Comienza en Tucumán el juicio oral por el femicidio de Érika Álvarez

El Centro Judicial Capital de Tucumán dará inicio este lunes al juicio oral y público por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, la estudiante de enfermería de 25 años asesinada en enero de 2026. En el banquillo de los acusados comparece el principal imputado, el exmilitar y titular de una firma de seguridad privada Felipe Sosa, a quien la fiscalía conducida por Pedro León Gallo le atribuye el delito de homicidio doblemente agravado por mediar violencia de género, cargo por el cual se solicitará la pena de prisión perpetua. Junto a él son juzgados su pareja, la funcionaria judicial Justina Gordillo, y su empleado Jorge Orlando Díaz, ambos señalados por encubrimiento agravado con pedidos de seis años de prisión.

Tribunal, partes y duración del debate

Respecto a los detalles organizativos del proceso judicial, existen diferencias en los datos aportados por los medios locales. De acuerdo con El Tucumano, el tribunal está conformado por las juezas María Valeria Mibelli y Eliana Karina Gómez Moreira junto al juez Sebastián Mardiza, con audiencias que se extenderán hasta el 15 de diciembre. El tercer magistrado es Gonzalo Ortega y ubicaron la fecha estimada de finalización para el 11 de diciembre. En la sala de audiencias, la acusación está encabezada por el fiscal Gallo y la querella corre por cuenta del abogado Carlos Garmendia en representación de la familia de la víctima. Las defensas están a cargo de Marcelo Cosiansi y Rubén Flores para Sosa; María Florencia Abdala y Camilo Atim para Gordillo; y Juan Pablo Bello en la representación de Díaz.

La hipótesis acusatoria y las pericias

La reconstrucción efectuada por el Ministerio Público Fiscal sostiene que durante la madrugada del 7 de enero de 2026 la joven llegó en un auto de aplicación al domicilio de Sosa, ubicado en Yerba Buena. Dentro del inmueble se produjo una agresión que provocó la muerte de la víctima a causa de un traumatismo craneofacial severo y una lesión cervical alta. Posteriormente, el cuerpo fue envuelto en bolsas plásticas, sujetado con cintas y sogas, y trasladado en la caja de una camioneta para ser arrojado en un basural del barrio Manantial Sur, donde fue hallado al día siguiente por residentes de la zona.

La prueba pericial incorporada a la causa incluye estudios del Laboratorio de Genética Forense y de la Dirección de Análisis Criminal del ECIF. Estos informes identificaron material genético compatible con el perfil de Sosa debajo de las uñas de Álvarez, así como en las bolsas y cintas adhesivas que envolvían el cuerpo. A su vez, los registros de geolocalización telefónica ubicaron el móvil del sospechoso dentro del radio de alcance del basural durante la mañana en que se presume el descarte del cadáver.

Los presuntos roles de encubrimiento

La investigación también examina las acciones posteriores orientadas a ocultar pruebas y facilitar la salida de la provincia del presunto autor. A Díaz se le adjudica haber concurrido al domicilio en un móvil comercial para efectuar tareas de limpieza y retirar armas de fuego. Frente a esta acusación, su abogado defensor afirmó que su asistido es un «perejil» dentro del expediente, según publicó La Gaceta. En cuanto a Gordillo, la acusación detalla que retiró el vehículo tras haberlo llevado a un lavadero, suprimió más de 15.000 mensajes de WhatsApp, transfirió a su titularidad una motocicleta y asumió gestiones bancarias y societarias de su pareja. Sosa se trasladó en moto hacia la provincia de Buenos Aires con dinero en efectivo, lugar donde fue arrestado a mediados de enero.

Un cuarto involucrado, Nicolás Navarro Flores, ya fue sentenciado a tres años de prisión efectiva en julio tras acordar un juicio abreviado por haber descartado pertenencias de la víctima. Su comparecencia como testigo es considerada un punto de interés para las partes dentro de una nómina cercana a las 70 declaraciones previstas para el desarrollo del proceso.

Aspectos conexos y demanda civil

Durante la etapa investigativa se incorporaron elementos colaterales que no constituyen el objeto central del juicio. Entre ellos se mencionaron presuntos nexos con la comercialización de estupefacientes y declaraciones testimoniales sobre vínculos de la víctima con una persona ligada a esa actividad, así como versiones no confirmadas acerca de reuniones privadas en las que habrían participado figuras locales. El tribunal podrá determinar si estos testimonios justifican la remisión de actuaciones a otros fueros. En relación con las acciones resarcitorias, la querella familiar formalizó un reclamo económico superior a los 200 millones de pesos dirigido a los imputados, suma que se añade a los 100 millones fijados previamente en el acuerdo penal de Navarro Flores.