Entre las principales entidades, una sola logró expandirse. Se trata de OSDEPYM, la obra social de los monotributistas, y se explica por el crecimiento de este segmento de trabajadores. Las demás obras sociales cayeron.

OSECAC, vinculada a los trabajadores de Comercio, registró una caída del 20,2% en la cantidad de beneficiarios desde noviembre de 2023. En el caso de OSPRERA, correspondiente a los trabajadores rurales, la reducción fue del 15,9%, mientras que OSPCN, que concentra a empleados estatales, perdió el 19,1% de sus afiliados.

El deterioro también alcanzó a OSPeCon, vinculada a los trabajadores de la construcción, que registró una baja del 25,4%, y a OSPe, correspondiente a los trabajadores petroleros, cuya cantidad de beneficiarios cayó 5,1%.

Se trata, en todos los casos, de rubros que sufrieron fuertes caídas del empleo registrado, excepto los rurales. Desde noviembre de 2023, la construcción perdió el 13,8% de sus empleados hasta abril de este año (-60.646 puestos), mientras que Comercio tuvo una baja de 0,8% (-9.413 puestos) y el sector petrolero, de 8,8% (-8.282 empleos). Los estatales, en tanto, sufrieron una baja de 2,1% de los trabajadores (-73.052).

La excepción fue OSDEPYM, la obra social de los monotributistas, que incrementó su cantidad de afiliados un 154% durante el mismo período, en el que la cantidad de inscriptos creció un 7,4%.

En el período analizado, se perdieron más de 235.000 empleos privados registrados, además de otros 73.000 públicos. De allí que no solo el trabajador quede fuera de la cobertura de la obra social, sino que la pérdida también alcance al grupo familiar.

El fenómeno se combina, además, con una fuerte suba del costo de las prepagas. Con la desregulación de las prepagas, las cuotas aumentaron 460%, frente a una inflación acumulada del 320% en el mismo período. El resultado es una reducción del universo de personas que cuenta con algún tipo de cobertura privada.

Más de 1,2 millones de personas quedaron fuera de la cobertura privada

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares muestran que en el cuarto trimestre de 2023 había 9.428.131 personas que no contaban con prepaga, obra social ni mutual. Para el primer trimestre de 2026, ese número había trepado a 10.674.416 personas.

Esto implica 1.246.285 personas más sin cobertura privada, lo que elevó la proporción sobre el total de la población del 32% al 35,6%.

La pérdida de cobertura implica una mayor presión sobre hospitales y centros de salud públicos, que tampoco cuentan con recursos suficientes. Se estima que en el último trimestre analizado 231.141 personas pasaron a depender del sistema público de salud.

El deterioro es todavía más marcado entre los jóvenes de entre 15 y 29 años. Allí, un 49,9% de las personas no contaba con obra social, prepaga ni mutual y dependía exclusivamente del sistema público. En comparación con el cuarto trimestre de 2023, son 438.790 jóvenes más en esa situación.

Esto implicó un crecimiento del 15,3%, el mayor incremento relativo entre los grupos etarios analizados.

Las tres resoluciones se publicaron este viernes en Boletín Oficial y alcanzan a empresas radicadas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Salta.

El primer caso refiere a un producto insecticida líquido marca “Asesino X”, elaborado por una firma con sede en la localidad de Ituzaingó. La investigación se originó a partir de una alerta remitida por la Coordinación Regional de Inocuidad Salta / Jujuy del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) sobre la venta del concentrado en la localidad salteña de Salvador Mazza.

Al consultar en la base de datos de la ANMAT, se constató que el insecticida carecía de registro como domisanitario. Cuando la empresa fue citada para brindar explicaciones, sus representantes reconocieron el remito de venta, pero intentaron encuadrar el producto dentro de la categoría veterinaria.

El organismo desestimó ese argumento dado que el producto, explicaron mediante un texto oficial firmado por el administrador Luis Fontana, se aplica sobre superficies inanimadas y no sobre animales.

A partir de este procedimiento, se publicó la disposición 4812/2026 que prohíbe en todo el territorio nacional el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución de todos los lotes del producto, e instruye el inicio de un sumario sanitario a la firma y a su directora técnica.

En otra de las disposiciones, la ANMAT se centró en productos expedidos por una ortopedia de ubicada en Santa Fe. Una inspección del Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización detectó en el depósito del establecimiento múltiples irregularidades.

Había tres modelos de puntas de shaver marca Smith & Nephew sin datos de importador registrado ni número de registro sanitario en el país; tornillos de interferencia y arpones bajo la denominación “Vikingo” sin ningún tipo de habilitación, y un dispositivo Biomet con doble rótulo que ocultaba, debajo de una etiqueta con vencimiento vigente, un arpón vencido.

Desde la firma de productos Biomet, confirmaron que el lote correspondiente no era comercializado por ellos, lo que llevó a la ANMAT a concluir que el artículo estaba falsificado. En paralelo, otra empresa también determinó que un arpón hallado en el local correspondía a un lote propio que había sido manipulado por terceros externos.

Al igual que con el primer producto, se ordenó prohibir en todo el país el uso, la comercialización y la distribución de los artículos intervenidos, y ordena a la empresa a iniciar el retiro de mercado del lote afectado. Esta indicación quedó asentada en la disposición 4888/2026. La ANMAT también dispuso interponer una denuncia penal y publicar una alerta en su sitio oficial.

El tercer caso afectó a una empresa distribuidora de agua potable con sede en La Plata. La misma comercializaba un dispositivo de ósmosis inversa bajo la denominación “Hidrolit Romi 100” a través de su página web y otros sitios de ventas online, con el argumento de que el equipo sirve para tratar agua de pozo con alta salinidad.

Al investigar la denuncia, la ANMAT verificó que el producto no contaba con registro ante el organismo, pese a que la empresa sí posee habilitación como elaboradora y fraccionadora de dispositivos de acondicionamiento de agua de red.

La disposición 4932/2026 prohibió su venta, uso, distribución y publicidad en todo el territorio nacional y en plataformas digitales, hasta que la firma obtenga la inscripción correspondiente. Además, se instruyó sumario sanitario a la empresa y a quien ejerza su dirección técnica.

Esta no seria la primera vez que la firma recibe una sanción por la comercialización de sus productos. En 2019 frenaron la venta de una botella de hidratación que no tenía registro de ANMAT. El caso también se conoció mediante Boletín Oficial.