de medicamentos para los jubilados y pensionados atraviesa un momento de extrema tensión. La referente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Verónica Pastoriza, encendió las alarmas al confirmar que el Gobierno nacional, a través del PAMI, mantiene una severa deuda de tres períodos vencidos con las farmacias locales, lo que pone en jaque la cadena de pagos y la reposición de stock en los mostradores tucumanos.

Pastoriza calificó la situación financiera del sector como crítica. Según detalló, existía un compromiso formal de la obra social de los jubilados para realizar cinco pagos mensuales con el objetivo de ir acortando la brecha de la deuda, apoyándose en el auxilio de fondos provenientes del Ministerio de Economía de la Nación. Sin embargo, llegando a finales de mayo, esos desembolsos no se concretaron según lo pautado. «Este mes tuvimos tres y ya hoy es 27, no están cumpliendo con eso. Supuestamente iban a recibir dinero del Estado Nacional, pero hasta ahora no hay novedad», lamentó la dirigente.

 

Pese a la asfixia económica, desde la institución aclararon que el servicio para los afiliados del PAMI no se encuentra cortado, aunque advirtieron sobre las graves dificultades operativas que ya están sufriendo muchos locales. Al no recibir los pagos correspondientes del Estado, las farmacias no pueden saldar sus deudas con las droguerías, lo que deriva en el corte de las cuentas corrientes y la consecuente imposibilidad de reponer los remedios básicos en las estanterías.

Este complejo escenario impacta de lleno en el eslabón más vulnerable de la cadena: los adultos mayores. Pastoriza señaló que las magras jubilaciones obligan a los afiliados a buscar exclusivamente aquellos medicamentos que cuentan con una cobertura del 100% en el sistema. Esta brutal pérdida del poder adquisitivo se vio reflejada en una caída interanual de las ventas que ronda entre el 30% y el 40%, evidenciando que muchos ciudadanos tuvieron que limitar sus compras a lo estrictamente indispensable, resintiéndose incluso la continuidad de algunos tratamientos.

 

Fuerte rechazo a la venta libre por internet

Más allá del conflicto económico por la deuda nacional, Pastoriza aprovechó la oportunidad para sentar la postura de los profesionales frente a la intención de desregular la comercialización de medicamentos. La referente fue categórica al recordar que en Tucumán rige la Ley Provincial 5483, normativa que prohíbe la venta online y establece que la dispensa de estos productos solo puede realizarse en farmacias físicas, habilitadas y estrictamente controladas por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa).

La profesional advirtió sobre el grave peligro que representa para la salud pública la proliferación de un mercado paralelo y sin controles estatales. «Se corre mucho el riesgo del origen y de la conservación. No sabemos si es trucho o si está bien usado», explicó. Como ejemplo de esta preocupante tendencia, reveló que recientemente recibieron denuncias sobre la comercialización ilegal de psicofármacos, como el clonazepam, a través de grupos de WhatsApp y sin ningún tipo de receta médica, una práctica delictiva que consideró una verdadera bomba de tiempo para la sociedad. /Los Primeros/

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